La “llave” del DD.HH a la Comunicación: defensorías de las audiencias en México y el reconocimiento como “sujetos de derechos”
Beatriz Solís, Presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, afirma que "el eje del derecho a la información, es el eje de la democracia". Dice que "hay mucho que construir", pero con un trabajo pedagógico que es fundamental.
Diana Porras
Lunes 15 de agosto 2022 11:44 hrs.
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“La impunidad con la que se trabajó durante muchísimos años, cuando los medios tenían una relación asimétrica con las audiencias y éstas no tenían la posibilidad de tomar la palabra. Hoy cada vez más la tienen y yo creo que ahí es fundamental la acción de las defensorías en términos de cómo desplazarse de las audiencias consumidoras a una audiencia concebida como ciudadana”, Jerónimo Repoll,Doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación. Profesor/Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Libro “Introducción a los derechos de las audiencias y a sus defensorías en México” (2021)
En la biblioteca de Beatriz Solís Leree están guardados los treinta tomos de lo que denomina “el primer gran diagnóstico sobre todos los medios de comunicación” en México. Esos textos, que se escribieron a inicios de la década del 80, contienen una propuesta de ley para un nuevo modelo de comunicación social donde cruzaba el derecho a la información. La académica formó parte de diversos intentos en su país para avanzar en un objetivo que, hasta hoy, lo defiende: “la comunicación es fundamental porque es un derecho llave”.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, la experta en derecho a la información e investigación de medios recuerda los intereses que cruzan este debate. Desde 1974, Beatriz Solís es profesora titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco en el Departamento de Educación y Comunicación. Es integrante de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID) y Presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA).
La reforma constitucional de 2013 consideró a la radiodifusión y telecomunicaciones como servicios públicos. “Es un cambio radical” destaca quien fue Defensora de las Audiencias de Radio Educación (2012-2014). Hasta el año pasado también defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), al cual pertenece el Canal 14.
En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) de 2014 se citan los derechos de las audiencias y se determina el quehacer de las defensorías. ¿Cuál es el sentido de las defensorías frente a la democracia? ¿Por qué asegura que son un instrumento y una herramienta para que se empoderen las audiencias? Es parte de las reflexiones que comparte en esta conversación que se desarrolló en Ciudad de México.
¿Cómo comenzó este interés y trabajo relacionado con los medios de comunicación?
Cuando el ex presidente José López Portillo sumó al artículo sexto de la Constitución en 1977, una frase que hablaba básicamente del derecho a solicitar o difundir información. Entonces le agregó un breve texto por recomendación de su secretario de la gobernación, pero también del debate internacional que se estaba dando en la Unesco. La siguiente frase: el derecho a la información será garantizado por el Estado.
Empezamos a organizar la investigación de la comunicación, en ese momento pequeña y hoy muy grande, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC). El Congreso de la Unión y nosotros preguntamos al Ejecutivo: ¿Qué quería decir eso?
Porque si queda en la Constitución es un precepto general, pero como se garantiza. Y desde la AMIC conversamos que no podíamos quedar fuera del debate. El Estado hizo una convocatoria para consultas públicas buscando como reglamentar el derecho a la información por lo que se escribieron un sinnúmero de páginas, ponencias y consultas en todo el país. Como AMIC comenzamos a trabajar porque era un campo sumamente desconocido. Con el derecho a la información, en ese momento, se traspasaban responsabilidades entre los comunicadores y abogados.
Nos inscribimos para participar en las consultas, éramos tres o cuatro los que redactamos. Paralelamente, como formo parte del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, a través de esto se creó luego la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS), dije que tenían que trabajar en ese tema.
Me pareció tan importante, fundamental y transversal a todo lo que trabajábamos nosotros porque si no teníamos claras las reglas del juego, no podíamos jugar…
¿Qué discurso se escuchaba desde la industria en esos años?
Hay sectores industriales a los que la palabra regulación les genera una urticaria en el cuerpo. Creo que en todas las regiones es igual, no les gusta. Nada que parezca o que se acerque a la palabra regular, les parece adecuado porque se envuelven en la bandera de la libertad de expresión.
La industria hace un buen lobby y todos los otros desarticulados por eso formábamos parte de las organizaciones que creamos para poder llevar una mirada plural y argumentos desde la academia. No pasa nada después, solo se publicaron las memorias de todo lo que se hizo. Había mucha presión por los empresarios del sector para que ese tema no se tocara.
Pasado el tiempo, en el 80 y a finales de Portillo, en presidencia se crea una oficina de comunicación social para crear un nuevo marco normativo. Muy secreto porque el anterior causó mucho revuelo y me llamaron para avanzar en esto. Lo que pasa es que reglamentar el derecho a la información es cambiar el marco normativo, es una Ley, el esquema y el modelo de comunicación. Para entonces seguíamos con la única ley que había en México, la de 1960 sobre Ley Federal de Radio y Televisión. No había en telecomunicaciones porque estaba lejano.
Trabajamos un documento muy grande y latinoamericano porque llamamos a investigadores que habían venido desde Chile (Fernando Reyes Matta y Juan Somavía) y Argentina. Muchos exiliados que nos aportaron. Héctor Schmucler, que es el que se trajo la revista Comunicación y cultura, entró a trabajar a la Universidad Metropolitana donde yo estaba. Mucho debate porque venían de las reflexiones sobre el Nuevo Orden Internacional de la Información y la Comunicación (NOMIC) y el Informe MacBride por lo que me dejaron un enorme aprendizaje, humano y su experiencia con documentos.
Se hizo el primer gran diagnóstico, el único que conozco en este país sobre todos los medios, porque estaban los recursos desde la presidencia. Fueron 30 tomos, dos de ellos eran una propuesta de ley para un nuevo modelo de comunicación social donde cruzaba el derecho a la información. Éste se regula como un eje, no como una parte. La revista Proceso filtró a alguien el tomo de la ley, sin las argumentaciones, la industria se destapa en el 81´ y se arma un escándalo.
López Portillo decide no hacerlo público. Aunque estaba todo listo, nos corrieron y terminó eso en el 81.
Unesco / Sean MacBride y otros. Fondo de Cultura Económica (México) / Unesco (París), 1ª edición 1980
¿Cuál es la relación que veía entre democracia y comunicación?
Entendemos que la comunicación forma parte fundamental: es un derecho llave. Te permite acceder a otros derechos. Hoy con las tecnologías y la pandemia quedó más claro que nunca. Si no tienes acceso a las tecnologías de la información y a la comunicación no tienes acceso a la educación, al trabajo o a la salud.
Pero aun sin tecnologías, en los medios de comunicación- como parte de la sociedad- siempre había que pelear para no tener una sola voz que se comunicara con nosotros a través de la televisión. Una época también del monopolio de Televisa y la muy frágil e imperceptible presencia de medios públicos. Ya existían, pero muchos de ellos eran gubernamentales.
Tres “patas” para un modelo democrático: política, academia y acción social
El artículo sexto seguía sin reglamento. Un grupo de diputados de una comisión especial de comunicación social buscó a Beatriz Solís para elaborar una iniciativa de ley. No pasó, pero se presentó ante el Congreso. Desde 1987-88´trabajó con el legislador Javier Corral (PAN), durante 19 años, donde impulsaron un capítulo para frenar la denominada Ley Televisa (2006), fundaron la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, entre otras iniciativas.
“Lo valioso era ponerlo en la mesa del Congreso para capacitar a los legisladores, porque no podían legislar si no entendían de qué se trataba” recuerda la académica. Y agrega: el eje del derecho a la información, es el eje de la democracia. Además, -destaca- después del 2013 la Constitución empezó a adjetivar la comunicación: información plural, veraz, oportuna y útil.
Finalmente, ¿Cómo se llegó a esa reforma de telecomunicaciones en 2013?
Habían organizaciones civiles importantes que estaban haciendo pronunciamientos públicos, supervisando, cuestionando y exigiendo presencia cuando se trataban temas que eran de nuestra competencia. Entraron las tecnologías de la comunicación en el escenario y también tuvo que ver el resultado de la sentencia contra la Ley Televisa, que eran modificaciones a solo algunos artículos de la Constitución y de la Ley…no era mucho más, pero eran graves.
Fundamentalmente, lo que querían los empresarios-se llama así porque la escribieron los abogados de Televisa- era una reforma a la Ley General de Radio y Televisión. Querían pasar casi de manera automática de operar radiodifusión a operar telecomunicaciones.
Perdón, pero no. Se escuchó una serie de argumentos y hubo mucho movimiento social. Una anécdota: el Instituto Mexicano de la Radio decidió durante todo un día transmitir solo una canción en sus 6 emisoras en la Ciudad de México. Y en medio de las canciones se escuchaba: así suena cuando solo tenemos una voz, así suena cuando solo una voz se comunica, así es cuando solo hay un mensaje…Tuvo mucha repercusión y la gente decía ¿Qué pasa? Así hubo otras manifestaciones para ingresar en el Senado una acción de inconstitucionalidad.
Dentro de la sentencia que echó para atrás esa reforma, la Corte recomendó al Congreso convocar a una mesa plural para armar una nueva norma. Se conformaron grupos donde trabajamos por una nueva ley que incorporara a las telecomunicaciones porque ya estaba entre nosotros. Fue un detonador, hasta ese momento eran materias separadas. Se abrió más el debate con todos los actores y eso ayudó mucho. Se presentó un primer documento, una iniciativa buena en 2010 y que, incluso, después se rescató en la de 2014.
Luego el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) habló de un Pacto por México para distintas materias, le advertimos que la de comunicaciones ya estaba. En los acuerdos políticos se reconoce la necesidad de incluir en la reforma a la Constitución de 2013 lo de telecomunicaciones y radiodifusión.
¿Qué se modifica?
La reforma de 2013 modifica siete artículos de la Constitución de los cuales cuatro (6, 7, 27 y el 28) son sustantivos y el resto es administrativo para el propio Congreso de La Unión.
El sexto sobre el derecho y acceso a la información. Se abrió un apartado b para la radiodifusión y telecomunicaciones porque eran convergentes. Una característica general que me parece fundamental es que las declara como servicios públicos, es un cambio radical. Reconoces que satisface una necesidad social, que tiene que ser garantizada por el Estado y mecanismos para su supervisión. Otra característica, solo existe una figura jurídica para operar el espectro que es la concesión y la única diferencia es el uso que puede ser comercial, público o social.
En resumen sobre los cambios, al sexto, se agregó el acceso a las tecnologías de la comunicación, incluido el internet y la banda ancha. También la prohibición a toda discriminación en los contenidos de esos servicios, prohibido difundir propaganda o publicidad presentada como información. Esto último queda en la Constitución, antes solo estaba asomadita en la ley.
Queda incorporado que la ley deberá garantizar los derechos de las audiencias en radiodifusión y los usuarios en telecomunicaciones y definirá los mecanismos para su protección. Va marcando las pautas por donde iría luego la ley.
En el 27, un párrafo que regula como se administran los bienes de la Nación. Se le quitó al Ejecutivo federal la posibilidad de otorgar las concesiones por la historia de uso político y quedó en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y el 28 establece las figuras preponderantes y se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo y las reglas de funcionamiento.
Su ley secundaria se convierte en lo aprobado durante 2014, pero sobre la base de todos estos principios.
Años después avanza una contrarreforma, ¿Cuáles son las consecuencias de lo sucedido en 2017?
Hubo ciertas controversias porque los industriales nunca han estado de acuerdo con ser regulados, para empezar. No pasaba nada hasta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por mandato de la ley, elabora unos lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias. Ahí dijeron: no vamos a cumplir.
La Ley estaba de 2014, ¿y se dieron cuenta en 2017? Primero, quisieron modificar los lineamientos. Y después un diputado, cercano a los empresarios, presentó la iniciativa de ley que cambiaba solo algunos artículos, según ellos, pero curiosamente todos los que tenían que ver con el derecho a las audiencias. Por un lado, las atribuciones del IFETEL de ser el garante. Elementos importantes de la ley como los registros públicos de las concesiones, los códigos de ética donde deja claro el derecho de las audiencias y el registro de los defensores de las audiencias. El IFETEL solo revisa que eso se está cumpliendo, no dice el cómo.
Uno de los derechos era, y fue eliminado con la reforma, generar mecanismos para que la audiencia distinga entre información y opinión. Lo que se pedía de no dar publicidad como información, en TV era poner en una esquina una P para identificar la publicidad. Y en radio, una campana. Esto tan simple se decía en los lineamientos, pero la respuesta de ellos era negativa.
Entonces se le quitaban las atribuciones al IFETEL con todo lo que tiene que ver con el derecho de las audiencias, se establece la autorregulación, el defensor se nombra sin que medie el IFETEL para corroborar si cumple con los requisitos y durante el tiempo que ellos estimen sin que ninguna autoridad de su opinión. La Asociación de la Defensoría de las Audiencias, que ya estaba formada, se acercó a los legisladores y planteamos que no podía ser así, pero avanzó en la de Diputados. Con argumentos, pedíamos que no pasara en el Senado.
Total, pasó. Se presenta una acción de inconstitucionalidad por un grupo de legisladores que había entendido que eso no podía ser, pero duerme el sueño de los justos.
¿Ese cambio afectaba el ámbito de trabajo de las y los defensores?
Claro, ¿Qué hacíamos? En ese momento era defensora de audiencias de Radio Educación y éramos seis en la Asociación incluso antes de la ley por voluntad propia de los medios públicos.
Finalmente, ingresamos un amparo, fue recibido rápidamente y salió una primera sentencia favorable del juez. Nos daba la razón, pero no nos fue posible meternos en otros artículos que nos parecían de interés para cuestionar. ¿La razón? No estaban en el ámbito de nuestro trabajo como defensores.
Y estábamos felices desde que la admitieron y después una sentencia muy rica en todos sus argumentos. Y como se declaraba inconstitucional el artículo 256, que es el que habla de los derechos de las audiencias, códigos de ética, entre otros, había que regresar a la redacción anterior y que el Instituto emitiera lineamientos. La Suprema Corte dijo que era el único que podía dar sentencias de inconstitucionalidad entonces atrajo la sentencia y se tardó. Se conoció en mayo de 2021, revisó, no le metió ni una coma y ratificó en sus términos la sentencia del juez. Por doble vía fue ratificada. En el intertanto se presentaron un montón de recursos contra la primera sentencia sobre todo de la industria y también cuando se pronunció la Suprema Corte. Hubo una respuesta: no procede. Pero esas acciones dilataban el proceso.
Y seguimos en espera, en estos días nos reunimos con el abogado para saber qué hacemos y se cumpla finalmente la sentencia.
Paralelamente, nos hemos acercado a la comisión de radio y televisión del Senado. Se han presentado proyectos de ley, curiosamente uno es de MORENA y otro de PRD, que dicen lo mismo que la sentencia. Nos pidieron opinión como asociación, hicimos algunas observaciones y sugerencias. En septiembre, luego del receso, volveremos a la comisión para saber si sale por ese lado. No nos importa si sale por nuestro amparo o no… sino que se derogue lo que se reformó en 2017. Las iniciativas que están ingresadas solo regresan al texto original de 2014 como dice la sentencia …no buscamos nada más.
Mirada regional: el Derecho Humano a la Comunicación
El “Primer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias” se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), en septiembre de 2014. En el Acta de creación de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID) se cita el denominado Derecho Humano a la Comunicación. “Tiene dos dimensiones, porque comprende el derecho a manifestar el propio pensamiento sin menoscabos o impedimentos y el derecho colectivo a recibir información y conocer la expresión de pensamientos de otras personas. Es desde esta perspectiva donde las audiencias son contempladas como nuevos sujetos plenos de derecho, en su capacidad de recibir, pero también de dar información” se lee en el documento.
Recientemente, en Chile se discutieron varios de estos conceptos durante el proceso constituyente y se presentaron reflexiones sobre lo que sería un “nuevo estatus de las comunicaciones” . También en marzo pasado, a días de finalizar su administración, Sebastián Piñera presenta un proyecto de reforma para TVN. La iniciativa, hoy analizada por el actual Gobierno, recomienda la creación de un defensor de la audiencia, quien deberá “velar por la defensa del derecho a la información de todas las personas, que deberá ser confiable y veraz”.
El tema, por lo tanto, sigue presente en los países de la región.
Hoy en los registros de México se reconocen 116 defensores y defensoras de las audiencias. ¿Cuáles son los siguientes desafíos?
Tenemos mucho por construir, es un campo profesional emergente. Como asociaciones, hemos estado trabajando con las facultades de comunicación para que incorporen el tema en sus planes de estudio. He dado varios seminarios en universidades para los profesores e inspirarlos. Por otro lado, hemos trabajado con los nuevos defensores nombrados para la preparación de documentos por la Ley y el código de ética.
Y lo fundamental que es el trabajo pedagógico, más el de rutina que es recibir lo que te manda la audiencia, contestar y dejar registro.
¿Qué hace una defensoría? ¿Cuál es el sentido de la defensoría frente a la democracia? ¿Por qué decimos que somos un instrumento y una herramienta para que se empoderen las audiencias? Que se reconozcan como sujetos de derechos porque durante mucho tiempo, desde que existen los medios, han sido audiencias pasivas.
Los industriales reconocen un derecho: el de cambiar la estación. Nosotros contestamos: lo que sucede es que recuerden ustedes que ahora nos proporcionan un servicio público. Ese trabajo pedagógico para con las audiencias es enorme. Dirigido a quienes nos ven, pero también para aquéllos que no nos ven. Tenemos un trabajo de vinculación, por ejemplo, al hacer acuerdos con las preparatorias y primarias para pedirles dos horas y como defensores ir a hablar de cuáles son sus derechos.
También hacer investigación y monitoreo de la programación por lo que es un trabajo permanente.
¿Cómo se observa este trabajo desde la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID)?
Ha sido una experiencia de enorme aprendizaje sobre todo la Defensoría del público de Argentina con Cynthia Ottaviano. Estuve muchas veces ahí y acompañé en diversas audiencias públicas que tienen en las localidades o cursos de radio.
Tratar de ponerlo en común con los demás, como en Brasil donde llegó el nuevo gobierno a echar por tierra y desaparece la figura de la defensoría. En las primeras reuniones, más allá de ponernos al día, el objetivo es reforzar y acercarnos a una de las metas que tenemos como OID. ¿Cuál es? Acercarse a los países que no contaban con defensorías y ver como la OID puede apoyar.
Asistíamos a Perú que no tiene la figura y con Chile conversamos con diversos actores para avanzar en ello. Por su parte, en Ecuador quedó en la ley pero se congeló y así es nuestra América Latina. El reto es no dejar que se desdibuje la figura de la defensoría. Nosotros lo tenemos consolidado porque está en la ley, pero quedó muy frágil por la reforma del 2017. Estamos presentes con el IFETEL porque con nuestro amparo estamos rescatándole las atribuciones. Ellos, en su momento, no hicieron nada.
“La impunidad con la que se trabajó durante muchísimos años, cuando los medios tenían una relación asimétrica con las audiencias y éstas no tenían la posibilidad de tomar la palabra. Hoy cada vez más la tienen y yo creo que ahí es fundamental la acción de las defensorías en términos de cómo desplazarse de las audiencias consumidoras a una audiencia concebida como ciudadana”, Jerónimo Repoll,Doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación. Profesor/Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Libro “Introducción a los derechos de las audiencias y a sus defensorías en México” (2021)
En la biblioteca de Beatriz Solís Leree están guardados los treinta tomos de lo que denomina “el primer gran diagnóstico sobre todos los medios de comunicación” en México. Esos textos, que se escribieron a inicios de la década del 80, contienen una propuesta de ley para un nuevo modelo de comunicación social donde cruzaba el derecho a la información. La académica formó parte de diversos intentos en su país para avanzar en un objetivo que, hasta hoy, lo defiende: “la comunicación es fundamental porque es un derecho llave”.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, la experta en derecho a la información e investigación de medios recuerda los intereses que cruzan este debate. Desde 1974, Beatriz Solís es profesora titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco en el Departamento de Educación y Comunicación. Es integrante de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID) y Presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA).
La reforma constitucional de 2013 consideró a la radiodifusión y telecomunicaciones como servicios públicos. “Es un cambio radical” destaca quien fue Defensora de las Audiencias de Radio Educación (2012-2014). Hasta el año pasado también defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), al cual pertenece el Canal 14.
En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) de 2014 se citan los derechos de las audiencias y se determina el quehacer de las defensorías. ¿Cuál es el sentido de las defensorías frente a la democracia? ¿Por qué asegura que son un instrumento y una herramienta para que se empoderen las audiencias? Es parte de las reflexiones que comparte en esta conversación que se desarrolló en Ciudad de México.
¿Cómo comenzó este interés y trabajo relacionado con los medios de comunicación?
Cuando el ex presidente José López Portillo sumó al artículo sexto de la Constitución en 1977, una frase que hablaba básicamente del derecho a solicitar o difundir información. Entonces le agregó un breve texto por recomendación de su secretario de la gobernación, pero también del debate internacional que se estaba dando en la Unesco. La siguiente frase: el derecho a la información será garantizado por el Estado.
Empezamos a organizar la investigación de la comunicación, en ese momento pequeña y hoy muy grande, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC). El Congreso de la Unión y nosotros preguntamos al Ejecutivo: ¿Qué quería decir eso?
Porque si queda en la Constitución es un precepto general, pero como se garantiza. Y desde la AMIC conversamos que no podíamos quedar fuera del debate. El Estado hizo una convocatoria para consultas públicas buscando como reglamentar el derecho a la información por lo que se escribieron un sinnúmero de páginas, ponencias y consultas en todo el país. Como AMIC comenzamos a trabajar porque era un campo sumamente desconocido. Con el derecho a la información, en ese momento, se traspasaban responsabilidades entre los comunicadores y abogados.
Nos inscribimos para participar en las consultas, éramos tres o cuatro los que redactamos. Paralelamente, como formo parte del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, a través de esto se creó luego la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS), dije que tenían que trabajar en ese tema.
Me pareció tan importante, fundamental y transversal a todo lo que trabajábamos nosotros porque si no teníamos claras las reglas del juego, no podíamos jugar…
¿Qué discurso se escuchaba desde la industria en esos años?
Hay sectores industriales a los que la palabra regulación les genera una urticaria en el cuerpo. Creo que en todas las regiones es igual, no les gusta. Nada que parezca o que se acerque a la palabra regular, les parece adecuado porque se envuelven en la bandera de la libertad de expresión.
La industria hace un buen lobby y todos los otros desarticulados por eso formábamos parte de las organizaciones que creamos para poder llevar una mirada plural y argumentos desde la academia. No pasa nada después, solo se publicaron las memorias de todo lo que se hizo. Había mucha presión por los empresarios del sector para que ese tema no se tocara.
Pasado el tiempo, en el 80 y a finales de Portillo, en presidencia se crea una oficina de comunicación social para crear un nuevo marco normativo. Muy secreto porque el anterior causó mucho revuelo y me llamaron para avanzar en esto. Lo que pasa es que reglamentar el derecho a la información es cambiar el marco normativo, es una Ley, el esquema y el modelo de comunicación. Para entonces seguíamos con la única ley que había en México, la de 1960 sobre Ley Federal de Radio y Televisión. No había en telecomunicaciones porque estaba lejano.
Trabajamos un documento muy grande y latinoamericano porque llamamos a investigadores que habían venido desde Chile (Fernando Reyes Matta y Juan Somavía) y Argentina. Muchos exiliados que nos aportaron. Héctor Schmucler, que es el que se trajo la revista Comunicación y cultura, entró a trabajar a la Universidad Metropolitana donde yo estaba. Mucho debate porque venían de las reflexiones sobre el Nuevo Orden Internacional de la Información y la Comunicación (NOMIC) y el Informe MacBride por lo que me dejaron un enorme aprendizaje, humano y su experiencia con documentos.
Se hizo el primer gran diagnóstico, el único que conozco en este país sobre todos los medios, porque estaban los recursos desde la presidencia. Fueron 30 tomos, dos de ellos eran una propuesta de ley para un nuevo modelo de comunicación social donde cruzaba el derecho a la información. Éste se regula como un eje, no como una parte. La revista Proceso filtró a alguien el tomo de la ley, sin las argumentaciones, la industria se destapa en el 81´ y se arma un escándalo.
López Portillo decide no hacerlo público. Aunque estaba todo listo, nos corrieron y terminó eso en el 81.
Unesco / Sean MacBride y otros. Fondo de Cultura Económica (México) / Unesco (París), 1ª edición 1980
¿Cuál es la relación que veía entre democracia y comunicación?
Entendemos que la comunicación forma parte fundamental: es un derecho llave. Te permite acceder a otros derechos. Hoy con las tecnologías y la pandemia quedó más claro que nunca. Si no tienes acceso a las tecnologías de la información y a la comunicación no tienes acceso a la educación, al trabajo o a la salud.
Pero aun sin tecnologías, en los medios de comunicación- como parte de la sociedad- siempre había que pelear para no tener una sola voz que se comunicara con nosotros a través de la televisión. Una época también del monopolio de Televisa y la muy frágil e imperceptible presencia de medios públicos. Ya existían, pero muchos de ellos eran gubernamentales.
Tres “patas” para un modelo democrático: política, academia y acción social
El artículo sexto seguía sin reglamento. Un grupo de diputados de una comisión especial de comunicación social buscó a Beatriz Solís para elaborar una iniciativa de ley. No pasó, pero se presentó ante el Congreso. Desde 1987-88´trabajó con el legislador Javier Corral (PAN), durante 19 años, donde impulsaron un capítulo para frenar la denominada Ley Televisa (2006), fundaron la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, entre otras iniciativas.
“Lo valioso era ponerlo en la mesa del Congreso para capacitar a los legisladores, porque no podían legislar si no entendían de qué se trataba” recuerda la académica. Y agrega: el eje del derecho a la información, es el eje de la democracia. Además, -destaca- después del 2013 la Constitución empezó a adjetivar la comunicación: información plural, veraz, oportuna y útil.
Finalmente, ¿Cómo se llegó a esa reforma de telecomunicaciones en 2013?
Habían organizaciones civiles importantes que estaban haciendo pronunciamientos públicos, supervisando, cuestionando y exigiendo presencia cuando se trataban temas que eran de nuestra competencia. Entraron las tecnologías de la comunicación en el escenario y también tuvo que ver el resultado de la sentencia contra la Ley Televisa, que eran modificaciones a solo algunos artículos de la Constitución y de la Ley…no era mucho más, pero eran graves.
Fundamentalmente, lo que querían los empresarios-se llama así porque la escribieron los abogados de Televisa- era una reforma a la Ley General de Radio y Televisión. Querían pasar casi de manera automática de operar radiodifusión a operar telecomunicaciones.
Perdón, pero no. Se escuchó una serie de argumentos y hubo mucho movimiento social. Una anécdota: el Instituto Mexicano de la Radio decidió durante todo un día transmitir solo una canción en sus 6 emisoras en la Ciudad de México. Y en medio de las canciones se escuchaba: así suena cuando solo tenemos una voz, así suena cuando solo una voz se comunica, así es cuando solo hay un mensaje…Tuvo mucha repercusión y la gente decía ¿Qué pasa? Así hubo otras manifestaciones para ingresar en el Senado una acción de inconstitucionalidad.
Dentro de la sentencia que echó para atrás esa reforma, la Corte recomendó al Congreso convocar a una mesa plural para armar una nueva norma. Se conformaron grupos donde trabajamos por una nueva ley que incorporara a las telecomunicaciones porque ya estaba entre nosotros. Fue un detonador, hasta ese momento eran materias separadas. Se abrió más el debate con todos los actores y eso ayudó mucho. Se presentó un primer documento, una iniciativa buena en 2010 y que, incluso, después se rescató en la de 2014.
Luego el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) habló de un Pacto por México para distintas materias, le advertimos que la de comunicaciones ya estaba. En los acuerdos políticos se reconoce la necesidad de incluir en la reforma a la Constitución de 2013 lo de telecomunicaciones y radiodifusión.
¿Qué se modifica?
La reforma de 2013 modifica siete artículos de la Constitución de los cuales cuatro (6, 7, 27 y el 28) son sustantivos y el resto es administrativo para el propio Congreso de La Unión.
El sexto sobre el derecho y acceso a la información. Se abrió un apartado b para la radiodifusión y telecomunicaciones porque eran convergentes. Una característica general que me parece fundamental es que las declara como servicios públicos, es un cambio radical. Reconoces que satisface una necesidad social, que tiene que ser garantizada por el Estado y mecanismos para su supervisión. Otra característica, solo existe una figura jurídica para operar el espectro que es la concesión y la única diferencia es el uso que puede ser comercial, público o social.
En resumen sobre los cambios, al sexto, se agregó el acceso a las tecnologías de la comunicación, incluido el internet y la banda ancha. También la prohibición a toda discriminación en los contenidos de esos servicios, prohibido difundir propaganda o publicidad presentada como información. Esto último queda en la Constitución, antes solo estaba asomadita en la ley.
Queda incorporado que la ley deberá garantizar los derechos de las audiencias en radiodifusión y los usuarios en telecomunicaciones y definirá los mecanismos para su protección. Va marcando las pautas por donde iría luego la ley.
En el 27, un párrafo que regula como se administran los bienes de la Nación. Se le quitó al Ejecutivo federal la posibilidad de otorgar las concesiones por la historia de uso político y quedó en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y el 28 establece las figuras preponderantes y se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo y las reglas de funcionamiento.
Su ley secundaria se convierte en lo aprobado durante 2014, pero sobre la base de todos estos principios.
Años después avanza una contrarreforma, ¿Cuáles son las consecuencias de lo sucedido en 2017?
Hubo ciertas controversias porque los industriales nunca han estado de acuerdo con ser regulados, para empezar. No pasaba nada hasta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por mandato de la ley, elabora unos lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias. Ahí dijeron: no vamos a cumplir.
La Ley estaba de 2014, ¿y se dieron cuenta en 2017? Primero, quisieron modificar los lineamientos. Y después un diputado, cercano a los empresarios, presentó la iniciativa de ley que cambiaba solo algunos artículos, según ellos, pero curiosamente todos los que tenían que ver con el derecho a las audiencias. Por un lado, las atribuciones del IFETEL de ser el garante. Elementos importantes de la ley como los registros públicos de las concesiones, los códigos de ética donde deja claro el derecho de las audiencias y el registro de los defensores de las audiencias. El IFETEL solo revisa que eso se está cumpliendo, no dice el cómo.
Uno de los derechos era, y fue eliminado con la reforma, generar mecanismos para que la audiencia distinga entre información y opinión. Lo que se pedía de no dar publicidad como información, en TV era poner en una esquina una P para identificar la publicidad. Y en radio, una campana. Esto tan simple se decía en los lineamientos, pero la respuesta de ellos era negativa.
Entonces se le quitaban las atribuciones al IFETEL con todo lo que tiene que ver con el derecho de las audiencias, se establece la autorregulación, el defensor se nombra sin que medie el IFETEL para corroborar si cumple con los requisitos y durante el tiempo que ellos estimen sin que ninguna autoridad de su opinión. La Asociación de la Defensoría de las Audiencias, que ya estaba formada, se acercó a los legisladores y planteamos que no podía ser así, pero avanzó en la de Diputados. Con argumentos, pedíamos que no pasara en el Senado.
Total, pasó. Se presenta una acción de inconstitucionalidad por un grupo de legisladores que había entendido que eso no podía ser, pero duerme el sueño de los justos.
¿Ese cambio afectaba el ámbito de trabajo de las y los defensores?
Claro, ¿Qué hacíamos? En ese momento era defensora de audiencias de Radio Educación y éramos seis en la Asociación incluso antes de la ley por voluntad propia de los medios públicos.
Finalmente, ingresamos un amparo, fue recibido rápidamente y salió una primera sentencia favorable del juez. Nos daba la razón, pero no nos fue posible meternos en otros artículos que nos parecían de interés para cuestionar. ¿La razón? No estaban en el ámbito de nuestro trabajo como defensores.
Y estábamos felices desde que la admitieron y después una sentencia muy rica en todos sus argumentos. Y como se declaraba inconstitucional el artículo 256, que es el que habla de los derechos de las audiencias, códigos de ética, entre otros, había que regresar a la redacción anterior y que el Instituto emitiera lineamientos. La Suprema Corte dijo que era el único que podía dar sentencias de inconstitucionalidad entonces atrajo la sentencia y se tardó. Se conoció en mayo de 2021, revisó, no le metió ni una coma y ratificó en sus términos la sentencia del juez. Por doble vía fue ratificada. En el intertanto se presentaron un montón de recursos contra la primera sentencia sobre todo de la industria y también cuando se pronunció la Suprema Corte. Hubo una respuesta: no procede. Pero esas acciones dilataban el proceso.
Y seguimos en espera, en estos días nos reunimos con el abogado para saber qué hacemos y se cumpla finalmente la sentencia.
Paralelamente, nos hemos acercado a la comisión de radio y televisión del Senado. Se han presentado proyectos de ley, curiosamente uno es de MORENA y otro de PRD, que dicen lo mismo que la sentencia. Nos pidieron opinión como asociación, hicimos algunas observaciones y sugerencias. En septiembre, luego del receso, volveremos a la comisión para saber si sale por ese lado. No nos importa si sale por nuestro amparo o no… sino que se derogue lo que se reformó en 2017. Las iniciativas que están ingresadas solo regresan al texto original de 2014 como dice la sentencia …no buscamos nada más.
Mirada regional: el Derecho Humano a la Comunicación
El “Primer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias” se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), en septiembre de 2014. En el Acta de creación de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID) se cita el denominado Derecho Humano a la Comunicación. “Tiene dos dimensiones, porque comprende el derecho a manifestar el propio pensamiento sin menoscabos o impedimentos y el derecho colectivo a recibir información y conocer la expresión de pensamientos de otras personas. Es desde esta perspectiva donde las audiencias son contempladas como nuevos sujetos plenos de derecho, en su capacidad de recibir, pero también de dar información” se lee en el documento.
Recientemente, en Chile se discutieron varios de estos conceptos durante el proceso constituyente y se presentaron reflexiones sobre lo que sería un “nuevo estatus de las comunicaciones” . También en marzo pasado, a días de finalizar su administración, Sebastián Piñera presenta un proyecto de reforma para TVN. La iniciativa, hoy analizada por el actual Gobierno, recomienda la creación de un defensor de la audiencia, quien deberá “velar por la defensa del derecho a la información de todas las personas, que deberá ser confiable y veraz”.
El tema, por lo tanto, sigue presente en los países de la región.
Hoy en los registros de México se reconocen 116 defensores y defensoras de las audiencias. ¿Cuáles son los siguientes desafíos?
Tenemos mucho por construir, es un campo profesional emergente. Como asociaciones, hemos estado trabajando con las facultades de comunicación para que incorporen el tema en sus planes de estudio. He dado varios seminarios en universidades para los profesores e inspirarlos. Por otro lado, hemos trabajado con los nuevos defensores nombrados para la preparación de documentos por la Ley y el código de ética.
Y lo fundamental que es el trabajo pedagógico, más el de rutina que es recibir lo que te manda la audiencia, contestar y dejar registro.
¿Qué hace una defensoría? ¿Cuál es el sentido de la defensoría frente a la democracia? ¿Por qué decimos que somos un instrumento y una herramienta para que se empoderen las audiencias? Que se reconozcan como sujetos de derechos porque durante mucho tiempo, desde que existen los medios, han sido audiencias pasivas.
Los industriales reconocen un derecho: el de cambiar la estación. Nosotros contestamos: lo que sucede es que recuerden ustedes que ahora nos proporcionan un servicio público. Ese trabajo pedagógico para con las audiencias es enorme. Dirigido a quienes nos ven, pero también para aquéllos que no nos ven. Tenemos un trabajo de vinculación, por ejemplo, al hacer acuerdos con las preparatorias y primarias para pedirles dos horas y como defensores ir a hablar de cuáles son sus derechos.
También hacer investigación y monitoreo de la programación por lo que es un trabajo permanente.
¿Cómo se observa este trabajo desde la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID)?
Ha sido una experiencia de enorme aprendizaje sobre todo la Defensoría del público de Argentina con Cynthia Ottaviano. Estuve muchas veces ahí y acompañé en diversas audiencias públicas que tienen en las localidades o cursos de radio.
Tratar de ponerlo en común con los demás, como en Brasil donde llegó el nuevo gobierno a echar por tierra y desaparece la figura de la defensoría. En las primeras reuniones, más allá de ponernos al día, el objetivo es reforzar y acercarnos a una de las metas que tenemos como OID. ¿Cuál es? Acercarse a los países que no contaban con defensorías y ver como la OID puede apoyar.
Asistíamos a Perú que no tiene la figura y con Chile conversamos con diversos actores para avanzar en ello. Por su parte, en Ecuador quedó en la ley pero se congeló y así es nuestra América Latina. El reto es no dejar que se desdibuje la figura de la defensoría. Nosotros lo tenemos consolidado porque está en la ley, pero quedó muy frágil por la reforma del 2017. Estamos presentes con el IFETEL porque con nuestro amparo estamos rescatándole las atribuciones. Ellos, en su momento, no hicieron nada.
“La impunidad con la que se trabajó durante muchísimos años, cuando los medios tenían una relación asimétrica con las audiencias y éstas no tenían la posibilidad de tomar la palabra. Hoy cada vez más la tienen y yo creo que ahí es fundamental la acción de las defensorías en términos de cómo desplazarse de las audiencias consumidoras a una audiencia concebida como ciudadana”, Jerónimo Repoll,Doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación. Profesor/Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Libro “Introducción a los derechos de las audiencias y a sus defensorías en México” (2021)
En la biblioteca de Beatriz Solís Leree están guardados los treinta tomos de lo que denomina “el primer gran diagnóstico sobre todos los medios de comunicación” en México. Esos textos, que se escribieron a inicios de la década del 80, contienen una propuesta de ley para un nuevo modelo de comunicación social donde cruzaba el derecho a la información. La académica formó parte de diversos intentos en su país para avanzar en un objetivo que, hasta hoy, lo defiende: “la comunicación es fundamental porque es un derecho llave”.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, la experta en derecho a la información e investigación de medios recuerda los intereses que cruzan este debate. Desde 1974, Beatriz Solís es profesora titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco en el Departamento de Educación y Comunicación. Es integrante de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID) y Presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA).
La reforma constitucional de 2013 consideró a la radiodifusión y telecomunicaciones como servicios públicos. “Es un cambio radical” destaca quien fue Defensora de las Audiencias de Radio Educación (2012-2014). Hasta el año pasado también defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), al cual pertenece el Canal 14.
En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) de 2014 se citan los derechos de las audiencias y se determina el quehacer de las defensorías. ¿Cuál es el sentido de las defensorías frente a la democracia? ¿Por qué asegura que son un instrumento y una herramienta para que se empoderen las audiencias? Es parte de las reflexiones que comparte en esta conversación que se desarrolló en Ciudad de México.
¿Cómo comenzó este interés y trabajo relacionado con los medios de comunicación?
Cuando el ex presidente José López Portillo sumó al artículo sexto de la Constitución en 1977, una frase que hablaba básicamente del derecho a solicitar o difundir información. Entonces le agregó un breve texto por recomendación de su secretario de la gobernación, pero también del debate internacional que se estaba dando en la Unesco. La siguiente frase: el derecho a la información será garantizado por el Estado.
Empezamos a organizar la investigación de la comunicación, en ese momento pequeña y hoy muy grande, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC). El Congreso de la Unión y nosotros preguntamos al Ejecutivo: ¿Qué quería decir eso?
Porque si queda en la Constitución es un precepto general, pero como se garantiza. Y desde la AMIC conversamos que no podíamos quedar fuera del debate. El Estado hizo una convocatoria para consultas públicas buscando como reglamentar el derecho a la información por lo que se escribieron un sinnúmero de páginas, ponencias y consultas en todo el país. Como AMIC comenzamos a trabajar porque era un campo sumamente desconocido. Con el derecho a la información, en ese momento, se traspasaban responsabilidades entre los comunicadores y abogados.
Nos inscribimos para participar en las consultas, éramos tres o cuatro los que redactamos. Paralelamente, como formo parte del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, a través de esto se creó luego la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS), dije que tenían que trabajar en ese tema.
Me pareció tan importante, fundamental y transversal a todo lo que trabajábamos nosotros porque si no teníamos claras las reglas del juego, no podíamos jugar…
¿Qué discurso se escuchaba desde la industria en esos años?
Hay sectores industriales a los que la palabra regulación les genera una urticaria en el cuerpo. Creo que en todas las regiones es igual, no les gusta. Nada que parezca o que se acerque a la palabra regular, les parece adecuado porque se envuelven en la bandera de la libertad de expresión.
La industria hace un buen lobby y todos los otros desarticulados por eso formábamos parte de las organizaciones que creamos para poder llevar una mirada plural y argumentos desde la academia. No pasa nada después, solo se publicaron las memorias de todo lo que se hizo. Había mucha presión por los empresarios del sector para que ese tema no se tocara.
Pasado el tiempo, en el 80 y a finales de Portillo, en presidencia se crea una oficina de comunicación social para crear un nuevo marco normativo. Muy secreto porque el anterior causó mucho revuelo y me llamaron para avanzar en esto. Lo que pasa es que reglamentar el derecho a la información es cambiar el marco normativo, es una Ley, el esquema y el modelo de comunicación. Para entonces seguíamos con la única ley que había en México, la de 1960 sobre Ley Federal de Radio y Televisión. No había en telecomunicaciones porque estaba lejano.
Trabajamos un documento muy grande y latinoamericano porque llamamos a investigadores que habían venido desde Chile (Fernando Reyes Matta y Juan Somavía) y Argentina. Muchos exiliados que nos aportaron. Héctor Schmucler, que es el que se trajo la revista Comunicación y cultura, entró a trabajar a la Universidad Metropolitana donde yo estaba. Mucho debate porque venían de las reflexiones sobre el Nuevo Orden Internacional de la Información y la Comunicación (NOMIC) y el Informe MacBride por lo que me dejaron un enorme aprendizaje, humano y su experiencia con documentos.
Se hizo el primer gran diagnóstico, el único que conozco en este país sobre todos los medios, porque estaban los recursos desde la presidencia. Fueron 30 tomos, dos de ellos eran una propuesta de ley para un nuevo modelo de comunicación social donde cruzaba el derecho a la información. Éste se regula como un eje, no como una parte. La revista Proceso filtró a alguien el tomo de la ley, sin las argumentaciones, la industria se destapa en el 81´ y se arma un escándalo.
López Portillo decide no hacerlo público. Aunque estaba todo listo, nos corrieron y terminó eso en el 81.
Unesco / Sean MacBride y otros. Fondo de Cultura Económica (México) / Unesco (París), 1ª edición 1980
¿Cuál es la relación que veía entre democracia y comunicación?
Entendemos que la comunicación forma parte fundamental: es un derecho llave. Te permite acceder a otros derechos. Hoy con las tecnologías y la pandemia quedó más claro que nunca. Si no tienes acceso a las tecnologías de la información y a la comunicación no tienes acceso a la educación, al trabajo o a la salud.
Pero aun sin tecnologías, en los medios de comunicación- como parte de la sociedad- siempre había que pelear para no tener una sola voz que se comunicara con nosotros a través de la televisión. Una época también del monopolio de Televisa y la muy frágil e imperceptible presencia de medios públicos. Ya existían, pero muchos de ellos eran gubernamentales.
Tres “patas” para un modelo democrático: política, academia y acción social
El artículo sexto seguía sin reglamento. Un grupo de diputados de una comisión especial de comunicación social buscó a Beatriz Solís para elaborar una iniciativa de ley. No pasó, pero se presentó ante el Congreso. Desde 1987-88´trabajó con el legislador Javier Corral (PAN), durante 19 años, donde impulsaron un capítulo para frenar la denominada Ley Televisa (2006), fundaron la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, entre otras iniciativas.
“Lo valioso era ponerlo en la mesa del Congreso para capacitar a los legisladores, porque no podían legislar si no entendían de qué se trataba” recuerda la académica. Y agrega: el eje del derecho a la información, es el eje de la democracia. Además, -destaca- después del 2013 la Constitución empezó a adjetivar la comunicación: información plural, veraz, oportuna y útil.
Finalmente, ¿Cómo se llegó a esa reforma de telecomunicaciones en 2013?
Habían organizaciones civiles importantes que estaban haciendo pronunciamientos públicos, supervisando, cuestionando y exigiendo presencia cuando se trataban temas que eran de nuestra competencia. Entraron las tecnologías de la comunicación en el escenario y también tuvo que ver el resultado de la sentencia contra la Ley Televisa, que eran modificaciones a solo algunos artículos de la Constitución y de la Ley…no era mucho más, pero eran graves.
Fundamentalmente, lo que querían los empresarios-se llama así porque la escribieron los abogados de Televisa- era una reforma a la Ley General de Radio y Televisión. Querían pasar casi de manera automática de operar radiodifusión a operar telecomunicaciones.
Perdón, pero no. Se escuchó una serie de argumentos y hubo mucho movimiento social. Una anécdota: el Instituto Mexicano de la Radio decidió durante todo un día transmitir solo una canción en sus 6 emisoras en la Ciudad de México. Y en medio de las canciones se escuchaba: así suena cuando solo tenemos una voz, así suena cuando solo una voz se comunica, así es cuando solo hay un mensaje…Tuvo mucha repercusión y la gente decía ¿Qué pasa? Así hubo otras manifestaciones para ingresar en el Senado una acción de inconstitucionalidad.
Dentro de la sentencia que echó para atrás esa reforma, la Corte recomendó al Congreso convocar a una mesa plural para armar una nueva norma. Se conformaron grupos donde trabajamos por una nueva ley que incorporara a las telecomunicaciones porque ya estaba entre nosotros. Fue un detonador, hasta ese momento eran materias separadas. Se abrió más el debate con todos los actores y eso ayudó mucho. Se presentó un primer documento, una iniciativa buena en 2010 y que, incluso, después se rescató en la de 2014.
Luego el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) habló de un Pacto por México para distintas materias, le advertimos que la de comunicaciones ya estaba. En los acuerdos políticos se reconoce la necesidad de incluir en la reforma a la Constitución de 2013 lo de telecomunicaciones y radiodifusión.
¿Qué se modifica?
La reforma de 2013 modifica siete artículos de la Constitución de los cuales cuatro (6, 7, 27 y el 28) son sustantivos y el resto es administrativo para el propio Congreso de La Unión.
El sexto sobre el derecho y acceso a la información. Se abrió un apartado b para la radiodifusión y telecomunicaciones porque eran convergentes. Una característica general que me parece fundamental es que las declara como servicios públicos, es un cambio radical. Reconoces que satisface una necesidad social, que tiene que ser garantizada por el Estado y mecanismos para su supervisión. Otra característica, solo existe una figura jurídica para operar el espectro que es la concesión y la única diferencia es el uso que puede ser comercial, público o social.
En resumen sobre los cambios, al sexto, se agregó el acceso a las tecnologías de la comunicación, incluido el internet y la banda ancha. También la prohibición a toda discriminación en los contenidos de esos servicios, prohibido difundir propaganda o publicidad presentada como información. Esto último queda en la Constitución, antes solo estaba asomadita en la ley.
Queda incorporado que la ley deberá garantizar los derechos de las audiencias en radiodifusión y los usuarios en telecomunicaciones y definirá los mecanismos para su protección. Va marcando las pautas por donde iría luego la ley.
En el 27, un párrafo que regula como se administran los bienes de la Nación. Se le quitó al Ejecutivo federal la posibilidad de otorgar las concesiones por la historia de uso político y quedó en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y el 28 establece las figuras preponderantes y se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo y las reglas de funcionamiento.
Su ley secundaria se convierte en lo aprobado durante 2014, pero sobre la base de todos estos principios.
Años después avanza una contrarreforma, ¿Cuáles son las consecuencias de lo sucedido en 2017?
Hubo ciertas controversias porque los industriales nunca han estado de acuerdo con ser regulados, para empezar. No pasaba nada hasta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por mandato de la ley, elabora unos lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias. Ahí dijeron: no vamos a cumplir.
La Ley estaba de 2014, ¿y se dieron cuenta en 2017? Primero, quisieron modificar los lineamientos. Y después un diputado, cercano a los empresarios, presentó la iniciativa de ley que cambiaba solo algunos artículos, según ellos, pero curiosamente todos los que tenían que ver con el derecho a las audiencias. Por un lado, las atribuciones del IFETEL de ser el garante. Elementos importantes de la ley como los registros públicos de las concesiones, los códigos de ética donde deja claro el derecho de las audiencias y el registro de los defensores de las audiencias. El IFETEL solo revisa que eso se está cumpliendo, no dice el cómo.
Uno de los derechos era, y fue eliminado con la reforma, generar mecanismos para que la audiencia distinga entre información y opinión. Lo que se pedía de no dar publicidad como información, en TV era poner en una esquina una P para identificar la publicidad. Y en radio, una campana. Esto tan simple se decía en los lineamientos, pero la respuesta de ellos era negativa.
Entonces se le quitaban las atribuciones al IFETEL con todo lo que tiene que ver con el derecho de las audiencias, se establece la autorregulación, el defensor se nombra sin que medie el IFETEL para corroborar si cumple con los requisitos y durante el tiempo que ellos estimen sin que ninguna autoridad de su opinión. La Asociación de la Defensoría de las Audiencias, que ya estaba formada, se acercó a los legisladores y planteamos que no podía ser así, pero avanzó en la de Diputados. Con argumentos, pedíamos que no pasara en el Senado.
Total, pasó. Se presenta una acción de inconstitucionalidad por un grupo de legisladores que había entendido que eso no podía ser, pero duerme el sueño de los justos.
¿Ese cambio afectaba el ámbito de trabajo de las y los defensores?
Claro, ¿Qué hacíamos? En ese momento era defensora de audiencias de Radio Educación y éramos seis en la Asociación incluso antes de la ley por voluntad propia de los medios públicos.
Finalmente, ingresamos un amparo, fue recibido rápidamente y salió una primera sentencia favorable del juez. Nos daba la razón, pero no nos fue posible meternos en otros artículos que nos parecían de interés para cuestionar. ¿La razón? No estaban en el ámbito de nuestro trabajo como defensores.
Y estábamos felices desde que la admitieron y después una sentencia muy rica en todos sus argumentos. Y como se declaraba inconstitucional el artículo 256, que es el que habla de los derechos de las audiencias, códigos de ética, entre otros, había que regresar a la redacción anterior y que el Instituto emitiera lineamientos. La Suprema Corte dijo que era el único que podía dar sentencias de inconstitucionalidad entonces atrajo la sentencia y se tardó. Se conoció en mayo de 2021, revisó, no le metió ni una coma y ratificó en sus términos la sentencia del juez. Por doble vía fue ratificada. En el intertanto se presentaron un montón de recursos contra la primera sentencia sobre todo de la industria y también cuando se pronunció la Suprema Corte. Hubo una respuesta: no procede. Pero esas acciones dilataban el proceso.
Y seguimos en espera, en estos días nos reunimos con el abogado para saber qué hacemos y se cumpla finalmente la sentencia.
Paralelamente, nos hemos acercado a la comisión de radio y televisión del Senado. Se han presentado proyectos de ley, curiosamente uno es de MORENA y otro de PRD, que dicen lo mismo que la sentencia. Nos pidieron opinión como asociación, hicimos algunas observaciones y sugerencias. En septiembre, luego del receso, volveremos a la comisión para saber si sale por ese lado. No nos importa si sale por nuestro amparo o no… sino que se derogue lo que se reformó en 2017. Las iniciativas que están ingresadas solo regresan al texto original de 2014 como dice la sentencia …no buscamos nada más.
Mirada regional: el Derecho Humano a la Comunicación
El “Primer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias” se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), en septiembre de 2014. En el Acta de creación de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID) se cita el denominado Derecho Humano a la Comunicación. “Tiene dos dimensiones, porque comprende el derecho a manifestar el propio pensamiento sin menoscabos o impedimentos y el derecho colectivo a recibir información y conocer la expresión de pensamientos de otras personas. Es desde esta perspectiva donde las audiencias son contempladas como nuevos sujetos plenos de derecho, en su capacidad de recibir, pero también de dar información” se lee en el documento.
Recientemente, en Chile se discutieron varios de estos conceptos durante el proceso constituyente y se presentaron reflexiones sobre lo que sería un “nuevo estatus de las comunicaciones” . También en marzo pasado, a días de finalizar su administración, Sebastián Piñera presenta un proyecto de reforma para TVN. La iniciativa, hoy analizada por el actual Gobierno, recomienda la creación de un defensor de la audiencia, quien deberá “velar por la defensa del derecho a la información de todas las personas, que deberá ser confiable y veraz”.
El tema, por lo tanto, sigue presente en los países de la región.
Hoy en los registros de México se reconocen 116 defensores y defensoras de las audiencias. ¿Cuáles son los siguientes desafíos?
Tenemos mucho por construir, es un campo profesional emergente. Como asociaciones, hemos estado trabajando con las facultades de comunicación para que incorporen el tema en sus planes de estudio. He dado varios seminarios en universidades para los profesores e inspirarlos. Por otro lado, hemos trabajado con los nuevos defensores nombrados para la preparación de documentos por la Ley y el código de ética.
Y lo fundamental que es el trabajo pedagógico, más el de rutina que es recibir lo que te manda la audiencia, contestar y dejar registro.
¿Qué hace una defensoría? ¿Cuál es el sentido de la defensoría frente a la democracia? ¿Por qué decimos que somos un instrumento y una herramienta para que se empoderen las audiencias? Que se reconozcan como sujetos de derechos porque durante mucho tiempo, desde que existen los medios, han sido audiencias pasivas.
Los industriales reconocen un derecho: el de cambiar la estación. Nosotros contestamos: lo que sucede es que recuerden ustedes que ahora nos proporcionan un servicio público. Ese trabajo pedagógico para con las audiencias es enorme. Dirigido a quienes nos ven, pero también para aquéllos que no nos ven. Tenemos un trabajo de vinculación, por ejemplo, al hacer acuerdos con las preparatorias y primarias para pedirles dos horas y como defensores ir a hablar de cuáles son sus derechos.
También hacer investigación y monitoreo de la programación por lo que es un trabajo permanente.
¿Cómo se observa este trabajo desde la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID)?
Ha sido una experiencia de enorme aprendizaje sobre todo la Defensoría del público de Argentina con Cynthia Ottaviano. Estuve muchas veces ahí y acompañé en diversas audiencias públicas que tienen en las localidades o cursos de radio.
Tratar de ponerlo en común con los demás, como en Brasil donde llegó el nuevo gobierno a echar por tierra y desaparece la figura de la defensoría. En las primeras reuniones, más allá de ponernos al día, el objetivo es reforzar y acercarnos a una de las metas que tenemos como OID. ¿Cuál es? Acercarse a los países que no contaban con defensorías y ver como la OID puede apoyar.
Asistíamos a Perú que no tiene la figura y con Chile conversamos con diversos actores para avanzar en ello. Por su parte, en Ecuador quedó en la ley pero se congeló y así es nuestra América Latina. El reto es no dejar que se desdibuje la figura de la defensoría. Nosotros lo tenemos consolidado porque está en la ley, pero quedó muy frágil por la reforma del 2017. Estamos presentes con el IFETEL porque con nuestro amparo estamos rescatándole las atribuciones. Ellos, en su momento, no hicieron nada.
