En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado Ramón Sepúlveda, quien defiende a algunos de los 16 imputados del caso “Primera Línea”, cuyo juicio oral comienza este lunes 06 de junio, se refirió a los llamados presos del estallido social. Jóvenes en su mayoría que a juicio del jurista fueron objeto de la criminalización de la protesta que impartió la administración Piñera y que permeó a la Justicia a través del abuso de la prisión preventiva. Hoy, con el gobierno de Gabriel Boric, el abogado crítica una falta de estrategia de parte del Ejecutivo para hacer frente a esta problemática y el hecho de que el ministerio del Interior, encabezado por la ministra Siches, haya persistido en la querella contra los imputados de este emblemático caso.  

Según la investigación de la Fiscalía Centro Norte, los 16 imputados de esta causa se reunieron el 3 de marzo del 2020 en la intersección de calle Ramón Corvalán Melgarejo y Carabineros de Chile. Ellos fueron acusados de lanzar elementos de diversa índole para perturbar la tranquilidad y de interrumpir, sin autorización, la libre circulación de personas y vehículos. 

Ese día, afirma Sepúlveda, “Carabineros procede a detener sin ningún criterio o constatación de que efectivamente se estaba cometiendo algún delito a más de 40 personas que luego son formalizadas por el delito de desórdenes públicos. En el marco de esa detención se detuvo a menores de edad, principalmente jóvenes, y fueron dispuestos al Juzgado de Garantía donde es la querellante, a través del Ministerio del Interior, quien pide la medida cautelar de prisión preventiva”. Esto para un delito que tiene una pena menor a 541 días, relevó el abogado.

En ello radica lo anómalo de la causa, afirmó, y es que “el mensaje del Código Procesal Penal señala que nadie que pueda ser candidato a penas sustitutivas de las privativas de libertad, vale decir, que pueda tener un cumplimiento en libertad, debiese tener prisión preventiva. De ahí el principal criterio entregado por el Legislador al Juez del caso, para determinar prisión preventiva, es la gravedad de la pena asignada al delito”, explicó.

“Por eso es tan atípico, porque es un caso donde los jueces se apartan de lo que el Legislador dispone en el artículo 140 del Código Procesal Penal y dan prisión preventiva a un grupo de personas que en ningún otro contexto lo habrían tenido. Eso no sólo es cambiar las reglas del juego sino que también vulnerar y decretar una resolución de manera ilegal para un grupo de manifestantes, y les digo de ese modo porque es la razón  por la que se les detiene, pero la mayoría de las personas y en particular nuestros clientes ni siquiera estaban en el marco de la protesta”, señaló.

Y es que en dicha detención, Carabineros involucra a personas que solo miraban lo que ocurría, afirmó Sepúlveda. “En nuestro caso, eran dos jóvenes estudiantes, uno de Medicina hoy, otro de Trabajo Social, ambos estudiando estas carreras pero en ese momento iban a dar la prueba de selección universitaria y uno de ellos incluso, con trastorno del espectro autista”.

Abordando la discusión macro sobre los llamados presos de la revuelta, el jurista descartó una persecución política en términos de una detención o un encarcelamiento ilegal de personas por lo que piensan. Sin perjuicio de eso, afirmó que el gobierno de Piñera, a través del ministerio del Interior y su facultad de presentar querellas en algunos casos por delitos comunes y en otros por Ley de Seguridad Interior del Estado, “empleó todos los recursos que tenía para lograr la prisión preventiva, la condena y la persecución jurídica con la mayor intensidad posible a toda aquella persona que fuera detenida en el marco del estallido social”.

“No es una persecución política como se vivió en alguna otra época en el país, pero efectivamente creemos que se ejerció durante el gobierno de Piñera por parte del ministerio del Interior, que muchas veces fue acogida por jueces que también vivían el contexto del estallido social y que se dejaron influenciar, creemos, por lo que estaba ocurriendo en el país, buscando una criminalización de la protesta y generar un temor en aquellos manifestantes que sabían a lo que se arriesgaban si cometían hechos vinculados al estallido social. Y lo digo porque en casos como el de la Primera Línea, en otro momento donde no hubiera habido un estallido social como el que ocurría, jamás hubieran tenido prisión preventiva”.

Lo anterior incurre para el abogado en una persecución, tanto del Gobierno como del sistema en su conjunto, el cual “busca un mensaje para el cual no están diseñadas las medidas cautelares, que son asegurar los fines del procedimiento, la comparecencia, evitar la reiteración delictual”.

Por este motivo, el jurista consideró extraño que el gobierno de Gabriel Boric siga sosteniendo la acusación en el caso “Primera Línea”, que “es esencialmente perseguir y criminalizar a un grupo de personas” criticó, incluso con “abogados que han asumido patrocinio de poder en el marco del nuevo gobierno”. 

“Creemos que la expectativa más bien social hubiera sido que esta querella o esta acusación fuera desistida por parte del Gobierno y que dejaran que el Ministerio Público hiciera su trabajo pero sin una persecución de abogados que son parte del Gobierno y que probablemente muchos de estos jóvenes fueron los que impulsaron que hubiera un cambio tan determinante como que Gabriel Boric fuera Presidente”, señaló.

Por lo demás, sostuvo que el Ejecutivo no ha desplegado ninguna estrategia que permita solucionar lo que ha ocurrido con los presos de la movilización social. “Acá lo que ha habido es probablemente desistimiento de querella”, indicó, en casos que dice no conocer.

Abordando la duración de las prisiones preventivas, Sepúlveda consideró poco probable que existan investigaciones en desarrollo con imputados bajo esta medida cautelar en un marco de dos años y sin haberse realizado un juicio, dado que cuando las causas tienen a un imputado privado de libertad, necesariamente deben ser más acotadas. Por lo demás destacó que la Defensa tiene la facultad de cerrar investigaciones o al menos presionar por su cierre a través del Juzgado de Garantía, en la medida que no haya justificación en cuanto a su duración. En el caso de que los hubiera, habría que revisar las razones de la extensión de las prisiones preventivas, los motivos por los que se han dilatado los casos y la estrategia enarbolada por la Defensa, indicó.

“Si uno ve los casos más complejos del estallido social como son por ejemplo, los de los incendios del Metro, a nosotros nos tocó estar en el caso de La Granja y San Pablo, luego salimos de esas defensas pero nos tocó estar un período de tiempo que fueron de los primeros casos que se iniciaron y si uno lo ve hoy, esos juicios ya están terminados, con imputados que ya fueron absueltos en algunos casos, con otros imputados que están en la Corte, pero terminaron y son juicios que se hicieron hace bastante tiempo, por lo tanto, es raro que haya un imputado hoy en prisión preventiva sin juicio, eso me parece una cuestión más pública y mediática, pero no tan real“, consideró.

Por otro lado, descartó un sesgo de clase en el tratamiento que la Justicia tiene sobre los imputados en el marco del estallido social. No así de parte de Carabineros, a quienes reconoció una disposición distinta frente a manifestantes de una u otra comuna, en el caso de la región Metropolitana.

“No es el sistema judicial ni los Fiscales que persigan de manera distinta a una persona u otra por su situación socioeconómica, sino probablemente Carabineros tiene una forma de actuar distinta y eso se ha visto en las marchas del apruebo, del rechazo y cómo actúa Carabineros de manera distinta porque también de alguna manera politiza o actúa de manera distinta según las convicciones que la institución tendrá, debiendo ser una institución no deliberante en cuanto a una tendencia política. Pero sí indudablemente Carabineros detiene con mayor fuerza, creemos, a gente que estaba en el sector bajo que en el sector alto, eso sin ninguna duda. Eso porque la estrategias eran distintas, la persecución política era distinta, las instrucciones del ministerio del Interior eran distintas probablemente en la zona”, señaló.