Esta mañana, representantes de la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial junto a la Fundación Positiva y la Agrupación Nacional de Familiares de la Memoria concurrieron al palacio de La Moneda para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric, alertando sobre la agudización de la violencia tanto política como policial en las manifestaciones sociales. Esto a la luz de las agresiones cometidas por civiles en el contexto de las marchas por el rechazo a la nueva Constitución y por vendedores ambulantes y locatarios que “han agregido a estudiantes y a la ciudadanía organizada”, afirman, destacando el homicidio de la reportera Francisca Sandoval.
Además denuncian el caso de un menor de edad, Cristóbal, que fue golpeado por adultos agrupados en la marcha por el rechazo pese a la presencia de Carabineros en el lugar. Los efectivos, señalan, llevaron al joven detenido en lugar de concurrir con él a un Centro de Salud como indica el protocolo y en vez de detener a los sujetos violentistas.
Junto a eso relevan el caso de Corinne Hererra, quien fue víctima de violación sexual por parte de dos Carabineros en Puerto Natales el año 2019. Dada la gravedad del caso, las organizaciones exigieron la presentación de una querella por parte del Ejecutivo, la que involucre no solo al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, sino también al Ministerio del Interior.
Aún cuando el Gobierno esté trabajando en una reforma a la policía, y la Convención Constitucional por su parte, ha aprobado la desmilitarización de la institución, las agrupaciones consideraron necesario derogar dentro de lo inmediato la Ley Orgánica de Carabineros, o bien transformarla estructuralmente mediante la propuesta que ya presentó al Gobierno la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial para efectos de desmilitarizarlos. Así también pidieron considerar el Programa de Reparación para las Víctimas de Violencia Policial, emanado por la misma organización.
Y es que si bien saludaron el anuncio del Ejecutivo sobre el establecimiento de una agenda de reparación y no repetición para víctimas del estallido social, acusan completo desconocimiento del detalle de las medidas. Por lo demás, señalan que el período de tiempo considerado en la política es demasiado acotado. Así lo sostuvo Miguel Fonseca, Coordinador de la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial.
“Valoramos que haya una agenda para reformar a Carabineros, para las víctimas del estallido social pero nos parece que es insuficiente, lo que nos parece es que tienen que considerarse las víctimas desde un período mucho más amplio de lo que es la violencia policial”, afirmó.
Otra de las exigencias de las organizaciones es dar celeridad a la “Ley Luciano” asociada a víctimas de violencia política y campañas ilegales que se encuentra en el Senado. La denominación de la iniciativa se basa en el caso de Luciano Rendón, joven que fue golpeado brutalmente por brigadistas en el marco de la campaña de la elección municipal en Peñalolén el año 2012. Esto, luego que la víctima levantara propaganda de las autoridades Claudio Orrego y Carolina Leitao que transgredía la Ley Electoral. El delito fue calificado como homicidio frustrado y Rendón terminó con un alto nivel de discapacidad progresiva en el tiempo.
Al respecto, Fonseca indicó que la ley busca regular las campañas electorales y la violencia política en general, constituyéndose en un delito más grave cuando hay fondos públicos de por medio. Esto porque “cuando hay campañas electorales y violencia política además, los candidatos reciben después una subvención estatal con la cual le pagan a su brigadistas”, indicó.
“También en violencia política, la ley considera que desde Fonasa haya recursos para atender a las víctimas de violencia política como caso de particulares, ya que está el programa Prais y Valech que es para víctimas en período de dictadura” señaló, instando a que “esté en el programa que promulga la ley Luciano, un programa de salud pública para víctimas de violencia política. Además planteamos un programa de reparación en salud para víctimas de violencia política en democracia”, añadió.
Ad portas del plebiscito del 4 de septiembre, el dirigente urgió al Ejecutivo tomar medidas en el asunto, en la medida que el despliegue de las campañas por ambas opciones puede radicar en casos lamentables.
“Nos parece preocupante, el ambiente ya está bastante polarizado. Sentimos que hay un ambiente de bastante agresión mediante las redes sociales y esa agresión también ha llegado a las calles y se podría intensificar, por tanto creemos que hay que poner urgencia máxima a la Ley Luciano”, sostuvo.
Esta mañana, representantes de la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial junto a la Fundación Positiva y la Agrupación Nacional de Familiares de la Memoria concurrieron al palacio de La Moneda para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric, alertando sobre la agudización de la violencia tanto política como policial en las manifestaciones sociales. Esto a la luz de las agresiones cometidas por civiles en el contexto de las marchas por el rechazo a la nueva Constitución y por vendedores ambulantes y locatarios que “han agregido a estudiantes y a la ciudadanía organizada”, afirman, destacando el homicidio de la reportera Francisca Sandoval.
Además denuncian el caso de un menor de edad, Cristóbal, que fue golpeado por adultos agrupados en la marcha por el rechazo pese a la presencia de Carabineros en el lugar. Los efectivos, señalan, llevaron al joven detenido en lugar de concurrir con él a un Centro de Salud como indica el protocolo y en vez de detener a los sujetos violentistas.
Junto a eso relevan el caso de Corinne Hererra, quien fue víctima de violación sexual por parte de dos Carabineros en Puerto Natales el año 2019. Dada la gravedad del caso, las organizaciones exigieron la presentación de una querella por parte del Ejecutivo, la que involucre no solo al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, sino también al Ministerio del Interior.
Aún cuando el Gobierno esté trabajando en una reforma a la policía, y la Convención Constitucional por su parte, ha aprobado la desmilitarización de la institución, las agrupaciones consideraron necesario derogar dentro de lo inmediato la Ley Orgánica de Carabineros, o bien transformarla estructuralmente mediante la propuesta que ya presentó al Gobierno la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial para efectos de desmilitarizarlos. Así también pidieron considerar el Programa de Reparación para las Víctimas de Violencia Policial, emanado por la misma organización.
Y es que si bien saludaron el anuncio del Ejecutivo sobre el establecimiento de una agenda de reparación y no repetición para víctimas del estallido social, acusan completo desconocimiento del detalle de las medidas. Por lo demás, señalan que el período de tiempo considerado en la política es demasiado acotado. Así lo sostuvo Miguel Fonseca, Coordinador de la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial.
“Valoramos que haya una agenda para reformar a Carabineros, para las víctimas del estallido social pero nos parece que es insuficiente, lo que nos parece es que tienen que considerarse las víctimas desde un período mucho más amplio de lo que es la violencia policial”, afirmó.
Otra de las exigencias de las organizaciones es dar celeridad a la “Ley Luciano” asociada a víctimas de violencia política y campañas ilegales que se encuentra en el Senado. La denominación de la iniciativa se basa en el caso de Luciano Rendón, joven que fue golpeado brutalmente por brigadistas en el marco de la campaña de la elección municipal en Peñalolén el año 2012. Esto, luego que la víctima levantara propaganda de las autoridades Claudio Orrego y Carolina Leitao que transgredía la Ley Electoral. El delito fue calificado como homicidio frustrado y Rendón terminó con un alto nivel de discapacidad progresiva en el tiempo.
Al respecto, Fonseca indicó que la ley busca regular las campañas electorales y la violencia política en general, constituyéndose en un delito más grave cuando hay fondos públicos de por medio. Esto porque “cuando hay campañas electorales y violencia política además, los candidatos reciben después una subvención estatal con la cual le pagan a su brigadistas”, indicó.
“También en violencia política, la ley considera que desde Fonasa haya recursos para atender a las víctimas de violencia política como caso de particulares, ya que está el programa Prais y Valech que es para víctimas en período de dictadura” señaló, instando a que “esté en el programa que promulga la ley Luciano, un programa de salud pública para víctimas de violencia política. Además planteamos un programa de reparación en salud para víctimas de violencia política en democracia”, añadió.
Ad portas del plebiscito del 4 de septiembre, el dirigente urgió al Ejecutivo tomar medidas en el asunto, en la medida que el despliegue de las campañas por ambas opciones puede radicar en casos lamentables.
“Nos parece preocupante, el ambiente ya está bastante polarizado. Sentimos que hay un ambiente de bastante agresión mediante las redes sociales y esa agresión también ha llegado a las calles y se podría intensificar, por tanto creemos que hay que poner urgencia máxima a la Ley Luciano”, sostuvo.
Esta mañana, representantes de la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial junto a la Fundación Positiva y la Agrupación Nacional de Familiares de la Memoria concurrieron al palacio de La Moneda para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric, alertando sobre la agudización de la violencia tanto política como policial en las manifestaciones sociales. Esto a la luz de las agresiones cometidas por civiles en el contexto de las marchas por el rechazo a la nueva Constitución y por vendedores ambulantes y locatarios que “han agregido a estudiantes y a la ciudadanía organizada”, afirman, destacando el homicidio de la reportera Francisca Sandoval.
Además denuncian el caso de un menor de edad, Cristóbal, que fue golpeado por adultos agrupados en la marcha por el rechazo pese a la presencia de Carabineros en el lugar. Los efectivos, señalan, llevaron al joven detenido en lugar de concurrir con él a un Centro de Salud como indica el protocolo y en vez de detener a los sujetos violentistas.
Junto a eso relevan el caso de Corinne Hererra, quien fue víctima de violación sexual por parte de dos Carabineros en Puerto Natales el año 2019. Dada la gravedad del caso, las organizaciones exigieron la presentación de una querella por parte del Ejecutivo, la que involucre no solo al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, sino también al Ministerio del Interior.
Aún cuando el Gobierno esté trabajando en una reforma a la policía, y la Convención Constitucional por su parte, ha aprobado la desmilitarización de la institución, las agrupaciones consideraron necesario derogar dentro de lo inmediato la Ley Orgánica de Carabineros, o bien transformarla estructuralmente mediante la propuesta que ya presentó al Gobierno la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial para efectos de desmilitarizarlos. Así también pidieron considerar el Programa de Reparación para las Víctimas de Violencia Policial, emanado por la misma organización.
Y es que si bien saludaron el anuncio del Ejecutivo sobre el establecimiento de una agenda de reparación y no repetición para víctimas del estallido social, acusan completo desconocimiento del detalle de las medidas. Por lo demás, señalan que el período de tiempo considerado en la política es demasiado acotado. Así lo sostuvo Miguel Fonseca, Coordinador de la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial.
“Valoramos que haya una agenda para reformar a Carabineros, para las víctimas del estallido social pero nos parece que es insuficiente, lo que nos parece es que tienen que considerarse las víctimas desde un período mucho más amplio de lo que es la violencia policial”, afirmó.
Otra de las exigencias de las organizaciones es dar celeridad a la “Ley Luciano” asociada a víctimas de violencia política y campañas ilegales que se encuentra en el Senado. La denominación de la iniciativa se basa en el caso de Luciano Rendón, joven que fue golpeado brutalmente por brigadistas en el marco de la campaña de la elección municipal en Peñalolén el año 2012. Esto, luego que la víctima levantara propaganda de las autoridades Claudio Orrego y Carolina Leitao que transgredía la Ley Electoral. El delito fue calificado como homicidio frustrado y Rendón terminó con un alto nivel de discapacidad progresiva en el tiempo.
Al respecto, Fonseca indicó que la ley busca regular las campañas electorales y la violencia política en general, constituyéndose en un delito más grave cuando hay fondos públicos de por medio. Esto porque “cuando hay campañas electorales y violencia política además, los candidatos reciben después una subvención estatal con la cual le pagan a su brigadistas”, indicó.
“También en violencia política, la ley considera que desde Fonasa haya recursos para atender a las víctimas de violencia política como caso de particulares, ya que está el programa Prais y Valech que es para víctimas en período de dictadura” señaló, instando a que “esté en el programa que promulga la ley Luciano, un programa de salud pública para víctimas de violencia política. Además planteamos un programa de reparación en salud para víctimas de violencia política en democracia”, añadió.
Ad portas del plebiscito del 4 de septiembre, el dirigente urgió al Ejecutivo tomar medidas en el asunto, en la medida que el despliegue de las campañas por ambas opciones puede radicar en casos lamentables.
“Nos parece preocupante, el ambiente ya está bastante polarizado. Sentimos que hay un ambiente de bastante agresión mediante las redes sociales y esa agresión también ha llegado a las calles y se podría intensificar, por tanto creemos que hay que poner urgencia máxima a la Ley Luciano”, sostuvo.
