Al Gobernador de la región del Bíobío, Rodrigo Díaz, quien acusó que desde el 2018 el Servicio de Impuestos Internos dejó de perseguir la ruta del dinero de la madera robada desde los fundos forestales en la región por razones presuntamente políticas, se sumó posteriormente el jefe de Defensa Nacional del Biobío, el contralmirante Juan Pablo Zúñiga. El uniformado apuntó al organismo afirmando que los efectivos militares no contaban con fiscalización por parte del SII y en ello requirió al Ejecutivo disponer de personal de servicio para controlar los camiones que transportan madera.
Ante estas acusaciones, la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda descartó que haya suspendido la persecución del ilícito en la llamada Macrozona Sur. Por el contrario aseguraron que el servicio “ha trabajado decididamente en el desarrollo de diversas estrategias para hacer frente al fenómeno”, particularmente en la Región del Biobío. Algunas de ellas, según detalló la entidad liderada por el economista Hernán Frigolett, consiste en “procedimientos con apoyo técnico del Departamento de Avaluaciones para la revisión de imágenes satelitales de geolocalización”, para efectos de “verificar la correcta declaración y pago del IVA relacionado con contribuyentes con actividades en el rubro forestal”.
Además informaron que a la fecha, han presentado 16 querellas por delitos tributarios del tipo, por un perjuicio fiscal histórico superior a los 5 mil 600 millones de pesos. De hecho, indican que la última se presentó el 30 de marzo en el Juzgado de Garantía de Cañete.
Asimismo, destacaron que “el servicio participa en distintas instancias de coordinación a nivel regional con autoridades locales, policiales y representantes de otras entidades públicas, destinadas a impulsar acciones que permitan monitorear la trazabilidad del comercio de la madera”.
Otras diligencias
Abundando en los detalles de su labor, la entidad indicó que “se revisan los registros contables de las empresas para establecer la emisión, registro y declaración de las facturas; las guías de despacho en que las facturas se fundan, de manera de obtener los roles de avalúo de los predios desde los que mayor cantidad de madera supuestamente se compra; verificar la existencia de dichos predios y la factibilidad de obtener el tipo de madera y las cantidades registradas en las guías; es decir, la verificación de la trazabilidad de la madera comprada y comprobación de sus proveedores”.
Por otro lado, destacaron que han suscrito convenios de intercambio de información con entidades forestales, se han adicionado requisitos y obligaciones a las guías de despacho y facturas emitidas por contribuyente y se ha promovido la emisión electrónica de los documentos tributarios para contar con la información en tiempo real.
“Adicionalmente, el servicio ha reforzado los mecanismos de control sobre los ingresos declarados por las personas naturales, de manera que éstos permitan efectivamente justificar sus gastos, desembolsos e inversiones”, señalaron.
Lo anterior, “ha permitido identificar predios forestales -individualizados con sus roles – indicados en los documentos tributarios (guías de despacho y facturas) como origen de la madera que nunca habían sido explotados o que se explotaron en volúmenes muy inferiores a los documentados; otros explotados, pero en una fecha distinta, y casos de guías de despacho y facturas que indicaban como origen de la madera inmuebles que no correspondían a predios agrícolas”, sostienen.
Al Gobernador de la región del Bíobío, Rodrigo Díaz, quien acusó que desde el 2018 el Servicio de Impuestos Internos dejó de perseguir la ruta del dinero de la madera robada desde los fundos forestales en la región por razones presuntamente políticas, se sumó posteriormente el jefe de Defensa Nacional del Biobío, el contralmirante Juan Pablo Zúñiga. El uniformado apuntó al organismo afirmando que los efectivos militares no contaban con fiscalización por parte del SII y en ello requirió al Ejecutivo disponer de personal de servicio para controlar los camiones que transportan madera.
Ante estas acusaciones, la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda descartó que haya suspendido la persecución del ilícito en la llamada Macrozona Sur. Por el contrario aseguraron que el servicio “ha trabajado decididamente en el desarrollo de diversas estrategias para hacer frente al fenómeno”, particularmente en la Región del Biobío. Algunas de ellas, según detalló la entidad liderada por el economista Hernán Frigolett, consiste en “procedimientos con apoyo técnico del Departamento de Avaluaciones para la revisión de imágenes satelitales de geolocalización”, para efectos de “verificar la correcta declaración y pago del IVA relacionado con contribuyentes con actividades en el rubro forestal”.
Además informaron que a la fecha, han presentado 16 querellas por delitos tributarios del tipo, por un perjuicio fiscal histórico superior a los 5 mil 600 millones de pesos. De hecho, indican que la última se presentó el 30 de marzo en el Juzgado de Garantía de Cañete.
Asimismo, destacaron que “el servicio participa en distintas instancias de coordinación a nivel regional con autoridades locales, policiales y representantes de otras entidades públicas, destinadas a impulsar acciones que permitan monitorear la trazabilidad del comercio de la madera”.
Otras diligencias
Abundando en los detalles de su labor, la entidad indicó que “se revisan los registros contables de las empresas para establecer la emisión, registro y declaración de las facturas; las guías de despacho en que las facturas se fundan, de manera de obtener los roles de avalúo de los predios desde los que mayor cantidad de madera supuestamente se compra; verificar la existencia de dichos predios y la factibilidad de obtener el tipo de madera y las cantidades registradas en las guías; es decir, la verificación de la trazabilidad de la madera comprada y comprobación de sus proveedores”.
Por otro lado, destacaron que han suscrito convenios de intercambio de información con entidades forestales, se han adicionado requisitos y obligaciones a las guías de despacho y facturas emitidas por contribuyente y se ha promovido la emisión electrónica de los documentos tributarios para contar con la información en tiempo real.
“Adicionalmente, el servicio ha reforzado los mecanismos de control sobre los ingresos declarados por las personas naturales, de manera que éstos permitan efectivamente justificar sus gastos, desembolsos e inversiones”, señalaron.
Lo anterior, “ha permitido identificar predios forestales -individualizados con sus roles – indicados en los documentos tributarios (guías de despacho y facturas) como origen de la madera que nunca habían sido explotados o que se explotaron en volúmenes muy inferiores a los documentados; otros explotados, pero en una fecha distinta, y casos de guías de despacho y facturas que indicaban como origen de la madera inmuebles que no correspondían a predios agrícolas”, sostienen.
Al Gobernador de la región del Bíobío, Rodrigo Díaz, quien acusó que desde el 2018 el Servicio de Impuestos Internos dejó de perseguir la ruta del dinero de la madera robada desde los fundos forestales en la región por razones presuntamente políticas, se sumó posteriormente el jefe de Defensa Nacional del Biobío, el contralmirante Juan Pablo Zúñiga. El uniformado apuntó al organismo afirmando que los efectivos militares no contaban con fiscalización por parte del SII y en ello requirió al Ejecutivo disponer de personal de servicio para controlar los camiones que transportan madera.
Ante estas acusaciones, la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda descartó que haya suspendido la persecución del ilícito en la llamada Macrozona Sur. Por el contrario aseguraron que el servicio “ha trabajado decididamente en el desarrollo de diversas estrategias para hacer frente al fenómeno”, particularmente en la Región del Biobío. Algunas de ellas, según detalló la entidad liderada por el economista Hernán Frigolett, consiste en “procedimientos con apoyo técnico del Departamento de Avaluaciones para la revisión de imágenes satelitales de geolocalización”, para efectos de “verificar la correcta declaración y pago del IVA relacionado con contribuyentes con actividades en el rubro forestal”.
Además informaron que a la fecha, han presentado 16 querellas por delitos tributarios del tipo, por un perjuicio fiscal histórico superior a los 5 mil 600 millones de pesos. De hecho, indican que la última se presentó el 30 de marzo en el Juzgado de Garantía de Cañete.
Asimismo, destacaron que “el servicio participa en distintas instancias de coordinación a nivel regional con autoridades locales, policiales y representantes de otras entidades públicas, destinadas a impulsar acciones que permitan monitorear la trazabilidad del comercio de la madera”.
Otras diligencias
Abundando en los detalles de su labor, la entidad indicó que “se revisan los registros contables de las empresas para establecer la emisión, registro y declaración de las facturas; las guías de despacho en que las facturas se fundan, de manera de obtener los roles de avalúo de los predios desde los que mayor cantidad de madera supuestamente se compra; verificar la existencia de dichos predios y la factibilidad de obtener el tipo de madera y las cantidades registradas en las guías; es decir, la verificación de la trazabilidad de la madera comprada y comprobación de sus proveedores”.
Por otro lado, destacaron que han suscrito convenios de intercambio de información con entidades forestales, se han adicionado requisitos y obligaciones a las guías de despacho y facturas emitidas por contribuyente y se ha promovido la emisión electrónica de los documentos tributarios para contar con la información en tiempo real.
“Adicionalmente, el servicio ha reforzado los mecanismos de control sobre los ingresos declarados por las personas naturales, de manera que éstos permitan efectivamente justificar sus gastos, desembolsos e inversiones”, señalaron.
Lo anterior, “ha permitido identificar predios forestales -individualizados con sus roles – indicados en los documentos tributarios (guías de despacho y facturas) como origen de la madera que nunca habían sido explotados o que se explotaron en volúmenes muy inferiores a los documentados; otros explotados, pero en una fecha distinta, y casos de guías de despacho y facturas que indicaban como origen de la madera inmuebles que no correspondían a predios agrícolas”, sostienen.
