Diario y Radio Universidad Chile

Año XIV, 16 de agosto de 2022

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“Cerrando el proceso constituyente”

Columna de opinión por Claudio Nash
Viernes 24 de junio 2022 9:58 hrs.


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“Las normas transitorias como el preámbulo evidencian cómo la Convención Constitucional, que comenzó sus labores con un afán refundacional, termina su trabajo muy domesticada por el statu quo y por una campaña mediática”.


Previamente en Agenda Constituyente

“Agenda Constituyente” es un espacio pensado para dar seguimiento al trabajo de la Convención Constitucional (CC). Este proyecto intercala sesiones a través de la radio (lunes 07:40 hrs), cuyas entregas pueden revisarse en mi cuenta YouTube y columnas de opinión como las que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en un renovado espacio en  https://radio.uchile.cl/agenda-constituyente/claudio-nash/

En nuestra columna anterior nos centramos en los avances que ha habido en las tres comisiones de cierre del proceso constituyente: Preámbulo, Normas Transitorias y Armonización.

En esta entrega vamos a revisar cuál es el esquema de transición entre la actual Constitución y la futura regulación constitucional en caso de que el borrador constitucional sea aprobado en el plebiscito del 04 de septiembre de 2022, daremos cuenta del trabajo de la Comisión de Armonización y del resultado de la votación relativa al preámbulo del texto constitucional.

Comisión de Armonización

La Comisión de Armonización ha concluido su trabajo y ha presentado un texto bastante coherente y que ha reducido al mínimo los errores y vacíos que tanto se le criticó al borrador que se dio a conocer el 14 de mayo de 2022.

Así, existe un nuevo texto armonizado que será entregado al Pleno para su deliberación y votación entre el 25 y el 30 de junio. Este borrador consta de 387 artículos (el borrador inicial tenía 499 normas) y esto se debe a que se fundieron algunas normas, se eliminaron las que estaban repetidos y se organizaron de una forma distinta y más ordenada.

La Comisión de Armonización haciendo uso de la facultad que le concedió la Mesa Directiva para llenar vacíos o resolver contradicciones, resolvió el tema del quórum para la reforma constitucional que había quedado pendiente de resolverse en las normas aprobadas previamente por el Pleno. Tal como se suponía, se estableció un quórum de reforma de 4/7 de los integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Además, quedó establecido que la reforma aprobada por dicho quórum será sometida a referéndum ratificatorio tratándose de proyectos de reforma constitucional aprobados que “alteren sustancialmente el régimen político y el periodo presidencial; el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes; la forma de Estado Regional; los principios y los derechos fundamentales; y el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución. Ahora, bien si el proyecto de reforma constitucional es aprobado por 2/3 de diputadas y diputados y representantes regionales en ejercicio, no será sometido a referéndum ratificatorio.

En definitiva, una propuesta que resuelve adecuadamente la tensión entre la necesaria estabilidad del régimen constitucional y la necesidad de habilitar una vía de reforma razonable. 

Comisión de Normas Transitorias

La Comisión de Normas Transitorias entregó un segundo informe al Pleno (Nº 107), donde se aprobaron 41 nuevas normas transitorias que se han incorporado al borrador de Constitución.

Entre las normas aprobadas, destacan:

  • No habrá derogación tácita de la normativa contraria a la Constitución que se encuentre vigente. En consecuencia, será necesario que el Congreso legisle para adecuar la normativa, o bien, que la nueva Corte Constitucional declare la inaplicable o inconstitucional de acuerdo a su normativa. Sin duda, esta es una norma discutible ya que resta eficacia a la Constitución, pero se entiende en orden a buscar dar seguridad jurídica al sistema vigente.
  • Se estableció un calendario electoral a fin de que el nuevo sistema político entre en plenas funciones en marzo de 2026. Así, las elecciones de alcaldes y concejales serían en octubre de 2024 para entrar en funciones en diciembre del mismo año; el gobierno regional se elegiría en octubre de 2024 para entrar en funciones en enero de 2025; el nuevo Congreso se elegiría en noviembre de 2025 para entrar en funciones en marzo de 2026; de igual forma, la elección presidencial se realizaría en noviembre de 2025 para entrar en funciones la nueva administración en marzo de 2026. Con ello, el Senado dejaría de funcionar en marzo de 2026.
  • Se dio estabilidad al sistema de justicia, evitando una renovación masiva de jueces/as y, particularmente, de los integrantes de la Corte Suprema.
  • Se aprobó la creación, dentro del primer año de entrada en vigencia la nueva Constitución, de una Comisión Territorial Indígena que deberá realizar “catastros, elaborará planes, políticas, programas y  presentará propuestas de acuerdos entre el Estado y los  pueblos y naciones indígenas para la regularización,  titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras  indígenas”. Su duración serán cuatro años, que se podrán extender a dos adicionales.
  • En relación con el tema del Agua se aprobó que en un plazo  de doce meses, el Presidente de la República deberá enviar  un proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional  de Aguas y la adecuación normativa relativa a las  autorizaciones de uso de aguas. También se acordó que, mientras no entre en vigencia dicha ley, las  funciones de la Agencia Nacional de Aguas serán  asumidas, en lo que respecta a sus competencias, por la  Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, que actuará en coordinación con los organismos  públicos competentes y con el apoyo de los gobiernos  regionales. Por último, en cuanto a los derechos de agua vigentes, se aprobó que estos pasan a ser considerados “autorizaciones” y se mandata a la Dirección de Aguas para tomar medidas progresivas para la redistribución de caudales a fin de cumplir con las normas constitucionales.
  • En materia de derechos humanos, se acordó una norma que impide la aplicación del artículo 103 del Código Penal a los casos de derechos humanos. Esta norma permite la aplicación de una medida de media prescripción que rebajaba las penas a personas condenadas por graves violaciones de derechos humanos.

Asimismo, se aprobó una norma para resolver el tema del quórum especial para el periodo 2022-2026 a fin de evitar que el actual parlamento tome decisiones constitucionales sobre un texto que le afecta directamente. La norma aprobada dispone que:

Hasta el 11 de  marzo de 2026, para la aprobación de los proyectos de  reforma constitucional se requerirá el voto favorable de  cuatro séptimos de las y los integrantes de la Cámara de  Diputadas y Diputados y del Senado. Los proyectos de  reforma constitucional aprobados por el Congreso  Nacional que alteren sustancialmente las materias  señaladas en el artículo [ID 1292] de esta Constitución o  los capítulos de Naturaleza y Medioambiente y de  Disposiciones Transitorias deberán ser sometidos al  referéndum ratificatorio de reforma constitucional  establecido en el artículo [art 78 ID 1292-1296]. Si el  proyecto de reforma es aprobado por dos tercios de las y  los integrantes de ambas Cámaras, no será sometido a  dicho referéndum.

Así, se resolvió que queda abierto el proceso de reforma constitucional bajo el actual Congreso, pero en las materias más relevantes (derechos fundamentales, sistema político, sistemas de justicia, mecanismos de reforma, entre otros) se requerirá de un referéndum o de un acuerdo de 2/3 de ambas cámaras. Una salida intermedia entre impedir los cambios por el actual Congreso o dejar la vía abierta para el desmantelamiento del nuevo diseño constitucional por quienes intereses evidentes en que la nueva Constitución no se implemente.

En síntesis, una propuesta transicional en materia constitucional regida por el principio de la estabilidad de las reglas y la progresividad en la implementación del nuevo diseño constitucional. 

Comisión de Preámbulo 

En el Pleno 108º, realizado el jueves 23 de junio, se aprobó como Preámbulo de la Constitución únicamente el siguiente párrafo:

“Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”.

De esta forma, se rechazó cualquier referencia al contexto del proceso constituyente, en particular, las menciones al “estallido social” y a “la fuerza de la juventud”.

En definitiva, tanto las normas transitorias como el preámbulo evidencian cómo la Convención Constitucional, que comenzó sus labores con un afán refundacional, termina su trabajo muy domesticada por el statu quo y por una campaña mediática que logró instalar, nuevamente, un sentido común muy distante de las demandas y al ímpetu que dieron origen al proceso constituyente. Todo ello es un evidente triunfo de los sectores más conservadores de la sociedad que quieren borrar toda referencia al contexto político y social que posibilitó este proceso constituyente: la Revuelta popular de 2019. Esas fuerzas siempre han estado presentes en la Convención y, al final, terminaron imponiendo su visión, aliados con la derecha.

A qué prestar atención estas semanas

Algunas fechas relevantes:

  • Plenos para aprobar el texto constitucional serían los días 28, 29 y 30 de junio.
  • El 04 de julio ceremonia pública de entrega de la propuesta de la nueva Constitución y el 05 de julio se disuelve la Convención Constitucional.

Santiago, 24 de junio de 2022

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.