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Año XIV, 6 de julio de 2022

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La “excesiva autonomía” de Carabineros: el punto central e ineludible de la Reforma Policial

No hay ninguna policía en el mundo con este nivel de autonomía, señalan los expertos. Y sostienen que avanzar en esta materia debe ser el corazón de cualquier reforma a las instituciones a cargo de la seguridad pública.

Joana Carvalho

  Martes 31 de mayo 2022 22:59 hrs. 
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La Constitución de 1980 estipula que las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Son estos actores quienes constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas.

Mientras, el borrador de la nueva constitución descartó mantener esa estructura y optó por establecer a las policías como dependientes del ministerio a cargo de la seguridad pública. Y serán instituciones policiales, no militares.

Por otro lado, durante el último trimestre del mandato del ex presidente Sebastian Piñera y producto del Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública en el contexto del estallido social, se promulgó la Ley de Modernización de las policías, que está orientada a implementar cambios tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones (PDI), pero tiene especial énfasis en el proceso de Reforma a Carabineros de Chile, con foco en cuatro ejes: Modernización de la Gestión, Institucionalidad y Gobernanza, Control del Orden Público y Carrera y Formación. Este proceso tiene como plazo de término el 2027.

Pese a aquellos intentos de refundar y/o modernizar a la institución, hasta el momento ninguna de las iniciativas se hace cargo de lo que expertos en materia de seguridad e instituciones policiales, han señalado como uno de los problemas fundamentales del ordenamiento de la policía chilena: su gran autonomía.

El ex subsecretario de Prevención del Delito del segundo periodo de Michelle Bachelet, Antonio Frey, argumentó que Carabineros tiene una injerencia directa sobre la seguridad pública sin pasar por el control civil y una regulación constitucional que ampara su actuar, la distribución de sus recursos, su doctrina y su formación.

“La policía puede actuar directamente sin el control civil porque tienen misiones constitucionales en seguridad pública y para hacerlo, pueden usar todo su músculo de manera independiente”, detalló Frey.

Además, destacó que en el año 1987 hubo una reforma que hizo que todos los asuntos policiales sean asimilables a los asuntos militares, es decir, que son secretos y por tanto no deben rendirle cuentas a la sociedad civil.

“A mi modo de ver, ninguna policía democrática tiene ese tipo de configuración. No conozco ninguna policía en los países desarrollados que tenga ese tipo de arquitectura institucional que no le obligue a rendir cuentas de lo que hace”, sostuvo el doctor en ciencias políticas.

En ese sentido, Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, especificó que la autonomía de la institución no es solo operativa puesto que ésta es, hasta cierto punto, ineludible a su función policial. Sin embargo, el problema tiene que ver con el vinculo que existe en los altos mandos y las decisiones de políticas públicas, siendo así Carabineros parte del poder político, el cual va más allá de las autoridades de la institución y llega a las autoridades parlamentarias e incluso de Estado.

De la misma manera, Carlos Falcón, director ejecutivo y fundador del Observatorio de Práctica e Instituciones Policiales (OPIP), concordó que las reformas que se han planteado no abordan el problema de fondo que es la “excesiva autonomía con la que funcionan”.

“Esta autonomía se combate con autoridades civiles que realicen una transformación desde el punto civil”, señaló Falcón.

Según el representante del OPIP, intervenir civilmente permite adentrarse en todos los espacios de la institución para poder diagnosticar y hacerse cargo de aquellos procesos de transformación que hoy son necesarios.

“Las respuesta que tiene Carabineros actualmente es estar constantemente justificándose respecto a cualquier cosa, no hay revisión ni tratamiento de los errores”, indicó Falcón y agregó que como organización, han intentado impulsar que al momento de pensar una reforma, se haga a través del diálogo con los mismo carabineros. Igualmente, indicó que para llevar a cabo la conversación deben estar involucradas las diferentes realidades que convergen con la función de las policías, como las personas movilizadas, presos de la revuelta, vendedores ambulantes y otros.

¿Es necesario un nuevo órgano que supervise a Carabineros?

Actualmente la división de Carabineros de Chile y la PDI está instalada en la subsecretaría del Interior y  cumple un rol administrativo en cuanto a la gestión de ambas policías, es decir que su injerencia en las instituciones es de carácter burocrático y no tiene la potestad de supervigilar el actuar de las instituciones.

En ese sentido, Antonio Frey, quien también es magíster en gestión y políticas públicas, manifestó que antes de comenzar una reforma a la institución de Carabineros primero era importante la creación de un músculo que tenga mayor injerencia en el funcionamiento de los funcionarios y funcionarias.

El ex subsecretario del Delito opinó que debe ser más independiente de los procesos políticos, no para politizarla sino que para que sea coherente con la misión que tiene el Estado: proteger la seguridad pública de todos los habitantes de la nación.

“Esa misión hay que cumplirla con un aparato moderno y adaptado a los problemas de la actualidad, como el narcotráfico y crimen organizado”, declaró.

En cuanto a una nueva entidad que supervise a Carabineros, Alejandra Mohor señaló la importancia de la creación de una institucionalidad de sociedad civil para el ejercicio de la supervisión de manera permanente. “Es súper pertinente pensar en el rol de la sociedad en este proceso, somos nosotros quienes conviven en la cotidianidad con el despliegue de las instituciones policiales”, argumentó la socióloga.

Sin embargo, la investigadora reconoció que la injerencia civil dentro de la institución, dada la contingencia nacional, sería una mala decisión político-táctica que podría generar más reactividad que disposición a colaborar. No obstante, Mohor no lo descarta como un mecanismo de mediano plazo, ya que confía que dentro de Carabineros existen funcionarios y funcionarias comprometidas con un servicio policial democrático, basado en el respeto y protección de los derechos humanos.

Por su parte, el OPIP a pesar de no estar en total desacuerdo con la formulación de un nuevo órgano de estas características, priorizan la intervención civil, puesto que sostienen que una intromisión de este tipo ayudaría a revelar el real funcionamiento que tiene la institución internamente y que actualmente no tiene la debida transparencia.

Asimismo, Falcón argumentó que la intervención civil establecería una mejor conducción en situaciones o en periodos complejos. Cita como ejemplo lo que pasó en el estallido social, donde no permitiría una justificación política que exonere a un o una uniformada del escrutinio público por su actuar.

“Anteponer un nuevo aparato regulador al diagnóstico del estado actual de Carabineros sería complejo”, manifestó el fundador de OPIP y agregó que una revisión de todo lo que puede estar oculto acerca de la institución, tiene la finalidad de mostrar “cómo la cultura organizacional de la policía en Chile esta funcionando”.

En ese sentido, Falcón explicó que lo anterior es uno de los grandes problemas que hay que resolver, porque no se conoce qué hay detrás de cuando Fuerzas Especiales está en la calle, y cómo se ha expuesto coloquialmente, si están realmente viendo a quienes se manifiestan como un enemigo.

 

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