Luego de que el alcalde de la comuna de Colchane, Javier Garcia, denunciara un aumento de inseguridad en la Región de Tarapacá producto del creciente ingreso irregular de migrantes, la senadora Paulina Nuñez (RN) se plegó al emplazamiento que hizo la autoridad nortina hacia el Presidente Gabriel Boric y al director nacional de migraciones.
La senadora adhirió al llamado para que el Gobierno impulse procesos judiciales de expulsión en contra de quienes ingresaron a Chile a través de pasos no autorizados, “de manera de enviar una señal clara y contundente para desincentivar el ingreso irregular a nuestro país”, sostuvo Nuñez.
Sin embargo, la jefa de la bancada de Renovación Nacional del Senado solicitó mayores medidas y pidió al Ejecutivo que reevalúe decretar un nuevo estado de excepción constitucional en zonas fronterizas del norte, mientras no se avance en definición de una política migratoria de Estado.
Igualmente, subrayó la importancia de “reactivar el proyecto de infraestructura crítica para poner en marcha un resguardo urgente y necesario de la frontera que, además, contribuirá a evitar más muertes en estas condiciones, pues las personas comprenderán que sólo pueden entrar a nuestro país de manera legal”.
La población migrante habría aumentado en un 40% desde que se abrieron las fronteras a principios de este mes, y desde que comenzó el año ya han muerto al menos tres personas tratando de cruzar la frontera y más de una veintena desde que se inició el flujo masivo en febrero de 2021.
La senadora de RN reconoció que recientemente el Gobierno encabezó el lanzamiento de la formulación de la Política Nacional de Migración y Extranjería. “Sin embargo, mientras ese trabajo no avance y se materialice en una política de Estado, es legítimo replantear la posibilidad de instalar un estado de excepción constitucional de emergencia en la frontera norte, donde la situación está descontrolada y muy compleja”, afirmó.
Núñez cuestionó que la crisis humanitaria se maneje de una manera parcial, puesto que desde marzo se han destinado unos 2 mil millones de pesos para la habilitación de albergues de estadías transitorias para migrantes de la zona norte, y señaló que no se han destinado recursos para seguridad ciudadana ni para la recuperación de espacios públicos que se han visto afectados por el flujo de personas que han ingresado de manera irregular.
Luego de que el alcalde de la comuna de Colchane, Javier Garcia, denunciara un aumento de inseguridad en la Región de Tarapacá producto del creciente ingreso irregular de migrantes, la senadora Paulina Nuñez (RN) se plegó al emplazamiento que hizo la autoridad nortina hacia el Presidente Gabriel Boric y al director nacional de migraciones.
La senadora adhirió al llamado para que el Gobierno impulse procesos judiciales de expulsión en contra de quienes ingresaron a Chile a través de pasos no autorizados, “de manera de enviar una señal clara y contundente para desincentivar el ingreso irregular a nuestro país”, sostuvo Nuñez.
Sin embargo, la jefa de la bancada de Renovación Nacional del Senado solicitó mayores medidas y pidió al Ejecutivo que reevalúe decretar un nuevo estado de excepción constitucional en zonas fronterizas del norte, mientras no se avance en definición de una política migratoria de Estado.
Igualmente, subrayó la importancia de “reactivar el proyecto de infraestructura crítica para poner en marcha un resguardo urgente y necesario de la frontera que, además, contribuirá a evitar más muertes en estas condiciones, pues las personas comprenderán que sólo pueden entrar a nuestro país de manera legal”.
La población migrante habría aumentado en un 40% desde que se abrieron las fronteras a principios de este mes, y desde que comenzó el año ya han muerto al menos tres personas tratando de cruzar la frontera y más de una veintena desde que se inició el flujo masivo en febrero de 2021.
La senadora de RN reconoció que recientemente el Gobierno encabezó el lanzamiento de la formulación de la Política Nacional de Migración y Extranjería. “Sin embargo, mientras ese trabajo no avance y se materialice en una política de Estado, es legítimo replantear la posibilidad de instalar un estado de excepción constitucional de emergencia en la frontera norte, donde la situación está descontrolada y muy compleja”, afirmó.
Núñez cuestionó que la crisis humanitaria se maneje de una manera parcial, puesto que desde marzo se han destinado unos 2 mil millones de pesos para la habilitación de albergues de estadías transitorias para migrantes de la zona norte, y señaló que no se han destinado recursos para seguridad ciudadana ni para la recuperación de espacios públicos que se han visto afectados por el flujo de personas que han ingresado de manera irregular.
Luego de que el alcalde de la comuna de Colchane, Javier Garcia, denunciara un aumento de inseguridad en la Región de Tarapacá producto del creciente ingreso irregular de migrantes, la senadora Paulina Nuñez (RN) se plegó al emplazamiento que hizo la autoridad nortina hacia el Presidente Gabriel Boric y al director nacional de migraciones.
La senadora adhirió al llamado para que el Gobierno impulse procesos judiciales de expulsión en contra de quienes ingresaron a Chile a través de pasos no autorizados, “de manera de enviar una señal clara y contundente para desincentivar el ingreso irregular a nuestro país”, sostuvo Nuñez.
Sin embargo, la jefa de la bancada de Renovación Nacional del Senado solicitó mayores medidas y pidió al Ejecutivo que reevalúe decretar un nuevo estado de excepción constitucional en zonas fronterizas del norte, mientras no se avance en definición de una política migratoria de Estado.
Igualmente, subrayó la importancia de “reactivar el proyecto de infraestructura crítica para poner en marcha un resguardo urgente y necesario de la frontera que, además, contribuirá a evitar más muertes en estas condiciones, pues las personas comprenderán que sólo pueden entrar a nuestro país de manera legal”.
La población migrante habría aumentado en un 40% desde que se abrieron las fronteras a principios de este mes, y desde que comenzó el año ya han muerto al menos tres personas tratando de cruzar la frontera y más de una veintena desde que se inició el flujo masivo en febrero de 2021.
La senadora de RN reconoció que recientemente el Gobierno encabezó el lanzamiento de la formulación de la Política Nacional de Migración y Extranjería. “Sin embargo, mientras ese trabajo no avance y se materialice en una política de Estado, es legítimo replantear la posibilidad de instalar un estado de excepción constitucional de emergencia en la frontera norte, donde la situación está descontrolada y muy compleja”, afirmó.
Núñez cuestionó que la crisis humanitaria se maneje de una manera parcial, puesto que desde marzo se han destinado unos 2 mil millones de pesos para la habilitación de albergues de estadías transitorias para migrantes de la zona norte, y señaló que no se han destinado recursos para seguridad ciudadana ni para la recuperación de espacios públicos que se han visto afectados por el flujo de personas que han ingresado de manera irregular.
