No hay que alimentar mitos indicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al referirse en la ciudad de Concepción a los llamados extorsivos que realizan algunos sujetos a habitantes de la ciudad penquista afirmando ser miembros del denominado Tren de Aragua.
Monsalve explicó que este tipo de amenazas es un delito grave que será perseguido por las autoridades, pero recalcó que los integrantes de esa banda criminal están detenidos y son procesados por los tribunales de justicia.
Luego de participar en un encuentro en la capital regional del Biobío, el subsecretario preguntó “¿Dónde están los integrantes del Tren de Aragua en Chile? En la cárcel” y luego desglosó señalando que “hay diez personas procesadas en Tarapacá por ser parte del Tren de Aragua y están en la cárcel y hay 29 personas que están procesadas en la Región de Arica que están en la cárcel. Por lo tanto, no hay mitos: aquí no hay instituciones criminales que pueden estar al margen de la ley”.
En ese sentido, insistió en que “el primer llamado a todos los actores es que no construyamos mitos detrás de las organizaciones criminales. En el caso de las extorciones telefónicas que se están haciendo en la Región del Biobío que constituye un delito que se va a perseguir, se utiliza el nombre del Tren de Aragua que todos hemos contribuido a transformarlo en un mito y por lo tanto cualquier delincuente hoy día en Chile se atribuye ser parte del Tren de Aragua”.
Monsalve aprovechó de explicar que existen algunas dificultades para impedir el ingreso de personas con antecedentes penales en sus países de origen y en particular desde Venezuela por la inexistencia de colaboración bilateral con sus autoridades.
“Para saber los antecedentes penales hay que tener colaboración del país de origen. En el caso de Venezuela esa colaboración es difícil. Solo podemos cruzar los datos con Interpol y no todos los delitos que se cometen en un país están en los registros de Interpol”, indicó.
La autoridad de gobierno sostuvo que actualmente en el país “hay 120 mil personas que han ingresado por pasos no habilitados cuyas identidades no las conocemos. No tenemos su rostro, su huella, su nombre, no tenemos sus antecedentes”.
Por eso recordó que “el Presidente de la República en su visita a Arica anunció el destino de 2 mil 600 millones de pesos para implementar un sistema de identificación biométrica de migrantes y el Ministerio del Interior con la Policía de Investigaciones y con la Organización Internacional de Migrantes, está trabajando para que de aquí a noviembre, diciembre, podamos implementar la identificación biométrica de los migrantes que han ingresado por pasos no habilitados y eso implica que vamos a tener por primera vez un rostro, una huella y un nombre que nos permita por tanto identificarlos y también tomar decisiones respecto de esas personas y hacer más fácil identificar que tienen antecedentes penales”.
Ocupaciones de la CAM: “Estamos en contra de las usurpaciones”.
Consultado por las ocupaciones de predios que han sido reivindicados por la Coordinadora Arauco Malleco, el subsecretario del Interior destacó que se trata de acciones que están fuera de la legalidad y no corresponden a la institucionalidad para la restitución territorial que reclaman diversas comunidades mapuche.
“Estamos en contra de las usurpaciones. Entendemos la demanda legítima del pueblo mapuche de recuperar tierras que pueden ser consideradas títulos de merced o tierras ancestrales. Para eso hay canales institucionales, para eso se ha mandatado a la ministra de Desarrollo Social. Para eso está la dirección nacional de la Conadi y para eso está la decisión política del gobierno de avanzar en algo en que las propias encuestas estos días ha dicho que es tal vez el elemento más central de la demanda del pueblo mapuche que es la recuperación de tierras”, precisó Monsalve.
Al mismo tiempo recalcó que el gobierno adoptará las medidas legales que sean necesarias para terminar con estas ocupaciones, aunque recordó que las sanciones son bajas y no llegan a penas de presidio.
“Las usurpaciones tienen una multa, esa es la pena respecto a las usurpaciones. Las usurpaciones sin violencia van entre las seis y las 10 UTM y la usurpación con uso de violencia, que por lo demás hay que comprobar, es una multa de 11 a 20 UTM. No hay hoy día en el Código Penal sanción de detención por este delito”, precisó.
Monsalve insistió en que en caso de llegar a una detención de los responsables de estos hechos, no habrá prisión preventiva ni menos penas de cárcel porque se trata de simples multas.
“Hay una discusión de un proyecto de usurpación que está en el Senado y que busca modificar esos artículos para que haya una sanción más alta”, señaló.
Eso sí, destacó que “la ley establece la posibilidad de que Carabineros pueda actuar en flagrancia en las primeras 12 horas, ni siquiera se requiere la intervención del gobierno para eso, se requiere la denuncia y que el delito esté en curso en las primeras 12 horas. Y después de esas 12 horas, le corresponde al Ministerio Público que en ese caso tiene que ordenar el desalojo y en ese caso el Ministerio del Interior concurre a colaborar con la decisión de la justicia a través de las fuerzas policiales”.
No hay que alimentar mitos indicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al referirse en la ciudad de Concepción a los llamados extorsivos que realizan algunos sujetos a habitantes de la ciudad penquista afirmando ser miembros del denominado Tren de Aragua.
Monsalve explicó que este tipo de amenazas es un delito grave que será perseguido por las autoridades, pero recalcó que los integrantes de esa banda criminal están detenidos y son procesados por los tribunales de justicia.
Luego de participar en un encuentro en la capital regional del Biobío, el subsecretario preguntó “¿Dónde están los integrantes del Tren de Aragua en Chile? En la cárcel” y luego desglosó señalando que “hay diez personas procesadas en Tarapacá por ser parte del Tren de Aragua y están en la cárcel y hay 29 personas que están procesadas en la Región de Arica que están en la cárcel. Por lo tanto, no hay mitos: aquí no hay instituciones criminales que pueden estar al margen de la ley”.
En ese sentido, insistió en que “el primer llamado a todos los actores es que no construyamos mitos detrás de las organizaciones criminales. En el caso de las extorciones telefónicas que se están haciendo en la Región del Biobío que constituye un delito que se va a perseguir, se utiliza el nombre del Tren de Aragua que todos hemos contribuido a transformarlo en un mito y por lo tanto cualquier delincuente hoy día en Chile se atribuye ser parte del Tren de Aragua”.
Monsalve aprovechó de explicar que existen algunas dificultades para impedir el ingreso de personas con antecedentes penales en sus países de origen y en particular desde Venezuela por la inexistencia de colaboración bilateral con sus autoridades.
“Para saber los antecedentes penales hay que tener colaboración del país de origen. En el caso de Venezuela esa colaboración es difícil. Solo podemos cruzar los datos con Interpol y no todos los delitos que se cometen en un país están en los registros de Interpol”, indicó.
La autoridad de gobierno sostuvo que actualmente en el país “hay 120 mil personas que han ingresado por pasos no habilitados cuyas identidades no las conocemos. No tenemos su rostro, su huella, su nombre, no tenemos sus antecedentes”.
Por eso recordó que “el Presidente de la República en su visita a Arica anunció el destino de 2 mil 600 millones de pesos para implementar un sistema de identificación biométrica de migrantes y el Ministerio del Interior con la Policía de Investigaciones y con la Organización Internacional de Migrantes, está trabajando para que de aquí a noviembre, diciembre, podamos implementar la identificación biométrica de los migrantes que han ingresado por pasos no habilitados y eso implica que vamos a tener por primera vez un rostro, una huella y un nombre que nos permita por tanto identificarlos y también tomar decisiones respecto de esas personas y hacer más fácil identificar que tienen antecedentes penales”.
Ocupaciones de la CAM: “Estamos en contra de las usurpaciones”.
Consultado por las ocupaciones de predios que han sido reivindicados por la Coordinadora Arauco Malleco, el subsecretario del Interior destacó que se trata de acciones que están fuera de la legalidad y no corresponden a la institucionalidad para la restitución territorial que reclaman diversas comunidades mapuche.
“Estamos en contra de las usurpaciones. Entendemos la demanda legítima del pueblo mapuche de recuperar tierras que pueden ser consideradas títulos de merced o tierras ancestrales. Para eso hay canales institucionales, para eso se ha mandatado a la ministra de Desarrollo Social. Para eso está la dirección nacional de la Conadi y para eso está la decisión política del gobierno de avanzar en algo en que las propias encuestas estos días ha dicho que es tal vez el elemento más central de la demanda del pueblo mapuche que es la recuperación de tierras”, precisó Monsalve.
Al mismo tiempo recalcó que el gobierno adoptará las medidas legales que sean necesarias para terminar con estas ocupaciones, aunque recordó que las sanciones son bajas y no llegan a penas de presidio.
“Las usurpaciones tienen una multa, esa es la pena respecto a las usurpaciones. Las usurpaciones sin violencia van entre las seis y las 10 UTM y la usurpación con uso de violencia, que por lo demás hay que comprobar, es una multa de 11 a 20 UTM. No hay hoy día en el Código Penal sanción de detención por este delito”, precisó.
Monsalve insistió en que en caso de llegar a una detención de los responsables de estos hechos, no habrá prisión preventiva ni menos penas de cárcel porque se trata de simples multas.
“Hay una discusión de un proyecto de usurpación que está en el Senado y que busca modificar esos artículos para que haya una sanción más alta”, señaló.
Eso sí, destacó que “la ley establece la posibilidad de que Carabineros pueda actuar en flagrancia en las primeras 12 horas, ni siquiera se requiere la intervención del gobierno para eso, se requiere la denuncia y que el delito esté en curso en las primeras 12 horas. Y después de esas 12 horas, le corresponde al Ministerio Público que en ese caso tiene que ordenar el desalojo y en ese caso el Ministerio del Interior concurre a colaborar con la decisión de la justicia a través de las fuerzas policiales”.
No hay que alimentar mitos indicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al referirse en la ciudad de Concepción a los llamados extorsivos que realizan algunos sujetos a habitantes de la ciudad penquista afirmando ser miembros del denominado Tren de Aragua.
Monsalve explicó que este tipo de amenazas es un delito grave que será perseguido por las autoridades, pero recalcó que los integrantes de esa banda criminal están detenidos y son procesados por los tribunales de justicia.
Luego de participar en un encuentro en la capital regional del Biobío, el subsecretario preguntó “¿Dónde están los integrantes del Tren de Aragua en Chile? En la cárcel” y luego desglosó señalando que “hay diez personas procesadas en Tarapacá por ser parte del Tren de Aragua y están en la cárcel y hay 29 personas que están procesadas en la Región de Arica que están en la cárcel. Por lo tanto, no hay mitos: aquí no hay instituciones criminales que pueden estar al margen de la ley”.
En ese sentido, insistió en que “el primer llamado a todos los actores es que no construyamos mitos detrás de las organizaciones criminales. En el caso de las extorciones telefónicas que se están haciendo en la Región del Biobío que constituye un delito que se va a perseguir, se utiliza el nombre del Tren de Aragua que todos hemos contribuido a transformarlo en un mito y por lo tanto cualquier delincuente hoy día en Chile se atribuye ser parte del Tren de Aragua”.
Monsalve aprovechó de explicar que existen algunas dificultades para impedir el ingreso de personas con antecedentes penales en sus países de origen y en particular desde Venezuela por la inexistencia de colaboración bilateral con sus autoridades.
“Para saber los antecedentes penales hay que tener colaboración del país de origen. En el caso de Venezuela esa colaboración es difícil. Solo podemos cruzar los datos con Interpol y no todos los delitos que se cometen en un país están en los registros de Interpol”, indicó.
La autoridad de gobierno sostuvo que actualmente en el país “hay 120 mil personas que han ingresado por pasos no habilitados cuyas identidades no las conocemos. No tenemos su rostro, su huella, su nombre, no tenemos sus antecedentes”.
Por eso recordó que “el Presidente de la República en su visita a Arica anunció el destino de 2 mil 600 millones de pesos para implementar un sistema de identificación biométrica de migrantes y el Ministerio del Interior con la Policía de Investigaciones y con la Organización Internacional de Migrantes, está trabajando para que de aquí a noviembre, diciembre, podamos implementar la identificación biométrica de los migrantes que han ingresado por pasos no habilitados y eso implica que vamos a tener por primera vez un rostro, una huella y un nombre que nos permita por tanto identificarlos y también tomar decisiones respecto de esas personas y hacer más fácil identificar que tienen antecedentes penales”.
Ocupaciones de la CAM: “Estamos en contra de las usurpaciones”.
Consultado por las ocupaciones de predios que han sido reivindicados por la Coordinadora Arauco Malleco, el subsecretario del Interior destacó que se trata de acciones que están fuera de la legalidad y no corresponden a la institucionalidad para la restitución territorial que reclaman diversas comunidades mapuche.
“Estamos en contra de las usurpaciones. Entendemos la demanda legítima del pueblo mapuche de recuperar tierras que pueden ser consideradas títulos de merced o tierras ancestrales. Para eso hay canales institucionales, para eso se ha mandatado a la ministra de Desarrollo Social. Para eso está la dirección nacional de la Conadi y para eso está la decisión política del gobierno de avanzar en algo en que las propias encuestas estos días ha dicho que es tal vez el elemento más central de la demanda del pueblo mapuche que es la recuperación de tierras”, precisó Monsalve.
Al mismo tiempo recalcó que el gobierno adoptará las medidas legales que sean necesarias para terminar con estas ocupaciones, aunque recordó que las sanciones son bajas y no llegan a penas de presidio.
“Las usurpaciones tienen una multa, esa es la pena respecto a las usurpaciones. Las usurpaciones sin violencia van entre las seis y las 10 UTM y la usurpación con uso de violencia, que por lo demás hay que comprobar, es una multa de 11 a 20 UTM. No hay hoy día en el Código Penal sanción de detención por este delito”, precisó.
Monsalve insistió en que en caso de llegar a una detención de los responsables de estos hechos, no habrá prisión preventiva ni menos penas de cárcel porque se trata de simples multas.
“Hay una discusión de un proyecto de usurpación que está en el Senado y que busca modificar esos artículos para que haya una sanción más alta”, señaló.
Eso sí, destacó que “la ley establece la posibilidad de que Carabineros pueda actuar en flagrancia en las primeras 12 horas, ni siquiera se requiere la intervención del gobierno para eso, se requiere la denuncia y que el delito esté en curso en las primeras 12 horas. Y después de esas 12 horas, le corresponde al Ministerio Público que en ese caso tiene que ordenar el desalojo y en ese caso el Ministerio del Interior concurre a colaborar con la decisión de la justicia a través de las fuerzas policiales”.
