La tramitación del proyecto de ley Miscelánea en la comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, además de la discusión en sala y despacho hacia el Senado este martes 9 de agosto, ha sido una importante oportunidad para legislar sobre medidas concretas que mejoren los procesos educativos en una difícil situación post pandemia. Y si bien esta iniciativa se enmarca en dicho contexto, demuestra la voluntad de nuestro gobierno en avanzar en uno de los anhelos más sentidos y movilizadores de las últimas décadas: la recuperación de la educación pública.

La llamada ley Miscelánea propone cuatro medidas. Primero, la suspensión de las evaluaciones docentes y las evaluaciones del Sistema de desarrollo profesional docente. Esta medida busca aliviar la carga de los profesionales de la educación y que así puedan dedicar sus energías a la reactivación de aprendizaje en estudiantes. Por esto, el proyecto que trabajamos en la comisión y que llegó a la sala aseguraba estas suspensiones para los años 2022 y 2023.

Lamentablemente, este punto fue modificado en la sala de la Cámara, quedando las evaluaciones suspendidas solamente para el 2022. Nuestro objetivo ahora será que en el Senado se puedan reponer estos dos periodos de suspensión tan solicitados por los y las trabajadoras de la educación, dando así espacio para la creación de un método que responda de mejor manera a las necesidades de las comunidades educativas.

Su segundo aspecto es la incorporación de una norma que agiliza el proceso de incentivo al retiro en los casos pendientes en años anteriores. Sobre este punto, surgieron inquietudes en el seno de la Comisión de Educación, que dieron origen a indicaciones sobre las que se alcanzaron acuerdos transversales, como lo fue la inclusión expresa de los y las trabajadoras que se desempeñan en establecimientos de educación parvularia vía transferencia de fondos a esta nueva reglamentación y la incorporación de criterios en la asignación de los cupos como: la edad, el estado de salud y la cantidad de años de servicio en la institución empleadora de quien se encuentre solicitando acogerse a retiro.

Asimismo, busca adecuar la entrada en funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para así facilitar su necesaria implementación, posponiendo por un año el traspaso del servicio educacional a los que entraban en funcionamiento en este 2022. Finalmente, procurar por el pago efectivo de las cotizaciones previsionales de los trabajadores de la educación. Para esto se otorga a la Subsecretaría de Educación la facultad de pagar directamente a las instituciones previsionales los montos que se adeuden con cargo a la subvención que reciban los establecimientos educacionales.

Nuestra diputación ha trabajado este debate con los gremios de la educación del distrito. El pasado viernes 22 de julio realizamos una jornada temática de análisis sobre este proyecto, junto a asociaciones y sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la educación. Esta instancia sirvió para recoger reflexiones e inquietudes, pero también para congregar a organizaciones de La Florida, La Pintana, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque en un solo espacio, quienes pusieron a disposición su tiempo, experiencia y ganas de articular para mejorar esta iniciativa.

Es necesario mencionar que la discusión de este proyecto es la antesala de otro desafío, la tramitación del proyecto de Nueva Educación Pública, el que pronto nos tendrá de lleno trabajando en la comisión de Educación de la Cámara. De la misma manera que hemos propiciado en la discusión de ley Miscelánea, abordaremos la tramitación de la Nueva Educación Pública buscando un trabajo conjunto de todos los estamentos involucrados y con diálogo territorial, para que la voz de nuestras comunas también queden plasmadas y enriquezcan la iniciativa.

Lo que hace años exigimos en las calles ahora lo seguimos planteando en la cámara baja: Chile merece educación pública, gratuita y de calidad. Lo defenderemos también en las urnas este 4 de septiembre, ya que tal como dice en su inicio el artículo 35 de la propuesta de nueva constitución: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado”.

Daniela Serrano Salazar
Diputada de la República.