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Más de 300 ex guerrilleros de las FARC han sido asesinados en Colombia desde el acuerdo de “paz”

El peor temor que asediaba a Ronald Rojas –ex comandante FARC que en 2016 se acogió al acuerdo entre el gobierno y la guerrilla- era que al dejar las armas no tendría defensa si atentaban en su contra. Su temor se hizo realidad esta semana.

Luis Hernán Schwaner

  Jueves 7 de julio 2022 16:37 hrs. 
Ronald Rojas

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El Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (INDEPAZ), una ONG que lleva registro de las víctimas y masacres en Colombia, afirma que desde que en 2016 se firmó el acuerdo de paz, 321 ex guerrilleros han sido asesinados por sicarios. No obstante, el registro que lleva el partido Comunes, formado por ex-combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), es de 333 víctimas para este verdadero baño de sangre.

El último de ellos ha sido Ronald Rojas, cuyo alias en la guerrilla era “Ramiro Durán”, quien, en su época, lideró el Bloque Sur de la FARC. Rojas tenía sólo  41 años y fue ultimado por un sicario delante de sus dos pequeños hijos y su esposa durante una celebración familiar. El asesino por encargo le propinó dos disparos directamente al pecho este lunes, en una zona rural de la ciudad de Neiva. Con el asesinato de Rojas “se alcanza la aterradora cifra de 333 firmantes de paz asesinados, crímenes en su mayoría ocurridos bajo el gobierno de Duque”, consignó en Twitter Rodrigo Londoño, jefe del partido Comunes.

Hasta antes de entregar las armas, en 2017, Ronald Rojas fue el responsable político de una de las estructuras más numerosas de la poderosa guerrilla. Tras firmar la paz, integró la comisión de seguimiento de los acuerdos suscritos, de la que también forman parte funcionarios civiles. Desde ese órgano denunció permanentemente  “ataques direccionados” contra ex combatientes de la guerrilla y sus antiguos colaboradores en el sur del país. Y aunque en abril de 2021 Rojas renunció al partido Comunes por diferencias con la dirigencia, es recordado como “un líder sinceramente comprometido con el territorio, con el diálogo y con el proceso de reincorporación”, según el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien subrayó “la necesidad reforzar la seguridad de los excombatientes y líderes de paz”.

Rojas había sido uno de los más acérrimos críticos de la tardía implementación del acuerdo de paz durante el gobierno del presidente Iván Duque y del cumplimiento de las promesas del Estado colombiano a los guerrilleros que dejaron las armas. La de Ronald Rojas es otra muerte anunciada. La estatal Defensoría del Pueblo ya había advertido de manera oficial acerca del riesgo de muerte que pesa sobre los firmantes de los acuerdos de paz que aún siguen vivos. Lo mismo han hecho distintas instancias defensoras de derechos humanos, refiriendo que hace cuatro años, el ex comandante se encontraba en una reunión cuando varios hombres del Ejército Nacional irrumpieron y lo amenazaron de muerte, acusándolo de pertenecer supuestamente a las disidencias de las FARC que no se habían acogido al proceso de paz.

Ya en los años 80, por auspicio del presidente conservador Belisario Betancourt y su gobierno se produjo un intenso aunque fallido proceso de paz con las FARC. En la ocasión se creó el partido “Unión Patriótica” como un instrumento político para que los guerrilleros pasaran a la vida civil. Aquel fue un partido de izquierda basado en el pacifismo y la defensa de los derechos humanos pero, no obstante, fue condenado a un proceso de exterminio durante el que 5.733 de sus militantes fueron asesinados, según la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal que se creó como resultado del acuerdo de paz.

Actualmente, el gran dilema de Colombia es que, pese a que el acuerdo de paz mermó la violencia política, en el país se sigue viviendo la realidad de grupos armados que lucran con el narcotráfico y otras fuentes de ingresos ilegales obtenidos en antiguos territorios y zonas de influencia de las FARC. Desde entonces, cientos de ex guerrilleros que creyeron en el ofrecimiento de paz y firmaron su desarme han sido ejecutados por disidentes que retomaron las armas, grupos de narcotraficantes e, incluso, miembros de la fuerza pública, de acuerdo con la Fiscalía colombiana. Por su parte, Diego Tello, defensor de derechos humanos y asesor de paz de la Gobernación del Huila, afirma que la reincorporación a la vida civil de los ex combatientes ha sido un fracaso porque la mayoría de ellos, de origen campesino, no ha tenido acceso a tierras, ni mucho menos condiciones de seguridad para desarrollarse.

“Definitivamente existe una ausencia de condiciones de paz”, advierte Leonardo González, coordinador de INDEPAZ, agregando una brutal información: en Colombia se han cometido 51 masacres sólo en lo que va corrido de 2022. López sostiene que los principales responsables del asesinato de los ex combatientes guerrilleros son grupos residuales de las FARC que no se desmovilizaron, grupos narcoparamilitares como “Las Águilas Negras” y, en menor medida, el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Pero en Huila en particular -afirma González- “los mayores perpetradores son los grupos de extrema derecha”, señaló.

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