En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la abogada y directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, se refirió a las últimas investigaciones por eventuales hechos de corrupción en municipalidades y a las debilidades de nuestra institucionalidad en la materia.
“Los casos de Karen Rojo, Miguel Ángel Aguilera y otros son síntomas de una debilidad institucional de la cual hay bastante consenso”, señaló Jaraquemada, quien agregó que “ya la Comisión Engel en el año 2015 entregó propuestas de cómo fortalecer los gobiernos locales y la mayoría de esas propuestas fueron con total consenso”.
La abogada señaló que “no obstante aquello, los avances respecto de ese fortalecimiento son muy pocos, entonces, hay un problema donde nadie ha querido poner el ‘cascabel al gato’ y lamentablemente tenemos estas debilidades que producen estos hechos que generan un descrédito en las instituciones y también la debilitación de la democracia”.
Respecto de la incapacidad de los concejos municipales para ejercer un rol más fiscalizador, la directora de Chile Transparente señaló que “a veces no se tienen las competencias ni los recursos para poder ejercer la acción fiscalizadora. Recordemos que los concejales no tienen dedicación exclusiva y muchas veces por la dieta que perciben tienen otras fuentes laborales y no pueden dedicarse como si lo hace el alcalde o la alcaldesa de turno”.
En esa línea, María Jaraquemada añadió que “también hemos visto, en muchos casos, que cuando el concejo en su mayoría es afín políticamente al alcalde o alcaldesa de turno no ejerce ese rol de contrapeso por un tema político y ahí hay algo relevante“.
Por lo mismo, la abogada sostiene que “hay que fortalecer los roles que ya tenemos y sobre todo, el rol de la ciudadanía de poder solicitar más información, participar más activamente de las decisiones y por eso hemos visto en muchos países que termina cumpliendo un mayor rol de contrapeso y de control externo a los municipios y las autoridades locales”.
Sobre las razones de por qué no se ha podido avanzar más en las soluciones, la experta en temas de transparencia recalcó que “ha faltado voluntad política” y añadió que “hemos visto en los sucesivos gobiernos que cuando se ingresan proyectos a última hora son más bien una señal pero que no se van a tramitar. Esperamos que el Gobierno del Presidente Boric recoja el guante del proyecto presentado en la administración anterior, lo mejore si así lo considera y se pueda tramitar con el apoyo de las distintas fuerzas políticas“.
Finalmente, respecto de los aportes de la propuesta constitucional en la materia, María Jaraquemada destacó que “en materias de anticorrupción y de integridad hay bastantes avances y se sientan las líneas que podrían aterrizarse para tener mejores instituciones”.
En esa línea, la experta apuntó a que “se establece el deber del Estado de luchar y prevenir la corrupción en el sector público y privado y en general para las instituciones se establecen estos principios y algunos derechos de las personas como el de acceso a la información pública que enmarca una línea en la materia”.
Revisa la entrevista completa acá:
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la abogada y directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, se refirió a las últimas investigaciones por eventuales hechos de corrupción en municipalidades y a las debilidades de nuestra institucionalidad en la materia.
“Los casos de Karen Rojo, Miguel Ángel Aguilera y otros son síntomas de una debilidad institucional de la cual hay bastante consenso”, señaló Jaraquemada, quien agregó que “ya la Comisión Engel en el año 2015 entregó propuestas de cómo fortalecer los gobiernos locales y la mayoría de esas propuestas fueron con total consenso”.
La abogada señaló que “no obstante aquello, los avances respecto de ese fortalecimiento son muy pocos, entonces, hay un problema donde nadie ha querido poner el ‘cascabel al gato’ y lamentablemente tenemos estas debilidades que producen estos hechos que generan un descrédito en las instituciones y también la debilitación de la democracia”.
Respecto de la incapacidad de los concejos municipales para ejercer un rol más fiscalizador, la directora de Chile Transparente señaló que “a veces no se tienen las competencias ni los recursos para poder ejercer la acción fiscalizadora. Recordemos que los concejales no tienen dedicación exclusiva y muchas veces por la dieta que perciben tienen otras fuentes laborales y no pueden dedicarse como si lo hace el alcalde o la alcaldesa de turno”.
En esa línea, María Jaraquemada añadió que “también hemos visto, en muchos casos, que cuando el concejo en su mayoría es afín políticamente al alcalde o alcaldesa de turno no ejerce ese rol de contrapeso por un tema político y ahí hay algo relevante“.
Por lo mismo, la abogada sostiene que “hay que fortalecer los roles que ya tenemos y sobre todo, el rol de la ciudadanía de poder solicitar más información, participar más activamente de las decisiones y por eso hemos visto en muchos países que termina cumpliendo un mayor rol de contrapeso y de control externo a los municipios y las autoridades locales”.
Sobre las razones de por qué no se ha podido avanzar más en las soluciones, la experta en temas de transparencia recalcó que “ha faltado voluntad política” y añadió que “hemos visto en los sucesivos gobiernos que cuando se ingresan proyectos a última hora son más bien una señal pero que no se van a tramitar. Esperamos que el Gobierno del Presidente Boric recoja el guante del proyecto presentado en la administración anterior, lo mejore si así lo considera y se pueda tramitar con el apoyo de las distintas fuerzas políticas“.
Finalmente, respecto de los aportes de la propuesta constitucional en la materia, María Jaraquemada destacó que “en materias de anticorrupción y de integridad hay bastantes avances y se sientan las líneas que podrían aterrizarse para tener mejores instituciones”.
En esa línea, la experta apuntó a que “se establece el deber del Estado de luchar y prevenir la corrupción en el sector público y privado y en general para las instituciones se establecen estos principios y algunos derechos de las personas como el de acceso a la información pública que enmarca una línea en la materia”.
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En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la abogada y directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, se refirió a las últimas investigaciones por eventuales hechos de corrupción en municipalidades y a las debilidades de nuestra institucionalidad en la materia.
“Los casos de Karen Rojo, Miguel Ángel Aguilera y otros son síntomas de una debilidad institucional de la cual hay bastante consenso”, señaló Jaraquemada, quien agregó que “ya la Comisión Engel en el año 2015 entregó propuestas de cómo fortalecer los gobiernos locales y la mayoría de esas propuestas fueron con total consenso”.
La abogada señaló que “no obstante aquello, los avances respecto de ese fortalecimiento son muy pocos, entonces, hay un problema donde nadie ha querido poner el ‘cascabel al gato’ y lamentablemente tenemos estas debilidades que producen estos hechos que generan un descrédito en las instituciones y también la debilitación de la democracia”.
Respecto de la incapacidad de los concejos municipales para ejercer un rol más fiscalizador, la directora de Chile Transparente señaló que “a veces no se tienen las competencias ni los recursos para poder ejercer la acción fiscalizadora. Recordemos que los concejales no tienen dedicación exclusiva y muchas veces por la dieta que perciben tienen otras fuentes laborales y no pueden dedicarse como si lo hace el alcalde o la alcaldesa de turno”.
En esa línea, María Jaraquemada añadió que “también hemos visto, en muchos casos, que cuando el concejo en su mayoría es afín políticamente al alcalde o alcaldesa de turno no ejerce ese rol de contrapeso por un tema político y ahí hay algo relevante“.
Por lo mismo, la abogada sostiene que “hay que fortalecer los roles que ya tenemos y sobre todo, el rol de la ciudadanía de poder solicitar más información, participar más activamente de las decisiones y por eso hemos visto en muchos países que termina cumpliendo un mayor rol de contrapeso y de control externo a los municipios y las autoridades locales”.
Sobre las razones de por qué no se ha podido avanzar más en las soluciones, la experta en temas de transparencia recalcó que “ha faltado voluntad política” y añadió que “hemos visto en los sucesivos gobiernos que cuando se ingresan proyectos a última hora son más bien una señal pero que no se van a tramitar. Esperamos que el Gobierno del Presidente Boric recoja el guante del proyecto presentado en la administración anterior, lo mejore si así lo considera y se pueda tramitar con el apoyo de las distintas fuerzas políticas“.
Finalmente, respecto de los aportes de la propuesta constitucional en la materia, María Jaraquemada destacó que “en materias de anticorrupción y de integridad hay bastantes avances y se sientan las líneas que podrían aterrizarse para tener mejores instituciones”.
En esa línea, la experta apuntó a que “se establece el deber del Estado de luchar y prevenir la corrupción en el sector público y privado y en general para las instituciones se establecen estos principios y algunos derechos de las personas como el de acceso a la información pública que enmarca una línea en la materia”.
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