El diputado Matías Ramírez junto a la abogada de derechos humanos Karinna Fernández, presentó un requerimiento a la Contraloría General para que indague eventuales responsabilidades administrativas en la decisión de borrar los correos electrónicos de los ministros del Interior durante el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, en el contexto del estallido social.
Según explicó el parlamentario junto a la penalista, esta acción obstaculiza la labor del Ministerio Público para determinar si hubo órdenes directas para reprimir las movilizaciones sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019.
Ramírez explicó que la solicitud apunta a “que se indague por parte del ente contralor la eliminación de los correos electrónicos desde el Ministerio del Interior durante el periodo del estallido social. Es indispensable aclarar en este caso los sucesos que derivaron en la violación de derechos humanos de cientos de personas, no solamente en la Región Metropolitana, sino que a lo largo del país”.
El legislador indicó además “que en la investigación de estos delitos por parte del Ministerio Público se ha podido corroborar que el Ministerio del Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera borró todos los correos. En ese sentido, creemos que es importante que la Contraloría determine si efectivamente hubo falta a la probidad y quiénes son los responsables de esta decisión que puede afectar el futuro de la investigación”.
En ese sentido, la abogada Fernández señaló que “en el contexto que seguimos por la causa contra el alto mando de Carabineros, descubrimos que existían obstáculos a la investigación por la eliminación de correos electrónicos en el Ministerio del Interior. Nos parece que esta acción que obstruye claramente el acceso a la información, nuestro derecho a la libertad de expresión, tienen que ser investigados a fondo por el Contralor de la República”.
La fiscal que lleva adelante la indagatoria, Ximena Chong, solicitó a las actuales autoridades del Ministerio del Interior el resguardo de los correos electrónicos de los ex ministros Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, así como de los subsecretarios Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, además del asesor del ministerio, Mijail Bonito.
La respuesta fue enviada el 29 de marzo último por el subsecretario Manuel Monsalve, en la que señala que “De conformidad a las políticas de correos electrónicos y a la capacidad de almacenamiento de las plataformas de este ministerio, las casillas de quienes dejan de desempeñarse en este se deshabilitan por 30 días y luego se borran automáticamente”.
El diputado Matías Ramírez junto a la abogada de derechos humanos Karinna Fernández, presentó un requerimiento a la Contraloría General para que indague eventuales responsabilidades administrativas en la decisión de borrar los correos electrónicos de los ministros del Interior durante el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, en el contexto del estallido social.
Según explicó el parlamentario junto a la penalista, esta acción obstaculiza la labor del Ministerio Público para determinar si hubo órdenes directas para reprimir las movilizaciones sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019.
Ramírez explicó que la solicitud apunta a “que se indague por parte del ente contralor la eliminación de los correos electrónicos desde el Ministerio del Interior durante el periodo del estallido social. Es indispensable aclarar en este caso los sucesos que derivaron en la violación de derechos humanos de cientos de personas, no solamente en la Región Metropolitana, sino que a lo largo del país”.
El legislador indicó además “que en la investigación de estos delitos por parte del Ministerio Público se ha podido corroborar que el Ministerio del Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera borró todos los correos. En ese sentido, creemos que es importante que la Contraloría determine si efectivamente hubo falta a la probidad y quiénes son los responsables de esta decisión que puede afectar el futuro de la investigación”.
En ese sentido, la abogada Fernández señaló que “en el contexto que seguimos por la causa contra el alto mando de Carabineros, descubrimos que existían obstáculos a la investigación por la eliminación de correos electrónicos en el Ministerio del Interior. Nos parece que esta acción que obstruye claramente el acceso a la información, nuestro derecho a la libertad de expresión, tienen que ser investigados a fondo por el Contralor de la República”.
La fiscal que lleva adelante la indagatoria, Ximena Chong, solicitó a las actuales autoridades del Ministerio del Interior el resguardo de los correos electrónicos de los ex ministros Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, así como de los subsecretarios Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, además del asesor del ministerio, Mijail Bonito.
La respuesta fue enviada el 29 de marzo último por el subsecretario Manuel Monsalve, en la que señala que “De conformidad a las políticas de correos electrónicos y a la capacidad de almacenamiento de las plataformas de este ministerio, las casillas de quienes dejan de desempeñarse en este se deshabilitan por 30 días y luego se borran automáticamente”.
El diputado Matías Ramírez junto a la abogada de derechos humanos Karinna Fernández, presentó un requerimiento a la Contraloría General para que indague eventuales responsabilidades administrativas en la decisión de borrar los correos electrónicos de los ministros del Interior durante el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, en el contexto del estallido social.
Según explicó el parlamentario junto a la penalista, esta acción obstaculiza la labor del Ministerio Público para determinar si hubo órdenes directas para reprimir las movilizaciones sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019.
Ramírez explicó que la solicitud apunta a “que se indague por parte del ente contralor la eliminación de los correos electrónicos desde el Ministerio del Interior durante el periodo del estallido social. Es indispensable aclarar en este caso los sucesos que derivaron en la violación de derechos humanos de cientos de personas, no solamente en la Región Metropolitana, sino que a lo largo del país”.
El legislador indicó además “que en la investigación de estos delitos por parte del Ministerio Público se ha podido corroborar que el Ministerio del Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera borró todos los correos. En ese sentido, creemos que es importante que la Contraloría determine si efectivamente hubo falta a la probidad y quiénes son los responsables de esta decisión que puede afectar el futuro de la investigación”.
En ese sentido, la abogada Fernández señaló que “en el contexto que seguimos por la causa contra el alto mando de Carabineros, descubrimos que existían obstáculos a la investigación por la eliminación de correos electrónicos en el Ministerio del Interior. Nos parece que esta acción que obstruye claramente el acceso a la información, nuestro derecho a la libertad de expresión, tienen que ser investigados a fondo por el Contralor de la República”.
La fiscal que lleva adelante la indagatoria, Ximena Chong, solicitó a las actuales autoridades del Ministerio del Interior el resguardo de los correos electrónicos de los ex ministros Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, así como de los subsecretarios Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, además del asesor del ministerio, Mijail Bonito.
La respuesta fue enviada el 29 de marzo último por el subsecretario Manuel Monsalve, en la que señala que “De conformidad a las políticas de correos electrónicos y a la capacidad de almacenamiento de las plataformas de este ministerio, las casillas de quienes dejan de desempeñarse en este se deshabilitan por 30 días y luego se borran automáticamente”.
