La abogada y asistente de investigación del Centro de DDHH de la Universidad de Chile e integrante del Observatorio Constitucional de Género de la casa de estudios superiores, Natalia Morales, destacó los avances en materia de paridad de género que contempla el borrador de la Nueva Constitución.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la profesional afirmó que estos éxitos si bien no eran previsibles, había mucha esperanza dado el proceso de movilización que antecedió al proceso constitucional y donde el movimiento feminista fue protagónico y se expresó en la incorporación de mecanismos de paridad, tanto en el plebiscito como en el acto que permitió elegir el órgano paritario de elaboración.

La abogada expresó que aunque la paridad en el órgano constituyente no estaba garantizada, dada lo heterogéneo de las visiones políticas de las mujeres y analizado el borrador de la Carta Fundamental, “puedo decir que está perspectiva sí logró posicionarse, lo que se debe a distintos elementos, como a la movilizaciones en la calle, al movimiento de las mismas convencionales feministas dentro de la convención constitucional y principalmente la profundización y ampliación de la comprensión de la paridad”.

Sobre los cambios concretos para el futuro que implica la paridad, Morales destaca en su análisis sobre el contenido del borrador, es que se la define como un principio que está vinculado a la democracia. Agrega que en el Artículo Primero donde define a Chile como un Estado social y de Derecho, habla de democracia paritaria y contiene normas específicas “la que se ejerce de distintas formas: más representativa, directa, participativa, de forma comunitaria”

Esto se expresa en el sistema político, al aterrizar “los principios de paridad y, como todo principio son formulados de forma abierta, como mandatos de optimización que se puede cumplir en mayor o menor medida, lo aterriza de una norma concreta de integración para los órganos colegiados del Estado”, afirmó la profesional.

Precisó que estas normas establecen un 50% de inclusión de mujeres en los órganos colegiados del Estado, es decir todos los organismos deben estar integrados por a lo menos un 50% de mujeres. Es decir, en el Poder Legislativo y la Cámara de la Regiones.

En materia de gobierno y administración existen la Asamblea de Regiones que son órganos de carácter político administrativo que van a ayudar a definir las políticas regionales que también deberán ser paritarias. Lo mismo se debe dar a nivel comunal con los concejos municipales. Por lo tanto, se garantiza “la participación y el acceso de las mujeres en estos espacios: comunal, regional y nacional, lo que es un avance tremendamente significativo”.

A estos se suman, señaló Morales, los órganos colegiados unipersonales, como son los cargos de la Presidencia de la República, gobernaciones y alcaldías. Para garantizar la paridad, la Constitución establece que en la elección de sus cargos que sean de elección popular se materialice la paridad. “Ahí existen dos normas significativas. Uno se refiere al sistema electoral y la definición de éste en la nueva Constitución que es algo que se debe discutir y elaborar una ley, aunque el borrador entrega criterios generales que son los principios que debe seguir el sistema electoral y son precisamente encaminarse a la igualdad sustantiva y también a la paridad”, puntualizó.

Por lo tanto, dijo que no solamente el sistema electoral va a tener que garantizar la paridad en los órganos colegiados,  sino también debe promover la paridad y que se exprese en los órganos unipersonales y ahí será materia legislativa de cuáles serán los mecanismos para promover.

En esta línea, resaltó la norma de paridad y enfoque de género en las organizaciones políticas y donde se debe consagrar y garantizar la participación, tanto interna de los partidos políticos, como en la competencia electoral.

Finalmente, en relación a los órganos justicia, la profesional destacó que la nueva Constitución también plantea que debe respetarse el principio de paridad y de enfoque de género en todos los órganos que ejercen jurisdicción.  Por lo tanto, deberá garantizar la paridad en el nombramiento de las y los jueces, como de funcionarios y funcionarias y que se realizará a través del Consejo de la Justicia que tendrán entre sus características, eliminar la influencia política en los nombramientos.