Armas salgan de las casas: Expertos y alcaldes analizan los alcances de la propuesta del Gobierno
¿Tiene el Estado las herramientas para la fiscalización de armas? ¿Es necesaria la creación de una nueva institucionalidad o el refuerzo de las leyes actuales? Son algunos de los aspectos que debaten especialistas y autoridades frente a la materia.
Martes 21 de junio 2022 9:37 hrs.
El país cuenta con una Ley de Control de Armas que ha sido modificada desde su origen en el 1972, en función de adaptarse a las necesidades de la seguridad de la ciudadanía y con el propósito de generar mayor restricción en la adquisición, porte y tenencia de armas de fuego.
La ley N° 17.798 tuvo su última modificación a principios de año, pero no estipula mayores restricciones en cuanto a la tenencia de armas, más allá de los requisitos mínimos como ser mayor de 18 años, informar el domicilio y acreditación sobre conocimientos de conservación, mantenimiento y manejo del arma que desea inscribir.
En ese sentido, en su reciente cuenta pública, el presidente Gabriel Boric anunció que próximamente impulsarán un proyecto de ley para hacer aún más restrictiva la tenencia de armas. Pero ¿tiene el Estado las herramientas para la fiscalización de estos dispositivos?
Un proyecto con tales características no sería el primero que se ingrese al Congreso, ya que años atrás el en su momento diputado y ahora senador Daniel Núñez (PC) presentó una iniciativa que fue respaldada por parlamentarios de diversas bancadas, para establecer la prohibición total en la venta de armas a particulares, pero la iniciativa no prosperó.
En cuanto a la propuesta del Ejecutivo, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro consideró que lo anunciado va en la dirección correcta respecto a las garantías de seguridad que debe brindar el Estado a la población. Asimismo, cree fundamental dar énfasis al control de las armas que en muchas ocasiones a pesar de estar inscritas legalmente, terminan en manos de la delincuencia.
La edil destacó el anunció de la ministra del Interior, Izkia Siches, respecto a la creación de una Unidad de Control de las Armas. “Una nueva política en contra del crimen organizado también debe incluir la fiscalización del uso de armas por parte de los civiles, de manera que se aumente la efectividad de la persecución penal”, declaró Pizarro.
En la misma línea, Felipe Delpin, alcalde de La Granja, apoyó la propuesta del Ejecutivo y espera que ésta contemple mayores penas para quienes portan armas ilegalmente. “Más allá de crear un organismo nuevo hay que hacer cumplir las leyes y ser muy duro en ese sentido. Países que han prohibido el uso de armas a civiles, como Nueva Zelanda, Japón e Inglaterra han disminuido drásticamente el número de homicidios con arma de fuego”, manifestó.
De acuerdo a la Dirección General de Movilización Nacional, el 2021 tuvo un total de 8 mil 173 armas inscritas y hasta abril de 2022 se han inscrito 2 mil 766. Según cifras de la misma institución, la Región Metropolitana tiene el 42% del total de armas inscritas activas en el país. No obstante, presenta una tasa de 39 armas por cada mil habitantes, mientras que la Región de Aysén tiene el 0,9% del total de armas inscritas activas, pero presenta una tasa de 66 armas por cada mil habitantes.
Control de armas a través de la institucionalidad
Actualmente quien fiscaliza tanto las armas como los explosivos, fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros elementos similares, es el Ministerio de Defensa a través de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).
En cuanto a la incautación de armas, en lo que va del año ascendió un 34,4% en comparación a la misma fecha de 2021. Según la Dirección Nacional de Orden y Seguridad se incautaron poco más de mil armas de fuego, superando las 750 que se registraron el año anterior en el mismo periodo.
El director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, quien fue integrante de la mesa por la seguridad convocada por el ex presidente Sebastián Piñera, señaló que es fundamental tener claridad del objetivo de la medida propuesta por el Ejecutivo.
“Estamos viendo que están aumentando los homicidios al igual que los robos con violencia y eso es lo que queremos evitar con una medida de este tipo. Si bien, evidentemente la medida puede aportar, tiene que ser complementada con otras medidas para poder tener un impacto global”, sostuvo el ingeniero.
Entras las medidas complementarias, el director nombró que la investigación delictual para la desarticulación de las bandas criminales que usan las armas debería ser una de las prioridades al momento de avanzar en un proyecto de ley que prohíba la tenencia de armas, así como también la investigación de las fuentes de obtención de armas de estos grupos.
De la misma manera, Hugo Frühling académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y ex asesor del Ministerio del Interior, sostuvo que la propuesta del Ejecutivo es valorable y que tiene evidencia internacional que da cuenta de los resultados positivos, pero según el experto las restricciones en el porte y tenencia de armas de otros países “se dirigen a una situación distinta”, ya que se apunta a las personas que significan un riesgo para las demás mediante la adquisición legal de armas.
“En el caso de las armas que producen homicidios y tiroteos en poblaciones y que son utilizadas por bandas criminales, yo creo que hace falta una propuesta más concreta. Porque no se requiere una legislación nueva para fiscalizar, sino que una acción del Ministerio del Interior coordinando a la persecución penal y a las policías”, declaró el ex Director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del INAP.
Respecto a la creación de institucionalidad para hacer frente al crimen organizado, Johnson y Frühling concuerdan que es necesario, en primer lugar, concentrar los esfuerzos de inteligencia en la identificación de las bandas criminales.
“Se pueden crear nuevas unidades, pero esto requiere de una labor de inteligencia concentrada en identificar quienes utilizan las armas en determinados barrios de nuestro país”, sostuvo el académico y recordó que esta labor fue la empleada con las bandas criminales que operaban en el Barrio Meiggs.
En ese sentido, Johnson consideró fundamental la creación de una nueva institucionalidad para la investigación del contrabando de armas hacia el crimen organizado e hizo reparos en la función de Carabineros en esta materia. “Para la fiscalización, también considero que lo más recomendable es estudiar primero el sistema que tenemos hoy día porque si a las policías les designamos esta labor, las sacamos de otras funciones”, expresó.
Asimismo, el representaste de Paz Ciudadana recomendó estudiar un sistema que permita aumentar la capacidad de fiscalización y debatió si era imperativo quitarle esta responsabilidad a Carabineros y entregársela a una institución con otro nivel de preparación.
El país cuenta con una Ley de Control de Armas que ha sido modificada desde su origen en el 1972, en función de adaptarse a las necesidades de la seguridad de la ciudadanía y con el propósito de generar mayor restricción en la adquisición, porte y tenencia de armas de fuego.
La ley N° 17.798 tuvo su última modificación a principios de año, pero no estipula mayores restricciones en cuanto a la tenencia de armas, más allá de los requisitos mínimos como ser mayor de 18 años, informar el domicilio y acreditación sobre conocimientos de conservación, mantenimiento y manejo del arma que desea inscribir.
En ese sentido, en su reciente cuenta pública, el presidente Gabriel Boric anunció que próximamente impulsarán un proyecto de ley para hacer aún más restrictiva la tenencia de armas. Pero ¿tiene el Estado las herramientas para la fiscalización de estos dispositivos?
Un proyecto con tales características no sería el primero que se ingrese al Congreso, ya que años atrás el en su momento diputado y ahora senador Daniel Núñez (PC) presentó una iniciativa que fue respaldada por parlamentarios de diversas bancadas, para establecer la prohibición total en la venta de armas a particulares, pero la iniciativa no prosperó.
En cuanto a la propuesta del Ejecutivo, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro consideró que lo anunciado va en la dirección correcta respecto a las garantías de seguridad que debe brindar el Estado a la población. Asimismo, cree fundamental dar énfasis al control de las armas que en muchas ocasiones a pesar de estar inscritas legalmente, terminan en manos de la delincuencia.
La edil destacó el anunció de la ministra del Interior, Izkia Siches, respecto a la creación de una Unidad de Control de las Armas. “Una nueva política en contra del crimen organizado también debe incluir la fiscalización del uso de armas por parte de los civiles, de manera que se aumente la efectividad de la persecución penal”, declaró Pizarro.
En la misma línea, Felipe Delpin, alcalde de La Granja, apoyó la propuesta del Ejecutivo y espera que ésta contemple mayores penas para quienes portan armas ilegalmente. “Más allá de crear un organismo nuevo hay que hacer cumplir las leyes y ser muy duro en ese sentido. Países que han prohibido el uso de armas a civiles, como Nueva Zelanda, Japón e Inglaterra han disminuido drásticamente el número de homicidios con arma de fuego”, manifestó.
De acuerdo a la Dirección General de Movilización Nacional, el 2021 tuvo un total de 8 mil 173 armas inscritas y hasta abril de 2022 se han inscrito 2 mil 766. Según cifras de la misma institución, la Región Metropolitana tiene el 42% del total de armas inscritas activas en el país. No obstante, presenta una tasa de 39 armas por cada mil habitantes, mientras que la Región de Aysén tiene el 0,9% del total de armas inscritas activas, pero presenta una tasa de 66 armas por cada mil habitantes.
Control de armas a través de la institucionalidad
Actualmente quien fiscaliza tanto las armas como los explosivos, fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros elementos similares, es el Ministerio de Defensa a través de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).
En cuanto a la incautación de armas, en lo que va del año ascendió un 34,4% en comparación a la misma fecha de 2021. Según la Dirección Nacional de Orden y Seguridad se incautaron poco más de mil armas de fuego, superando las 750 que se registraron el año anterior en el mismo periodo.
El director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, quien fue integrante de la mesa por la seguridad convocada por el ex presidente Sebastián Piñera, señaló que es fundamental tener claridad del objetivo de la medida propuesta por el Ejecutivo.
“Estamos viendo que están aumentando los homicidios al igual que los robos con violencia y eso es lo que queremos evitar con una medida de este tipo. Si bien, evidentemente la medida puede aportar, tiene que ser complementada con otras medidas para poder tener un impacto global”, sostuvo el ingeniero.
Entras las medidas complementarias, el director nombró que la investigación delictual para la desarticulación de las bandas criminales que usan las armas debería ser una de las prioridades al momento de avanzar en un proyecto de ley que prohíba la tenencia de armas, así como también la investigación de las fuentes de obtención de armas de estos grupos.
De la misma manera, Hugo Frühling académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y ex asesor del Ministerio del Interior, sostuvo que la propuesta del Ejecutivo es valorable y que tiene evidencia internacional que da cuenta de los resultados positivos, pero según el experto las restricciones en el porte y tenencia de armas de otros países “se dirigen a una situación distinta”, ya que se apunta a las personas que significan un riesgo para las demás mediante la adquisición legal de armas.
“En el caso de las armas que producen homicidios y tiroteos en poblaciones y que son utilizadas por bandas criminales, yo creo que hace falta una propuesta más concreta. Porque no se requiere una legislación nueva para fiscalizar, sino que una acción del Ministerio del Interior coordinando a la persecución penal y a las policías”, declaró el ex Director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del INAP.
Respecto a la creación de institucionalidad para hacer frente al crimen organizado, Johnson y Frühling concuerdan que es necesario, en primer lugar, concentrar los esfuerzos de inteligencia en la identificación de las bandas criminales.
“Se pueden crear nuevas unidades, pero esto requiere de una labor de inteligencia concentrada en identificar quienes utilizan las armas en determinados barrios de nuestro país”, sostuvo el académico y recordó que esta labor fue la empleada con las bandas criminales que operaban en el Barrio Meiggs.
En ese sentido, Johnson consideró fundamental la creación de una nueva institucionalidad para la investigación del contrabando de armas hacia el crimen organizado e hizo reparos en la función de Carabineros en esta materia. “Para la fiscalización, también considero que lo más recomendable es estudiar primero el sistema que tenemos hoy día porque si a las policías les designamos esta labor, las sacamos de otras funciones”, expresó.
Asimismo, el representaste de Paz Ciudadana recomendó estudiar un sistema que permita aumentar la capacidad de fiscalización y debatió si era imperativo quitarle esta responsabilidad a Carabineros y entregársela a una institución con otro nivel de preparación.
El país cuenta con una Ley de Control de Armas que ha sido modificada desde su origen en el 1972, en función de adaptarse a las necesidades de la seguridad de la ciudadanía y con el propósito de generar mayor restricción en la adquisición, porte y tenencia de armas de fuego.
La ley N° 17.798 tuvo su última modificación a principios de año, pero no estipula mayores restricciones en cuanto a la tenencia de armas, más allá de los requisitos mínimos como ser mayor de 18 años, informar el domicilio y acreditación sobre conocimientos de conservación, mantenimiento y manejo del arma que desea inscribir.
En ese sentido, en su reciente cuenta pública, el presidente Gabriel Boric anunció que próximamente impulsarán un proyecto de ley para hacer aún más restrictiva la tenencia de armas. Pero ¿tiene el Estado las herramientas para la fiscalización de estos dispositivos?
Un proyecto con tales características no sería el primero que se ingrese al Congreso, ya que años atrás el en su momento diputado y ahora senador Daniel Núñez (PC) presentó una iniciativa que fue respaldada por parlamentarios de diversas bancadas, para establecer la prohibición total en la venta de armas a particulares, pero la iniciativa no prosperó.
En cuanto a la propuesta del Ejecutivo, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro consideró que lo anunciado va en la dirección correcta respecto a las garantías de seguridad que debe brindar el Estado a la población. Asimismo, cree fundamental dar énfasis al control de las armas que en muchas ocasiones a pesar de estar inscritas legalmente, terminan en manos de la delincuencia.
La edil destacó el anunció de la ministra del Interior, Izkia Siches, respecto a la creación de una Unidad de Control de las Armas. “Una nueva política en contra del crimen organizado también debe incluir la fiscalización del uso de armas por parte de los civiles, de manera que se aumente la efectividad de la persecución penal”, declaró Pizarro.
En la misma línea, Felipe Delpin, alcalde de La Granja, apoyó la propuesta del Ejecutivo y espera que ésta contemple mayores penas para quienes portan armas ilegalmente. “Más allá de crear un organismo nuevo hay que hacer cumplir las leyes y ser muy duro en ese sentido. Países que han prohibido el uso de armas a civiles, como Nueva Zelanda, Japón e Inglaterra han disminuido drásticamente el número de homicidios con arma de fuego”, manifestó.
De acuerdo a la Dirección General de Movilización Nacional, el 2021 tuvo un total de 8 mil 173 armas inscritas y hasta abril de 2022 se han inscrito 2 mil 766. Según cifras de la misma institución, la Región Metropolitana tiene el 42% del total de armas inscritas activas en el país. No obstante, presenta una tasa de 39 armas por cada mil habitantes, mientras que la Región de Aysén tiene el 0,9% del total de armas inscritas activas, pero presenta una tasa de 66 armas por cada mil habitantes.
Control de armas a través de la institucionalidad
Actualmente quien fiscaliza tanto las armas como los explosivos, fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros elementos similares, es el Ministerio de Defensa a través de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).
En cuanto a la incautación de armas, en lo que va del año ascendió un 34,4% en comparación a la misma fecha de 2021. Según la Dirección Nacional de Orden y Seguridad se incautaron poco más de mil armas de fuego, superando las 750 que se registraron el año anterior en el mismo periodo.
El director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, quien fue integrante de la mesa por la seguridad convocada por el ex presidente Sebastián Piñera, señaló que es fundamental tener claridad del objetivo de la medida propuesta por el Ejecutivo.
“Estamos viendo que están aumentando los homicidios al igual que los robos con violencia y eso es lo que queremos evitar con una medida de este tipo. Si bien, evidentemente la medida puede aportar, tiene que ser complementada con otras medidas para poder tener un impacto global”, sostuvo el ingeniero.
Entras las medidas complementarias, el director nombró que la investigación delictual para la desarticulación de las bandas criminales que usan las armas debería ser una de las prioridades al momento de avanzar en un proyecto de ley que prohíba la tenencia de armas, así como también la investigación de las fuentes de obtención de armas de estos grupos.
De la misma manera, Hugo Frühling académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y ex asesor del Ministerio del Interior, sostuvo que la propuesta del Ejecutivo es valorable y que tiene evidencia internacional que da cuenta de los resultados positivos, pero según el experto las restricciones en el porte y tenencia de armas de otros países “se dirigen a una situación distinta”, ya que se apunta a las personas que significan un riesgo para las demás mediante la adquisición legal de armas.
“En el caso de las armas que producen homicidios y tiroteos en poblaciones y que son utilizadas por bandas criminales, yo creo que hace falta una propuesta más concreta. Porque no se requiere una legislación nueva para fiscalizar, sino que una acción del Ministerio del Interior coordinando a la persecución penal y a las policías”, declaró el ex Director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del INAP.
Respecto a la creación de institucionalidad para hacer frente al crimen organizado, Johnson y Frühling concuerdan que es necesario, en primer lugar, concentrar los esfuerzos de inteligencia en la identificación de las bandas criminales.
“Se pueden crear nuevas unidades, pero esto requiere de una labor de inteligencia concentrada en identificar quienes utilizan las armas en determinados barrios de nuestro país”, sostuvo el académico y recordó que esta labor fue la empleada con las bandas criminales que operaban en el Barrio Meiggs.
En ese sentido, Johnson consideró fundamental la creación de una nueva institucionalidad para la investigación del contrabando de armas hacia el crimen organizado e hizo reparos en la función de Carabineros en esta materia. “Para la fiscalización, también considero que lo más recomendable es estudiar primero el sistema que tenemos hoy día porque si a las policías les designamos esta labor, las sacamos de otras funciones”, expresó.
Asimismo, el representaste de Paz Ciudadana recomendó estudiar un sistema que permita aumentar la capacidad de fiscalización y debatió si era imperativo quitarle esta responsabilidad a Carabineros y entregársela a una institución con otro nivel de preparación.
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