En conversación con las periodistas Juanita Rojas y Diana Porras en la primera edición de Radioanálisis, el profesor adjunto del área de tributación del Departamento de Control, Gestión y Sistemas de Información; miembro del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y exsubdirector de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, Víctor Villalón, abordó la reforma tributaria del Gobierno, cuya discusión en el Congreso ya inició con la participación del ministerio de Hacienda, Mario Marcel, en las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara.

Abordando las aprensiones en torno al contexto económico en el que se plantea avanzar con esta política, Villalón sostuvo que “en general siempre aparece esta inquietud en relación a la conveniencia o no de implementar reformas tributarias”. Así todo, indicó que la información que ha emanado el Fondo Monetario y la OCDE, da cuenta de que en el país “hay espacio para ir constantemente revisando el diseño del marco tributario, dado que nuestras cargas tributarias están por debajo de lo promedio y los valores que muestran los países estudiados por estos organismos”. 

“En ese contexto, no se alteraría de forma sustantiva el desempeño por ejemplo, de las empresas, respecto de las rentabilidades que ellas esperan, no se alteraría el desempeño de la rentabilidad de ciertos instrumentos financieros, y en general, no habría una afección o un cambio importante en términos de movimientos de personas, de bienes, movimientos financieros y por cierto de capitales“, señaló.

Sin perjuicio de aquello, el experto en gestión tributaria aseguró que la reforma del Gobierno es ambiciosa, en términos de los tipos de cambios que se buscan introducir y la recaudación planteada. Además “con la minuta que se ha publicado, da cuenta de varias prácticas que son aceptadas internacionalmente”, acotó.

Por otro lado, hizo un parangón con la reforma tributaria del 2014 cuyo foco estuvo en las empresas. “Se señaló en aquella oportunidad que era la reforma más grande desde el año 64 y se esperaba una recaudación en torno al 3 por ciento del PIB, que estuvo lejos de alcanzarse”, indicó. En tanto, explicó que la reforma de Boric se inclina por las personas naturales y por tanto, a dueños de empresas, donde hay margen para mayor recaudación.

“Hay algunas cifras que son interesantes de tener presente en estas discusiones. Por ejemplo, se aplica el impuesto global complementario al conjunto de rentas que obtenemos las personas, diganse sueldos, honorarios, intereses, ganancias por ventas de acciones, bienes raíces, incluyendo ciertamente los dividendos y los retiros y en la base de este impuesto global complementario. Estos retiros o dividendos representan en torno al 10 por ciento de lo que se declara mientras que los sueldos y honorarios están en torno al 60 por ciento de lo que se declara, es decir con este impuesto global complementario, lo que más se declara son sueldos y honorarios y eso viene a ratificar este espacio que tenemos de poder buscar un tipo de recabación inteligente sobre las personas, especialmente sobre aquellas beneficios desde las empresas”, sostuvo.

En cuanto a los presuntos aspectos de la reforma que podrían ahuyentar la inversión en Chile, Villalón indicó que “hay un flujo de fondos al exterior que empezó a crecer rápidamente en los últimos años, no con motivo de esta reforma tributaria, sino más bien dado el contexto político y social que ha estado viviendo el país”. 

“Antes de la crisis social y el efecto de la pandemia, las remesas de Chile al extranjero bordeaban en torno a los 2 mil millones de dólares. El año 2021 esto estuvo en torno a los 12 mil, 15 mil millones de dólares y se espera que este año sea una cifra similar o superior”, explicó.

El experto consideró que en la reforma podría haber un incentivo a que personas naturales de altas riquezas busquen trasladar fondos y bienes hacia el exterior, dado el impuesto a los patrimonios superiores a los 5 millones de dólares.

“Sin embargo este impuesto a la riqueza va a gravar tanto los bienes locales como aquellos situados en el extranjero y ahí el desafío va a estar en reconocer y precisar dónde están situados esos bienes y para este último efecto, existen actualmente varios instrumentos que surgen del contexto internacional y que son utilizados también por Chile. Entre ellos, el intercambio de información a través de los convenios para evitar la doble tributación o el intercambio de información que se está dando en el ámbito de un plan especial de la OCDE que está enfocado en mirar aquellas prácticas que generar traslado de utilidades y beneficios hacia otros países y a otras jurisdicciones”, señaló.

Por tanto, afirmó que “estarían los instrumentos como para dar cuenta o tratar de mitigar estos posibles cambios” Ahora bien, “esto debería ir acompañado de una revisión de las facultades que tiene el Servicio de Impuestos Internos para mirar y fiscalizar este tipo de fiscalizaciones“, reparó. En particular “haría falta hacer una revisión de estas otras capacidades en el mundo de la digitalización”.

En lo relativo al royalty minero y las críticas al royalty ad valorem, Villalón afirmó que el Gobierno no ha planteado una medida alejada a las vías que han ido adoptando los países en el rubro. “Este último instrumento es de gran utilización en la mayoría de los países, por ejemplo, en Canadá, en Australia, se aplican las regalías normalmente con una destinación regional más un impuesto específico de tipo federal o central, que es más o menos lo que estaría proponiendo el actual Gobierno al señalar que esta regalía, que vendría a complementar el impuesto que ya existe sería para destinación regional, para fortalecer el desempeño y las autonomías de las localidades locales”, sostuvo.

“Si ello va a afectar o no al desempeño de los proyectos mineros, es una cuestión que tendrá que revisarse caso a caso. En general esta regalía lo que trata de hacer es capturar una porción adicional de las rentas mineras, es decir el beneficio que está más allá del beneficio esperado por el inversionista. El retorno del inversionista queda protegido con estos instrumentos de tal manera que los Estados sólo capturan el diferencial, esa renta superior“, acotó.