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Año XVI, 19 de abril de 2024


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Parlamentarios presentan proyecto para aumentar capacidad fiscalizadora del Sistema de Evaluación Ambiental

La iniciativa de los diputados Camila Musante y Jaime Sáez, busca dotar de nuevas herramientas de fiscalización y de medidas que obliguen a las compañías a una mayor responsabilidad con el medio.

Diario Uchile

  Miércoles 1 de junio 2022 14:55 hrs. 
La cuenca del Río Petorca, otrora fuente de agua para toda la zona, hoy convertida en camino por donde transitan vehículos.

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Los diputados Camila Musante y Jaime Sáez presentaron un proyecto para exigir que las empresas cumplan con una mayor responsabilidad ambiental dotando al Servicio de Evaluación Ambiental con facultades preventivas para evaluar el comportamiento de las compañías que reingresan al Sistema de Evaluación.

De esta manera, será un requisito que los proyectos o actividades que se someten a evaluación certifiquen haber cumplido con las sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente o haber reparado el daño ambiental si hubo condena por parte del Tribunal Ambiental.

La diputada Musante explicó que esta iniciativa “modifica la ley de bases generales de medio ambiente para disuadir el mal comportamiento de muchas empresas otorgando facultades de carácter preventivo al SEA a la hora de revisar los proyectos que se ingresan”, ya sea por Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Además, en el caso que exista más de una resolución a evaluar, se preferirá, como criterio preventivo y precautorio aquella que involucra un proceso de evaluación más estricto y asegure certeza de los impactos ambientales, ordenando a que el titular ingrese por EIA.

El diputado Jaime Sáez agregó que este proyecto “busca prevenir el daño ambiental y resguardar que empresas inescrupulosas, que muchas veces no cumplen los fallos de la justicia, sigan actuando de manera elusiva a la institucionalidad que hoy está vigente”.

Adicionalmente, el proyecto de ley permitiría que el Servicio de Evaluación Ambiental evalúe el comportamiento de los representantes legales, pudiendo pronunciarse desfavorablemente en la evaluación de proyectos o actividades respecto de aquellos que han sido declarados incumplidores y sancionados por la superintendencia, en forma reiterada.

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