El canal privado La Red, propiedad de la empresa mexicana Albavisión se atrevió a desafiar, con sus pautas programáticas y contenidos disruptivos y trasgresores a las demás emisoras típicamente comerciales que inundan nuestra magra pantalla.

Con la renuncia de su director ejecutivo Víctor Gutiérrez, periodista y autor de un exitoso libro sobre la doble vida de Michael Jackson y quien revelara también amoríos internacionales de la ex miss Universo Cecilia Bolocco -entre otras sonadas intervenciones faranduleras- logró, en apenas dos años imprimirle un sello independiente a la estación, que se convirtió en la más confiable de la última época.

Pero las dificultades económicas de La Red se complicaron, por ejemplo, como cuando la empresa Carozzi decidió retirarle publicidad a partir de la entrevista al ex frentistas Mauricio Hernández Norambuena, reo por su responsabilidad en la muerte del ex senador Jaime Guzmán.

Posteriormente exhibió “La batalla de Chile”, premiada película de Patricio Guzmán que no había sido presentada en nuestro país y dio tribuna a documentadas denuncias sobre espionaje a periodistas, fraudes y malversación de fondos en Carabineros y las fuerzas armadas, desatando la furia de las autoridades de entonces y una gestión de la asesora y jefa de gabinete de Piñera, Magdalena Díaz ante los propietarios del canal.

La intolerancia ante la libertad de expresión llegó hasta el palacio de la Moneda, durante el pasado gobierno de Sebastián Piñera, quien hizo sentir su malestar a los ejecutivos del canal, además, por un espacio cómico donde se mofaban de un supuesto general de Carabineros en medio de la polémica por la actitud de la policía uniformada y los DDHH en nuestro país.

La Red se restó a la transmisión de la última Teletón, exigiendo mayor transparencia a la fundación y también se marginó de la parada militar de 2021 y del debate organizado por Anatel entre los candidatos presidenciales de las primarias legales, pero se unió a Canal 13 para emitir el debate de la consulta ciudadana.

En tanto, la situación financiera de la estación, pese a sus éxitos en programas como “Hora Chile”, “Mentiras Verdaderas” “Pauta Libre” y “Poder y Verdad”, seguía de mal en peor y en marzo recién pasado tuvo serios problemas para cancelar la planilla de sueldos del personal.

La huelga legal no se hizo esperar y aunque lograron cubrir los pagos hasta abril pasado, la situación se hizo insostenible y se comenzaron a reemplazar los programas en vivo por espacios envasados como “Plaza Sésamo” y otros en los horarios más exitosos, dejando en la palestra y en vilo a figuras como a la premio nacional de periodismo Mónica González, Eduardo Fuentes, al ex senador independiente Alejandro Guillier, al actor Eduardo de la Iglesia y las periodistas Julia Vial y Alejandra Matus, entre otras.

El Colegio de Periodistas denunció públicamente la situación llamando al diálogo de las partes mientras Gutiérrez gastaba sus últimos esfuerzos para conseguir apoyo financiero en el exterior para superar la crisis, gestión que finalmente también fracasó.

Así las cosas, mientras la Convención Constitucional a probaba por mayoría un articulado para proteger el derecho a la comunicación, la libertad de prensa, la promoción del pluralismo, el impedimento para concentrar la propiedad de los medios y otras indicaciones positivas para el periodismo nacional, el audaz experimento de La Red parece llegar a su fin.

No es algo nuevo desde la recuperación de la democracia, período en que desaparecieron importantes medios opositores a la dictadura, el diario La Nación mientras Canal 7 -autoproclamado TV pública- se sumaba -atado de pies y manos- a la competencia comercial y publicitaria que tiene a la televisión chilena enclaustrada en la mediocridad y el binominalismo político.

Mientras, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que destacó recientemente el evidente apoyo ciudadano a La Red, no tiene actualmente las herramientas para defender o proteger la existencia de un medio de comunicación audiovisual independiente y pluralista como La Red y se limita a regular, evaluar, sancionar y simplemente encuestar a los canales sin mayores atribuciones normativas de aseguramiento democrático de la libertad de expresión que, probablemente deberá  asumirse a cabalidad apenas se apruebe el texto constitucional que el próximo 5 de septiembre se someterá a plebiscito. El derecho a la comunicación está otra vez en juego.