Las presidentas de las agrupaciones de familiares de Ejecutados Políticos y de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera y Alicia Lira, entregaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto, a quien pidieron una comisión que investigue la actuación de la entonces subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, y su sucesora, Lorena Recabarren, quienes no entregaron las carpetas con los testimonios de cientos de conscriptos a los tribunales.
Para Alicia Lira, esta decisión no fue al azar sino que apunta a concretar una política de impunidad.
“Para nosotros es una colusión política, porque realmente es gravísimo cuando ya sufrimos el ocultamiento de las fichas de Colonia Dignidad y costó mucho para que llegara a manos de un ministro en visita y eso dilata las causas”, indicó la representante.
Lira agregó que “el fin último es la impunidad biológica. Al dilatar en el tiempo están muriendo los familiares, los testigos y también los criminales”.
La dirigenta comentó que ya presentaron una petición para que investigue este hecho a la Fiscalía Metropolitana y también ante la Contraloría General “porque tiene que quedar un precedente que no se puede guardar información, ocultársela a los familiares, a los abogados de derechos humanos, a la justicia, cuando las agrupaciones de familiares han luchado tantos años y por lo cual repudiamos esta actitud”.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, indicó que resulta inexplicable que altas funcionarias de dos gobiernos no tramitaran ante los tribunales los testimonios entregados por los conscriptos.
Rivera consideró la decisión de las entonces subsecretarias como gravísima al tener “durante cinco años en secreto o bajo llave esta información es tan importante para las agrupaciones y principalmente para los familiares de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos”.
La dirigenta agregó que “no es posible que personas que tuvieron cargos de tanta responsabilidad respecto al tema de DDHH hayan tenido la tozudez de haber guardado una información que por años hemos tratado de obtenerla. Siempre apostamos a que cualquier información, cualquiera que sea, debería entregarse a los tribunales de justicia y eso no se llevó a cabo”.
La presidenta de la AFDD puntualizó que hace dos semanas las carpetas fueron derivadas a los tribunales que llevan causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
Las presidentas de las agrupaciones de familiares de Ejecutados Políticos y de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera y Alicia Lira, entregaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto, a quien pidieron una comisión que investigue la actuación de la entonces subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, y su sucesora, Lorena Recabarren, quienes no entregaron las carpetas con los testimonios de cientos de conscriptos a los tribunales.
Para Alicia Lira, esta decisión no fue al azar sino que apunta a concretar una política de impunidad.
“Para nosotros es una colusión política, porque realmente es gravísimo cuando ya sufrimos el ocultamiento de las fichas de Colonia Dignidad y costó mucho para que llegara a manos de un ministro en visita y eso dilata las causas”, indicó la representante.
Lira agregó que “el fin último es la impunidad biológica. Al dilatar en el tiempo están muriendo los familiares, los testigos y también los criminales”.
La dirigenta comentó que ya presentaron una petición para que investigue este hecho a la Fiscalía Metropolitana y también ante la Contraloría General “porque tiene que quedar un precedente que no se puede guardar información, ocultársela a los familiares, a los abogados de derechos humanos, a la justicia, cuando las agrupaciones de familiares han luchado tantos años y por lo cual repudiamos esta actitud”.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, indicó que resulta inexplicable que altas funcionarias de dos gobiernos no tramitaran ante los tribunales los testimonios entregados por los conscriptos.
Rivera consideró la decisión de las entonces subsecretarias como gravísima al tener “durante cinco años en secreto o bajo llave esta información es tan importante para las agrupaciones y principalmente para los familiares de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos”.
La dirigenta agregó que “no es posible que personas que tuvieron cargos de tanta responsabilidad respecto al tema de DDHH hayan tenido la tozudez de haber guardado una información que por años hemos tratado de obtenerla. Siempre apostamos a que cualquier información, cualquiera que sea, debería entregarse a los tribunales de justicia y eso no se llevó a cabo”.
La presidenta de la AFDD puntualizó que hace dos semanas las carpetas fueron derivadas a los tribunales que llevan causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
Las presidentas de las agrupaciones de familiares de Ejecutados Políticos y de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera y Alicia Lira, entregaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto, a quien pidieron una comisión que investigue la actuación de la entonces subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, y su sucesora, Lorena Recabarren, quienes no entregaron las carpetas con los testimonios de cientos de conscriptos a los tribunales.
Para Alicia Lira, esta decisión no fue al azar sino que apunta a concretar una política de impunidad.
“Para nosotros es una colusión política, porque realmente es gravísimo cuando ya sufrimos el ocultamiento de las fichas de Colonia Dignidad y costó mucho para que llegara a manos de un ministro en visita y eso dilata las causas”, indicó la representante.
Lira agregó que “el fin último es la impunidad biológica. Al dilatar en el tiempo están muriendo los familiares, los testigos y también los criminales”.
La dirigenta comentó que ya presentaron una petición para que investigue este hecho a la Fiscalía Metropolitana y también ante la Contraloría General “porque tiene que quedar un precedente que no se puede guardar información, ocultársela a los familiares, a los abogados de derechos humanos, a la justicia, cuando las agrupaciones de familiares han luchado tantos años y por lo cual repudiamos esta actitud”.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, indicó que resulta inexplicable que altas funcionarias de dos gobiernos no tramitaran ante los tribunales los testimonios entregados por los conscriptos.
Rivera consideró la decisión de las entonces subsecretarias como gravísima al tener “durante cinco años en secreto o bajo llave esta información es tan importante para las agrupaciones y principalmente para los familiares de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos”.
La dirigenta agregó que “no es posible que personas que tuvieron cargos de tanta responsabilidad respecto al tema de DDHH hayan tenido la tozudez de haber guardado una información que por años hemos tratado de obtenerla. Siempre apostamos a que cualquier información, cualquiera que sea, debería entregarse a los tribunales de justicia y eso no se llevó a cabo”.
La presidenta de la AFDD puntualizó que hace dos semanas las carpetas fueron derivadas a los tribunales que llevan causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
