El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, se pronunció sobre la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de declarar admisible la querella interpuesta por el diputado republicano, Juan Irarrázaval, por el supuesto delito de malversación de caudales públicos, tras la impresión de más de 700 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución por un monto de más de 400 millones de pesos.

Según dijo el secretario de Estado esta querella “no solo nos parece que es un show triste en términos políticos, sino que constituye una instrumentalización tanto de tribunales de justicia como también del Ministerio Público con evidentes fines electorales”.

En ese sentido, Jackson apuntó que “quiero recalcar en la irresponsabilidad que esto significa en momentos donde tanto tribunales como la Fiscalía se ven todos los días sobrepasados, haciendo mucho trabajo para poder perseguir el delito y, en este contexto, que un parlamentario acuda a esta instancia, a sabiendas que acá no hay ningún hecho que haya faltado a la legalidad”.

“Desde la Segpres vamos a prestar absolutamente toda la colaboración en la causa para que se esclarezca ojalá lo antes posible y quede de manifiesto que esto ha sido un show triste con fines electorales”.

Además, planteó que “creo que, en este caso, además de ignorancia, puede haber mala fe al momento de leer lo que significa no solo la Ley de Presupuestos, sino el que nosotros tengamos que ejecutar un gasto que mandató la Convención Constitucional”.

“Esto es algo que nosotros también le hemos indicado y respondido a la Contraloría con todos y cada uno de los aspectos que significó esta compra que, insistimos, se solicitó por parte de la Mesa de la Convención los últimos días de junio, que se mandó a imprimir durante julio, que se tuvo tres alternativas dentro de las cuales se escogió la de menor costo y se ha estado distribuyendo a toda la población sin ningún tipo de discriminación”, defendió la autoridad, a propósito de que el libelo apunta que esta acción “no se encuentra autorizada por la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022”.

Por lo que insistió en que “nosotros hemos estado cumpliendo con esta función y no vamos a dejar de cumplir con un deber. Puede que haya algunos diputados que les moleste que la gente pueda leer y acceder al texto, pero el Gobierno tiene el deber de seguir difundiendo. Esperamos que tanto quienes vayan por la opción del Apruebo o vayan por la opción del Rechazo o estén indecisos o indecisas puedan tener acceso al texto y se formen su propia opinión, pero acá ninguna acción que haga un diputado, en este caso, utilizando los tribunales de justicia y el Ministerio Público, nos va a amedrentar y nos va a detener en esta causa de poder informar a la población del texto ante el cual tienen una pregunta muy importante que responder el 4 de septiembre”.