En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, presentó 17 querellas de casos de víctimas de la dictadura cívico-militar, que hasta la fecha no habían tenido ningún tipo de acción judicial por sus causas.
Con esta acción el Estado de Chile ratifica su compromiso con los Derechos Humanos, promoviendo el acceso a la protección judicial en aquellos casos de víctimas de desaparición forzada y ejecución política.
La acción es parte del trabajo que comenzó el Programa de Derechos Humanos (PDH), debido a la falta de acciones judiciales desde el Estado destinadas a indagar acerca de las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas, así como la ausencia de una investigación para determinar los responsables de dichos crímenes.
El anuncio de las acciones judiciales responde a la obligación internacional del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar.
Una de las querellas es por el nonato de la víctima sobreviviente, Clementina del Carmen Soto Rivera, en la que se analiza la violencia ejercida en contra de las mujeres obligándolas a abortar producto de las torturas que sufrieron.
“Vamos a presentar de aquí a fin de año un total de 60 querellas por más de 355 víctima detenidas desaparecidas y ejecutados políticos”, declaró la ministra de Justicia, Marcela Ríos y agregó que nadie había presentado hasta hoy acciones judiciales respecto a estas personas que han sido identificadas como víctimas de la dictadura. Además, reiteró el compromiso del Gobierno en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
La titular de la cartera señaló que las desapariciones forzadas son una de las medidas más atroces de persecución política, razón por la cual desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsan estas acciones con la finalidad de hacerse cargo de la deuda del Estado en materia de violación a los DDHH.
En ese sentido, Ríos destacó que el compromiso de evitar que este tipo de situaciones nunca más se repitan en Chile no debe estar presente únicamente en días especiales como hoy, sino que tiene que ser llevado a la acción permanente por todas las instituciones del Estado, no solo por los tiempos de dictadura, sino que también en democracia”.
La ministra Ríos reconoció el trabajo de los familiares de las víctimas en la búsqueda de sus seres queridos. “Están aquí con nosotros las personas que han luchado incansablemente para encontrar a sus familiares y para hacer justicia. Muchas veces han estado peleando en soledad, las familias han sido quienes han llevado el peso de la búsqueda“, destacó. En la misma línea, manifestó que el Gobierno del presidente Gabriel Boric les acompañará en esta tarea a través de las querellas y un plan de búsqueda.
La ministra expuso que esta es una deuda que también les hizo ver el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Así, recalcó que el Estado es el responsable de llevar adelante todas las iniciativas y políticas para esclarecer los hechos que llevaron a la desaparición y/o ejecución de chilenos y chilenas durante la dictadura cívico militar.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, presentó 17 querellas de casos de víctimas de la dictadura cívico-militar, que hasta la fecha no habían tenido ningún tipo de acción judicial por sus causas.
Con esta acción el Estado de Chile ratifica su compromiso con los Derechos Humanos, promoviendo el acceso a la protección judicial en aquellos casos de víctimas de desaparición forzada y ejecución política.
La acción es parte del trabajo que comenzó el Programa de Derechos Humanos (PDH), debido a la falta de acciones judiciales desde el Estado destinadas a indagar acerca de las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas, así como la ausencia de una investigación para determinar los responsables de dichos crímenes.
El anuncio de las acciones judiciales responde a la obligación internacional del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar.
Una de las querellas es por el nonato de la víctima sobreviviente, Clementina del Carmen Soto Rivera, en la que se analiza la violencia ejercida en contra de las mujeres obligándolas a abortar producto de las torturas que sufrieron.
“Vamos a presentar de aquí a fin de año un total de 60 querellas por más de 355 víctima detenidas desaparecidas y ejecutados políticos”, declaró la ministra de Justicia, Marcela Ríos y agregó que nadie había presentado hasta hoy acciones judiciales respecto a estas personas que han sido identificadas como víctimas de la dictadura. Además, reiteró el compromiso del Gobierno en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
La titular de la cartera señaló que las desapariciones forzadas son una de las medidas más atroces de persecución política, razón por la cual desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsan estas acciones con la finalidad de hacerse cargo de la deuda del Estado en materia de violación a los DDHH.
En ese sentido, Ríos destacó que el compromiso de evitar que este tipo de situaciones nunca más se repitan en Chile no debe estar presente únicamente en días especiales como hoy, sino que tiene que ser llevado a la acción permanente por todas las instituciones del Estado, no solo por los tiempos de dictadura, sino que también en democracia”.
La ministra Ríos reconoció el trabajo de los familiares de las víctimas en la búsqueda de sus seres queridos. “Están aquí con nosotros las personas que han luchado incansablemente para encontrar a sus familiares y para hacer justicia. Muchas veces han estado peleando en soledad, las familias han sido quienes han llevado el peso de la búsqueda“, destacó. En la misma línea, manifestó que el Gobierno del presidente Gabriel Boric les acompañará en esta tarea a través de las querellas y un plan de búsqueda.
La ministra expuso que esta es una deuda que también les hizo ver el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Así, recalcó que el Estado es el responsable de llevar adelante todas las iniciativas y políticas para esclarecer los hechos que llevaron a la desaparición y/o ejecución de chilenos y chilenas durante la dictadura cívico militar.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, presentó 17 querellas de casos de víctimas de la dictadura cívico-militar, que hasta la fecha no habían tenido ningún tipo de acción judicial por sus causas.
Con esta acción el Estado de Chile ratifica su compromiso con los Derechos Humanos, promoviendo el acceso a la protección judicial en aquellos casos de víctimas de desaparición forzada y ejecución política.
La acción es parte del trabajo que comenzó el Programa de Derechos Humanos (PDH), debido a la falta de acciones judiciales desde el Estado destinadas a indagar acerca de las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas, así como la ausencia de una investigación para determinar los responsables de dichos crímenes.
El anuncio de las acciones judiciales responde a la obligación internacional del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar.
Una de las querellas es por el nonato de la víctima sobreviviente, Clementina del Carmen Soto Rivera, en la que se analiza la violencia ejercida en contra de las mujeres obligándolas a abortar producto de las torturas que sufrieron.
“Vamos a presentar de aquí a fin de año un total de 60 querellas por más de 355 víctima detenidas desaparecidas y ejecutados políticos”, declaró la ministra de Justicia, Marcela Ríos y agregó que nadie había presentado hasta hoy acciones judiciales respecto a estas personas que han sido identificadas como víctimas de la dictadura. Además, reiteró el compromiso del Gobierno en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
La titular de la cartera señaló que las desapariciones forzadas son una de las medidas más atroces de persecución política, razón por la cual desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsan estas acciones con la finalidad de hacerse cargo de la deuda del Estado en materia de violación a los DDHH.
En ese sentido, Ríos destacó que el compromiso de evitar que este tipo de situaciones nunca más se repitan en Chile no debe estar presente únicamente en días especiales como hoy, sino que tiene que ser llevado a la acción permanente por todas las instituciones del Estado, no solo por los tiempos de dictadura, sino que también en democracia”.
La ministra Ríos reconoció el trabajo de los familiares de las víctimas en la búsqueda de sus seres queridos. “Están aquí con nosotros las personas que han luchado incansablemente para encontrar a sus familiares y para hacer justicia. Muchas veces han estado peleando en soledad, las familias han sido quienes han llevado el peso de la búsqueda“, destacó. En la misma línea, manifestó que el Gobierno del presidente Gabriel Boric les acompañará en esta tarea a través de las querellas y un plan de búsqueda.
La ministra expuso que esta es una deuda que también les hizo ver el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Así, recalcó que el Estado es el responsable de llevar adelante todas las iniciativas y políticas para esclarecer los hechos que llevaron a la desaparición y/o ejecución de chilenos y chilenas durante la dictadura cívico militar.
