Familiares de las cinco víctimas de la fábrica Kayser claman justicia a tres años del incendio
La abogada del caso, Alejandra Arriaza, insistió en irregularidades en torno a la investigación y en la presunta participación de terceros. Mientras el diputado Andrés Giordano entregó detalles sobre el funcionamiento de la comisión investigadora.
Jueves 20 de octubre 2022 12:22 hrs.
La jornada de este jueves la senadora independiente, Fabiola Campillai, el diputado Andrés Giordano y el concejal de Renca, Claudio Sepúlveda, acompañaron a los familiares y el colectivo “Verdad y justicia por los asesinados en Kayser”, en la conmemoración de los tres años de ocurrido el incendio en la fábrica textil.
Enmarcado en el denominado estallido social, en el siniestro murieron Yoshua Osorio, Manuel Muga, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas y hasta el día hoy familiares acusan presuntas irregularidades en las investigaciones por parte de la Fiscalía.
Es más, un informe emitido en enero de 2020 por el Equipo Chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos (ECHAF) reportó múltiples irregularidades procedimentales e incumplimiento de protocolos, además de la posible existencia de lesiones premortem y perimortem, es decir, antes y durante el deceso de las víctimas.
La abogada del caso, Alejandra Arriaza, expresó que “estamos acá para recordar y reafirmar nuestro compromiso con las familias, de seguir trabajando por esclarecer los hechos, conocer la verdad y que se haga justicia en nuestro país. Hay una deuda enorme del Estado en su conjunto con estas familias, puesto que este caso, que ha sido uno de los que más nos ha conmovido como sociedad por la brutalidad en que fueron muertos los familiares de las personas a las cuales representamos, no tiene respuestas aún, está lleno de incógnitas”.
En ese sentido, insistió en que “claramente el tratamiento que dio la justicia y el Ministerio Público desde un inicio se aleja de lo que uno espera que haga el Ministerio Público y el Poder Judicial en estos casos. Se decretaron diligencias, las cuales fueron llevadas a cabo por funcionarios de Carabineros, tanto por Labocar como por OS9; sin embargo, esas órdenes de investigar tuvieron pocos resultados o ninguno, en realidad no arrojaron ningún tipo de respuesta a todas las inquietudes y dudas que tenemos”.
No obstante, destacó las diligencias de la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, por lo que dijo esperar que aquellas gestiones “den luces y respuestas a saber qué sucedió con los familiares de las personas que fallecieron acá en Kayser” respecto de las circunstancias en que murieron, cómo fue provocado el incendio y quiénes son los presuntos responsables. Esto, mediante la ubicación de testigos, el acceso a registros audiovisuales fuera y dentro de la fábrica y las grabaciones de los propios funcionarios Carabineros y Bomberos.
Asimismo, destacó los peritajes realizados por ECHAF y otras instituciones que dan cuenta que los informes de autopsia del Servicio Médico Legal “no fueron elaborados de la forma en que correspondía, no se ajustaron al protocolo de Minnesota y, por lo tanto, señalar que estas cinco personas fallecieron por asfixia sin dar respuesta a otros tipos de lesiones presentados en los cuerpos nos permite determinar que efectivamente hubo intervención de terceros”.
El diputado y uno de los impulsores de la comisión investigadora que instaló la Cámara abordar lo sucedido, Andrés Giordano, acusó un trato discriminatorio hacia las familias de las víctimas y señaló que “el Estado no está entregando respuestas ante una tragedia que a todas luces es más que un incendio”.
El legislador destacó que “es absolutamente relevante entender esto dentro del contexto de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado y esperamos, además, entender el rol que tuvo el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos), la Fiscalía, el Servicio Médico Legal, porque hay demasiadas preguntas y pocas respuestas”, y dijo esperar que la comisión investigadora, una vez se resuelvan temas administrativos, comience sus funciones en noviembre.
“Por cierto una comisión investigadora no reemplaza al Poder Judicial. En ese sentido, nuestra comisión no va a gatillar procesos que sean vinculantes, pero sí va a colaborar con esclarecer hechos que lamentablemente lo que uno da cuenta es que hay un fracaso por parte del Ministerio Público en la debida diligencia para tratar estas temáticas y nosotros esperamos ser un brazo que colabore, que pueda dar luz sobre hechos que hoy día se han mantenido en el oscurantismo y esperamos que se pueda emitir un informe que genere indicaciones sobre todo para instituciones del Estado, que claramente no han dado el ancho”, complementó Giordano.
En tanto, Solange Arias, madre de Yoshua Osorio (17), expresó su malestar por esta situación y apuntó como presunto responsable al fiscal Regional Centro Norte, Xavier Armendáriz. “Él estuvo aquí como fiscal y bombero y no hizo los peritajes que correspondían, a él no se le ha tocado. El fiscal (José) Morales es otro personaje que se ha opuesto a que este caso no avance”, manifestó.
En esa línea, aseveró “estoy dando cara aquí por varias familias, pero también por mi hijo, que era un estudiante, él era el más chico, tenía toda una vida por delante y nos truncaron la vida. Son 365 días del año el cual necesitamos que nos apoyen, no solamente un 20 de octubre, no solamente para la conmemoración, para una marcha, vivimos un duelo, un dolor”.
“Que se castigue a quienes se tienen que castigar. Aquí hubo carabineros que grabaron ese hecho el mismo día y lo subieron a redes sociales, esos tienen que ser castigados, dados de baja y presos porque menos no se merecen. Nos toman como delincuentes, nosotros somos gente trabajadora y de pueblo, aquí no venimos a ser famosos, venimos a luchar”, recalcó Arias.
La jornada de este jueves la senadora independiente, Fabiola Campillai, el diputado Andrés Giordano y el concejal de Renca, Claudio Sepúlveda, acompañaron a los familiares y el colectivo “Verdad y justicia por los asesinados en Kayser”, en la conmemoración de los tres años de ocurrido el incendio en la fábrica textil.
Enmarcado en el denominado estallido social, en el siniestro murieron Yoshua Osorio, Manuel Muga, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas y hasta el día hoy familiares acusan presuntas irregularidades en las investigaciones por parte de la Fiscalía.
Es más, un informe emitido en enero de 2020 por el Equipo Chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos (ECHAF) reportó múltiples irregularidades procedimentales e incumplimiento de protocolos, además de la posible existencia de lesiones premortem y perimortem, es decir, antes y durante el deceso de las víctimas.
La abogada del caso, Alejandra Arriaza, expresó que “estamos acá para recordar y reafirmar nuestro compromiso con las familias, de seguir trabajando por esclarecer los hechos, conocer la verdad y que se haga justicia en nuestro país. Hay una deuda enorme del Estado en su conjunto con estas familias, puesto que este caso, que ha sido uno de los que más nos ha conmovido como sociedad por la brutalidad en que fueron muertos los familiares de las personas a las cuales representamos, no tiene respuestas aún, está lleno de incógnitas”.
En ese sentido, insistió en que “claramente el tratamiento que dio la justicia y el Ministerio Público desde un inicio se aleja de lo que uno espera que haga el Ministerio Público y el Poder Judicial en estos casos. Se decretaron diligencias, las cuales fueron llevadas a cabo por funcionarios de Carabineros, tanto por Labocar como por OS9; sin embargo, esas órdenes de investigar tuvieron pocos resultados o ninguno, en realidad no arrojaron ningún tipo de respuesta a todas las inquietudes y dudas que tenemos”.
No obstante, destacó las diligencias de la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, por lo que dijo esperar que aquellas gestiones “den luces y respuestas a saber qué sucedió con los familiares de las personas que fallecieron acá en Kayser” respecto de las circunstancias en que murieron, cómo fue provocado el incendio y quiénes son los presuntos responsables. Esto, mediante la ubicación de testigos, el acceso a registros audiovisuales fuera y dentro de la fábrica y las grabaciones de los propios funcionarios Carabineros y Bomberos.
Asimismo, destacó los peritajes realizados por ECHAF y otras instituciones que dan cuenta que los informes de autopsia del Servicio Médico Legal “no fueron elaborados de la forma en que correspondía, no se ajustaron al protocolo de Minnesota y, por lo tanto, señalar que estas cinco personas fallecieron por asfixia sin dar respuesta a otros tipos de lesiones presentados en los cuerpos nos permite determinar que efectivamente hubo intervención de terceros”.
El diputado y uno de los impulsores de la comisión investigadora que instaló la Cámara abordar lo sucedido, Andrés Giordano, acusó un trato discriminatorio hacia las familias de las víctimas y señaló que “el Estado no está entregando respuestas ante una tragedia que a todas luces es más que un incendio”.
El legislador destacó que “es absolutamente relevante entender esto dentro del contexto de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado y esperamos, además, entender el rol que tuvo el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos), la Fiscalía, el Servicio Médico Legal, porque hay demasiadas preguntas y pocas respuestas”, y dijo esperar que la comisión investigadora, una vez se resuelvan temas administrativos, comience sus funciones en noviembre.
“Por cierto una comisión investigadora no reemplaza al Poder Judicial. En ese sentido, nuestra comisión no va a gatillar procesos que sean vinculantes, pero sí va a colaborar con esclarecer hechos que lamentablemente lo que uno da cuenta es que hay un fracaso por parte del Ministerio Público en la debida diligencia para tratar estas temáticas y nosotros esperamos ser un brazo que colabore, que pueda dar luz sobre hechos que hoy día se han mantenido en el oscurantismo y esperamos que se pueda emitir un informe que genere indicaciones sobre todo para instituciones del Estado, que claramente no han dado el ancho”, complementó Giordano.
En tanto, Solange Arias, madre de Yoshua Osorio (17), expresó su malestar por esta situación y apuntó como presunto responsable al fiscal Regional Centro Norte, Xavier Armendáriz. “Él estuvo aquí como fiscal y bombero y no hizo los peritajes que correspondían, a él no se le ha tocado. El fiscal (José) Morales es otro personaje que se ha opuesto a que este caso no avance”, manifestó.
En esa línea, aseveró “estoy dando cara aquí por varias familias, pero también por mi hijo, que era un estudiante, él era el más chico, tenía toda una vida por delante y nos truncaron la vida. Son 365 días del año el cual necesitamos que nos apoyen, no solamente un 20 de octubre, no solamente para la conmemoración, para una marcha, vivimos un duelo, un dolor”.
“Que se castigue a quienes se tienen que castigar. Aquí hubo carabineros que grabaron ese hecho el mismo día y lo subieron a redes sociales, esos tienen que ser castigados, dados de baja y presos porque menos no se merecen. Nos toman como delincuentes, nosotros somos gente trabajadora y de pueblo, aquí no venimos a ser famosos, venimos a luchar”, recalcó Arias.
La jornada de este jueves la senadora independiente, Fabiola Campillai, el diputado Andrés Giordano y el concejal de Renca, Claudio Sepúlveda, acompañaron a los familiares y el colectivo “Verdad y justicia por los asesinados en Kayser”, en la conmemoración de los tres años de ocurrido el incendio en la fábrica textil.
Enmarcado en el denominado estallido social, en el siniestro murieron Yoshua Osorio, Manuel Muga, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas y hasta el día hoy familiares acusan presuntas irregularidades en las investigaciones por parte de la Fiscalía.
Es más, un informe emitido en enero de 2020 por el Equipo Chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos (ECHAF) reportó múltiples irregularidades procedimentales e incumplimiento de protocolos, además de la posible existencia de lesiones premortem y perimortem, es decir, antes y durante el deceso de las víctimas.
La abogada del caso, Alejandra Arriaza, expresó que “estamos acá para recordar y reafirmar nuestro compromiso con las familias, de seguir trabajando por esclarecer los hechos, conocer la verdad y que se haga justicia en nuestro país. Hay una deuda enorme del Estado en su conjunto con estas familias, puesto que este caso, que ha sido uno de los que más nos ha conmovido como sociedad por la brutalidad en que fueron muertos los familiares de las personas a las cuales representamos, no tiene respuestas aún, está lleno de incógnitas”.
En ese sentido, insistió en que “claramente el tratamiento que dio la justicia y el Ministerio Público desde un inicio se aleja de lo que uno espera que haga el Ministerio Público y el Poder Judicial en estos casos. Se decretaron diligencias, las cuales fueron llevadas a cabo por funcionarios de Carabineros, tanto por Labocar como por OS9; sin embargo, esas órdenes de investigar tuvieron pocos resultados o ninguno, en realidad no arrojaron ningún tipo de respuesta a todas las inquietudes y dudas que tenemos”.
No obstante, destacó las diligencias de la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, por lo que dijo esperar que aquellas gestiones “den luces y respuestas a saber qué sucedió con los familiares de las personas que fallecieron acá en Kayser” respecto de las circunstancias en que murieron, cómo fue provocado el incendio y quiénes son los presuntos responsables. Esto, mediante la ubicación de testigos, el acceso a registros audiovisuales fuera y dentro de la fábrica y las grabaciones de los propios funcionarios Carabineros y Bomberos.
Asimismo, destacó los peritajes realizados por ECHAF y otras instituciones que dan cuenta que los informes de autopsia del Servicio Médico Legal “no fueron elaborados de la forma en que correspondía, no se ajustaron al protocolo de Minnesota y, por lo tanto, señalar que estas cinco personas fallecieron por asfixia sin dar respuesta a otros tipos de lesiones presentados en los cuerpos nos permite determinar que efectivamente hubo intervención de terceros”.
El diputado y uno de los impulsores de la comisión investigadora que instaló la Cámara abordar lo sucedido, Andrés Giordano, acusó un trato discriminatorio hacia las familias de las víctimas y señaló que “el Estado no está entregando respuestas ante una tragedia que a todas luces es más que un incendio”.
El legislador destacó que “es absolutamente relevante entender esto dentro del contexto de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado y esperamos, además, entender el rol que tuvo el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos), la Fiscalía, el Servicio Médico Legal, porque hay demasiadas preguntas y pocas respuestas”, y dijo esperar que la comisión investigadora, una vez se resuelvan temas administrativos, comience sus funciones en noviembre.
“Por cierto una comisión investigadora no reemplaza al Poder Judicial. En ese sentido, nuestra comisión no va a gatillar procesos que sean vinculantes, pero sí va a colaborar con esclarecer hechos que lamentablemente lo que uno da cuenta es que hay un fracaso por parte del Ministerio Público en la debida diligencia para tratar estas temáticas y nosotros esperamos ser un brazo que colabore, que pueda dar luz sobre hechos que hoy día se han mantenido en el oscurantismo y esperamos que se pueda emitir un informe que genere indicaciones sobre todo para instituciones del Estado, que claramente no han dado el ancho”, complementó Giordano.
En tanto, Solange Arias, madre de Yoshua Osorio (17), expresó su malestar por esta situación y apuntó como presunto responsable al fiscal Regional Centro Norte, Xavier Armendáriz. “Él estuvo aquí como fiscal y bombero y no hizo los peritajes que correspondían, a él no se le ha tocado. El fiscal (José) Morales es otro personaje que se ha opuesto a que este caso no avance”, manifestó.
En esa línea, aseveró “estoy dando cara aquí por varias familias, pero también por mi hijo, que era un estudiante, él era el más chico, tenía toda una vida por delante y nos truncaron la vida. Son 365 días del año el cual necesitamos que nos apoyen, no solamente un 20 de octubre, no solamente para la conmemoración, para una marcha, vivimos un duelo, un dolor”.
“Que se castigue a quienes se tienen que castigar. Aquí hubo carabineros que grabaron ese hecho el mismo día y lo subieron a redes sociales, esos tienen que ser castigados, dados de baja y presos porque menos no se merecen. Nos toman como delincuentes, nosotros somos gente trabajadora y de pueblo, aquí no venimos a ser famosos, venimos a luchar”, recalcó Arias.
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