Alineados se mostraron los colectivos oficialistas tras el anuncio de prórroga al estado de excepción constitucional en dos provincias del Biobío y en la totalidad de la Araucanía. Pese a que la materia saca a relucir las contradicciones más profundas entre las dos almas de Gobierno, considerando que hace pocas semanas la militarización de las rutas fue objeto de acusaciones cruzadas en torno a presuntos “complejos ideológicos” sobre el uso de las Fuerzas Armadas en el control del orden público, y que las diferencias entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad echaron por tierra la fórmula legislativa del Gobierno para implementar la medida, este lunes los partidos no evidenciaron mayor disenso en torno a la disposición que este lunes retrucó el Ejecutivo.
Por el contrario, tras el Comité Político ampliado, las tiendas políticas valoraron el balance que dio cuenta Interior sobre la medida y en paralelo, de la arista integral sobre el conflicto histórico, radicado en el plan Buen Vivir.
Así lo sostuvo la timonel del PPD, Natalia Piergentili, quien aseguró que ambas coaliciones cumplieron con el compromiso previo de extender su apoyo irrestricto a las decisiones del Ejecutivo: “Hoy día nos planteó cuál iba a ser la definición y nosotros cumplimos con nuestro compromiso porque además tenemos confianza en que no sólo se está utilizando el estado de excepción como medida sino que además el diálogo y el plan Buen Vivir que generan un triángulo virtuoso a mi juicio para abordar el tema, en el largo, en el mediano y corto plazo”.
En esa línea, Piergentili desdramatizó las diferencias que se han hecho patentes entre ambos conglomerados, aseverando que “nosotros nunca hemos tenido disensos respecto a la necesidad de reestablecer el estado de derecho”.
“Hemos tenido matices. No es que el PC diga queremos militares estáticos y nosotros digamos queremos militares ocupando misiles, no es así, no es antagónico, no es una caricatura”, puntualizó.
Algunos matices, reconoció, se produjeron a la hora en que el PPD quiso impulsar el proyecto de infraestructura crítica, para efectos que el despliegue de los militares en los puntos estratégicos pueda realizarse sin necesidad del estado de excepción. No obstante, tras la cita con el Gobierno, la timonel de la colectividad aseguró que la fórmula “ya no tiene tanto sentido temporal” en cuanto “es una modificación constitucional cuando estamos ad portas de otro proceso constitucional”.
A su vez, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, señaló que el Gobierno dio cuenta de un evaluación positiva del avance del plan Buen Vivir, “al menos con diálogos con determinadas comunidades, con autoridades, para ir empujando las transformaciones de fondo”. En relación al estado excepción, el correligionario del Presidente Boric, dijo haber recibido buenos resultados de parte del Ejecutivo.
“Evidentemente ha habido una baja en la conflictividad en función del resguardo de las rutas para justamente hacer presencia del Estado en ciertas comunidades que durante los últimos meses no habían podido atender sus emergencia, hablamos de insumos de electricidad, de agua potable rural, de inversión pública. Sabemos que es complejo para avanzar en un programa de infraestructura pública de que existan estos excesos de violencia en las rutas pero más allá de los números, hoy hay una baja en los niveles de conflictividad, pero ello también responde en un avance en las políticas de fondo, de restitución de tierras, de diálogo con las comunidades y de confianzas que se han generado entre el Gobierno y las comunidades indígenas”, destacó.
Desde el Partido Comunista, el diputado Luis Cuello (PC), consideró prudente al decisión del Gobierno y se mostró de acuerdo en que se mantengan las mismas condiciones del primer decreto. En esa línea relevó que “lo fundamental acá tiene que ver con abrir y construir un espacio de diálogo con todos aquellos que quieren conversar justamente para resolver, dar solución a este conflicto que se extiende en el tiempo entre el estado de chile, el pueblo mapuche y sin duda las forestales”.
Ahora bien, quien reiteró su postura contraria frente a la decisión del gobierno fue la diputada mapuche Emilia Nuyado (PS), quien volvió a manifestar su rechazo respecto a la medida señalando que “no quiero el día de mañana, cargar en esta historia parlamentaria, elegida mayoritariamente por familias mapuche, con esa decisión“. En ese sentido la legisladora adelantó que “cuando nos corresponda votar, voy a votar en contra” y subrayó que “voy a seguir insistiendo en que se debe establecer el diálogo para generar el entendimiento”.
Alineados se mostraron los colectivos oficialistas tras el anuncio de prórroga al estado de excepción constitucional en dos provincias del Biobío y en la totalidad de la Araucanía. Pese a que la materia saca a relucir las contradicciones más profundas entre las dos almas de Gobierno, considerando que hace pocas semanas la militarización de las rutas fue objeto de acusaciones cruzadas en torno a presuntos “complejos ideológicos” sobre el uso de las Fuerzas Armadas en el control del orden público, y que las diferencias entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad echaron por tierra la fórmula legislativa del Gobierno para implementar la medida, este lunes los partidos no evidenciaron mayor disenso en torno a la disposición que este lunes retrucó el Ejecutivo.
Por el contrario, tras el Comité Político ampliado, las tiendas políticas valoraron el balance que dio cuenta Interior sobre la medida y en paralelo, de la arista integral sobre el conflicto histórico, radicado en el plan Buen Vivir.
Así lo sostuvo la timonel del PPD, Natalia Piergentili, quien aseguró que ambas coaliciones cumplieron con el compromiso previo de extender su apoyo irrestricto a las decisiones del Ejecutivo: “Hoy día nos planteó cuál iba a ser la definición y nosotros cumplimos con nuestro compromiso porque además tenemos confianza en que no sólo se está utilizando el estado de excepción como medida sino que además el diálogo y el plan Buen Vivir que generan un triángulo virtuoso a mi juicio para abordar el tema, en el largo, en el mediano y corto plazo”.
En esa línea, Piergentili desdramatizó las diferencias que se han hecho patentes entre ambos conglomerados, aseverando que “nosotros nunca hemos tenido disensos respecto a la necesidad de reestablecer el estado de derecho”.
“Hemos tenido matices. No es que el PC diga queremos militares estáticos y nosotros digamos queremos militares ocupando misiles, no es así, no es antagónico, no es una caricatura”, puntualizó.
Algunos matices, reconoció, se produjeron a la hora en que el PPD quiso impulsar el proyecto de infraestructura crítica, para efectos que el despliegue de los militares en los puntos estratégicos pueda realizarse sin necesidad del estado de excepción. No obstante, tras la cita con el Gobierno, la timonel de la colectividad aseguró que la fórmula “ya no tiene tanto sentido temporal” en cuanto “es una modificación constitucional cuando estamos ad portas de otro proceso constitucional”.
A su vez, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, señaló que el Gobierno dio cuenta de un evaluación positiva del avance del plan Buen Vivir, “al menos con diálogos con determinadas comunidades, con autoridades, para ir empujando las transformaciones de fondo”. En relación al estado excepción, el correligionario del Presidente Boric, dijo haber recibido buenos resultados de parte del Ejecutivo.
“Evidentemente ha habido una baja en la conflictividad en función del resguardo de las rutas para justamente hacer presencia del Estado en ciertas comunidades que durante los últimos meses no habían podido atender sus emergencia, hablamos de insumos de electricidad, de agua potable rural, de inversión pública. Sabemos que es complejo para avanzar en un programa de infraestructura pública de que existan estos excesos de violencia en las rutas pero más allá de los números, hoy hay una baja en los niveles de conflictividad, pero ello también responde en un avance en las políticas de fondo, de restitución de tierras, de diálogo con las comunidades y de confianzas que se han generado entre el Gobierno y las comunidades indígenas”, destacó.
Desde el Partido Comunista, el diputado Luis Cuello (PC), consideró prudente al decisión del Gobierno y se mostró de acuerdo en que se mantengan las mismas condiciones del primer decreto. En esa línea relevó que “lo fundamental acá tiene que ver con abrir y construir un espacio de diálogo con todos aquellos que quieren conversar justamente para resolver, dar solución a este conflicto que se extiende en el tiempo entre el estado de chile, el pueblo mapuche y sin duda las forestales”.
Ahora bien, quien reiteró su postura contraria frente a la decisión del gobierno fue la diputada mapuche Emilia Nuyado (PS), quien volvió a manifestar su rechazo respecto a la medida señalando que “no quiero el día de mañana, cargar en esta historia parlamentaria, elegida mayoritariamente por familias mapuche, con esa decisión“. En ese sentido la legisladora adelantó que “cuando nos corresponda votar, voy a votar en contra” y subrayó que “voy a seguir insistiendo en que se debe establecer el diálogo para generar el entendimiento”.
Alineados se mostraron los colectivos oficialistas tras el anuncio de prórroga al estado de excepción constitucional en dos provincias del Biobío y en la totalidad de la Araucanía. Pese a que la materia saca a relucir las contradicciones más profundas entre las dos almas de Gobierno, considerando que hace pocas semanas la militarización de las rutas fue objeto de acusaciones cruzadas en torno a presuntos “complejos ideológicos” sobre el uso de las Fuerzas Armadas en el control del orden público, y que las diferencias entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad echaron por tierra la fórmula legislativa del Gobierno para implementar la medida, este lunes los partidos no evidenciaron mayor disenso en torno a la disposición que este lunes retrucó el Ejecutivo.
Por el contrario, tras el Comité Político ampliado, las tiendas políticas valoraron el balance que dio cuenta Interior sobre la medida y en paralelo, de la arista integral sobre el conflicto histórico, radicado en el plan Buen Vivir.
Así lo sostuvo la timonel del PPD, Natalia Piergentili, quien aseguró que ambas coaliciones cumplieron con el compromiso previo de extender su apoyo irrestricto a las decisiones del Ejecutivo: “Hoy día nos planteó cuál iba a ser la definición y nosotros cumplimos con nuestro compromiso porque además tenemos confianza en que no sólo se está utilizando el estado de excepción como medida sino que además el diálogo y el plan Buen Vivir que generan un triángulo virtuoso a mi juicio para abordar el tema, en el largo, en el mediano y corto plazo”.
En esa línea, Piergentili desdramatizó las diferencias que se han hecho patentes entre ambos conglomerados, aseverando que “nosotros nunca hemos tenido disensos respecto a la necesidad de reestablecer el estado de derecho”.
“Hemos tenido matices. No es que el PC diga queremos militares estáticos y nosotros digamos queremos militares ocupando misiles, no es así, no es antagónico, no es una caricatura”, puntualizó.
Algunos matices, reconoció, se produjeron a la hora en que el PPD quiso impulsar el proyecto de infraestructura crítica, para efectos que el despliegue de los militares en los puntos estratégicos pueda realizarse sin necesidad del estado de excepción. No obstante, tras la cita con el Gobierno, la timonel de la colectividad aseguró que la fórmula “ya no tiene tanto sentido temporal” en cuanto “es una modificación constitucional cuando estamos ad portas de otro proceso constitucional”.
A su vez, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, señaló que el Gobierno dio cuenta de un evaluación positiva del avance del plan Buen Vivir, “al menos con diálogos con determinadas comunidades, con autoridades, para ir empujando las transformaciones de fondo”. En relación al estado excepción, el correligionario del Presidente Boric, dijo haber recibido buenos resultados de parte del Ejecutivo.
“Evidentemente ha habido una baja en la conflictividad en función del resguardo de las rutas para justamente hacer presencia del Estado en ciertas comunidades que durante los últimos meses no habían podido atender sus emergencia, hablamos de insumos de electricidad, de agua potable rural, de inversión pública. Sabemos que es complejo para avanzar en un programa de infraestructura pública de que existan estos excesos de violencia en las rutas pero más allá de los números, hoy hay una baja en los niveles de conflictividad, pero ello también responde en un avance en las políticas de fondo, de restitución de tierras, de diálogo con las comunidades y de confianzas que se han generado entre el Gobierno y las comunidades indígenas”, destacó.
Desde el Partido Comunista, el diputado Luis Cuello (PC), consideró prudente al decisión del Gobierno y se mostró de acuerdo en que se mantengan las mismas condiciones del primer decreto. En esa línea relevó que “lo fundamental acá tiene que ver con abrir y construir un espacio de diálogo con todos aquellos que quieren conversar justamente para resolver, dar solución a este conflicto que se extiende en el tiempo entre el estado de chile, el pueblo mapuche y sin duda las forestales”.
Ahora bien, quien reiteró su postura contraria frente a la decisión del gobierno fue la diputada mapuche Emilia Nuyado (PS), quien volvió a manifestar su rechazo respecto a la medida señalando que “no quiero el día de mañana, cargar en esta historia parlamentaria, elegida mayoritariamente por familias mapuche, con esa decisión“. En ese sentido la legisladora adelantó que “cuando nos corresponda votar, voy a votar en contra” y subrayó que “voy a seguir insistiendo en que se debe establecer el diálogo para generar el entendimiento”.
