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Economía

Aprobar el TPP-11 ¿A qué costo?

Columna de opinión por Esteban Velásquez Núñez, senador por Antofagasta
Viernes 23 de septiembre 2022 17:43 hrs.


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Estas últimas semanas ha reflotado la discusión sobre la suscripción por parte de Chile al denominado TPP-11 o al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, debido a la posibilidad que sea visto por la sala del Senado en su segundo tramite constitucional.

En este contexto y como parte de la coalición Apruebo Dignidad, del partido FRVS y en mi cargo de Senador en ejercicio, debo señalar mi disconformidad y preocupación ante tal situación. Este tratado complejo y de larga data; ingresado en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet; nos debe llamar a la reflexión sobre qué queremos ser como sociedad, ya que a nuestro parecer impone una pérdida de soberanía respecto de otros países y con mayor relevancia respecto de grandes transnacionales, que tanto han dañado medioambientalmente nuestro territorio, acrecentando la política extractivista que tiene al país sumido en un eterno camino al desarrollo.

En efecto este tratado contiene varios aspectos complejos para nuestra soberanía, desde la forma que se resolverán los conflictos que surjan de la aplicación de éste, entregando la competencia de nuestros tribunales nacionales a consejos internacionales cuya composición, al ser nuestro país uno pequeño respecto de los demás nos perjudicará, dejándonos en una desventaja importante al momento que grandes transnacionales nos demanden.

Desde el aspecto legislativo también es perjudicial, por cuanto limita la labor de los legisladores nacionales debido a las imposiciones contenidas en este tratado, como en materia laboral, pues en ésta, Chile sigue una política de regular la relación laboral a favor de los trabajadores, esto debido a la relación asimétrica existente entre empleador y trabajador, resguardando los derechos obtenidos por estos últimos a través de décadas de lucha. Sin embargo, el Tratado impone eliminar o limitar estas barreras, lo que finalmente significa renunciar a una serie de derechos consagrados en nuestra legislación. En materia de reformas estructurales, tanto la Reforma Tributaria, de Pensiones y el Royalty Minero – actualmente parte de la Reforma Tributaria impulsada por el gobierno y anhelo de justicia de las regiones mineras – se verán en cierta medida limitados por las exigencias de exenciones de tributos y otros gravámenes impuestos por el Tratado, en consecuencia, la labor legislativa se verá enormemente limitada afectando su legítimo ejercicio.

También existen temas específicos que nos generan serias dudas, como los temas de medicamentos genéricos, las semillas transgénicas y el tratamiento de la propiedad intelectual, que una vez más beneficiará a transnacionales en desmedro de las necesidades nacionales.

Desde el punto de vista económico, también presenta dudas, debido a los marginales beneficios económicos que le daría al país. En efecto y tal como lo ha señalado la senadora Alejandra Sepúlveda, el incremento del PIB a consecuencia de la aplicación del tratado solo aportaría un 0,12 % de éste, lo que nos hace pensar qué tan beneficioso es la suscripción del tratado. En este mismo orden de ideas, uno de los países impulsores y uno de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos, se ha retirado de tal tratado y respecto la mayoría de los demás suscriptores, Chile ya tiene tratados internacionales de carácter comercial, lo que abre una ventana para mejorar estos acuerdos.

Asimismo, otro tema que ha surgido con la intención de moderar o aplacar las criticas a este Tratado, es la intención por parte del Ejecutivo de en un futuro cercano iniciar un proyecto sobre las denominadas cartas bilaterales o “side letters”, las cuales son instrumentos que permiten excluir la aplicación de alguna parte del tratado entre países específicos. Sin embargo, este instrumento no es totalmente fiable, ya que requiere una negociación bilateral larga y compleja con cada uno de los países que se quiera excluir de la aplicación de alguna parte de este Tratado, lo que en definitiva no asegura la exclusión de alguna reserva que tenga el país. Y, como dicen los abogados, a mayor abundamiento de la poca efectividad de este instrumento, tenemos el caso de Nueva Zelanda que el año 2018 realizó negociaciones respecto del capitulo sobre inversiones extranjeras. De estas negociaciones solo con 5 países pudo suscribir las “side letters”, por lo que este es un instrumento excepcional y de efecto limitado.

En consecuencia, este tratado a nuestro juicio y luego de un largo análisis, que ya enfrentamos hace un par de años siendo diputado en el Cámara Baja, tiene más sombras que luces e impone un deber, después de lo acaecido en pandemia, de realizar una discusión más reflexiva y pausada, la que se debe dar en este contexto en el Senado de la República y no imponer una aprobación por una mayoría relativa y momentánea, dejando de lado las serias dudas que surgen desde un sector importante de la ciudadanía.

Finalmente, y a modo de reflexión, antes de que solo aquellos rápidos de análisis nos tilden de antitratados, como Regionalistas Verdes queremos plantear nuestra visión a abrirnos a otro tipo de tratados. A tratados “verdes”, a aquellos sin huella de carbono y que no dejen como consecuencia más Ventanas o Puchuncaví en las regiones de nuestro país. A aquellos que no solo nos vean como el tesoro del extractivismo y que perpetúan nuestro sueño de desarrollo a punta de explotación minera y forestal. Mas bien estamos por tratados que fortalezcan las economías locales, aquellos más de orden regional, que busquen cuidar los tejidos productivos que otrora tuvimos en nuestro país, cuando el producto nacional era un orgullo para nosotros, con industrias tan prósperas como fueron el calzado, los tejidos, la propia agricultura familiar campesina. Se trata de no seguir propiciando la concentración de riquezas y las ganancias increíbles que caen prácticamente en la codicia de sectores empresariales y de ciertas economías mundiales. Antes de presionarnos a firmar este TPP-11, y contar mezquinamente los votos, incluso por aquellos que se dicen de gobierno, los invitaría a preguntarse para qué, o más bien a qué costo. Si no lo han hecho, los invito a reflexionar.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.