Como una ficción extemporánea de la derecha calificó un grupo de exministros, parlamentarios y dirigentes políticos de partidos de la ex Concertación la idea de rebajar el quórum para hacer reformas constitucionales con el compromiso de hacer reformas a la actual Constitución Política que data de 1980.
En una carta firmada entre otros por Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla, Fanny Pollarolo, Nicolás Eyzaguirre y Francisco Vidal, recordaron que la oposición ya se definió por rechazar la propuesta que dará a conocer el próximo 4 de julio la Convención Constituyente.
“Confunde al país, le permite recuperar su poder de veto, y mostrarse proclive a los cambios, pero siempre que se mantengan los elementos centrales de la constitución del ‘80, y específicamente el modelo económico que fue el causante de los abusos y desigualdades que gatillaron el estallido social”, señalan en el texto.
En el documento agregan que “cambiar los quórums para reformar la actual constitución de la dictadura implica dejar subsistente dicha constitución respecto a la cual, la ciudadanía en forma abrumadora se manifestó en contra en el plebiscito de octubre del 2020”.
Además, agregaron que “el plan B no es una opción real. La ciudadanía quiere pronunciarse sobre alternativas claras y concretas y no sobre acuerdos cupulares respecto a una constitución que ya está muerta y cuyo texto no pudo ser modificado de manera sustancial durante treinta años”.
En otro párrafo apunta que “el llamado plan B pretende confundir a la ciudadanía al no separar el proceso de la Convención, que tuvo fallas y desaciertos, respecto al texto constitucional que se va a plebiscitar. Naturalmente siempre es posible mejorar determinados aspectos del texto constitucional, pero esto debe hacerse de cara al país y una vez que la soberanía se haya pronunciado aprobando dicho texto.
Por otra parte, reitera que el acuerdo por la paz del 15 de noviembre de 2019, la reforma constitucional que siguió a ese evento y el plebiscito de octubre de 2020, planteó que solo hay dos opciones frente a la propuesta de nueva constitución, es decir aprobar o rechazar el documento que dará a conocer la Convención Constituyente en algunas semanas más.
“No hay una tercera alternativa porque no fue planteada en la reforma constitucional que posibilitó el plebiscito de salida. En consecuencia, el plan B es un espejismo y no tiene ningún sustento jurídico ni político”, señalan sobre el tema.
Como una ficción extemporánea de la derecha calificó un grupo de exministros, parlamentarios y dirigentes políticos de partidos de la ex Concertación la idea de rebajar el quórum para hacer reformas constitucionales con el compromiso de hacer reformas a la actual Constitución Política que data de 1980.
En una carta firmada entre otros por Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla, Fanny Pollarolo, Nicolás Eyzaguirre y Francisco Vidal, recordaron que la oposición ya se definió por rechazar la propuesta que dará a conocer el próximo 4 de julio la Convención Constituyente.
“Confunde al país, le permite recuperar su poder de veto, y mostrarse proclive a los cambios, pero siempre que se mantengan los elementos centrales de la constitución del ‘80, y específicamente el modelo económico que fue el causante de los abusos y desigualdades que gatillaron el estallido social”, señalan en el texto.
En el documento agregan que “cambiar los quórums para reformar la actual constitución de la dictadura implica dejar subsistente dicha constitución respecto a la cual, la ciudadanía en forma abrumadora se manifestó en contra en el plebiscito de octubre del 2020”.
Además, agregaron que “el plan B no es una opción real. La ciudadanía quiere pronunciarse sobre alternativas claras y concretas y no sobre acuerdos cupulares respecto a una constitución que ya está muerta y cuyo texto no pudo ser modificado de manera sustancial durante treinta años”.
En otro párrafo apunta que “el llamado plan B pretende confundir a la ciudadanía al no separar el proceso de la Convención, que tuvo fallas y desaciertos, respecto al texto constitucional que se va a plebiscitar. Naturalmente siempre es posible mejorar determinados aspectos del texto constitucional, pero esto debe hacerse de cara al país y una vez que la soberanía se haya pronunciado aprobando dicho texto.
Por otra parte, reitera que el acuerdo por la paz del 15 de noviembre de 2019, la reforma constitucional que siguió a ese evento y el plebiscito de octubre de 2020, planteó que solo hay dos opciones frente a la propuesta de nueva constitución, es decir aprobar o rechazar el documento que dará a conocer la Convención Constituyente en algunas semanas más.
“No hay una tercera alternativa porque no fue planteada en la reforma constitucional que posibilitó el plebiscito de salida. En consecuencia, el plan B es un espejismo y no tiene ningún sustento jurídico ni político”, señalan sobre el tema.
Como una ficción extemporánea de la derecha calificó un grupo de exministros, parlamentarios y dirigentes políticos de partidos de la ex Concertación la idea de rebajar el quórum para hacer reformas constitucionales con el compromiso de hacer reformas a la actual Constitución Política que data de 1980.
En una carta firmada entre otros por Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla, Fanny Pollarolo, Nicolás Eyzaguirre y Francisco Vidal, recordaron que la oposición ya se definió por rechazar la propuesta que dará a conocer el próximo 4 de julio la Convención Constituyente.
“Confunde al país, le permite recuperar su poder de veto, y mostrarse proclive a los cambios, pero siempre que se mantengan los elementos centrales de la constitución del ‘80, y específicamente el modelo económico que fue el causante de los abusos y desigualdades que gatillaron el estallido social”, señalan en el texto.
En el documento agregan que “cambiar los quórums para reformar la actual constitución de la dictadura implica dejar subsistente dicha constitución respecto a la cual, la ciudadanía en forma abrumadora se manifestó en contra en el plebiscito de octubre del 2020”.
Además, agregaron que “el plan B no es una opción real. La ciudadanía quiere pronunciarse sobre alternativas claras y concretas y no sobre acuerdos cupulares respecto a una constitución que ya está muerta y cuyo texto no pudo ser modificado de manera sustancial durante treinta años”.
En otro párrafo apunta que “el llamado plan B pretende confundir a la ciudadanía al no separar el proceso de la Convención, que tuvo fallas y desaciertos, respecto al texto constitucional que se va a plebiscitar. Naturalmente siempre es posible mejorar determinados aspectos del texto constitucional, pero esto debe hacerse de cara al país y una vez que la soberanía se haya pronunciado aprobando dicho texto.
Por otra parte, reitera que el acuerdo por la paz del 15 de noviembre de 2019, la reforma constitucional que siguió a ese evento y el plebiscito de octubre de 2020, planteó que solo hay dos opciones frente a la propuesta de nueva constitución, es decir aprobar o rechazar el documento que dará a conocer la Convención Constituyente en algunas semanas más.
“No hay una tercera alternativa porque no fue planteada en la reforma constitucional que posibilitó el plebiscito de salida. En consecuencia, el plan B es un espejismo y no tiene ningún sustento jurídico ni político”, señalan sobre el tema.
