La propuesta de nueva constitución plantea que las universidades deben colaborar con el resto de la sociedad, de esta forma, aportan desde el conocimiento y las ciencias a las problemáticas y oportunidades presentes y futuras, considerando las variadas realidades territoriales.

Las universidades públicas latinoamericanas, históricamente han generado vínculos y relaciones colaborativas con la sociedad desde la extensión universitaria, con una perspectiva democratizadora y en pos de la superación de desigualdades sociales. Sin embargo, en nuestro país con la mercantilización de la educación superior, impulsada desde la dictadura militar, la misión universitaria encargada de dicha relación fue despojada de su sello histórico y relegada a ser una vía más para competir en el mercado educativo.

Lo anterior se materializó en las instituciones buscando aumentar su reputación o como mecanismo para generar recursos bajo la dinámica del autofinanciamiento, al que se ven relegadas las universidades del Estado, mermando su autonomía. De esta manera, se creó un escenario de indefiniciones conceptuales y políticas, generando que esta función fuera rebautizada en nuestro país.

La propuesta constitucional reconoce las tres funciones universitarias, sin las cuales un proyecto educativo no podría ser entendido como tal. Estas funciones misionales son la investigación, la docencia y la colaboración con la sociedad, vale decir, la que crea nuevo conocimiento, la que forma en base al conocimiento y la encargada de dotar de pertinencia al proyecto educativo y que pone a disposición el conocimiento a la sociedad.

Junto a ello, sitúa en el centro a la educación pública, planteando que se creará una universidad estatal por región y un CFT estatal, los cuales “se relacionarán de manera coordinada y preferente con las entidades territoriales y servicios públicos con presencia regional, de acuerdo con las necesidades locales”. Así, la nueva constitución dejará al sistema de universidades públicas como la columna vertebral del sistema de educación superior, reforzando el desarrollo descentralizado y considerando las “necesidades comunales, regionales y nacionales”.

En síntesis, la nueva constitución entiende a las universidades como instituciones comprometidas con la realidad del país, las que deben contar con democracia interna (artículo 42.1).  De esta forma, la propuesta, de ser aprobada, sería el soporte para contar con un modelo y sistema de educación superior público, democrático y a la altura de los desafíos de futuro. ¿Cómo? disponiendo su conocimiento y comunidades para el desarrollo sostenible, descentralizado y equitativo de los territorios.