Familiares de ejecutados por Caravana de la Muerte en Valdivia: “No basta con hacer declaraciones hacia la Corte Suprema”
Fernando Krauss, hijo de una de las víctimas, acusó una "impunidad biológica" en torno a las causas y aseveró que "sería muy triste para la sociedad chilena que estos casos que se denominan emblemáticos hayan pasado sin aplicar la justicia".
Natalia Palma
Viernes 2 de septiembre 2022 15:12 hrs.
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Hasta el Ministerio de Justicia llegaron familiares de los 12 ejecutados en manos de la Caravana de la Muerte en Valdivia para sostener una reunión con la titular de la cartera, Marcela Ríos, con el fin de solicitarle interceder en el caso y buscar justicia.
Dicho crimen fue perpetrado entre el 3 y 4 de octubre de 1973 por la comitiva militar encabezada por el general Sergio Arellano Stark, en el que fusilaron a Gregorio José Liendo Vera, Pedro Purísimo Barría Ordóñez, Rudemir Saavedra Bahamondes, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Enrique del Carmen Guzmán Soto y José René Barrientos Warner.
Sin embargo, no fue hasta agosto de 2020 que la Corte de Apelaciones de Santiago condenó en calidad de autores de los delitos de homicidio calificado a los funcionarios en retiro del Ejército Pedro Espinoza Bravo a 10 años de presidio. En tanto, Santiago Arturo Sinclair Oyaneder, ex vicecomandante del Ejército y ex senador designado fue condenado a cinco años y un día de presidio, junto con Juan Viterbo Chiminelli Fullerton. Mientras que Emilio Robert de la Mahotiere González obtuvo una pena de 3 años y un día de presidio, en calidad de encubridor.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Fernando Krauss, hijo de una de las víctimas, entregó detalles sobre el encuentro con la secretaria de Estado, señalando que “teníamos que expresarle al nuevo gobierno nuestra preocupación, ya que a estas alturas sentimos indignación con lo que es una vergüenza para el Estado de Chile. La vergüenza para el Estado de Chile es que causas que llevan más de 20 años en proceso judicial no hayan podido cerrarse, estamos hablando de causas en los que se configuran los delitos más graves de violación a los derechos humanos”.
En ese sentido, acusó la generación de una “impunidad biológica” por parte de la justicia, “ya sea porque las personas que cometieron estos crímenes están falleciendo y, por tanto, no terminan siendo dictadas sus sentencias” o porque los propios familiares directos que “han sufrido toda esta tremenda carga, la denegación de justicia” están muriendo.
Feernando Krauss destacó que “este gobierno expresa una gran sensibilidad por el tema, asumen que existe una vergüenza y una deuda tremenda del Estado de Chile para con los familiares y estos casos, al menos declaran entender lo que esto significa para el país, de que no se termine aplicando justicia en estos casos”.
Familiares de los 12 ejecutados por Caravana de la Muerte en Valdivia. Hall Ministerio de Justicia. Foto: Cedida
“Nos han contado las acciones que están tomando, como la que hicieron hace poco de ser querellantes en las causas de personas que no estaban siendo parte de ningún proceso, personas que habían sido ejecutadas o desaparecidas, y una serie de explicaciones. Sin embargo, nosotros le hicimos ver (a la ministra) que el Poder Ejecutivo, el Gobierno, debe tener una política más fuerte, más firme y más concreta para que estas causas avancen”, manifestó.
Según Krauss “no basta con hacer gestos simbólicos, el tiempo se está acabando, no basta con hacer declaraciones de intenciones hacia la Corte Suprema. Acá tiene que haber un compromiso claro, tiene que haber un compromiso concreto de que el Poder Judicial va a avanzar y va a recuperar todo el tiempo perdido en la lentitud que ha sido la aplicación de la justicia”.
“Hace pocas semanas el pleno de la Corte Suprema analizó esta situación, no es primera vez que lo hace, y ha solicitado a la Corte en Lo Penal que busque mecanismos para avanzar en estas causas. Nosotros queremos que en el diálogo que tiene que haber entre poderes exista un compromiso real, específico, ya sea que signifique recursos, que signifique priorización para que estas causas sean vistas y resueltas”, dijo.
Krauss consideró que “sería una cosa muy triste para la sociedad chilena, para las nuevas generaciones, que estos casos que se denominan emblemáticos, pero que en los hechos es porque son las violaciones más graves que ha conocido el país en toda su historia, hayan pasado finalmente sin aplicar la justicia. Es algo que tampoco queremos heredar hacia nuestras siguientes generaciones. Está en manos del actual gobierno, está en manos del actual Poder Judicial hacer algo”.
“Al final del día cuando se ha podido avanzar en justicia en Chile es principalmente gracias a esas organizaciones en donde han estado las mujeres, que constituyeron las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos. Creo que Chile les debe mucho a esas personas que en su vida se han dedicado a tratar de empujar la justicia. Si no somos capaces de avanzar en estos casos, esto va a quedar como una macha para las próximas generaciones y va a seguir siendo una herida abierta que influye en la manera en que nosotros vemos el país, en cómo nos relacionamos, cómo vemos a nuestras propias instituciones. No se puede construir confianza en base a la injusticia y no basta entonces con todo el proceso político que estamos llevando delante de tratar de darnos una nueva constitución si no se aplica justicia”, aseveró.
Hasta el Ministerio de Justicia llegaron familiares de los 12 ejecutados en manos de la Caravana de la Muerte en Valdivia para sostener una reunión con la titular de la cartera, Marcela Ríos, con el fin de solicitarle interceder en el caso y buscar justicia.
Dicho crimen fue perpetrado entre el 3 y 4 de octubre de 1973 por la comitiva militar encabezada por el general Sergio Arellano Stark, en el que fusilaron a Gregorio José Liendo Vera, Pedro Purísimo Barría Ordóñez, Rudemir Saavedra Bahamondes, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Enrique del Carmen Guzmán Soto y José René Barrientos Warner.
Sin embargo, no fue hasta agosto de 2020 que la Corte de Apelaciones de Santiago condenó en calidad de autores de los delitos de homicidio calificado a los funcionarios en retiro del Ejército Pedro Espinoza Bravo a 10 años de presidio. En tanto, Santiago Arturo Sinclair Oyaneder, ex vicecomandante del Ejército y ex senador designado fue condenado a cinco años y un día de presidio, junto con Juan Viterbo Chiminelli Fullerton. Mientras que Emilio Robert de la Mahotiere González obtuvo una pena de 3 años y un día de presidio, en calidad de encubridor.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Fernando Krauss, hijo de una de las víctimas, entregó detalles sobre el encuentro con la secretaria de Estado, señalando que “teníamos que expresarle al nuevo gobierno nuestra preocupación, ya que a estas alturas sentimos indignación con lo que es una vergüenza para el Estado de Chile. La vergüenza para el Estado de Chile es que causas que llevan más de 20 años en proceso judicial no hayan podido cerrarse, estamos hablando de causas en los que se configuran los delitos más graves de violación a los derechos humanos”.
En ese sentido, acusó la generación de una “impunidad biológica” por parte de la justicia, “ya sea porque las personas que cometieron estos crímenes están falleciendo y, por tanto, no terminan siendo dictadas sus sentencias” o porque los propios familiares directos que “han sufrido toda esta tremenda carga, la denegación de justicia” están muriendo.
Feernando Krauss destacó que “este gobierno expresa una gran sensibilidad por el tema, asumen que existe una vergüenza y una deuda tremenda del Estado de Chile para con los familiares y estos casos, al menos declaran entender lo que esto significa para el país, de que no se termine aplicando justicia en estos casos”.
Familiares de los 12 ejecutados por Caravana de la Muerte en Valdivia. Hall Ministerio de Justicia. Foto: Cedida
“Nos han contado las acciones que están tomando, como la que hicieron hace poco de ser querellantes en las causas de personas que no estaban siendo parte de ningún proceso, personas que habían sido ejecutadas o desaparecidas, y una serie de explicaciones. Sin embargo, nosotros le hicimos ver (a la ministra) que el Poder Ejecutivo, el Gobierno, debe tener una política más fuerte, más firme y más concreta para que estas causas avancen”, manifestó.
Según Krauss “no basta con hacer gestos simbólicos, el tiempo se está acabando, no basta con hacer declaraciones de intenciones hacia la Corte Suprema. Acá tiene que haber un compromiso claro, tiene que haber un compromiso concreto de que el Poder Judicial va a avanzar y va a recuperar todo el tiempo perdido en la lentitud que ha sido la aplicación de la justicia”.
“Hace pocas semanas el pleno de la Corte Suprema analizó esta situación, no es primera vez que lo hace, y ha solicitado a la Corte en Lo Penal que busque mecanismos para avanzar en estas causas. Nosotros queremos que en el diálogo que tiene que haber entre poderes exista un compromiso real, específico, ya sea que signifique recursos, que signifique priorización para que estas causas sean vistas y resueltas”, dijo.
Krauss consideró que “sería una cosa muy triste para la sociedad chilena, para las nuevas generaciones, que estos casos que se denominan emblemáticos, pero que en los hechos es porque son las violaciones más graves que ha conocido el país en toda su historia, hayan pasado finalmente sin aplicar la justicia. Es algo que tampoco queremos heredar hacia nuestras siguientes generaciones. Está en manos del actual gobierno, está en manos del actual Poder Judicial hacer algo”.
“Al final del día cuando se ha podido avanzar en justicia en Chile es principalmente gracias a esas organizaciones en donde han estado las mujeres, que constituyeron las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos. Creo que Chile les debe mucho a esas personas que en su vida se han dedicado a tratar de empujar la justicia. Si no somos capaces de avanzar en estos casos, esto va a quedar como una macha para las próximas generaciones y va a seguir siendo una herida abierta que influye en la manera en que nosotros vemos el país, en cómo nos relacionamos, cómo vemos a nuestras propias instituciones. No se puede construir confianza en base a la injusticia y no basta entonces con todo el proceso político que estamos llevando delante de tratar de darnos una nueva constitución si no se aplica justicia”, aseveró.
Hasta el Ministerio de Justicia llegaron familiares de los 12 ejecutados en manos de la Caravana de la Muerte en Valdivia para sostener una reunión con la titular de la cartera, Marcela Ríos, con el fin de solicitarle interceder en el caso y buscar justicia.
Dicho crimen fue perpetrado entre el 3 y 4 de octubre de 1973 por la comitiva militar encabezada por el general Sergio Arellano Stark, en el que fusilaron a Gregorio José Liendo Vera, Pedro Purísimo Barría Ordóñez, Rudemir Saavedra Bahamondes, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Enrique del Carmen Guzmán Soto y José René Barrientos Warner.
Sin embargo, no fue hasta agosto de 2020 que la Corte de Apelaciones de Santiago condenó en calidad de autores de los delitos de homicidio calificado a los funcionarios en retiro del Ejército Pedro Espinoza Bravo a 10 años de presidio. En tanto, Santiago Arturo Sinclair Oyaneder, ex vicecomandante del Ejército y ex senador designado fue condenado a cinco años y un día de presidio, junto con Juan Viterbo Chiminelli Fullerton. Mientras que Emilio Robert de la Mahotiere González obtuvo una pena de 3 años y un día de presidio, en calidad de encubridor.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Fernando Krauss, hijo de una de las víctimas, entregó detalles sobre el encuentro con la secretaria de Estado, señalando que “teníamos que expresarle al nuevo gobierno nuestra preocupación, ya que a estas alturas sentimos indignación con lo que es una vergüenza para el Estado de Chile. La vergüenza para el Estado de Chile es que causas que llevan más de 20 años en proceso judicial no hayan podido cerrarse, estamos hablando de causas en los que se configuran los delitos más graves de violación a los derechos humanos”.
En ese sentido, acusó la generación de una “impunidad biológica” por parte de la justicia, “ya sea porque las personas que cometieron estos crímenes están falleciendo y, por tanto, no terminan siendo dictadas sus sentencias” o porque los propios familiares directos que “han sufrido toda esta tremenda carga, la denegación de justicia” están muriendo.
Feernando Krauss destacó que “este gobierno expresa una gran sensibilidad por el tema, asumen que existe una vergüenza y una deuda tremenda del Estado de Chile para con los familiares y estos casos, al menos declaran entender lo que esto significa para el país, de que no se termine aplicando justicia en estos casos”.
Familiares de los 12 ejecutados por Caravana de la Muerte en Valdivia. Hall Ministerio de Justicia. Foto: Cedida
“Nos han contado las acciones que están tomando, como la que hicieron hace poco de ser querellantes en las causas de personas que no estaban siendo parte de ningún proceso, personas que habían sido ejecutadas o desaparecidas, y una serie de explicaciones. Sin embargo, nosotros le hicimos ver (a la ministra) que el Poder Ejecutivo, el Gobierno, debe tener una política más fuerte, más firme y más concreta para que estas causas avancen”, manifestó.
Según Krauss “no basta con hacer gestos simbólicos, el tiempo se está acabando, no basta con hacer declaraciones de intenciones hacia la Corte Suprema. Acá tiene que haber un compromiso claro, tiene que haber un compromiso concreto de que el Poder Judicial va a avanzar y va a recuperar todo el tiempo perdido en la lentitud que ha sido la aplicación de la justicia”.
“Hace pocas semanas el pleno de la Corte Suprema analizó esta situación, no es primera vez que lo hace, y ha solicitado a la Corte en Lo Penal que busque mecanismos para avanzar en estas causas. Nosotros queremos que en el diálogo que tiene que haber entre poderes exista un compromiso real, específico, ya sea que signifique recursos, que signifique priorización para que estas causas sean vistas y resueltas”, dijo.
Krauss consideró que “sería una cosa muy triste para la sociedad chilena, para las nuevas generaciones, que estos casos que se denominan emblemáticos, pero que en los hechos es porque son las violaciones más graves que ha conocido el país en toda su historia, hayan pasado finalmente sin aplicar la justicia. Es algo que tampoco queremos heredar hacia nuestras siguientes generaciones. Está en manos del actual gobierno, está en manos del actual Poder Judicial hacer algo”.
“Al final del día cuando se ha podido avanzar en justicia en Chile es principalmente gracias a esas organizaciones en donde han estado las mujeres, que constituyeron las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos. Creo que Chile les debe mucho a esas personas que en su vida se han dedicado a tratar de empujar la justicia. Si no somos capaces de avanzar en estos casos, esto va a quedar como una macha para las próximas generaciones y va a seguir siendo una herida abierta que influye en la manera en que nosotros vemos el país, en cómo nos relacionamos, cómo vemos a nuestras propias instituciones. No se puede construir confianza en base a la injusticia y no basta entonces con todo el proceso político que estamos llevando delante de tratar de darnos una nueva constitución si no se aplica justicia”, aseveró.
