Cuatro siglos atrás, cuando no existía Twitter pero, tal como hoy, la verdad podía llegar a ser definida por quienes ostentaban el poder y no por quienes tuvieran la razón, uno de los filósofos y matemáticos más importantes de la Historia, Galileo Galilei, realizó un hallazgo que, además de irrefutable, iba en contra de las creencias hegemónicas: era la Tierra la que giraba alrededor del sol y no al revés. El descubrimiento, en vez de ser acogido por sus contemporáneos, fue proscrito y su autor acusado de blasfemia. En un intento por salvarse, Galileo renegó de todo lo dicho antes y pidió perdón. Y, aunque no fue sentenciado a muerte, de todos modos fue condenado por la Inquisición y defenestrado.
Resulta que ahora, en nuestro doméstico escenario, un grupo de ministros ha debido borrar sus tuits escritos en el estallido social y hasta disculparse. Incluso la bancada de diputados de la UDI ha conminado al presidente de la República a pedir perdón en nombre del Estado de Chile a Carabineros, como lo hiciera Patricio Aylwin en 1991 a las víctimas de la dictadura. Pero, lamentablemente, hay dos verdades que no se pueden borrar como los tuits: las violaciones a los derechos humanos cometidas en el gobierno anterior fueron las más graves desde 1990 y quienes las ejecutaron fueron en casi todos los casos policías uniformados.
Esto no es una opinión, sino una realidad constatada por los organismos de derechos humanos más prestigiosos del mundo, todos los cuales enviaron comisiones a Chile ante la gravedad de lo acontecido. En noviembre de 2019, una delegación de Amnistía Internacional concluyó que “las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera – principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional) – están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”. A su vez, en un segundo reporte afirmó que se debe llevar a la justicia a toda la línea de mando -uniformada y civil- que por omisión o falta de control de quienes estaban bajo su mandato, propiciaron que se produjeran los abusos conocidos.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó en su informe “el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, los graves desmanes en el curso de algunas manifestaciones” y manifestó “su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas por los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones”.
Por último -para no agregar numerosa evidencia adicional-, en su visita al entonces presidente Sebastián Piñera en La Moneda el 26 de noviembre de 2019, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, señaló que “hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”.
Por todo esto, la evidencia es clara en señalar quiénes han sido las verdaderas víctimas. Aquello no debe ser distorsionado, puesto que hay en esta precisión un imperativo ético, más aún cuando el paso del tiempo demuestra la deuda del Estado debido a los escasos avances en verdad, justicia y reparación.
Quienes hicieron o hacen estas constataciones no deben ser perseguidos falazmente como enemigos de Carabineros. Al revés, el consenso debería ser que para combatir al crimen organizado se necesita fortalecer la institución, lo cual requiere especialmente sanear y profesionalizar. Asunto que por de pronto está lejos de suceder y que debería ser de interés transversal.
