“Esta vez no se trata de cambiar un presidente”, decía una vieja canción. Al revés del argumento que escuchamos durante años y que ahora se devela en toda su falacia, según el cual “no hay que discutir sobre la Constitución sino sobre los problemas concretos de la gente”, el debate que hemos tenido en los últimos años sobre la actual y la nueva carta fundamental ha resultado apasionante. Tanto que ya estamos viendo que resulta muy difícil sustraerse o declararse neutral. Ya lo hacen partidos y movimientos y es previsible antes del 4 de septiembre todas las organizaciones de la sociedad marquen posición. Y ya se verá quién es quién.

De este torrente al que nos lleva el debate constitucional no se sustraen los grandes espacios de difusión de contenidos. Ya en mayo pasado el medio Interferencia señalaba que, al margen de plazos legales, 9 grupos por el Rechazo y la Tercera Vía (señalada por el senador Huenchumilla como un “disfraz del rechazo”) invirtieron $164 millones en propaganda en Instagram y Facebook. Se vislumbra desde ya una enorme disparidad en los recursos disponibles, tal como en los grandes medios de comunicación, donde la concentración de la propiedad ha llevado a que, al menos en la televisión y en los medios escritos, sea clara una tendencia de animadversión con las ideas del Apruebo y de simpatía con las ideas del Rechazo. Igual que en el resto de la sociedad, les está resultando muy difícil mantener la distancia y es probable que en las próximas semanas señalen aún más claramente su intención de voto, aunque ya lo sepamos de antemano.

El problema no es adherir legítimamente a una de las dos opciones del plebiscito, sino la concentración mediática y publicitaria en una de ellas. Dadas las circunstancias ¿Cuánta capacidad tendrá esto de incidir en la decisión de los votantes? Hay quienes sostendrán que ahora las personas tienen la posibilidad de enterarse por otras vías de lo que pasa, pero la historia mundial reciente nos ha mostrado que el poder económico no solo tiene la capacidad de incidir en los algoritmos de las redes sociales, sino también de conseguir resultados electorales a través de esta práctica.

Tampoco se augura equilibrado el gasto electoral. Baste ver lo ocurrido en el plebiscito de entrada, donde según información del Servel procesada por el sitio Fast Check el total de aportes recibidos por el Rechazo alcanzó los $427 millones, equivalente al 79% de la totalidad de los aportes del Plebiscito. Al revés, el Apruebo percibió solo $77 millones, es decir, el 14% del total de los aportes, al que podría sumársele el 7% de los aportes entregados a difundir el mecanismo de Convención Constitucional, en vez de la Comisión Mixta.

Lo llamativo es que el resultado la vez anterior fue el exactamente opuesto: el 79% del financiamiento obtuvo el 21% de los votos y el 21% del financiamiento obtuvo el 79% de los votos. Más que predecir resultados, lo importante es señalar que este debate se ha dado y se dará en condiciones evidentemente desiguales.