El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, afirmó que dar urgencia o discusión inmediata a los proyectos de ley sobre el sistema de inteligencia, el nuevo ministerio de seguridad pública, además de implementar una ley de crimen organizado, son las prioridades que a su juicio debería tener el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública que busca implementar el gobierno con todos los sectores políticos.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Orrego, junto con valorar la convocatoria del Ejecutivo que comenzará la próxima semana, señaló que los distintos gobernadores del país vienen planteando la importancia de implementar este acuerdo nacional unitario que debe tener una agenda corta, tanto en materias legislativas, como administrativas.
Orrego afirmó que al gobierno le “ha costado asumir que ésta es una prioridad, que fue elegido con una agenda y la realidad se les impuso por delante, diciéndoles que aquí hay una prioridad que ustedes no tenían contemplado en su programa, pero que tienen que enfrentar de manera decisiva como es la seguridad”.
En esa línea afirmó que es necesario tomar la agenda legislativa histórica y dar urgencia al proyecto sobre el sistema de inteligencia, el ministerio de seguridad y orden público, que son iniciativas que están avanzadas y que “sería importante como señal de parte del gobierno poner la urgencia o discusión inmediata que signifique que esos proyectos ya sean ley”.
Agregó como segunda prioridad, “hay consenso en el país de que se requiere una ley de crimen organizado, ya no estamos hablando solo de narcotráfico, estanos hablando de trata de personas, probablemente de una industria secundaria de venta y comercialización de vehículos robados, del robo de la madera. O sea, aquí no estamos hablando de un tipo de delito, sino del fenómeno del crimen organizado”.
Orrego afirmó que también se debe ver cómo se implementa la ley sobre control de armas, establecer por ley que los gobiernos regionales tengan dentro de sus funciones la prevención del delito y revisar el tema de la prisión preventiva porque hay “mucha irritación en la ciudadana cuando una persona es detenida, habiendo cometido un delito de sangre o bien portando un arma de fuego, y queda inmediatamente en libertad provisional”, además de otras medidas administrativas como el banco unificado de delitos que está establecido por ley, pero que “no está funcionando porque las distintas instituciones no están compartiendo la información”, precisó.
Otro de los aspectos que abordó el gobernador fue el término de la figura del delegado presidencial y que debe ser un tema del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. Al respecto, Orrego señaló que “más que la eliminación de los delegados, que nosotros valoramos y creemos que es importante no solamente porque lo prometió explícitamente el Presidente varias veces, sino porque creemos que genera una confusión en la población poniendo el mismo nivel de una autoridad democráticamente elegida a una autoridad designada”
En ese sentido, afirmó que por ley se debe establecer dentro de las funciones de los gobernadores la prevención del delito, tal como ocurre con los municipios que concurren en esa línea en coordinación con la policía, los fiscales, la comunidad y además, se crearon los consejos comunales de prevención del delito.
Orrego afirmó que en el caso de la Región Metropolitana “estamos invirtiendo más de 85.000 millones de pesos en tema de seguridad, construyendo cuarteles de la PDI, vehículos para la policía, sistemas biométricos de reconocimiento, vehículos para carabineros, equipamiento, también iluminación pública, cámaras de televigilancia, alarmas comunitarias. En fin, tenemos una paradoja. Aquí estamos invirtiendo hoy día en seguridad lejos aún más que la subsecretaría de Prevención del Delito, son los gobernadores y sin embargo, las atribuciones y el mando están cien por ciento en una autoridad que no tiene ni un solo peso. En la mañana, los carabineros, la policía y los fiscales van a una reunión a la delegación, pero en la tarde tienen que pasar por el gobierno regional para que le financiemos los proyectos, cosa que estamos haciendo con mucho gusto”.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, afirmó que dar urgencia o discusión inmediata a los proyectos de ley sobre el sistema de inteligencia, el nuevo ministerio de seguridad pública, además de implementar una ley de crimen organizado, son las prioridades que a su juicio debería tener el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública que busca implementar el gobierno con todos los sectores políticos.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Orrego, junto con valorar la convocatoria del Ejecutivo que comenzará la próxima semana, señaló que los distintos gobernadores del país vienen planteando la importancia de implementar este acuerdo nacional unitario que debe tener una agenda corta, tanto en materias legislativas, como administrativas.
Orrego afirmó que al gobierno le “ha costado asumir que ésta es una prioridad, que fue elegido con una agenda y la realidad se les impuso por delante, diciéndoles que aquí hay una prioridad que ustedes no tenían contemplado en su programa, pero que tienen que enfrentar de manera decisiva como es la seguridad”.
En esa línea afirmó que es necesario tomar la agenda legislativa histórica y dar urgencia al proyecto sobre el sistema de inteligencia, el ministerio de seguridad y orden público, que son iniciativas que están avanzadas y que “sería importante como señal de parte del gobierno poner la urgencia o discusión inmediata que signifique que esos proyectos ya sean ley”.
Agregó como segunda prioridad, “hay consenso en el país de que se requiere una ley de crimen organizado, ya no estamos hablando solo de narcotráfico, estanos hablando de trata de personas, probablemente de una industria secundaria de venta y comercialización de vehículos robados, del robo de la madera. O sea, aquí no estamos hablando de un tipo de delito, sino del fenómeno del crimen organizado”.
Orrego afirmó que también se debe ver cómo se implementa la ley sobre control de armas, establecer por ley que los gobiernos regionales tengan dentro de sus funciones la prevención del delito y revisar el tema de la prisión preventiva porque hay “mucha irritación en la ciudadana cuando una persona es detenida, habiendo cometido un delito de sangre o bien portando un arma de fuego, y queda inmediatamente en libertad provisional”, además de otras medidas administrativas como el banco unificado de delitos que está establecido por ley, pero que “no está funcionando porque las distintas instituciones no están compartiendo la información”, precisó.
Otro de los aspectos que abordó el gobernador fue el término de la figura del delegado presidencial y que debe ser un tema del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. Al respecto, Orrego señaló que “más que la eliminación de los delegados, que nosotros valoramos y creemos que es importante no solamente porque lo prometió explícitamente el Presidente varias veces, sino porque creemos que genera una confusión en la población poniendo el mismo nivel de una autoridad democráticamente elegida a una autoridad designada”
En ese sentido, afirmó que por ley se debe establecer dentro de las funciones de los gobernadores la prevención del delito, tal como ocurre con los municipios que concurren en esa línea en coordinación con la policía, los fiscales, la comunidad y además, se crearon los consejos comunales de prevención del delito.
Orrego afirmó que en el caso de la Región Metropolitana “estamos invirtiendo más de 85.000 millones de pesos en tema de seguridad, construyendo cuarteles de la PDI, vehículos para la policía, sistemas biométricos de reconocimiento, vehículos para carabineros, equipamiento, también iluminación pública, cámaras de televigilancia, alarmas comunitarias. En fin, tenemos una paradoja. Aquí estamos invirtiendo hoy día en seguridad lejos aún más que la subsecretaría de Prevención del Delito, son los gobernadores y sin embargo, las atribuciones y el mando están cien por ciento en una autoridad que no tiene ni un solo peso. En la mañana, los carabineros, la policía y los fiscales van a una reunión a la delegación, pero en la tarde tienen que pasar por el gobierno regional para que le financiemos los proyectos, cosa que estamos haciendo con mucho gusto”.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, afirmó que dar urgencia o discusión inmediata a los proyectos de ley sobre el sistema de inteligencia, el nuevo ministerio de seguridad pública, además de implementar una ley de crimen organizado, son las prioridades que a su juicio debería tener el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública que busca implementar el gobierno con todos los sectores políticos.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Orrego, junto con valorar la convocatoria del Ejecutivo que comenzará la próxima semana, señaló que los distintos gobernadores del país vienen planteando la importancia de implementar este acuerdo nacional unitario que debe tener una agenda corta, tanto en materias legislativas, como administrativas.
Orrego afirmó que al gobierno le “ha costado asumir que ésta es una prioridad, que fue elegido con una agenda y la realidad se les impuso por delante, diciéndoles que aquí hay una prioridad que ustedes no tenían contemplado en su programa, pero que tienen que enfrentar de manera decisiva como es la seguridad”.
En esa línea afirmó que es necesario tomar la agenda legislativa histórica y dar urgencia al proyecto sobre el sistema de inteligencia, el ministerio de seguridad y orden público, que son iniciativas que están avanzadas y que “sería importante como señal de parte del gobierno poner la urgencia o discusión inmediata que signifique que esos proyectos ya sean ley”.
Agregó como segunda prioridad, “hay consenso en el país de que se requiere una ley de crimen organizado, ya no estamos hablando solo de narcotráfico, estanos hablando de trata de personas, probablemente de una industria secundaria de venta y comercialización de vehículos robados, del robo de la madera. O sea, aquí no estamos hablando de un tipo de delito, sino del fenómeno del crimen organizado”.
Orrego afirmó que también se debe ver cómo se implementa la ley sobre control de armas, establecer por ley que los gobiernos regionales tengan dentro de sus funciones la prevención del delito y revisar el tema de la prisión preventiva porque hay “mucha irritación en la ciudadana cuando una persona es detenida, habiendo cometido un delito de sangre o bien portando un arma de fuego, y queda inmediatamente en libertad provisional”, además de otras medidas administrativas como el banco unificado de delitos que está establecido por ley, pero que “no está funcionando porque las distintas instituciones no están compartiendo la información”, precisó.
Otro de los aspectos que abordó el gobernador fue el término de la figura del delegado presidencial y que debe ser un tema del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. Al respecto, Orrego señaló que “más que la eliminación de los delegados, que nosotros valoramos y creemos que es importante no solamente porque lo prometió explícitamente el Presidente varias veces, sino porque creemos que genera una confusión en la población poniendo el mismo nivel de una autoridad democráticamente elegida a una autoridad designada”
En ese sentido, afirmó que por ley se debe establecer dentro de las funciones de los gobernadores la prevención del delito, tal como ocurre con los municipios que concurren en esa línea en coordinación con la policía, los fiscales, la comunidad y además, se crearon los consejos comunales de prevención del delito.
Orrego afirmó que en el caso de la Región Metropolitana “estamos invirtiendo más de 85.000 millones de pesos en tema de seguridad, construyendo cuarteles de la PDI, vehículos para la policía, sistemas biométricos de reconocimiento, vehículos para carabineros, equipamiento, también iluminación pública, cámaras de televigilancia, alarmas comunitarias. En fin, tenemos una paradoja. Aquí estamos invirtiendo hoy día en seguridad lejos aún más que la subsecretaría de Prevención del Delito, son los gobernadores y sin embargo, las atribuciones y el mando están cien por ciento en una autoridad que no tiene ni un solo peso. En la mañana, los carabineros, la policía y los fiscales van a una reunión a la delegación, pero en la tarde tienen que pasar por el gobierno regional para que le financiemos los proyectos, cosa que estamos haciendo con mucho gusto”.
