Acompañados de diputados oficialistas y de la senadora independiente Fabiola Campillai, las madres de los jóvenes imputados en el llamado Caso Hotel Principado, llegaron hasta el Palacio de La Moneda donde entregaron una carta dirigida al presidente Gabriel Boric en la que piden intervenir ante la “persecución política judicial” de la que serían objeto, pese a haber sido absueltos en un segundo juicio.
Las mujeres, acompañadas de representantes de organizaciones sociales y diputados oficialistas, pidieron al mandatario una solución ante los hechos que enfrentan Matías Elías Rojas Marambio, Benjamín Alexis Espinoza Gatica y Jesús Alejandro Yietro Zenteno Guiñez, quienes “estuvieron por más de 2 años en prisión preventiva en el CDP Santiago 1 y más de seis meses con arresto domiciliario”.
La senadora Fabiola Campillai emplazó al Gobierno por la tardanza en la tramitación del proyecto de amnistía a los denominados “presos del estallido social”, la cual aún no ha sido puesta en tabla pese a contar con urgencia simple por parte del Ejecutivo desde el 21 de marzo.
“Hemos estado pidiendo audiencia con el Presidente, Giorgio Jackson y la ministra de Justicia y todavía no se me responde. Voy a seguir luchando por los presos hasta el último, hasta que el último de ellos esté en la calle”, indicó la legisladora.
Campillai acusó que “estamos aburridos de ver a estas madres desechas esperando la libertad de sus hijos y a las familias destruidas esperando la libertad de sus familiares. Son presos políticos, porque los tienen prisioneros, secuestrados en las cárceles por montajes”.
Por su parte, Elsa Marambio, madre de Matías Rojas, afirmó que existe una persecución del Consejo de Defensa del Estado hacia sus hijos y denunció amedrentamiento de Carabineros hacia todos los familiares de los jóvenes.
En la carta entregada en La Moneda, las madres señalan que “en este periodo sufrieron la vulneración constante de sus derechos fundamentales, incumpliendo el amparo garantizado en los tratados internacionales ratificados por Chile. Este complejo contexto carcelario, afectó su salud integral, al estar alejados de sus seres queridos y vivir a su corta edad los efectos traumáticos de una injusta prisión, en condiciones inhumanas como usted pudo verificar personalmente cuando los visitó mientras era diputado”.
Agregan que “nuestros hijos fueron detenidos y acusados por agentes encubiertos, quienes actuaron sin contar con autorización de un juez de garantía y tampoco la orden de un fiscal. En razón a esto es que el pasado 12 de noviembre de 2021 la Corte Suprema, anuló parcialmente el juicio y decretó que lo actuado por la policía el día 12 de noviembre de 2019 era ilegal, ordenándose la realización de un nuevo juicio, en el cual fueron absueltos el 14 de junio”.
“A pesar de esto, el 28 de junio el Octavo Juzgado de Garantía emitió una orden de detención en contra de nuestros hijos, basada en la anterior sentencia ya anulada, por lo que nuestros abogados presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones que lamentablemente fue rechazada. En estos días es altamente preocupante la presencia de personal de civil en nuestras casas amedrentándonos, especialmente considerando el hecho de que existe certeza de la participación de los llamados “intramarchas” en las detenciones y luego como testigos en las audiencias”, acusan.
Explican que como madres temen “por la vida e integridad”, esperando “algún tipo de apoyo, acompañamiento y reparación desde la institucionalidad, considerando que han sufrido torturas, hostigamiento, denegación de derechos fundamentales como acceso a salud, alimentación, educación, trabajo”.
“Luego de las elecciones recientes y del término del proceso constituyente nos parece ética y moralmente inaceptable que en nuestro país aún existan presos políticos, más aún cuando fueron protagonistas y gestores de la posibilidad histórica de generar las condiciones para construir un nuevo futuro para millones de chilenas y chilenos”, concluyen, solicitando “una pronta solución a la situación de nuestros hijos y de todos los presos políticos de la revuelta”.
Las madres de los jóvenes fueron apoyados por el Grupo de Iniciativa por la libertad de los Presos Políticos y las y los diputados, Marisela Santibáñez, Andrés Giordano y Boris Barrera.
Acompañados de diputados oficialistas y de la senadora independiente Fabiola Campillai, las madres de los jóvenes imputados en el llamado Caso Hotel Principado, llegaron hasta el Palacio de La Moneda donde entregaron una carta dirigida al presidente Gabriel Boric en la que piden intervenir ante la “persecución política judicial” de la que serían objeto, pese a haber sido absueltos en un segundo juicio.
Las mujeres, acompañadas de representantes de organizaciones sociales y diputados oficialistas, pidieron al mandatario una solución ante los hechos que enfrentan Matías Elías Rojas Marambio, Benjamín Alexis Espinoza Gatica y Jesús Alejandro Yietro Zenteno Guiñez, quienes “estuvieron por más de 2 años en prisión preventiva en el CDP Santiago 1 y más de seis meses con arresto domiciliario”.
La senadora Fabiola Campillai emplazó al Gobierno por la tardanza en la tramitación del proyecto de amnistía a los denominados “presos del estallido social”, la cual aún no ha sido puesta en tabla pese a contar con urgencia simple por parte del Ejecutivo desde el 21 de marzo.
“Hemos estado pidiendo audiencia con el Presidente, Giorgio Jackson y la ministra de Justicia y todavía no se me responde. Voy a seguir luchando por los presos hasta el último, hasta que el último de ellos esté en la calle”, indicó la legisladora.
Campillai acusó que “estamos aburridos de ver a estas madres desechas esperando la libertad de sus hijos y a las familias destruidas esperando la libertad de sus familiares. Son presos políticos, porque los tienen prisioneros, secuestrados en las cárceles por montajes”.
Por su parte, Elsa Marambio, madre de Matías Rojas, afirmó que existe una persecución del Consejo de Defensa del Estado hacia sus hijos y denunció amedrentamiento de Carabineros hacia todos los familiares de los jóvenes.
En la carta entregada en La Moneda, las madres señalan que “en este periodo sufrieron la vulneración constante de sus derechos fundamentales, incumpliendo el amparo garantizado en los tratados internacionales ratificados por Chile. Este complejo contexto carcelario, afectó su salud integral, al estar alejados de sus seres queridos y vivir a su corta edad los efectos traumáticos de una injusta prisión, en condiciones inhumanas como usted pudo verificar personalmente cuando los visitó mientras era diputado”.
Agregan que “nuestros hijos fueron detenidos y acusados por agentes encubiertos, quienes actuaron sin contar con autorización de un juez de garantía y tampoco la orden de un fiscal. En razón a esto es que el pasado 12 de noviembre de 2021 la Corte Suprema, anuló parcialmente el juicio y decretó que lo actuado por la policía el día 12 de noviembre de 2019 era ilegal, ordenándose la realización de un nuevo juicio, en el cual fueron absueltos el 14 de junio”.
“A pesar de esto, el 28 de junio el Octavo Juzgado de Garantía emitió una orden de detención en contra de nuestros hijos, basada en la anterior sentencia ya anulada, por lo que nuestros abogados presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones que lamentablemente fue rechazada. En estos días es altamente preocupante la presencia de personal de civil en nuestras casas amedrentándonos, especialmente considerando el hecho de que existe certeza de la participación de los llamados “intramarchas” en las detenciones y luego como testigos en las audiencias”, acusan.
Explican que como madres temen “por la vida e integridad”, esperando “algún tipo de apoyo, acompañamiento y reparación desde la institucionalidad, considerando que han sufrido torturas, hostigamiento, denegación de derechos fundamentales como acceso a salud, alimentación, educación, trabajo”.
“Luego de las elecciones recientes y del término del proceso constituyente nos parece ética y moralmente inaceptable que en nuestro país aún existan presos políticos, más aún cuando fueron protagonistas y gestores de la posibilidad histórica de generar las condiciones para construir un nuevo futuro para millones de chilenas y chilenos”, concluyen, solicitando “una pronta solución a la situación de nuestros hijos y de todos los presos políticos de la revuelta”.
Las madres de los jóvenes fueron apoyados por el Grupo de Iniciativa por la libertad de los Presos Políticos y las y los diputados, Marisela Santibáñez, Andrés Giordano y Boris Barrera.
Acompañados de diputados oficialistas y de la senadora independiente Fabiola Campillai, las madres de los jóvenes imputados en el llamado Caso Hotel Principado, llegaron hasta el Palacio de La Moneda donde entregaron una carta dirigida al presidente Gabriel Boric en la que piden intervenir ante la “persecución política judicial” de la que serían objeto, pese a haber sido absueltos en un segundo juicio.
Las mujeres, acompañadas de representantes de organizaciones sociales y diputados oficialistas, pidieron al mandatario una solución ante los hechos que enfrentan Matías Elías Rojas Marambio, Benjamín Alexis Espinoza Gatica y Jesús Alejandro Yietro Zenteno Guiñez, quienes “estuvieron por más de 2 años en prisión preventiva en el CDP Santiago 1 y más de seis meses con arresto domiciliario”.
La senadora Fabiola Campillai emplazó al Gobierno por la tardanza en la tramitación del proyecto de amnistía a los denominados “presos del estallido social”, la cual aún no ha sido puesta en tabla pese a contar con urgencia simple por parte del Ejecutivo desde el 21 de marzo.
“Hemos estado pidiendo audiencia con el Presidente, Giorgio Jackson y la ministra de Justicia y todavía no se me responde. Voy a seguir luchando por los presos hasta el último, hasta que el último de ellos esté en la calle”, indicó la legisladora.
Campillai acusó que “estamos aburridos de ver a estas madres desechas esperando la libertad de sus hijos y a las familias destruidas esperando la libertad de sus familiares. Son presos políticos, porque los tienen prisioneros, secuestrados en las cárceles por montajes”.
Por su parte, Elsa Marambio, madre de Matías Rojas, afirmó que existe una persecución del Consejo de Defensa del Estado hacia sus hijos y denunció amedrentamiento de Carabineros hacia todos los familiares de los jóvenes.
En la carta entregada en La Moneda, las madres señalan que “en este periodo sufrieron la vulneración constante de sus derechos fundamentales, incumpliendo el amparo garantizado en los tratados internacionales ratificados por Chile. Este complejo contexto carcelario, afectó su salud integral, al estar alejados de sus seres queridos y vivir a su corta edad los efectos traumáticos de una injusta prisión, en condiciones inhumanas como usted pudo verificar personalmente cuando los visitó mientras era diputado”.
Agregan que “nuestros hijos fueron detenidos y acusados por agentes encubiertos, quienes actuaron sin contar con autorización de un juez de garantía y tampoco la orden de un fiscal. En razón a esto es que el pasado 12 de noviembre de 2021 la Corte Suprema, anuló parcialmente el juicio y decretó que lo actuado por la policía el día 12 de noviembre de 2019 era ilegal, ordenándose la realización de un nuevo juicio, en el cual fueron absueltos el 14 de junio”.
“A pesar de esto, el 28 de junio el Octavo Juzgado de Garantía emitió una orden de detención en contra de nuestros hijos, basada en la anterior sentencia ya anulada, por lo que nuestros abogados presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones que lamentablemente fue rechazada. En estos días es altamente preocupante la presencia de personal de civil en nuestras casas amedrentándonos, especialmente considerando el hecho de que existe certeza de la participación de los llamados “intramarchas” en las detenciones y luego como testigos en las audiencias”, acusan.
Explican que como madres temen “por la vida e integridad”, esperando “algún tipo de apoyo, acompañamiento y reparación desde la institucionalidad, considerando que han sufrido torturas, hostigamiento, denegación de derechos fundamentales como acceso a salud, alimentación, educación, trabajo”.
“Luego de las elecciones recientes y del término del proceso constituyente nos parece ética y moralmente inaceptable que en nuestro país aún existan presos políticos, más aún cuando fueron protagonistas y gestores de la posibilidad histórica de generar las condiciones para construir un nuevo futuro para millones de chilenas y chilenos”, concluyen, solicitando “una pronta solución a la situación de nuestros hijos y de todos los presos políticos de la revuelta”.
Las madres de los jóvenes fueron apoyados por el Grupo de Iniciativa por la libertad de los Presos Políticos y las y los diputados, Marisela Santibáñez, Andrés Giordano y Boris Barrera.
