Organizaciones sociales y de DD.HH rechazan intentos de sectores conservadores de “secuestrar el proceso constituyente”
En una carta entregada en La Moneda, los organismos señalan que el único medio para definir una Nueva Constitución es mediante la elección de una instancia integrada por representantes de la ciudadanía.
Jueves 22 de septiembre 2022 16:30 hrs.
Un centenar de organizaciones sociales políticas, sindicales, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, diversidades sexuales y profesionales, entregaron este jueves una carta en La Moneda dirigida al Presidente Gabriel Boric, en la que rechazan los intentos de los sectores conservadores de secuestrar el proceso constituyente e impedir el libre ejercicio de la soberanía popular.
Bajo el título “Por el derecho del pueblo chileno a decidir soberanamente su destino”, la carta fue entregada por una delegación de dirigentes del Colegio de Profesores, de Comisión Chilena de DD.HH., de la Confusam, entre otros, que llegaron hasta el palacio presidencial.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, afirmó que hay un claro intento de los sectores conservadores de secuestrar el proceso constituyente y de apropiarse el triunfo del Rechazo del 4 de septiembre. “No se puede extrapolar los efectos y el sentido del 62 por ciento del rechazo del texto constitucional, ni pensar que el pueblo de Chile ha olvidado la urgente necesidad que tiene de hacer una gran transformación del proyecto político, social y económico que hoy nos rige y está normalizado en la Constitución de 1980 y que se expresó mayoritariamente durante el estallido social” señaló el abogado.
Agregó que “la sociedad civil no solo está alerta, sino también consciente de que lo que se está imponiendo es una maniobra de los sectores conservadores y que están provocando a que se pueda abrir paso, nuevamente, a una movilización social que pueda terminar en un nuevo estallido social. Porque no habrá paz social, mientras no se resuelvan los problemas estructurales que quedaron develados en el estallido social y donde masiva y mayoritariamente el pueblo de Chile expresó su deseo mayoritario de terminar con el proyecto político, social, económico y cultural de la Constitución del 80 y dar paso a un nuevo pacto social, que debe ser redactado y elaborado por una instancia elegida directamente por el pueblo de Chile”.
Margotta precisó que la actual Carta Fundamental es el gran obstáculo para avanzar hacia una nueva convivencia democrática fundada en el respeto y garantía de los DD.HH. y esto no se puede lograr con “comités de expertos o con imposiciones de ciertos bordes del que están hablando algunos sectores, que serían camisas de fuerza para nuevas instancias que se pueden generar”.
Paritaria, escaños reservados e independientes
En la carta que entregaron en La Moneda, las organizaciones expresaron la “preocupación a la opinión pública en torno al impúdico intento de los sectores políticos conservadores de secuestrar el proceso constituyente en curso e impedir el libre ejercicio de la soberanía popular”.
Insistieron en que “el único medio idóneo que puede permitir el libre ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo chileno a definir su nueva Constitución, es a través de la elección de una instancia integrada por representantes elegidos directamente por la ciudadanía, de carácter paritaria, con escaños reservados y con representantes del mundo independiente”
Recordaron que “cualquier intento por impedir la libre expresión de la voluntad popular, ya sea a través de la designación de un mal denominado Comité de Expertos o la decisión de asignarle al Congreso la redacción de la nueva Constitución, contraría los principios más elementales de participación democrática aceptados por la comunidad internacional”.
Por ello, llamaron “al pueblo de Chile a movilizarse activamente a objeto de impedir que su derecho a decidir sea escamoteado por las fuerzas políticas conservadores que hoy no sólo desconocen abiertamente sus compromisos expresados en campaña sino además, pretenden burlar la voluntad popular ya expresada mayoritariamente en el plebiscito de entrada, en cuanto sea una Convención Constitucional la que elabore una propuesta de Nueva Constitución”
Además, reiteraron que “las obligaciones contraídas por el Estado de Chile en materia de Derechos Humanos producto de la suscripción y ratificación de los diversos tratados internacionales sobre la materia, continúan plenamente vigentes y su incumplimiento por parte de los diversos Poderes y órganos del Estado generan responsabilidad internacional. En consecuencia, avanzar en materia de respeto y garantía de derechos sociales fundamentales, como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda digna, entre otros, debe ser una tarea prioritaria para el Estado en su conjunto, y no pueden por tanto, ser objeto de negociación ni postergación alguna”.
Agregaron que “por la misma razón, la Verdad, la Justicia la Debida Reparación y la implementación de las Garantías de No repetición respecto de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Dictadura y el denominado estallido social, no deben ser postergadas. Tampoco pueden ser dilatadas, todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que permitan la pronta recuperación de la libertad de los presos de la revuelta”.
Finalmente, advirtieron que “no habrá paz social si los sectores defensores del statu quo pretenden retrotraer el estado de cosas al Chile pre estallido social porque la demanda mayoritaria de superar el actual modelo sigue vigente y el anhelo de un nuevo pacto social fundado en el respeto y garantía de los derechos humanos, permanece intacto”.
Un centenar de organizaciones sociales políticas, sindicales, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, diversidades sexuales y profesionales, entregaron este jueves una carta en La Moneda dirigida al Presidente Gabriel Boric, en la que rechazan los intentos de los sectores conservadores de secuestrar el proceso constituyente e impedir el libre ejercicio de la soberanía popular.
Bajo el título “Por el derecho del pueblo chileno a decidir soberanamente su destino”, la carta fue entregada por una delegación de dirigentes del Colegio de Profesores, de Comisión Chilena de DD.HH., de la Confusam, entre otros, que llegaron hasta el palacio presidencial.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, afirmó que hay un claro intento de los sectores conservadores de secuestrar el proceso constituyente y de apropiarse el triunfo del Rechazo del 4 de septiembre. “No se puede extrapolar los efectos y el sentido del 62 por ciento del rechazo del texto constitucional, ni pensar que el pueblo de Chile ha olvidado la urgente necesidad que tiene de hacer una gran transformación del proyecto político, social y económico que hoy nos rige y está normalizado en la Constitución de 1980 y que se expresó mayoritariamente durante el estallido social” señaló el abogado.
Agregó que “la sociedad civil no solo está alerta, sino también consciente de que lo que se está imponiendo es una maniobra de los sectores conservadores y que están provocando a que se pueda abrir paso, nuevamente, a una movilización social que pueda terminar en un nuevo estallido social. Porque no habrá paz social, mientras no se resuelvan los problemas estructurales que quedaron develados en el estallido social y donde masiva y mayoritariamente el pueblo de Chile expresó su deseo mayoritario de terminar con el proyecto político, social, económico y cultural de la Constitución del 80 y dar paso a un nuevo pacto social, que debe ser redactado y elaborado por una instancia elegida directamente por el pueblo de Chile”.
Margotta precisó que la actual Carta Fundamental es el gran obstáculo para avanzar hacia una nueva convivencia democrática fundada en el respeto y garantía de los DD.HH. y esto no se puede lograr con “comités de expertos o con imposiciones de ciertos bordes del que están hablando algunos sectores, que serían camisas de fuerza para nuevas instancias que se pueden generar”.
Paritaria, escaños reservados e independientes
En la carta que entregaron en La Moneda, las organizaciones expresaron la “preocupación a la opinión pública en torno al impúdico intento de los sectores políticos conservadores de secuestrar el proceso constituyente en curso e impedir el libre ejercicio de la soberanía popular”.
Insistieron en que “el único medio idóneo que puede permitir el libre ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo chileno a definir su nueva Constitución, es a través de la elección de una instancia integrada por representantes elegidos directamente por la ciudadanía, de carácter paritaria, con escaños reservados y con representantes del mundo independiente”
Recordaron que “cualquier intento por impedir la libre expresión de la voluntad popular, ya sea a través de la designación de un mal denominado Comité de Expertos o la decisión de asignarle al Congreso la redacción de la nueva Constitución, contraría los principios más elementales de participación democrática aceptados por la comunidad internacional”.
Por ello, llamaron “al pueblo de Chile a movilizarse activamente a objeto de impedir que su derecho a decidir sea escamoteado por las fuerzas políticas conservadores que hoy no sólo desconocen abiertamente sus compromisos expresados en campaña sino además, pretenden burlar la voluntad popular ya expresada mayoritariamente en el plebiscito de entrada, en cuanto sea una Convención Constitucional la que elabore una propuesta de Nueva Constitución”
Además, reiteraron que “las obligaciones contraídas por el Estado de Chile en materia de Derechos Humanos producto de la suscripción y ratificación de los diversos tratados internacionales sobre la materia, continúan plenamente vigentes y su incumplimiento por parte de los diversos Poderes y órganos del Estado generan responsabilidad internacional. En consecuencia, avanzar en materia de respeto y garantía de derechos sociales fundamentales, como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda digna, entre otros, debe ser una tarea prioritaria para el Estado en su conjunto, y no pueden por tanto, ser objeto de negociación ni postergación alguna”.
Agregaron que “por la misma razón, la Verdad, la Justicia la Debida Reparación y la implementación de las Garantías de No repetición respecto de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Dictadura y el denominado estallido social, no deben ser postergadas. Tampoco pueden ser dilatadas, todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que permitan la pronta recuperación de la libertad de los presos de la revuelta”.
Finalmente, advirtieron que “no habrá paz social si los sectores defensores del statu quo pretenden retrotraer el estado de cosas al Chile pre estallido social porque la demanda mayoritaria de superar el actual modelo sigue vigente y el anhelo de un nuevo pacto social fundado en el respeto y garantía de los derechos humanos, permanece intacto”.
Un centenar de organizaciones sociales políticas, sindicales, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, diversidades sexuales y profesionales, entregaron este jueves una carta en La Moneda dirigida al Presidente Gabriel Boric, en la que rechazan los intentos de los sectores conservadores de secuestrar el proceso constituyente e impedir el libre ejercicio de la soberanía popular.
Bajo el título “Por el derecho del pueblo chileno a decidir soberanamente su destino”, la carta fue entregada por una delegación de dirigentes del Colegio de Profesores, de Comisión Chilena de DD.HH., de la Confusam, entre otros, que llegaron hasta el palacio presidencial.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, afirmó que hay un claro intento de los sectores conservadores de secuestrar el proceso constituyente y de apropiarse el triunfo del Rechazo del 4 de septiembre. “No se puede extrapolar los efectos y el sentido del 62 por ciento del rechazo del texto constitucional, ni pensar que el pueblo de Chile ha olvidado la urgente necesidad que tiene de hacer una gran transformación del proyecto político, social y económico que hoy nos rige y está normalizado en la Constitución de 1980 y que se expresó mayoritariamente durante el estallido social” señaló el abogado.
Agregó que “la sociedad civil no solo está alerta, sino también consciente de que lo que se está imponiendo es una maniobra de los sectores conservadores y que están provocando a que se pueda abrir paso, nuevamente, a una movilización social que pueda terminar en un nuevo estallido social. Porque no habrá paz social, mientras no se resuelvan los problemas estructurales que quedaron develados en el estallido social y donde masiva y mayoritariamente el pueblo de Chile expresó su deseo mayoritario de terminar con el proyecto político, social, económico y cultural de la Constitución del 80 y dar paso a un nuevo pacto social, que debe ser redactado y elaborado por una instancia elegida directamente por el pueblo de Chile”.
Margotta precisó que la actual Carta Fundamental es el gran obstáculo para avanzar hacia una nueva convivencia democrática fundada en el respeto y garantía de los DD.HH. y esto no se puede lograr con “comités de expertos o con imposiciones de ciertos bordes del que están hablando algunos sectores, que serían camisas de fuerza para nuevas instancias que se pueden generar”.
Paritaria, escaños reservados e independientes
En la carta que entregaron en La Moneda, las organizaciones expresaron la “preocupación a la opinión pública en torno al impúdico intento de los sectores políticos conservadores de secuestrar el proceso constituyente en curso e impedir el libre ejercicio de la soberanía popular”.
Insistieron en que “el único medio idóneo que puede permitir el libre ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo chileno a definir su nueva Constitución, es a través de la elección de una instancia integrada por representantes elegidos directamente por la ciudadanía, de carácter paritaria, con escaños reservados y con representantes del mundo independiente”
Recordaron que “cualquier intento por impedir la libre expresión de la voluntad popular, ya sea a través de la designación de un mal denominado Comité de Expertos o la decisión de asignarle al Congreso la redacción de la nueva Constitución, contraría los principios más elementales de participación democrática aceptados por la comunidad internacional”.
Por ello, llamaron “al pueblo de Chile a movilizarse activamente a objeto de impedir que su derecho a decidir sea escamoteado por las fuerzas políticas conservadores que hoy no sólo desconocen abiertamente sus compromisos expresados en campaña sino además, pretenden burlar la voluntad popular ya expresada mayoritariamente en el plebiscito de entrada, en cuanto sea una Convención Constitucional la que elabore una propuesta de Nueva Constitución”
Además, reiteraron que “las obligaciones contraídas por el Estado de Chile en materia de Derechos Humanos producto de la suscripción y ratificación de los diversos tratados internacionales sobre la materia, continúan plenamente vigentes y su incumplimiento por parte de los diversos Poderes y órganos del Estado generan responsabilidad internacional. En consecuencia, avanzar en materia de respeto y garantía de derechos sociales fundamentales, como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda digna, entre otros, debe ser una tarea prioritaria para el Estado en su conjunto, y no pueden por tanto, ser objeto de negociación ni postergación alguna”.
Agregaron que “por la misma razón, la Verdad, la Justicia la Debida Reparación y la implementación de las Garantías de No repetición respecto de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Dictadura y el denominado estallido social, no deben ser postergadas. Tampoco pueden ser dilatadas, todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que permitan la pronta recuperación de la libertad de los presos de la revuelta”.
Finalmente, advirtieron que “no habrá paz social si los sectores defensores del statu quo pretenden retrotraer el estado de cosas al Chile pre estallido social porque la demanda mayoritaria de superar el actual modelo sigue vigente y el anhelo de un nuevo pacto social fundado en el respeto y garantía de los derechos humanos, permanece intacto”.
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