Diario y Radio Universidad Chile

Año XIV, 9 de diciembre de 2022

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AnálisisJusticia

Día de apoyo a las víctimas de tortura

Columna de opinión por Jeannette Rosentreter Z.
Domingo 26 de junio 2022 14:28 hrs.


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La tortura es uno de los crímenes que más significativamente lesiona a la comunidad internacional por los alcances de sus efectos y atentar no solamente contra el bienestar físico y emocional de la persona que la sufre sino además, por ser capaz de lesionar tanto la dignidad como la voluntad de grupos de especial protección. Las personas que padecen este delito por lo general pertenecen a grupos o minorías que sufren grave discriminación como son las personas en situación de discapacidad, personas pobres, personas de la comunidad LGTBI, mujeres, personas de pueblos indígenas, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, disidentes políticos, personas privadas de libertad, etc. y por lo mismo es urgente visibilizar esta práctica y la naturalización de la violencia en nuestra cultura, ya que avanzar en la prevención impactará directamente no sólo a estos grupos sino en la sociedad completa en el reconocimiento y el respeto a la dignidad de las personas.

El Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes conocido como Protocolo de Estambul de la Organización de Naciones Unidas fue adoptado en el año 2000 y es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que haya sido víctima de tortura o algún mal trato y es una herramienta forense de evaluación de la tortura. Esta evaluación se aplica hace una década en Chile por parte del Servicio Médico Legal. Es imperativo trabajar en la prevención de la tortura y en los procesos de reparación a las víctimas sobrevivientes. La sensibilización y educación de la ciudadanía respecto a la experiencia de la tortura y otros tratos crueles es fundamental para la profundización de la democracia y contribuir a la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos.

Es muy preocupante que en el período 2020–2021, el 8,8% de las evaluaciones a nivel nacional por tortura en el SML hayan sido realizadas a niñas, niños y adolescentes, especialmente teniendo en cuenta que ya desde 2018 organizaciones de derechos humanos destacan el hecho de que, desde 2011, existe un recrudecimiento del maltrato hacia menores de edad por parte de la fuerza pública. Del mismo modo, expresaban en el mismo año la necesi­dad de resguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes con una pronta investigación, sanciones a quienes resulten responsables y las reparaciones correspondientes. Por otra parte, también es muy inquietante el 23% a nivel nacional correspondiente a la evaluación de mujeres du­rante el período 2020-2021, ya que en 2018 en su Informe al Comité contra la Tortura, la sociedad civil señalaba respecto a las movilizaciones estu­diantiles de años anteriores que en el caso de las estudiantes mujeres, la violencia sexual constituía una vulnerabilidad especial. Por último, el hecho de que los más altos índices de evaluación a nivel nacional de ambos grupos para este período se concentren en la Región del Biobío y Los Ríos enciende una alarma, ya que en estas regiones se encuentra la mayor cantidad de personas pertenecientes a pueblos originarios, sólo superada por la Región Metropolitana. En 2018, ya se refería por parte de organizaciones de derechos humanos una gran desprotección hacia las personas del pueblo mapuche en relación a querellas presentadas por delitos de tortura señalando que no se lle­vaban a cabo las diligencias mínimas establecidas para la investigación y que incluso se solicitaba el cierre en innumerables ocasiones. Todo lo anterior debe ser objeto de atención teniendo en cuenta que la infancia y adolescencia, las mujeres y las personas pertenecientes a pueblos ori­ginarios se reconocen como grupos de especial protección en el derecho internacional de los derechos humanos.

La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como el Día Internacional de apoyo a las víctimas de tortura como una forma de reconocer lo sufrido por quienes la padecieron y luchar por su erradicación total. Es una conmemoración muy significativa y nos da la oportunidad de hacer llegar nuestra solidaridad a aquellas mujeres y sus familias que no se encuentran reconocidas por nadie en ninguna parte ni en ninguna lista. Las mujeres que se encuentran representadas en la placa de madera en homenaje a la compañera desconocida en el Jardín de las Rosas de Villa Grimaldi como único testimonio de memoria de ese dolor tan invisibilizado, ignorado y escondido.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.