En la comuna de Santo Domingo, en la región de Valparaíso, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, recorrió las instalaciones de las antiguas cabañas del balneario popular de las Rocas de Santo Domingo, que fueron utilizadas durante la dictadura como sitio de formación y entrenamiento de agentes de la DINA, y como centro de detención y tortura.
Ahí, la secretaria de Estado lideró la constitución de una mesa de trabajo con distintas autoridades y representantes de organizaciones de DDHH para avanzar en la recuperación de sitios de memoria, entre los que está este terreno de 113 mil metros cuadrados, actualmente en desuso, y que está bajo la administración del Ejército, desde 1982, como Patrimonio de Afectación Fiscal, el que es solicitado como sitio de memoria por la Fundación Memoria de San Antonio.
La vocera de la Fundación y sobreviviente del recinto, Ana Becerra, detalló que la petición que realizan como agrupación es la administración del inmueble como sitio de memoria para protegerlo y darle un uso educativo sobre los DDHH.
“Queremos que de las cenizas de la escuela de la tortura nazca la escuela de derechos humanos, ese es nuestro sueño final con el sitio (…) Es gestionado por jóvenes y ellos serán los encargados de llevar esta memoria al pueblo de Chile”, enfatizó.
Mientras, la ministra Javiera Toro destacó que la recuperación de espacios de memoria es una línea programática prioritaria del Gobierno, sintonía con el compromiso de saldar las deudas que tiene el Estado en materia de derechos humanos y la memoria, como garantías de no repetición.
“Desde el Ministerio de Bienes Nacionales nos comprometemos a continuar una conversación que es necesaria con las Fuerzas Armadas, porque este es un lugar que hoy día es de propiedad del comando de Bienestar del Ejército, y creemos que la conversación para poder eventualmente recuperar el lugar y poder concretar su establecimiento como sitio de memoria es fundamental”, agregó la secretaria de Estado, quien recalcó el trabajo intersectorial en la región.
La delegada presidencial provincial de San Antonio, Caroline Sireau, hizo hincapié en que “desde el 11 de marzo ha sido una prioridad para esta Delegación el poder instalar un espacio de trabajo técnico que pueda involucrar a las distintas actorías, las seremías particularmente, que puedan aportar en destrabar lo que hoy significa que el sitio de memoria de Santo Domingo no esté en posesión de la Fundación”, valorando la instalación de esta mesa de trabajo.
La instalación de la mesa se realizó en conjunto con el seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso, Tomás Covacich; la vocera de la Fundación Memoria de San Antonio, Ana Becerra; la delegada provincial de San Antonio, Caroline Sireau; el gobernador regional; la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana; la seremi de Justicia, Paula Gutiérrez; la seremi de Cultura, Patricia Mix; y la diputada Camila Rojas, además de otras autoridades.
El terreno en revisión fue inaugurado como balneario popular en el gobierno de Salvador Allende, y fue utilizado durante la dictadura como lugar de entrenamiento de agentes de la DINA y centro de detención y tortura. Fue anexo del centro de detención Tejas Verdes y el Casino de Oficiales.
El año 1982 fue asignada al Comando de Apoyo Administrativo del Ejército (ahora Bienestar), pasando a formar parte del Patrimonio de Afectación Fiscal. El 2013 – en circunstancias poco claras – las cabañas fueron demolidas y el 2015 fue declarado Monumento Histórico. El 2016 la Fundación Memoria de San Antonio pidió recuperar el inmueble e instalar un sitio de memoria.
En la comuna de Santo Domingo, en la región de Valparaíso, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, recorrió las instalaciones de las antiguas cabañas del balneario popular de las Rocas de Santo Domingo, que fueron utilizadas durante la dictadura como sitio de formación y entrenamiento de agentes de la DINA, y como centro de detención y tortura.
Ahí, la secretaria de Estado lideró la constitución de una mesa de trabajo con distintas autoridades y representantes de organizaciones de DDHH para avanzar en la recuperación de sitios de memoria, entre los que está este terreno de 113 mil metros cuadrados, actualmente en desuso, y que está bajo la administración del Ejército, desde 1982, como Patrimonio de Afectación Fiscal, el que es solicitado como sitio de memoria por la Fundación Memoria de San Antonio.
La vocera de la Fundación y sobreviviente del recinto, Ana Becerra, detalló que la petición que realizan como agrupación es la administración del inmueble como sitio de memoria para protegerlo y darle un uso educativo sobre los DDHH.
“Queremos que de las cenizas de la escuela de la tortura nazca la escuela de derechos humanos, ese es nuestro sueño final con el sitio (…) Es gestionado por jóvenes y ellos serán los encargados de llevar esta memoria al pueblo de Chile”, enfatizó.
Mientras, la ministra Javiera Toro destacó que la recuperación de espacios de memoria es una línea programática prioritaria del Gobierno, sintonía con el compromiso de saldar las deudas que tiene el Estado en materia de derechos humanos y la memoria, como garantías de no repetición.
“Desde el Ministerio de Bienes Nacionales nos comprometemos a continuar una conversación que es necesaria con las Fuerzas Armadas, porque este es un lugar que hoy día es de propiedad del comando de Bienestar del Ejército, y creemos que la conversación para poder eventualmente recuperar el lugar y poder concretar su establecimiento como sitio de memoria es fundamental”, agregó la secretaria de Estado, quien recalcó el trabajo intersectorial en la región.
La delegada presidencial provincial de San Antonio, Caroline Sireau, hizo hincapié en que “desde el 11 de marzo ha sido una prioridad para esta Delegación el poder instalar un espacio de trabajo técnico que pueda involucrar a las distintas actorías, las seremías particularmente, que puedan aportar en destrabar lo que hoy significa que el sitio de memoria de Santo Domingo no esté en posesión de la Fundación”, valorando la instalación de esta mesa de trabajo.
La instalación de la mesa se realizó en conjunto con el seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso, Tomás Covacich; la vocera de la Fundación Memoria de San Antonio, Ana Becerra; la delegada provincial de San Antonio, Caroline Sireau; el gobernador regional; la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana; la seremi de Justicia, Paula Gutiérrez; la seremi de Cultura, Patricia Mix; y la diputada Camila Rojas, además de otras autoridades.
El terreno en revisión fue inaugurado como balneario popular en el gobierno de Salvador Allende, y fue utilizado durante la dictadura como lugar de entrenamiento de agentes de la DINA y centro de detención y tortura. Fue anexo del centro de detención Tejas Verdes y el Casino de Oficiales.
El año 1982 fue asignada al Comando de Apoyo Administrativo del Ejército (ahora Bienestar), pasando a formar parte del Patrimonio de Afectación Fiscal. El 2013 – en circunstancias poco claras – las cabañas fueron demolidas y el 2015 fue declarado Monumento Histórico. El 2016 la Fundación Memoria de San Antonio pidió recuperar el inmueble e instalar un sitio de memoria.
En la comuna de Santo Domingo, en la región de Valparaíso, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, recorrió las instalaciones de las antiguas cabañas del balneario popular de las Rocas de Santo Domingo, que fueron utilizadas durante la dictadura como sitio de formación y entrenamiento de agentes de la DINA, y como centro de detención y tortura.
Ahí, la secretaria de Estado lideró la constitución de una mesa de trabajo con distintas autoridades y representantes de organizaciones de DDHH para avanzar en la recuperación de sitios de memoria, entre los que está este terreno de 113 mil metros cuadrados, actualmente en desuso, y que está bajo la administración del Ejército, desde 1982, como Patrimonio de Afectación Fiscal, el que es solicitado como sitio de memoria por la Fundación Memoria de San Antonio.
La vocera de la Fundación y sobreviviente del recinto, Ana Becerra, detalló que la petición que realizan como agrupación es la administración del inmueble como sitio de memoria para protegerlo y darle un uso educativo sobre los DDHH.
“Queremos que de las cenizas de la escuela de la tortura nazca la escuela de derechos humanos, ese es nuestro sueño final con el sitio (…) Es gestionado por jóvenes y ellos serán los encargados de llevar esta memoria al pueblo de Chile”, enfatizó.
Mientras, la ministra Javiera Toro destacó que la recuperación de espacios de memoria es una línea programática prioritaria del Gobierno, sintonía con el compromiso de saldar las deudas que tiene el Estado en materia de derechos humanos y la memoria, como garantías de no repetición.
“Desde el Ministerio de Bienes Nacionales nos comprometemos a continuar una conversación que es necesaria con las Fuerzas Armadas, porque este es un lugar que hoy día es de propiedad del comando de Bienestar del Ejército, y creemos que la conversación para poder eventualmente recuperar el lugar y poder concretar su establecimiento como sitio de memoria es fundamental”, agregó la secretaria de Estado, quien recalcó el trabajo intersectorial en la región.
La delegada presidencial provincial de San Antonio, Caroline Sireau, hizo hincapié en que “desde el 11 de marzo ha sido una prioridad para esta Delegación el poder instalar un espacio de trabajo técnico que pueda involucrar a las distintas actorías, las seremías particularmente, que puedan aportar en destrabar lo que hoy significa que el sitio de memoria de Santo Domingo no esté en posesión de la Fundación”, valorando la instalación de esta mesa de trabajo.
La instalación de la mesa se realizó en conjunto con el seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso, Tomás Covacich; la vocera de la Fundación Memoria de San Antonio, Ana Becerra; la delegada provincial de San Antonio, Caroline Sireau; el gobernador regional; la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana; la seremi de Justicia, Paula Gutiérrez; la seremi de Cultura, Patricia Mix; y la diputada Camila Rojas, además de otras autoridades.
El terreno en revisión fue inaugurado como balneario popular en el gobierno de Salvador Allende, y fue utilizado durante la dictadura como lugar de entrenamiento de agentes de la DINA y centro de detención y tortura. Fue anexo del centro de detención Tejas Verdes y el Casino de Oficiales.
El año 1982 fue asignada al Comando de Apoyo Administrativo del Ejército (ahora Bienestar), pasando a formar parte del Patrimonio de Afectación Fiscal. El 2013 – en circunstancias poco claras – las cabañas fueron demolidas y el 2015 fue declarado Monumento Histórico. El 2016 la Fundación Memoria de San Antonio pidió recuperar el inmueble e instalar un sitio de memoria.
