Desde Pedro Aguirre Cerda, la ministra del Interior, Izkia Siches, junto a los subsecretarios Manuel Monsalve y Eduardo Vergara presentó el plan de control de armas del Gobierno. Un grupo de medidas que incorpora el aumento de la dotación y las capacidades de las policías a través de la creación de una unidad de control de armas inscritas, que sumará el trabajo de Carabineros y la PDI, junto al Ministerio de Defensa, la Dirección General de Movilización, la Subsecretaria de Prevención del Delito, el Ministerio Público y la Aduana, según detalló la jefa de Gabinete, quien además anunció que el Ejecutivo avanzará firmemente en la prohibición total del porte de armas para civiles.

La ministra señaló que la relevancia de la nueva unidad de control de armas radica en que en el país existen 765 mil armas inscritas y son las se registran en el 80 por ciento de las incautaciones. 

Además anunció que se robustecerán la fiscalización con operativos continuos para dar con las armas y junto a eso “se modernizará el sistema de control para tener la información en tiempo real, se dictarán los reglamentos pendientes y se incentivarán campañas de entrega de armas, considerando que las armas perdidas ascienden a 54 mil“. Un objetivo para lo cual se trabajará junto a las organizaciones de la sociedad civil en atención al aporte que pueden realizar, por ejemplo, las iglesias, señaló Siches.

Adicionalmente se incorporarán “indicadores territoriales para el monitoreo de armas“, dado que “los mismos incidentes que incorporan armas nos dejan información residual para ir a desbaratar las bandas e incautar las armas”.

Pero eso no es suficiente, señaló la secretaria de Estado, anunciando que el Gobierno se encaminará decididamente en la prohibición total de las armas para la sociedad civil.

“Como Ministerio del Interior hemos llegado al convencimiento de que este alto aumento en la capacidad de fuego en nuestros territorios aumenta los homicidios y los incidentes violentos en todo el territorio nacional, es por eso que queremos iniciar conversaciones tanto con la ciudadanía como también con los distintos sectores políticos para que nuestro país avance fuertemente a la prohibición total de las armas en las manos de civiles”, sostuvo.

Para estos efectos, es que se buscará dialogar algunas indicaciones propuestas por el Gobierno, entre ellas “poder prohibir el ingreso de armas para civiles en Chile por lo menos por un plazo de dos años; avanzar en la prohibición general de la posesión tanto para compra de armas como para municiones; poder permitir mayores herramientas a nuestros Carabineros para que la fiscalización obligue a la exhibición de las armas a las personas que son fiscalizadas; así también, no permitir la entrega de armas a personas que tienen delitos o crímenes que en la actualidad está permitido; prohibir la colección de armas y municiones, prohibir la herencia de armas y prohibir la transferencia de armas”, detalló la ministra.

“Nuestro Gobierno no ha hecho un llamado a la guerra”

Atendiendo las preguntas de la prensa, Siches se refirió al arribo de su nueva jefa de Gabinete, Ana Lya Ugarte, descartando que haya “llegado el bacheletismo al Gobierno” y señalando que ha sido ella en lo personal quien ha estado a cargo del refuerzo del Ministerio del Interior. En esa línea agradeció el compromiso de la abogada y de quienes integran el equipo de la cartera donde se asumen importantes desafíos en materia de seguridad y a nivel interministerial, destacó la médico.

Por otro lado desmintió que el Ministerio Público se “encuentre de manos atadas” dado que el Ejecutivo decidió no presentar una querella contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul, reiterando que la Fiscalía tiene antecedentes de hace mucho tiempo de denuncias y de querellas donde la entidad “al pasar de los años no ha tenido mayores resultados”, por tanto consideró importante que el trabajo se concentre en esas aristas.

Por otro lado enfatizó respecto al estado de excepción que “nuestro Gobierno no ha hecho un llamado a la guerra” al pueblo mapuche.

“Hoy día estamos comprometidos por asegurar el abastecimiento y liberar las rutas justamente para que llegue el Estado a los distintos territorios, cosas tan fundamentales como las propias vacunas que pueden llegar a todas las comunas de nuestro país, eso requiere la protección de las vías, no es para nada un retroceso a nuestro plan inicial, seguimos disponibles al diálogo, invitamos a todas las personas de nuestro país a trabajar en los problemas de fondo, tanto en la persecución del crimen organizado, el narcotráfico, el robo de madera en donde estamos decididamente trabajando y requerimos un apoyo una definición y un apoyo de parte de la Fiscalía como también trabajar en las demandas centenarias de entendimiento con nuestros pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche”, sostuvo.

Por su parte, el subsecretario Manuel Monsalve se refirió a los incidentes registrados en la estación Ñuñoa del Metro entre guardias y comerciantes ambulantes, afirmando que el Ejecutivo presentará una querella por estos hechos y que a raíz de esto, desde la secretaría de Estado se acordó invitar a representantes de la empresa de transporte a una reunión para abordar medidas de seguridad. “Esperamos trabajar en conjunto para responder a estas preocupaciones”, manifestó.