La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) afirmó que constituye un deber ético concurrir a las urnas el próximo 4 de septiembre y aprobar la nueva Constitución, ya que de lo contrario “retrasará la urgente paz social que el país mayoritariamente aspira, impedirá poner término a la transición a la Democracia, y al mismo tiempo, significará que el Estado de Chile seguirá incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, incurriendo en responsabilidad internacional”.
En un declaración pública dada a conocer este martes, la CCHDH afirmó que el texto constitucional elaborado en la Convención, “no hizo sino poner al día al Estado de Chile en el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas producto de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos”.
Agregó que la propuesta “no hace sino aplicar el principio de Derecho Internacional pacta sunt servanda (lo pactado obliga), y adecúa la principal Ley del ordenamiento jurídico interno a la normativa internacional de Derechos Humanos a la que Chile se encuentra obligado”.
La entidad considera que los derechos humanos “pasan a ser el eje articulador del texto constitucional, y su respeto, debida protección y garantía, la columna vertebral del nuevo pacto social que se propone. Se establece de manera transversal y obligatoria el que todos los órganos y Poderes del Estado deben realizar su función con estricto apego al respeto de los derechos humanos”.
Además, recoge los estándares internacionales de derechos humanos en materia de derechos laborales (derecho a huelga y negociación colectiva) y reconocimiento y derechos de los pueblos originarios, según las disposiciones de los Convenios de la OIT y la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, suscritos y ratificados por Chile.
En su análisis del contenido del texto constitución, el organismo humanitario afirma que en materia de derechos sociales, “no sólo los consagra formalmente sino establece la obligación de respetarlos y garantizarlos, según lo prescrito en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, poniendo término al Estado subsidiario y dando paso a un Estado Social y Democrático de Derecho. Además, consagra el derecho humano al agua, enfrenta debidamente el cambio climático estableciendo los derechos de la Naturaleza y su correspondiente Defensoría, avanza sustancialmente en materia de igualdad de género y las diversidades sexuales, resguarda debidamente los derechos de los adultos mayores y de los niños, niñas y adolescentes, junto con adecuar su texto a la Convención sobre Discapacidad”.
También destaca la desconcentración del poder político y “avanza hacia una efectiva descentralización y establece mecanismos que garanticen la participación de la ciudadana en la toma de decisiones, sentando las bases de una democracia participativa”.
La CCHDH también destaca la creación de una “nueva institucionalidad de Derechos Humanos, instituyendo la Defensoría del Pueblo, dejando atrás al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que se encuentra en una crisis terminal”.
El organismo subraya que la nueva Constitución consagrará el Derecho a la Memoria como un derecho humano y establece el deber permanente del Estado de hacer verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por las violaciones a los derechos humanos pasadas y futuras y se hace cargo de las demandas surgidas durante el estallido social de octubre de 2019.
Por ello, la CCHDH hizo un llamado a concurrir a las urnas el 4 de septiembre y aprobar la nueva Constitución para Chile.
(Foto:Agencia Aton)
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) afirmó que constituye un deber ético concurrir a las urnas el próximo 4 de septiembre y aprobar la nueva Constitución, ya que de lo contrario “retrasará la urgente paz social que el país mayoritariamente aspira, impedirá poner término a la transición a la Democracia, y al mismo tiempo, significará que el Estado de Chile seguirá incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, incurriendo en responsabilidad internacional”.
En un declaración pública dada a conocer este martes, la CCHDH afirmó que el texto constitucional elaborado en la Convención, “no hizo sino poner al día al Estado de Chile en el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas producto de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos”.
Agregó que la propuesta “no hace sino aplicar el principio de Derecho Internacional pacta sunt servanda (lo pactado obliga), y adecúa la principal Ley del ordenamiento jurídico interno a la normativa internacional de Derechos Humanos a la que Chile se encuentra obligado”.
La entidad considera que los derechos humanos “pasan a ser el eje articulador del texto constitucional, y su respeto, debida protección y garantía, la columna vertebral del nuevo pacto social que se propone. Se establece de manera transversal y obligatoria el que todos los órganos y Poderes del Estado deben realizar su función con estricto apego al respeto de los derechos humanos”.
Además, recoge los estándares internacionales de derechos humanos en materia de derechos laborales (derecho a huelga y negociación colectiva) y reconocimiento y derechos de los pueblos originarios, según las disposiciones de los Convenios de la OIT y la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, suscritos y ratificados por Chile.
En su análisis del contenido del texto constitución, el organismo humanitario afirma que en materia de derechos sociales, “no sólo los consagra formalmente sino establece la obligación de respetarlos y garantizarlos, según lo prescrito en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, poniendo término al Estado subsidiario y dando paso a un Estado Social y Democrático de Derecho. Además, consagra el derecho humano al agua, enfrenta debidamente el cambio climático estableciendo los derechos de la Naturaleza y su correspondiente Defensoría, avanza sustancialmente en materia de igualdad de género y las diversidades sexuales, resguarda debidamente los derechos de los adultos mayores y de los niños, niñas y adolescentes, junto con adecuar su texto a la Convención sobre Discapacidad”.
También destaca la desconcentración del poder político y “avanza hacia una efectiva descentralización y establece mecanismos que garanticen la participación de la ciudadana en la toma de decisiones, sentando las bases de una democracia participativa”.
La CCHDH también destaca la creación de una “nueva institucionalidad de Derechos Humanos, instituyendo la Defensoría del Pueblo, dejando atrás al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que se encuentra en una crisis terminal”.
El organismo subraya que la nueva Constitución consagrará el Derecho a la Memoria como un derecho humano y establece el deber permanente del Estado de hacer verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por las violaciones a los derechos humanos pasadas y futuras y se hace cargo de las demandas surgidas durante el estallido social de octubre de 2019.
Por ello, la CCHDH hizo un llamado a concurrir a las urnas el 4 de septiembre y aprobar la nueva Constitución para Chile.
(Foto:Agencia Aton)
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) afirmó que constituye un deber ético concurrir a las urnas el próximo 4 de septiembre y aprobar la nueva Constitución, ya que de lo contrario “retrasará la urgente paz social que el país mayoritariamente aspira, impedirá poner término a la transición a la Democracia, y al mismo tiempo, significará que el Estado de Chile seguirá incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, incurriendo en responsabilidad internacional”.
En un declaración pública dada a conocer este martes, la CCHDH afirmó que el texto constitucional elaborado en la Convención, “no hizo sino poner al día al Estado de Chile en el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas producto de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos”.
Agregó que la propuesta “no hace sino aplicar el principio de Derecho Internacional pacta sunt servanda (lo pactado obliga), y adecúa la principal Ley del ordenamiento jurídico interno a la normativa internacional de Derechos Humanos a la que Chile se encuentra obligado”.
La entidad considera que los derechos humanos “pasan a ser el eje articulador del texto constitucional, y su respeto, debida protección y garantía, la columna vertebral del nuevo pacto social que se propone. Se establece de manera transversal y obligatoria el que todos los órganos y Poderes del Estado deben realizar su función con estricto apego al respeto de los derechos humanos”.
Además, recoge los estándares internacionales de derechos humanos en materia de derechos laborales (derecho a huelga y negociación colectiva) y reconocimiento y derechos de los pueblos originarios, según las disposiciones de los Convenios de la OIT y la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, suscritos y ratificados por Chile.
En su análisis del contenido del texto constitución, el organismo humanitario afirma que en materia de derechos sociales, “no sólo los consagra formalmente sino establece la obligación de respetarlos y garantizarlos, según lo prescrito en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, poniendo término al Estado subsidiario y dando paso a un Estado Social y Democrático de Derecho. Además, consagra el derecho humano al agua, enfrenta debidamente el cambio climático estableciendo los derechos de la Naturaleza y su correspondiente Defensoría, avanza sustancialmente en materia de igualdad de género y las diversidades sexuales, resguarda debidamente los derechos de los adultos mayores y de los niños, niñas y adolescentes, junto con adecuar su texto a la Convención sobre Discapacidad”.
También destaca la desconcentración del poder político y “avanza hacia una efectiva descentralización y establece mecanismos que garanticen la participación de la ciudadana en la toma de decisiones, sentando las bases de una democracia participativa”.
La CCHDH también destaca la creación de una “nueva institucionalidad de Derechos Humanos, instituyendo la Defensoría del Pueblo, dejando atrás al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que se encuentra en una crisis terminal”.
El organismo subraya que la nueva Constitución consagrará el Derecho a la Memoria como un derecho humano y establece el deber permanente del Estado de hacer verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por las violaciones a los derechos humanos pasadas y futuras y se hace cargo de las demandas surgidas durante el estallido social de octubre de 2019.
Por ello, la CCHDH hizo un llamado a concurrir a las urnas el 4 de septiembre y aprobar la nueva Constitución para Chile.
(Foto:Agencia Aton)
