Karen Ardiles
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA

Luego de una dilatada pataleta, la derecha ha comunicado lo que han denominado “bordes” para la continuación del proceso constituyente y la definición del nuevo órgano encargado de la redacción de un nuevo texto constitucional en su documento: Acuerdo Constitucional, cambios con seguridades y principios claros para Chile.

Haciéndose dueños -como de costumbre- del porcentaje del rechazo del 4 de septiembre pasado, asumen ciertos contenidos de ese rechazo al señalar mínimos comunes a dar por sentados. Acá vale precisar que, si bien el porcentaje de rechazo fue categórico, lo que se rechazó fue el conjunto de la propuesta elaborada por la Convención Constitucional, pero sin hacer distinción en los temas que esta contenía. Hasta ahora sólo hemos tenido el testeo de algunos medios de comunicación, como CIPER, y de redes sociales, pero la mayoría de los motivos señalados para rechazar caen en falsedades instaladas desde la misma derecha o son un desconocimiento de la propuesta de nueva Constitución. Sin embargo, dentro de lo que se ha señalado, el tema ambiental de la propuesta no ha sido uno que genere rechazo en la población, el rechazo de los temas ambientales ha venido de aquellos que se han beneficiado por décadas del sistema extractivista que promueve la Constitución del 80, los mismos que ahora exigen certezas en su supuesto compromiso por un nuevo texto constitucional.

Si bien, dentro del punto 3 de su documento sobre los principios para asegurar un mejor desarrollo del país, está la protección ambiental, junto a esto se menciona la “protección de la propiedad; haciéndola extensiva a los fondos previsionales y al aprovechamiento de las aguas”, como siempre, queriendo asegurar la privatización que tanto les ha favorecido en esta materia con el Artículo 19 n°24 inciso final de la Constitución del 80 y su Código de aguas.

La propuesta de nueva Constitución introducía cambios drásticos en materia de aguas, al punto que con su entrada en vigencia se terminaban los derechos de aprovechamiento de aguas y el mercado que existe sobre esta, escenario catastrófico para la derecha. ¿Por qué señalar algo tan específico cuando se habla de bordes para el proceso constituyente al punto de igualar las pensiones al agua?

Aquí hay que evaluar el escenario hídrico del país, que es dramático en varios niveles y de ahí su urgencia. Por una parte, tenemos que Chile es uno de los países con mayor estrés hídrico a nivel mundial, viviendo hace más de una década una mega sequía, con déficit de precipitaciones de un 50% y con el racionamiento de agua potable que nos respira en la nuca; por otra, tenemos que, en tanto su condición de privatización, las agua son un bien sobre explotado, esto teniendo a la vista estudios que nos indican que el 1% de los propietarios de derechos de agua consuntivos -los que se usan para el riego del agronegocio o la minería- concentran aproximadamente el 79% de las aguas disponibles[1].

elemento no menor cuando desde los mismos organismos estatales nos señalan que el 72,3% del agua es consumida por el sector agrícola[2], mientras comunas enteras se tienen que abastecer con camiones aljibes, es decir, existe un acaparamiento, desigualdad e injusticia de proporciones; finalmente, considerando el aumento de la conflictividad socioambiental en el país, las comunidades denuncian cómo todos los rubros extractivos decantan en la sobre explotación del agua, lo que vulnera sus derechos, tales como el derecho a la vida, el vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, al agua, a la alimentación, entre otros.

Ahora nos podemos preguntar ¿cómo puede haber protección del medio ambiente con las aguas privatizadas? Esto es una contradicción en sí mismo, pues se trata de no entender cómo funciona el ciclo hidrológico ni de cómo las aguas sustentan la vida de comunidades y ecosistemas. ¿Por qué la derecha pone la privatización de las aguas como un piso mínimo? Porque son dueños de las aguas.

Esperemos que la desprivatización de las aguas y su consagración como bien común natural, el reconocimiento del derecho humano al agua, así como los derechos de la Naturaleza, sean mínimos democráticos en la continuación del proceso constituyente, consecuente con la realidad hídrica del país y la necesidad de dotarnos de herramientas para enfrentar la crisis climática y ecológica, y ser justas con los ecosistemas que habitamos. Asimismo, esperemos que la negociación sobre el nuevo órgano constituyente no se traduzca, otra vez, en limitar la participación democrática, el derecho a la información y los tiempos apropiado para aquello, para no tener que vivir un proceso de desinformación constituyente ni tener que votar por una Constitución del 80 2.0.

[1] Disponible en https://www.researchgate.net/publication/346565978_Water_Privatization_and_Inequality_Gini_Coefficient_for_Water_Resources_in_Chile

[2] Disponible en https://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/handle/20.500.13082/29307/Mesa_Nacional_del_Agua_2020_Primer_Informe_Enero.pdf?sequence=1&isAllowed=y