En entrevista con el programa Política en Vivo, el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, y Doctor en Derecho de la Universidad de Yale, Jorge Contesse, abordó la conclusión del trabajo de redacción de la nueva Constitución. Un hito a raíz del cual el jurista reflexionó sobre “cómo es que fuimos capaces de dotarnos de un procedimiento formal para canalizar institucionalmente una crisis social y política sin precedentes”. Asimismo, relevó el nuevo régimen que origina la nueva Constitución, en cuanto habilita al poder Legislativo para definir las normas sobre los principios constitucionales, lo que los hace respetuosos del derecho de todas las personas, afirmó.
Evaluando el proceso de redacción de la nueva carta magna, el abogado de la UDP consideró que se”siguieron de una manera bastante ejemplar, las reglas que pudieron habilitar la discusión para llegar a un nuevo texto constitucional”. Además, dio cuenta de que expertos y expertas de derecho Constitucional de toda Iberoamérica, han manifestado “cierta admiración respecto de cómo es que el país fue capaz de institucionalizar una salida a una crisis política“. Esto, “más allá de las discusiones de fondo que uno puede, y creo yo, debe tener, respecto de las normas propiamente tal”, acotó.
“Más allá de las discrepancias y las vicisitudes y los gritos, que son propios de un ejercicio como este, lo que hay es una suerte de admiración respecto de la capacidad institucional que Chile ha mostrado para dotarnos de un texto constitucional. Eso no deberíamos minimizarlo nunca. No es poco armar un proceso constituyente, llevarlo a su fin, en un plazo extremadamente corto”, sostuvo.
Abordando las críticas que aluden a que la nueva Constitución “no es la casa de todos”, el académico consideró positivo el que existan visiones insatisfechas respecto al texto emanado por la Convención. “Es una buena señal de que nadie se lleva todo para la casa”, afirmó.
En esa línea, reconoció que hubo una minoría conservadora que tuvo menos espacio en el proceso constituyente. No obstante destacó el hecho de que la Convención es una instancia creada para “avanzar en cambios sociales que estaban demandados” y que se articula para “pasar a un régimen nuevo”, por tanto, afirmó que “quien quería conservar el status quo, necesariamente quedaría en minoría”.
“Cuando se dice que esto tiene aire refundacional y esto es problemático, yo tomaría distancia respecto de ese punto porque si algo hace una Convención Constitucional elegida democráticamente -no debe olvidarse nunca, ningún tipo de impugnación respecto de la elección de quienes fueron delegados a la Convención Constitucional- es permitir avanzar, es decir progresar (…) la idea de progreso tiene que ver con eso, con el sentido de avanzar en transformaciones y en cambios sociales que están demandados, por lo tanto en un contexto como este, por definición, quien quiere conservar, es decir, preservar, está en minoría”, señaló.
Ahora bien, reparó en que devenir en grupos minoritarios no implica pasar a ser un grupo irrelevante. “El problema fue la irrelevancia y la irrelevancia, creo yo, tuvo mucho más que ver en este proceso con una actitud de no querer sumarse a las transformaciones que estaban demandas y que iban en la dirección que los electores mayoritariamente decidieron al elegir a estos delegados y delegadas”, afirmó.
Abundando en la propuesta de la Convención, Contesse afirmó que “esta Constitución tiene como una de sus grandes virtudes el poner a la ley en el centro de la producción de normas”. Por tanto, señaló que la nueva carta fundamental retoma la tradición de la Constitución de 1925, que se perdió con la Constitución de 1980, para “entender al poder Legislativo como una garantía de cómo se van a hacer las cosas”.
“Cuando la Constitución toma una postura, plurinacionalidad por ejemplo, o pluralismo jurídico, que es uno de los temas que se discuten controvertidamente, y le entrega al poder Legislativo la definición de ciertos aspectos, en lugar de entender que esa habilitación al poder Legislativo futuro es una amenaza, tenemos que entenderlo como lo que es, que es una garantía de que las normas que se van a dictar en el futuro para dar aplicación a este principio nuevo, que es efectivamente transformador, que está en la nueva Constitución, es respetuoso de los derechos de todas las personas que están involucradas“, indicó.
En ese sentido subrayó que “a la Constitución lo que le corresponde hacer es delinear el principio” para efectos de otorgar un margen considerable al poder Legislativo futuro, “que va a ir cambiando según circunstancias políticas, según circunstancias sociales, que debe tener cierta flexibilidad para ir adaptando las políticas públicas que se vayan dictando”, indicó.
Asimismo, consideró inadecuado aventurarse a suponer que el futuro Parlamento vaya a legislar de una forma específica porque algo no está explicitado en la Constitución. Esto aludiendo a interpretaciones que asumen que el Congreso podría “decidir que todos los crímenes más graves que se cometan dentro de autonomías territoriales indígenas serán conocidos por la jurisdicción indigena”, o “decidir expropiar a todo el mundo todos sus bienes raíces”. Aludiendo a esas premisas, Contesse relevó que “tenemos un poder Legislativo que lo que hace es servir de contrapeso a esas mismas posturas que son radicales. Lo mismo que ocurrió en la Constitución es lo que ocurre en un poder Legislativo”, señaló.
“Hay un poder Legislativo, va a haber una Corte Constitucional, van a haber elecciones periódicas y por tanto vamos a seguir con un régimen que es bastante similar desde el punto de vista del sistema político, a lo que tenemos hoy día y por lo tanto este sistema de frenos y contrapesos lo que hace es establecer mecanismos institucionales para, entre otras cosas, prever que no se produzcan este tipo de efectos institucionales, este tipo de políticas”.
Por lo demás, indicó que “si se dicta una ley que daña o afecta los derechos fundamentales de una persona o un grupo de personas, entonces la Corte Constitucional va a intervenir en los mecanismos que se establecen hoy día, porque una norma como esta afecta derechos de una manera desproporcionada. Ese es un principio que es parte inherente del derecho Constitucional, aun cuando, y esto pasa en todas las constituciones del mundo, la Constitución por establecer principios más que detalles, no diga expresamente algo“.
Abordando las aprensiones en torno a la idea de autonomía presente en el texto constitucional y a los miedos referentes a una presunta desintegración del Estado, el jurista destacó que en sus disposiciones generales, la Constitución indica que el “Estado de Chile es único e indivisible”. Vale decir, “que todas las normas que siguen en la nueva arquitectura constitucional que se propone al país entienden que se debe implementar en el contexto de un Estado que no se divide, que permanece como un Estado unitario”.
Además destacó que en una segunda norma, circunscrita en el contexto del Estado regional, “se prohíbe expresamente la secesión territorial. O sea todo el entramado del Estado regional nuevo que se inaugura con la propuesta de nueva Constitución más el principio general, lo que hace es remarcar el principio de que, teniendo un Estado plurinacional, ese Estado plurinacional se despliega en el contexto de un Estado que es único e indivisible”, destacó.