El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo orientado a proteger a las personas que son activistas ambientales.
Recordemos que el acuerdo se abrió a la firma de 33 países de la región el 27 de septiembre de 2018, dando lugar a un plazo de suscripción de dos años que culminó el 26 de septiembre de 2020.
Luego de esa fecha el tratado se encontraba abierto a la adhesión de todos los estados de la región consignados en el Anexo 1. Entre esos países se encontraba Chile y por lo tanto, al no haberse firmado dentro del plazo, corresponde únicamente adherirse a él.
De igual forma, la aprobación de este instrumento internacional promueve un proceso de transformación de la institucionalidad ambiental para que se adecúe a la situación actual de escasez hídrica y crisis climática, junto a las dinámicas y condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales del territorio.
En ese sentido, Matías Asun, director de Campañas en Greenpeace, declaró que la adhesión a este tratado significa un avance sustantivo en materia de reconocimiento de los derechos asociados a la participación y a la justicia y democracia ambiental debido a que permite mayores certezas sobre los procesos de participación y acceso a la información pública en trámites de inversión. No obstante, Asun fue enfático al mencionar que este es tan solo un punto de partida.
“No podemos permitir que haya dos o tres abogados medioambientales más operando. Eso no es una mejora significativa. Lo que necesitamos es reducir las brechas de equidad y de acceso a la información pública”, sostuvo y agregó que lo que queda por verse es cómo el Gobierno y el Congreso traducirán el tratado a medidas concretas que permitan equilibrar el poder para garantizar mayor democracia ambiental.
Un factor importante que permitirá este acuerdo es el mayor resguardo de la seguridad de los y las dirigentes y activistas medioambientales, quienes en los últimos 10 años, de acuerdo al Londres Global Witness, han sido parte de una lista de asesinatos que solo aumenta con el pasar de los años.
Cabe destacar que la misma organización reconoce a Latinoamérica y el Caribe como la región más peligrosa del mundo para los activistas del medioambiente.
“El respeto de las garantías básicas de seguridad de los defensores de derechos humanos y especialmente de los defensores y defensoras medioambientales, es una tarea prioritaria”, destacó Matías Asun y añadió que esta labor es urgente debido al aumento sustantivo de las agresiones hacia quienes denuncian conflictos ambientales, fundamentalmente a quienes alzan la voz por la apropiación y robo de agua.
Por otro lado, la discusión que se llevó el lunes en el Senado fue enmarcada por cuestionamientos en cuanto a lo que implica esta normativa. El senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, “lamentó” la aprobación del acuerdo y sostuvo que trae aparejados riesgos de ambigüedades en ciertos conceptos. Mientras desde la UDI, el Senador Ivan Moreira declaró que el acuerdo pone en riesgo aspectos esenciales como la soberanía nacional.
Respecto al punto de la soberanía, el representante de Greenpeace afirmó que “no hay nada que afecte más a la soberanía que la destrucción del medioambiente”. Además, expresó que cualquier acuerdo que permita proteger a la naturaleza bajo un entorno de certezas democráticas, construidas en base a consensos simétricos “mejora evidentemente la calidad de nuestra democracia. Por lo tanto, perfecciona nuestra integración regional y secundariamente también nuestra soberanía”.
Por parte del Gobierno, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, manifestó su alegría y afirmó a raíz de la adhesión del acuerdo, que este era un momento para festejar debido a que la crisis que estamos viviendo exige que las soluciones se tomen de manera mancomunada y que este tratado les entrega herramientas para cristalizar el compromiso del Presidente Gabriel Boric de que este sea el primer gobierno ecologista del país
Asimismo, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, expresó también su alegría y declaró que el Acuerdo de Escazú es un tratado de cooperación entre estados frente a una grave crisis climática.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo orientado a proteger a las personas que son activistas ambientales.
Recordemos que el acuerdo se abrió a la firma de 33 países de la región el 27 de septiembre de 2018, dando lugar a un plazo de suscripción de dos años que culminó el 26 de septiembre de 2020.
Luego de esa fecha el tratado se encontraba abierto a la adhesión de todos los estados de la región consignados en el Anexo 1. Entre esos países se encontraba Chile y por lo tanto, al no haberse firmado dentro del plazo, corresponde únicamente adherirse a él.
De igual forma, la aprobación de este instrumento internacional promueve un proceso de transformación de la institucionalidad ambiental para que se adecúe a la situación actual de escasez hídrica y crisis climática, junto a las dinámicas y condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales del territorio.
En ese sentido, Matías Asun, director de Campañas en Greenpeace, declaró que la adhesión a este tratado significa un avance sustantivo en materia de reconocimiento de los derechos asociados a la participación y a la justicia y democracia ambiental debido a que permite mayores certezas sobre los procesos de participación y acceso a la información pública en trámites de inversión. No obstante, Asun fue enfático al mencionar que este es tan solo un punto de partida.
“No podemos permitir que haya dos o tres abogados medioambientales más operando. Eso no es una mejora significativa. Lo que necesitamos es reducir las brechas de equidad y de acceso a la información pública”, sostuvo y agregó que lo que queda por verse es cómo el Gobierno y el Congreso traducirán el tratado a medidas concretas que permitan equilibrar el poder para garantizar mayor democracia ambiental.
Un factor importante que permitirá este acuerdo es el mayor resguardo de la seguridad de los y las dirigentes y activistas medioambientales, quienes en los últimos 10 años, de acuerdo al Londres Global Witness, han sido parte de una lista de asesinatos que solo aumenta con el pasar de los años.
Cabe destacar que la misma organización reconoce a Latinoamérica y el Caribe como la región más peligrosa del mundo para los activistas del medioambiente.
“El respeto de las garantías básicas de seguridad de los defensores de derechos humanos y especialmente de los defensores y defensoras medioambientales, es una tarea prioritaria”, destacó Matías Asun y añadió que esta labor es urgente debido al aumento sustantivo de las agresiones hacia quienes denuncian conflictos ambientales, fundamentalmente a quienes alzan la voz por la apropiación y robo de agua.
Por otro lado, la discusión que se llevó el lunes en el Senado fue enmarcada por cuestionamientos en cuanto a lo que implica esta normativa. El senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, “lamentó” la aprobación del acuerdo y sostuvo que trae aparejados riesgos de ambigüedades en ciertos conceptos. Mientras desde la UDI, el Senador Ivan Moreira declaró que el acuerdo pone en riesgo aspectos esenciales como la soberanía nacional.
Respecto al punto de la soberanía, el representante de Greenpeace afirmó que “no hay nada que afecte más a la soberanía que la destrucción del medioambiente”. Además, expresó que cualquier acuerdo que permita proteger a la naturaleza bajo un entorno de certezas democráticas, construidas en base a consensos simétricos “mejora evidentemente la calidad de nuestra democracia. Por lo tanto, perfecciona nuestra integración regional y secundariamente también nuestra soberanía”.
Por parte del Gobierno, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, manifestó su alegría y afirmó a raíz de la adhesión del acuerdo, que este era un momento para festejar debido a que la crisis que estamos viviendo exige que las soluciones se tomen de manera mancomunada y que este tratado les entrega herramientas para cristalizar el compromiso del Presidente Gabriel Boric de que este sea el primer gobierno ecologista del país
Asimismo, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, expresó también su alegría y declaró que el Acuerdo de Escazú es un tratado de cooperación entre estados frente a una grave crisis climática.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo orientado a proteger a las personas que son activistas ambientales.
Recordemos que el acuerdo se abrió a la firma de 33 países de la región el 27 de septiembre de 2018, dando lugar a un plazo de suscripción de dos años que culminó el 26 de septiembre de 2020.
Luego de esa fecha el tratado se encontraba abierto a la adhesión de todos los estados de la región consignados en el Anexo 1. Entre esos países se encontraba Chile y por lo tanto, al no haberse firmado dentro del plazo, corresponde únicamente adherirse a él.
De igual forma, la aprobación de este instrumento internacional promueve un proceso de transformación de la institucionalidad ambiental para que se adecúe a la situación actual de escasez hídrica y crisis climática, junto a las dinámicas y condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales del territorio.
En ese sentido, Matías Asun, director de Campañas en Greenpeace, declaró que la adhesión a este tratado significa un avance sustantivo en materia de reconocimiento de los derechos asociados a la participación y a la justicia y democracia ambiental debido a que permite mayores certezas sobre los procesos de participación y acceso a la información pública en trámites de inversión. No obstante, Asun fue enfático al mencionar que este es tan solo un punto de partida.
“No podemos permitir que haya dos o tres abogados medioambientales más operando. Eso no es una mejora significativa. Lo que necesitamos es reducir las brechas de equidad y de acceso a la información pública”, sostuvo y agregó que lo que queda por verse es cómo el Gobierno y el Congreso traducirán el tratado a medidas concretas que permitan equilibrar el poder para garantizar mayor democracia ambiental.
Un factor importante que permitirá este acuerdo es el mayor resguardo de la seguridad de los y las dirigentes y activistas medioambientales, quienes en los últimos 10 años, de acuerdo al Londres Global Witness, han sido parte de una lista de asesinatos que solo aumenta con el pasar de los años.
Cabe destacar que la misma organización reconoce a Latinoamérica y el Caribe como la región más peligrosa del mundo para los activistas del medioambiente.
“El respeto de las garantías básicas de seguridad de los defensores de derechos humanos y especialmente de los defensores y defensoras medioambientales, es una tarea prioritaria”, destacó Matías Asun y añadió que esta labor es urgente debido al aumento sustantivo de las agresiones hacia quienes denuncian conflictos ambientales, fundamentalmente a quienes alzan la voz por la apropiación y robo de agua.
Por otro lado, la discusión que se llevó el lunes en el Senado fue enmarcada por cuestionamientos en cuanto a lo que implica esta normativa. El senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, “lamentó” la aprobación del acuerdo y sostuvo que trae aparejados riesgos de ambigüedades en ciertos conceptos. Mientras desde la UDI, el Senador Ivan Moreira declaró que el acuerdo pone en riesgo aspectos esenciales como la soberanía nacional.
Respecto al punto de la soberanía, el representante de Greenpeace afirmó que “no hay nada que afecte más a la soberanía que la destrucción del medioambiente”. Además, expresó que cualquier acuerdo que permita proteger a la naturaleza bajo un entorno de certezas democráticas, construidas en base a consensos simétricos “mejora evidentemente la calidad de nuestra democracia. Por lo tanto, perfecciona nuestra integración regional y secundariamente también nuestra soberanía”.
Por parte del Gobierno, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, manifestó su alegría y afirmó a raíz de la adhesión del acuerdo, que este era un momento para festejar debido a que la crisis que estamos viviendo exige que las soluciones se tomen de manera mancomunada y que este tratado les entrega herramientas para cristalizar el compromiso del Presidente Gabriel Boric de que este sea el primer gobierno ecologista del país
Asimismo, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, expresó también su alegría y declaró que el Acuerdo de Escazú es un tratado de cooperación entre estados frente a una grave crisis climática.
