“Es totalmente cierto que el TPP11 no forma parte de nuestro programa. Por lo tanto, no es algo que desde el gobierno estemos impulsando”, fueron parte de las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien se refirió a la reactivación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico en el Senado durante su visita a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU.
En la instancia, si bien el mandatario manifestó algunos reparos sobre el tratado, resaltó que es la Senado el que tiene que pronunciarse sobre la iniciativa. Además, le bajó el perfil a las tensiones entre las coaliciones de gobierno -conformados por Apruebo Dignidad Socialismo Democrático- respecto del apoyo a la medida.
Estas palabras fueron secundadas por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien insistió en que La Moneda “no va a entorpecer el proceso” y adelantó que, de aprobarse el TPP11, el Ejecutivo presentará un proyecto separado sobre las cartas laterales o side letters para negociar que no se aplique en Chile el mecanismo de solución de controversias entre el Estado e inversionistas, el cual ha sido objeto de cuestionamientos por sectores del oficialismo, puesto que apuntan a que se les estaría entregando soberanía a las transnacionales.
El ex ministro de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de Michelle Bachelet y ex presidente del PPD, Heraldo Muñoz, destacó que sobre este último punto “nuestro país ha enviado lo que se denomina side letters o cartas paralelas a los otros 10 estados parte del TPP11 para eximirse de la aplicación de este mecanismo, lo cual puede ayudar a su ratificación en el Senado”.
En ese sentido, apuntó que “Nueva Zelanda negoció exitosamente side letters al respecto con cinco países y es probable que Chile reciba respuestas positivas de algunos, partiendo por Nueva Zelanda”, añadiendo, eso sí, que “como nada es gratis en el comercio internacional, quizá aquellos que acepten nuestras cartas pidan algo a cambio, como el mejoramiento de los mecanismos bilaterales o regionales de solución de controversia vigentes, cuestión no del todo negativa pues representa una oportunidad para actualizar los acuerdos sobre la materia que han seguido evolucionando desde la firma del tratado hace cuatro años”.
Por otra parte, el ex canciller planteó que “algunos de esos mecanismos bilaterales son menos avanzados de lo que está establecido en el TPP11, que permite la regulación y la discriminación de inversiones para proteger propósitos legítimos de bienestar público”.
La doctora en Derecho y académica de la Universidad Central, María Angélica Benavides, sostuvo que “es bien extraño cuando uno frente a un tratado que te gusta, que tiene un montón de beneficios, es siempre bueno que tenga un mecanismo de solución de controversia. Eso es siempre bueno y no es tan común, salvo en materias de comercio porque los Estados quieren tener certezas de con quién están contratando. Entonces cuando uno habla de que se cede soberanía, uno está permanentemente poniendo a disposición aspectos de ella cuando uno firma tratados”.
En esa línea, recalcó que “siempre en derecho internacional hay un aspecto de soberanía que estás de alguna u otra manera entregando, eso es un principio básico. Es un tercero el que va a resolver sobre el conflicto en la aplicación o en la interpretación del tratado. Por ejemplo, en materia de derechos humanos entregamos esa competencia a la Corte Interamericana (CIDH), con el tratado de Escazú se entregó también eso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Entonces, que se diga ahora que eso es cuestionable, la verdad es que es olvidar que así funciona el sistema de resolución de controversia internacional”.
Benavides fue categórica al advertir que, de ratificar el tratado con reservas, se corre el riesgo de que los demás países adherentes no vean a Chile como un atractivo para la inversión. “Yo no voy a mandar mis productos para allá más baratos para que los chilenos disfruten de una buena manufactura, hecha con estándares medioambientales, con protección de derechos laborales porque si tengo un problema, ellos me sacaron la parte de resolución de conflictos”, complementó.
Una línea similar expresó el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Jorge Sahd, quien además comentó que “el TPP11 da la posibilidad del arbitraje internacional ante el mecanismo de las Naciones Unidas o el que acuerden las partes, pero antes de llegar a un conflicto-demanda, hay que considerar un período de consultas y conversaciones entre las partes”.
“Si vemos la historia reciente chilena, son muy pocos los casos de inversionista-Estado. La pregunta que debemos hacernos es qué señal quiere dar Chile al mundo ¿Una señal de que incentiva la atracción de inversión y que, por lo tanto, se establecen reglas claras para la protección de y promoción de la inversión extranjera? ¿O queremos ir en una dirección contraria? Yo creo que el mejor camino para el interés nacional es el primero”, afirmó.
Por lo mismo, consideró que el empleo de las side letters deben ser excepcionales, puesto que tienen que ser negociadas con cada país del tratado de manera bilateral. “Además, hay que considerar un tema poco debatido, que es que este capítulo de inversión y de solución de controversias también protege las inversiones chilenas en los países del TPP11, como pueden ser inversiones importantes en empresas como Codelco. Entonces, no es solamente la protección de la inversión extranjera que llega a Chile”.
El especialista manifestó que “este mecanismo de solución de controversia, si queremos mejorarlo o reformarlo, hay otras instancias y otros paneles internacionales en los que Chile ya participa. Buscar las side letters creo yo que es más bien una táctica política para destrabar los problemas que tiene el gobierno con sus dos principales coaliciones oficialistas que un fundamento técnico”.
