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Año XIV, 30 de noviembre de 2022

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¿Cómo cambian los derechos sociales en la nueva Constitución?

Columna de opinión por Rodrigo Bustos - Director Ejecutivo Amnistía Internacional
Jueves 4 de agosto 2022 16:52 hrs.


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Desde Amnistía Internacional hemos señalado que tenemos la convicción de que Chile tiene una oportunidad histórica de tener una Constitución que sea un referente mundial respecto a la manera en que establece los derechos fundamentales y busca hacerlos efectivos. 

De manera especial, creemos que algo central de la nueva Constitución es el cambio de paradigma respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los que en definitiva tienen directa relación con condiciones de vida más dignas. Recordemos que esas vulneraciones y desigualdades en su ejercicio estuvieron en gran parte en la base de las manifestaciones que llevaron al actual proceso constituyente. 

Los derechos sociales se reconocen de manera robusta en la nueva propuesta y ello permitirá comenzar un camino para mejorar las condiciones de vida de las personas, en temas como acceso a la vivienda, pensiones dignas, trabajo decente y los derechos al agua, a la educación y a la salud. A ello se agrega que esos derechos ya no tendrían la lógica del “sálvese quien pueda”. Se dejaría atrás el Estado subsidiario y pasaríamos a tener un Estado social y democrático de derecho en que se establece el deber estatal de “generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”.

Pero demos algunos ejemplos. Mientras en la Constitución de 1980 no se contempla el derecho a la vivienda, este sí se establece en la que podría ser la Constitución de 2022. Ello nos llevaría a que el Estado tenga un rol más activo en el diseño de las viviendas, los barrios y en la distribución del suelo para darle un uso de acuerdo con las necesidades de las personas. Por otra parte, ante las interpretaciones distorsionadas de este derecho, hay que ser claros y tajantes: que se asegure el derecho a la vivienda digna no pasa por encima el derecho de propiedad que también está asegurado en la propuesta de nueva Constitución.

En materia de derecho a la salud, la Constitución de 1980 establece sólo algunos deberes generales para el Estado, lo que ha llevado a que el ejercicio del derecho a la salud dependa mucho del bolsillo de cada persona. En cambio, la nueva Constitución incluye a la salud física y mental como un derecho humano fundamental que debe ser garantizado de manera universal, terminando con la inequitativa segmentación entre personas ricas y pobres. Se establecería un Sistema Nacional de Salud que nos acerca al modelo de los mejores sistemas de salud del mundo e incluye prevención, rehabilitación e inclusión, y se considera el impacto que tienen determinantes sociales como podrían ser, por ejemplo, el acceso a agua potable limpia, la alimentación, la vivienda adecuada y las condiciones de trabajo.

Un tercer derecho que cambia claramente con la propuesta de Constitución de 2022 es el derecho a la seguridad social. Mientras con la Constitución de 1980 se ha creado básicamente un sistema de ahorro individual, con la nueva Constitución se avanzaría a un sistema de seguridad social público que se financiaría a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la Nación. El derecho a la seguridad social estaría fundado en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Incluso se establece el deber de dar protección a las personas que ejercen trabajos domésticos y de cuidados. El Estado chileno dejaría de desentenderse de las necesidades más básicas de la población y pasaría a ser un Estado que acoge y cuida. 

Estos son solo algunos ejemplos de cómo la nueva Constitución nos permitiría avanzar en el camino de mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. Es por eso que hemos dicho que consideramos que el 4 de septiembre nos enfrentaremos a dos opciones que van a determinar el futuro de las actuales y futuras generaciones. No hay una tercera o cuarta opción, solo hay dos. Por un lado, podemos aprobar y abrir la puerta a una Constitución que favorece la igualdad de derechos y mejorará en el día a día la vida de millones de personas postergadas. La otra alternativa es rechazar y quedarnos con la Constitución de 1980 que ha permitido los abusos y precariedades. Desde Amnistía Internacional consideramos que aprobar es humano y votando por esta opción avanzaremos hacia una Constitución de derechos.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.