Diario y Radio Universidad Chile

Año XIV, 16 de agosto de 2022

Escritorio

Los primeros 100 días del primer gobierno ecológico

Columna de opinión por Sam Leiva
Sábado 2 de julio 2022 14:05 hrs.


Compartir en


A poco tiempo de haberse cumplido los primeros 100 días del gobierno de Gabriel Boric, es importante dar una mirada al desempeño en materias ambientales del primer gobierno autodenominado ecológico. Para esto, abordaré brevemente los que son, a mi juicio, temas claves para el medio ambiente, identificando aquellas materias donde se presentan progresos significativos, áreas grises, donde existen importantes oportunidades de mejora, y aquellos puntos en los que no se ha avanzado de la manera que se esperaba.

No puedo comenzar sin abordar el hito más importante que surgió, lamentablemente, de la mano de un nuevo evento de intoxicación de cientos de personas en la más emblemática de las denominadas “zona de sacrificio socio ambiental”, Quintero-Puchuncaví. El anuncio del cierre definitivo de la Fundición Ventanas, a través de la decisión del Directorio de la Estatal Codelco y con el apoyo irrestricto del gobierno, es sin duda el avance más significativo que se haya dado en la eliminación de las zonas de sacrificio. No obstante, el desafío es enorme, debido a que existen una serie de medidas que los ministerios de Salud y Ambiente están al debe, tales como la actualización de normas de aire y suelo, mejoras en las condiciones de los monitoreos atmosféricos, cumplimiento a cabalidad del fallo de la Corte Suprema, y por supuesto, una decidida agenda para consolidar una verdadera transición socioecológica que no solo aborde el problema del grupo de trabajadores que se verán, en el futuro, afectados por el cierre, sino que aborde integralmente la recuperación de la salud, la economía local y el medio ambiente de la zona, incorporando a las diversas comunidades que han sufrido y sufren los impactos de la industrialización del territorio. Finalmente, este esfuerzo no tendrá el efecto esperado si no se avanza en eliminar las inequidades estructurales que han afectado por décadas a las comunidades. Felizmente, las señales desde dichos ministerios parecen ir por fin en la senda correcta para aliviar esta situación que se arrastra y profundiza por décadas.

A su vez, terminar con todas las zonas de sacrificio en Chile, requiere de un esfuerzo mayor y multi-ministerial. Por eso, es tremendamente positivo la instalación de la primera Mesa de Transición Justa por medio del Ministerio de Energía en la Comuna de Coronel, la que se origina a través de  un esfuerzo conjunto con las autoridades subnacionales y regionales. No obstante, esta mesa de trabajo vino después de que la Comisión Nacional de Energía extendiera el plazo para el cierre de la termoeléctrica Bocamina II[1], del 31 de Mayo al 31 de Septiembre del año 2022, creando considerables dudas respecto al plazo real en que este cierre se cumpla.

Es un hecho que uno de los ejes fundamentales del programa de gobierno son las comisiones de transición justa. En ese sentido, la creación de la Comisión multi-ministerial de Transición Hídrica Justa es el gran avance en estos 100 días de gobierno, debido que deberá enfrentar un nuevo escenario de gestión y acceso al agua, de ser aprobada la propuesta constitucional. A su vez, la Comisión enfrentará desafíos como una institucionalidad profundamente fragmentada, el riesgo del racionamiento de agua potable en la capital, las nuevas reglas para el agua potable rural y el establecimiento de una política hídrica de largo plazo.

Otro de los pasos positivos dados en estos 100 días, es la adhesión al Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Esto fue una promesa de campaña y una victoria de la sociedad civil, que empujó esta adhesión durante los cuatro años de la administración anterior, la que nunca pudo dar razones plausibles de su total rechazo a ser parte de este importante acuerdo. No obstante, este es el primer paso, y su implementación supone una serie de ajustes para efectuar mayores y mejores procesos de participación ciudadana y justicia ambiental. Además, se debe institucionalizar y crear el marco jurídico para el resguardo de los defensores ambientales, esto no es una tarea exclusiva del ejecutivo, también está en manos de la sociedad civil trabajar activamente en su implementación y así profundizar la democracia, copando y exigiendo todos los espacios de participación para hacer esto posible.

Un punto positivo, pero que lamentablemente entra en la zona gris, es la discusión sobre la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas SBAP. Después de 10 años de discusión en el Congreso Nacional, felizmente el ejecutivo ha reactivado el debate en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero aún continua centrándose en temas como si este servicio privatiza o no las áreas protegidas, los impactos que esto tendría sobre los trabajadores de CONAF, que serán traspasados al nuevo servicio, si existirán los recursos financieros necesarios para su labor y si, a través de sus mecanismos, podrá darle una real protección a las zonas protegida del Estado. Asimismo, existen otras amenazas a su desarrollo, debido a que se ha denunciado desde la sociedad civil que el proyecto de ley que modifica el Sistema de Evaluación Impacto Ambiental podría minimizar el alcance de protección que debería tener el SBAP, dejando abierta la intervención de las áreas protegidas desde las evaluaciones ambientales a proyectos de inversión[2]. Es tarea, por tanto, del Ministerio de Medio Ambiente y de Agricultura asegurar que estas discusiones se canalicen de la mejor manera, para tener un SBAP que realmente pueda dar protección a los ecosistemas bajo su cuidado, considerando que Chile no está ajeno a la crisis ecológica mundial de pérdida de biodiversidad.

También en la zona gris, se encuentran los esfuerzos para asegurar los fondos necesarios para la acción climática. Un eje fundamental del programa de gobierno es la creación de un fondo soberano para adaptación a los impactos del cambio climático, con fondos existentes y provenientes de la Ley de Royalty Minero. No obstante, aunque esto además permitiría un mejor escenario para la implementación de la recién promulgada ley de Cambio Climático y el cumplimiento de la meta de carbono neutral para el 2050, no se vislumbran avances concretos en esa línea. Aun no conocemos el mecanismo para crear el fondo, o bien, si los fondos provenientes del royalty serán nuevos ni suficientes, porque a juicio del economista José Gabriel Palma[3], el proyecto de ley del royalty solo recaudará lo mismo que el actual marco legal. A su vez, en el recién anunciado paquete legislativo de reforma tributaria se menciona escuetamente que se incluirán indicaciones en el proyecto de royalty en el Senado[4], pero sin detalles respecto a si estas apuntan a resolver los problemas ya identificados.

Siguiendo con los espacios grises, se encuentra el entusiasmo gubernamental por el denominado Hidrógeno “Verde”. Empero, el entusiasmo es más profundo entre los inversionistas privados, debido al fuerte subsidio que se ha dado a una industria privada, a través de Corfo, que aún tiene mucho que desarrollar y también aclarar. Aunque esta tecnología representa una alternativa interesante para la descarbonización a escala global, a escala local se ha visto enfrentada a cuestionamientos sobre el necesario ordenamiento territorial para su progreso, la necesidad de enfrentarla a una Evaluación Ambiental Estratégica, especialmente debido al impacto que produciría, y que, sin duda, debe ser profundamente discutida en procesos de participación ciudadana anticipada. En este periodo inicial el gobierno no ha dado señales claras para abordar de forma oportuna los aspectos antes señalados, así como si su industrialización contemplará el desarrollo desde empresas estatales o en conjunto con el sector privado. Esto es fundamental, porque es necesario abordar las preocupaciones de la sociedad civil, preocupadas por evitar que su desarrollo se convierta en una nueva forma de extractivismo.

En esa misma línea, el anuncio de la creación de la Empresa Nacional del Litio, con fines energéticos, durante la primera cuenta pública ante el Congreso, no despejó las dudas que existen desde el mundo socioambiental y los pueblos originarios, puesto que se estaría fomentando justamente un neo-extractivismo gubernamental. Todo esto en el marco de la cancelación definitiva de la licitación para nuevos proyectos de extracción tramitada durante el gobierno anterior por parte de la Corte Suprema, la cual declaró ilegal el proceso por incumplimientos con la consulta indígena.

En conclusión, el gobierno de Gabriel Boric pretende convertirse en el primer gobierno ecológico a través de una múltiple transición ecológica justa. A mi juicio, los pasos que se han dado, como de la adhesión al Acuerdo de Escazú, la activación de la discusión del SBAP, la promulgación de la Ley marco de Cambio Climático y la creación de, hasta ahora, la primera Comisión de Transición Justa, y apoyando fuertemente los primeros pasos para eliminar las zonas de sacrificio, demuestran voluntad hacia la senda correcta, pero, se requiere profundizar muchísimo más la mirada y cuestionarse si es posible  continuar políticas extractivistas y a la vez sostener un gobierno ecológico. Estos primeros 100 días demuestran que los desafíos son tremendos y es fácil desviarse del objetivo. Esperemos que el avance no se detenga, porque la meta propuesta de ser el primer gobierno ecológico es alta, pero aún queda mucho para tener una posición definitiva.

Sam Leiva

Coordinador General de la Sociedad Civil por la Acción Climática SCAC

 

[1] https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2022/05/05/postergan-cierre-de-central-bocamina-ii.html

[2] https://bosquenativo.cl/la-urgencia-por-crear-el-servicio-de-biodiversidad-y-areas-protegidas-mientras-se-discuten-modificaciones-estructurales-a-la-institucionalidad-ambiental-chilena-la-carreta-delante-de-los-bueye/

[3] https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/04/20/como-transformaron-la-ley-del-royalty-en-una-nueva-ley-longueira-una-respuesta-a-girardi-garcia-y-otros/

[4] https://www.theclinic.cl/2022/06/19/alerta-de-frenazo-en-la-reforma-tributaria-cuatro-factores-que-complican-el-proyecto-estrella-del-ministro-marcel-en-el-congreso/

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.