En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, Valentina Durán, se refirió a la gestión de este órgano público a la firma del Acuerdo de Escazú y a las complejidades que representa el escenario de cambio climático a nivel mundial.

“Estoy consciente de que ha habido situaciones en que las comunidades se quejan de que ven a los titulares de proyectos casi de la mano con el servicio, pero a veces también ocurre lo inverso. La obligación del servicio es asegurar que se cumpla con la normativa ambiental y dentro de mi gestión quiero asegurar una evaluación técnica, de excelencia, que cumpla con la ley tanto en los aspectos de fondo como formales”, recalcó.

La abogada agregó que “esto es importante porque lo que espera la ciudadanía es confianza y eso también lo esperan los titulares de proyecto. Nosotros tenemos que dar garantías tanto a los titulares de proyecto como a la ciudadanía que nosotros tenemos que hacer cumplir la ley“.

Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de lo ocurrido con el proyecto “Los Bronces Integrado” (iniciativa que fue rechazada por el Servicio), la directora ejecutiva de la institución explicó que “ese caso fue una de las excepciones en que me tocó tomar la decisión, porque normalmente esas decisiones las toma la comisión de evaluación, pero en el caso de Los Bronces era un proyecto que impactaba tanto a la Región Metropolitana como a la de Valparaíso y cuando los proyectos son interregionales los califica la directora”.

En ese sentido, Valentina Durán detalló que “hubo una evaluación técnica que se desarrolló durante el gobierno anterior y a mí me tocó observar a lo que había llegado ese expediente de evaluación y sobre la base de esos antecedentes me tocó calificar. El proyecto ya estaba en una fase final y la convicción de los equipos técnicos, tanto del servicio como de los otros organismos con competencia ambiental era que el proyecto se tenía que rechazar, específicamente, por una cuestión relativa a la calidad de aire”.

La académica de nuestra casa de estudios añadió que “por supuesto que los titulares del proyecto querían tener más oportunidades para hacerse cargo de ese aspecto, pero a mí me tocó la tarea de decir ‘la evaluación, de acuerdo a las etapas que están normadas, llega hasta aquí y según los antecedentes que están hasta acá el proyecto debe ser rechazado’. Ahora, eso no significa que el titular del proyecto o que las comunidades no puedan reclamar porque consideren que el rechazo no fue suficientemente robusto o los titulares del proyecto porque quieren que su proyecto sea aprobado”.

Respecto de la implementación del Acuerdo de Escazú en nuestro país, Valentina Durán señaló que “si bien todavía la ratificación está en el Congreso, nosotros podemos avanzar y podemos hacerlo porque el acuerdo no viene de Marte, viene del Principio 10 de la Declaración de Río y toda esa búsqueda de implementar el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales ya tenía que ver con un camino que nosotros ya habíamos emprendido”.

Por lo mismo, la abogada explicó que “lo que a nosotros nos toca, además de colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente en reformar el reglamento o eventualmente modificar y modernizar el sistema, a nosotros nos toca tomar medidas de gestión, entonces podemos, por ejemplo, asegurar que la discusión de un proyecto se vea por medios adecuados a sus destinatarios”.

“El acuerdo de Escazú es un camino que no termina nunca porque se pueden ampliar y si bien podemos hacer la mejor difusión, después viene el desafío de explicar ese proyecto de manera certera, sencilla y adaptadas al lenguaje de las personas que se verán afectadas“, recalcó la directora del SEA.

Además, recalcó que los temores en torno a Escazú “son imaginarios, el solo pensar que lleva más de 20 años la Convención de Aarhus que es un símil del Acuerdo de Escazú sin que haya pasado nada salvo que mejorara la calidad de la información y de la participación en todas las decisiones en materia ambiental. Es un acuerdo que tiene vocación de paz y que busca resolver los conflictos a través del diálogo”.

Valentina Durán puntualizó que “las empresas modernas entienden que tienen que desarrollar un buen relacionamiento comunitario y así lo hacen. Finalmente, lo barato cuesta caro. Tratar de aprobar un proyecto corriendo de espaldas a la comunidad termina generando rabia, disgusto y a veces la gente termina por tomar la justicia por su propia mano y eso es lo que finalmente no queremos”.

Por último, respecto del proceso constitucional, la directora del SEA si bien aclaró que no puede pronunciarse en profundidad, sí señaló que “este borrador se hace cargo de muchos anhelos y viene a fortalecer el derecho a un ambiente sano, a mostrar la relación que hay entre la naturaleza y las personas, así que ahí hay grandes aportes”.