Nueve de cada diez mujeres migrantes irregulares están cumpliendo condena en el país y, en el caso de los hombres, de cada diez, seis de ellos se encuentran privados de libertad, de acuerdo, a la Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados que preside Raúl Leiva del Partido Socialista, sesionó para continuar abordando el tema de la migración irregular y en el encuentro participó Miguel Yaksic, asesor de la Subsecretaría del Interior en materia de crisis migratoria, quien afirmó que “la irregularidad en el ingreso va a la baja significativamente este año en Chile, no ha aumentado. El número de personas que han ingresado al país este año en forma irregular y han sido detenidos en la frontera es de 21 mil y no de 40 mil”.
Yaksic, ex director del Servicio Jesuita a Migrante, explicó que “hay 40 mil denuncias administrativas, pero se trata de personas que se han auto denunciado, son personas que han sido fiscalizadas y son partes atrasados de la PDI y por eso es que si uno va a Colchane hoy día, ve a 15 o 20 personas extranjeras y si uno iba en marzo, al día había 140 personas extranjeras o 200 en febrero y, por eso, que uno veía la crisis migratoria”.
Añadió que hace tres años está vigente el Decreto N° 265 que establece que las FF.AA. tienen que colaborar con el control de las fronteras y para eso hay logística, infraestructura, personal, aeronaves tripuladas y no tripuladas, sistema de telecomunicaciones y medios de transporte terrestre que ha ido creciendo y “se está programando en el presupuesto de aquí a cuatro años, aumentar en $35 mil millones para mejorar la infraestructura de carabineros en la frontera y $10 mil millones para la PDI. Puede que no sea suficiente, pero sí es un avance significativo para el control de fronteras”.
En cuanto al costo que implica para el Estado, la expulsión de migrantes irregulares, Yaksic dio ejemplos concretos: una expulsión aérea cuesta 2 millones 500 mil pesos si alguien es expulsado a Colombia, una expulsión terrestre de Santiago a Bolivia tiene un costo de 9 millones de pesos y en bus, desde la cárcel de Alto Hospicio tiene un valor de 100 mil por persona.
Volver a las medidas de antes
Por su parte, la ministra de Justicia, Marcela Ríos indicó que como Gobierno se está proponiendo que se permita volver a la situación que se daba antes, en el sentido de poder expulsar a aquellas personas que están condenadas por delitos ajustados a la Ley N°20.000, pero con bajos niveles de involucramiento delictual y que están privados de libertad. “Lo que queremos hacer como Ministerio de Justicia y DD.HH. es revertir un cambio que se hiciera a la Ley de Migraciones durante el año pasado y que nos prohíbe poder aplicar una medida de expulsión, respecto de personas extranjeras que hayan cometido otros delitos”, explicó.
La ministra Ríos sostuvo que estas expulsiones se refieren sólo a las personas que están cumpliendo condenas por la Ley 20.000, “y se trata de personas que hayan cometido delito con bajo nivel de involucramiento delictual. No estamos hablando de los grandes narcotraficantes, ni de los líderes de las bandas, sino más bien de personas que están involucradas en niveles bajos y que tienen una concentración hoy día en las regiones del norte, donde nos preocupa la situación penitenciaria que esto está produciendo”.
Hay que señalar que la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, acordó instalar una mesa técnica de trabajo, invitar nuevamente a fiscales -los que se han excusado de asistir-. Se invitará también al delegado presidencial de Tarapacá -región en la que se registran más ingresos irregulares-, a la Defensoría Penal Pública y a la Fundación Paz Ciudadana.
Nueve de cada diez mujeres migrantes irregulares están cumpliendo condena en el país y, en el caso de los hombres, de cada diez, seis de ellos se encuentran privados de libertad, de acuerdo, a la Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados que preside Raúl Leiva del Partido Socialista, sesionó para continuar abordando el tema de la migración irregular y en el encuentro participó Miguel Yaksic, asesor de la Subsecretaría del Interior en materia de crisis migratoria, quien afirmó que “la irregularidad en el ingreso va a la baja significativamente este año en Chile, no ha aumentado. El número de personas que han ingresado al país este año en forma irregular y han sido detenidos en la frontera es de 21 mil y no de 40 mil”.
Yaksic, ex director del Servicio Jesuita a Migrante, explicó que “hay 40 mil denuncias administrativas, pero se trata de personas que se han auto denunciado, son personas que han sido fiscalizadas y son partes atrasados de la PDI y por eso es que si uno va a Colchane hoy día, ve a 15 o 20 personas extranjeras y si uno iba en marzo, al día había 140 personas extranjeras o 200 en febrero y, por eso, que uno veía la crisis migratoria”.
Añadió que hace tres años está vigente el Decreto N° 265 que establece que las FF.AA. tienen que colaborar con el control de las fronteras y para eso hay logística, infraestructura, personal, aeronaves tripuladas y no tripuladas, sistema de telecomunicaciones y medios de transporte terrestre que ha ido creciendo y “se está programando en el presupuesto de aquí a cuatro años, aumentar en $35 mil millones para mejorar la infraestructura de carabineros en la frontera y $10 mil millones para la PDI. Puede que no sea suficiente, pero sí es un avance significativo para el control de fronteras”.
En cuanto al costo que implica para el Estado, la expulsión de migrantes irregulares, Yaksic dio ejemplos concretos: una expulsión aérea cuesta 2 millones 500 mil pesos si alguien es expulsado a Colombia, una expulsión terrestre de Santiago a Bolivia tiene un costo de 9 millones de pesos y en bus, desde la cárcel de Alto Hospicio tiene un valor de 100 mil por persona.
Volver a las medidas de antes
Por su parte, la ministra de Justicia, Marcela Ríos indicó que como Gobierno se está proponiendo que se permita volver a la situación que se daba antes, en el sentido de poder expulsar a aquellas personas que están condenadas por delitos ajustados a la Ley N°20.000, pero con bajos niveles de involucramiento delictual y que están privados de libertad. “Lo que queremos hacer como Ministerio de Justicia y DD.HH. es revertir un cambio que se hiciera a la Ley de Migraciones durante el año pasado y que nos prohíbe poder aplicar una medida de expulsión, respecto de personas extranjeras que hayan cometido otros delitos”, explicó.
La ministra Ríos sostuvo que estas expulsiones se refieren sólo a las personas que están cumpliendo condenas por la Ley 20.000, “y se trata de personas que hayan cometido delito con bajo nivel de involucramiento delictual. No estamos hablando de los grandes narcotraficantes, ni de los líderes de las bandas, sino más bien de personas que están involucradas en niveles bajos y que tienen una concentración hoy día en las regiones del norte, donde nos preocupa la situación penitenciaria que esto está produciendo”.
Hay que señalar que la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, acordó instalar una mesa técnica de trabajo, invitar nuevamente a fiscales -los que se han excusado de asistir-. Se invitará también al delegado presidencial de Tarapacá -región en la que se registran más ingresos irregulares-, a la Defensoría Penal Pública y a la Fundación Paz Ciudadana.
Nueve de cada diez mujeres migrantes irregulares están cumpliendo condena en el país y, en el caso de los hombres, de cada diez, seis de ellos se encuentran privados de libertad, de acuerdo, a la Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados que preside Raúl Leiva del Partido Socialista, sesionó para continuar abordando el tema de la migración irregular y en el encuentro participó Miguel Yaksic, asesor de la Subsecretaría del Interior en materia de crisis migratoria, quien afirmó que “la irregularidad en el ingreso va a la baja significativamente este año en Chile, no ha aumentado. El número de personas que han ingresado al país este año en forma irregular y han sido detenidos en la frontera es de 21 mil y no de 40 mil”.
Yaksic, ex director del Servicio Jesuita a Migrante, explicó que “hay 40 mil denuncias administrativas, pero se trata de personas que se han auto denunciado, son personas que han sido fiscalizadas y son partes atrasados de la PDI y por eso es que si uno va a Colchane hoy día, ve a 15 o 20 personas extranjeras y si uno iba en marzo, al día había 140 personas extranjeras o 200 en febrero y, por eso, que uno veía la crisis migratoria”.
Añadió que hace tres años está vigente el Decreto N° 265 que establece que las FF.AA. tienen que colaborar con el control de las fronteras y para eso hay logística, infraestructura, personal, aeronaves tripuladas y no tripuladas, sistema de telecomunicaciones y medios de transporte terrestre que ha ido creciendo y “se está programando en el presupuesto de aquí a cuatro años, aumentar en $35 mil millones para mejorar la infraestructura de carabineros en la frontera y $10 mil millones para la PDI. Puede que no sea suficiente, pero sí es un avance significativo para el control de fronteras”.
En cuanto al costo que implica para el Estado, la expulsión de migrantes irregulares, Yaksic dio ejemplos concretos: una expulsión aérea cuesta 2 millones 500 mil pesos si alguien es expulsado a Colombia, una expulsión terrestre de Santiago a Bolivia tiene un costo de 9 millones de pesos y en bus, desde la cárcel de Alto Hospicio tiene un valor de 100 mil por persona.
Volver a las medidas de antes
Por su parte, la ministra de Justicia, Marcela Ríos indicó que como Gobierno se está proponiendo que se permita volver a la situación que se daba antes, en el sentido de poder expulsar a aquellas personas que están condenadas por delitos ajustados a la Ley N°20.000, pero con bajos niveles de involucramiento delictual y que están privados de libertad. “Lo que queremos hacer como Ministerio de Justicia y DD.HH. es revertir un cambio que se hiciera a la Ley de Migraciones durante el año pasado y que nos prohíbe poder aplicar una medida de expulsión, respecto de personas extranjeras que hayan cometido otros delitos”, explicó.
La ministra Ríos sostuvo que estas expulsiones se refieren sólo a las personas que están cumpliendo condenas por la Ley 20.000, “y se trata de personas que hayan cometido delito con bajo nivel de involucramiento delictual. No estamos hablando de los grandes narcotraficantes, ni de los líderes de las bandas, sino más bien de personas que están involucradas en niveles bajos y que tienen una concentración hoy día en las regiones del norte, donde nos preocupa la situación penitenciaria que esto está produciendo”.
Hay que señalar que la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, acordó instalar una mesa técnica de trabajo, invitar nuevamente a fiscales -los que se han excusado de asistir-. Se invitará también al delegado presidencial de Tarapacá -región en la que se registran más ingresos irregulares-, a la Defensoría Penal Pública y a la Fundación Paz Ciudadana.
