En un contexto global marcado por sucesos de características telúricas como la guerra en Ucrania, la rivalidad entre China y Estados Unidos o la pandemia del COVID-19, pocas dudas caben de que la globalización, tal como la conocíamos hasta un par de años atrás, está sufriendo cambios importantes.

Los países se replantean su dependencia de las cadenas productivas y de distribución a escala mundial, buscan diversificar sus fuentes de importaciones así como su canasta exportadora, poniendo renovados énfasis en los lazos a nivel regional antes que en la globalización “de viejo cuño”, sustentada en buena medida en los Tratados de Libre Comercio bilaterales. Materias como la seguridad alimentaria y el acceso a las energías son temas centrales para los Estados, que buscan consolidar cadenas de suministros regionales que sean más resilientes a fenómenos disruptivos globales.

En este sentido, cobra relevancia el aporte del proyecto de nueva Constitución en su Artículo 14, que plantea como zona prioritaria para las relaciones internacionales de nuestro país a América Latina y el Caribe, impulsando la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva de la región; así como y facilitando el contacto y la cooperación transfronteriza.

A pesar de lo que algunas voces más conservadoras puedan creer, lo que plantea la propuesta constitucional es una definición estratégica de primera importancia en el nuevo escenario: necesitamos una base más sólida como país para poder relacionarnos en un plano de igualdad en el mundo, y esa base sólo puede emerger de una mayor relación con América Latina. Combinar nuestras fortalezas, nuestros recursos y nuestras ventajas comparativas nos permitirá relacionarnos con los grandes países de Asia y otros bloques regionales de mejor manera.

En ese sentido, el Estado que emerge desde la nueva Constitución tiene la capacidad -en virtud de las disposiciones del Artículo 182, que le permite participar de la economía a partir de principios como el pluralismo económico y la diversificación productiva- de impulsar actividades económicas bajo distintas formas de propiedad y gestión. De esta forma, se promueve la innovación, estableciendo este marco estratégico y priorizando áreas específicas que permitan fortalecer “encadenamientos productivos en sectores considerados estratégicos para mejorar la calidad del empleo y dar más sofisticación a nuestras exportaciones”, como expresara recientemente el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada.

Esto enlaza de manera clara con la prioridad regional establecida en el documento, en la medida que permite impulsar iniciativas como la producción conjunta de litio entre Chile, Argentina y Bolivia anunciada el mes pasado, que tiene entre sus prioridades no sólo la agregación de valor a las exportaciones, sino también la gobernanza ambiental y la formación y capacitación de personal de alto nivel; así como otras iniciativas similares que fortalezcan los vínculos productivos en áreas que entreguen un retorno acorde a la inversión que los Estados realicen. En el caso de nuestro país, el anuncio de la creación de una Empresa Nacional de Litio, cuyo modelo de negocios se presentará antes de fin de año y que no excluye la participación de capitales privados, representa un importante paso adelante.

Este tipo de iniciativas permiten, además, generar nuevas dinámicas de colaboración público-privada, estimulan la innovación y abren oportunidades importantes de desarrollo para pequeñas y medianas empresas por ejemplo en áreas de tecnología y servicios, así como también para la investigación y desarrollo en las universidades, si queremos mejorar nuestra competitividad. Cabe destacar en este sentido, que de acuerdo a los datos disponibles el comercio intrarregional está compuesto por productos de mayor valor agregado en comparación al comercio con países fuera de la región. Todos estos elementos resultan clave si deseamos contar con una base sólida de desarrollo económico.

Otra arista importante tiene relación con la participación de Chile en los corredores bioceánicos y la gran oportunidad que representan para posicionar a nuestro país como salida de productos desde el Cono Sur hacia los grandes mercados de Asia, pero también para la diversificación de los destinos de productos chilenos hacia los países del este del continente, dinamizando nuestra economía. Al respecto, resulta fundamental replantearse el destino del proyecto del Túnel de Agua Negra en la IV región, paralizado por el gobierno de Sebastián Piñera y que representaría una alternativa al paso de Los Libertadores cuando las condiciones meteorológicas obligan a su cierre, como pasó hace algunas semanas atrás cuando se paralizó durante días el transporte de carga, bienes y personas a través de nuestras fronteras.

Una última dimensión, no menos importante, es que el enfoque latinoamericano permitirá integrar a esta visión estratégica de nuestras relaciones internacionales la seguridad regional, en diferentes niveles, estimulando la cooperación entre los Estados, las fuerzas de seguridad, los organismos de inteligencia e incluso los gobiernos locales que intercambien experiencias, para enfrentar de forma coordinada y colaborativa hitos como la crisis migratoria venezolana o el crimen organizado y el narcotráfico, hoy de claro perfil transnacional.

Es así que la nueva Constitución entrega definiciones institucionales, con un aterrizaje concreto, que se traducirán en un mayor desarrollo, nuevas oportunidades económicas y también mayor seguridad, permitiéndonos relacionarnos con el mundo de manera más sólida, y asegurando los intereses de nuestro país y nuestra sociedad.