El coordinador de la Mesa del Sector Público (MSP), Carlos Insunza, afirmó que la propuesta de reajuste salarial y de mejoramiento de las condiciones laborales presentada al Gobierno, se hace cargo de las condiciones económicas del país ante un escenario de recesión, pero también pone como eje fundamental de la discusión que no sean los trabajadores los que terminen pagando los costos de esta crisis.
El miércoles, la MSP, que agrupa a 15 organizaciones de empleados públicos, junto a la CUT, entregaron el petitorio al Ejecutivo en el que solicitan un reajuste salarial del 15 por ciento, basado en la proyección anual de 12% que alcanzará el IPC este año, lo que significa un reajuste real de un 3%.
Insunza afirmó que esta propuesta se hace cargo de la situación económica del país, tanto de las complejidades y la posible recesión, pero sobre todo de la escalada inflacionaria que se viene desarrollando en los últimos meses y que las y los trabajadores y sus familias viven en carne propia, por el impacto de la pérdida del poder adquisitivo.
“Lo que estamos proponiendo al Gobierno para esta negociación, es un proceso que tenga en cuenta esta realidad del país, pero también que tenga como eje fundamental de la discusión la necesidad de que no sean los trabajadores y trabajadoras lo que terminen pagando el costo de la crisis económica que vivimos por la vía de una reducción de sus ingresos. Es por eso que hemos planteado una cifra de reajuste que por una parte tiene la necesidad de una recuperación integral de esta pérdida de poder adquisitivo y por otra se plantea un rango de crecimiento real de las remuneraciones (3%) que es bastante acotado y está sujeto al proceso de diálogo y negociación que vamos a instalar”, dijo Insunza.
Agregó que en el caso de los trabajadores con menores ingresos, se está solicitando un incremento mayor. En el petitorio consideran una nivelación de sueldos mínimos para auxiliares ($550.000), administrativos ($600.000) y técnicos ($650.000).
El dirigente indicó que hasta el momento no hay ninguna señal de parte del Gobierno de que vaya a acoger las demandas y están a la espera del inicio del proceso de negociación para los próximos días y fijar un cronograma de trabajo para comenzar a discutir los temas que no está acotado al tema salarial, sino que contempla “múltiples materias laborales y busca la concreción de una serie de acuerdos que venimos trabajando desde junio a la fecha en 11 de mesas de trabajo con el Gobierno, que busca consolidar el avance hacia el trabajo decente”.
Entre ellas, destacó el fortalecimiento de la seguridad de los funcionarios en sus labores frente a agresiones externas, la problemática de la salud mental de las y los trabajadores sometidos a fuerte presión en el período de la pandemia y una agenda con temas sectoriales, como también la implementación de las 40 horas semanales, que implicará una reorganización del trabajo de acuerdo a las complejidades de cada sector y que están incluidas en el pliego de 21 páginas.
Insulza reconoció que será una negociación compleja, pero “la voluntad de las organizaciones de la MSP en avanzar hacia un acuerdo y esperamos que la voluntad del Gobierno sea la misma” para no repetir escenarios que se dieron en negociaciones anteriores, en que se “pretenda realizar el ajuste fiscal o ajustar las condiciones de deuda fiscal por la vía del reajuste de los trabajadores del Estado, (eso) no es viable”.
El dirigente afirmó que más allá del signo político del Gobierno, aspiran a que en esta negociación “podamos ver concretamente cuál es la disposición del Gobierno para con el mundo del trabajo y particularmente con los trabajadores del sector público, teniendo en cuenta además, la relevancia que los funcionarios públicos tienen respecto de las múltiples tareas que el Gobierno se ha planteado en términos de consolidar derechos sociales y consolidar la posibilidad, inclusive con la crisis económica, que tenga los impactos más acotados posible respecto de las políticas del país(…) nuestra expectativa es que en esta negociación podamos ver reflejada esta voluntad que el Gobierno ha planteado reiteradamente, en el espacio de la negociación y proyectándola para lo concreto, el reajuste, pero también para un proceso de diálogo más fructífero”.
El coordinador de la Mesa del Sector Público (MSP), Carlos Insunza, afirmó que la propuesta de reajuste salarial y de mejoramiento de las condiciones laborales presentada al Gobierno, se hace cargo de las condiciones económicas del país ante un escenario de recesión, pero también pone como eje fundamental de la discusión que no sean los trabajadores los que terminen pagando los costos de esta crisis.
El miércoles, la MSP, que agrupa a 15 organizaciones de empleados públicos, junto a la CUT, entregaron el petitorio al Ejecutivo en el que solicitan un reajuste salarial del 15 por ciento, basado en la proyección anual de 12% que alcanzará el IPC este año, lo que significa un reajuste real de un 3%.
Insunza afirmó que esta propuesta se hace cargo de la situación económica del país, tanto de las complejidades y la posible recesión, pero sobre todo de la escalada inflacionaria que se viene desarrollando en los últimos meses y que las y los trabajadores y sus familias viven en carne propia, por el impacto de la pérdida del poder adquisitivo.
“Lo que estamos proponiendo al Gobierno para esta negociación, es un proceso que tenga en cuenta esta realidad del país, pero también que tenga como eje fundamental de la discusión la necesidad de que no sean los trabajadores y trabajadoras lo que terminen pagando el costo de la crisis económica que vivimos por la vía de una reducción de sus ingresos. Es por eso que hemos planteado una cifra de reajuste que por una parte tiene la necesidad de una recuperación integral de esta pérdida de poder adquisitivo y por otra se plantea un rango de crecimiento real de las remuneraciones (3%) que es bastante acotado y está sujeto al proceso de diálogo y negociación que vamos a instalar”, dijo Insunza.
Agregó que en el caso de los trabajadores con menores ingresos, se está solicitando un incremento mayor. En el petitorio consideran una nivelación de sueldos mínimos para auxiliares ($550.000), administrativos ($600.000) y técnicos ($650.000).
El dirigente indicó que hasta el momento no hay ninguna señal de parte del Gobierno de que vaya a acoger las demandas y están a la espera del inicio del proceso de negociación para los próximos días y fijar un cronograma de trabajo para comenzar a discutir los temas que no está acotado al tema salarial, sino que contempla “múltiples materias laborales y busca la concreción de una serie de acuerdos que venimos trabajando desde junio a la fecha en 11 de mesas de trabajo con el Gobierno, que busca consolidar el avance hacia el trabajo decente”.
Entre ellas, destacó el fortalecimiento de la seguridad de los funcionarios en sus labores frente a agresiones externas, la problemática de la salud mental de las y los trabajadores sometidos a fuerte presión en el período de la pandemia y una agenda con temas sectoriales, como también la implementación de las 40 horas semanales, que implicará una reorganización del trabajo de acuerdo a las complejidades de cada sector y que están incluidas en el pliego de 21 páginas.
Insulza reconoció que será una negociación compleja, pero “la voluntad de las organizaciones de la MSP en avanzar hacia un acuerdo y esperamos que la voluntad del Gobierno sea la misma” para no repetir escenarios que se dieron en negociaciones anteriores, en que se “pretenda realizar el ajuste fiscal o ajustar las condiciones de deuda fiscal por la vía del reajuste de los trabajadores del Estado, (eso) no es viable”.
El dirigente afirmó que más allá del signo político del Gobierno, aspiran a que en esta negociación “podamos ver concretamente cuál es la disposición del Gobierno para con el mundo del trabajo y particularmente con los trabajadores del sector público, teniendo en cuenta además, la relevancia que los funcionarios públicos tienen respecto de las múltiples tareas que el Gobierno se ha planteado en términos de consolidar derechos sociales y consolidar la posibilidad, inclusive con la crisis económica, que tenga los impactos más acotados posible respecto de las políticas del país(…) nuestra expectativa es que en esta negociación podamos ver reflejada esta voluntad que el Gobierno ha planteado reiteradamente, en el espacio de la negociación y proyectándola para lo concreto, el reajuste, pero también para un proceso de diálogo más fructífero”.
El coordinador de la Mesa del Sector Público (MSP), Carlos Insunza, afirmó que la propuesta de reajuste salarial y de mejoramiento de las condiciones laborales presentada al Gobierno, se hace cargo de las condiciones económicas del país ante un escenario de recesión, pero también pone como eje fundamental de la discusión que no sean los trabajadores los que terminen pagando los costos de esta crisis.
El miércoles, la MSP, que agrupa a 15 organizaciones de empleados públicos, junto a la CUT, entregaron el petitorio al Ejecutivo en el que solicitan un reajuste salarial del 15 por ciento, basado en la proyección anual de 12% que alcanzará el IPC este año, lo que significa un reajuste real de un 3%.
Insunza afirmó que esta propuesta se hace cargo de la situación económica del país, tanto de las complejidades y la posible recesión, pero sobre todo de la escalada inflacionaria que se viene desarrollando en los últimos meses y que las y los trabajadores y sus familias viven en carne propia, por el impacto de la pérdida del poder adquisitivo.
“Lo que estamos proponiendo al Gobierno para esta negociación, es un proceso que tenga en cuenta esta realidad del país, pero también que tenga como eje fundamental de la discusión la necesidad de que no sean los trabajadores y trabajadoras lo que terminen pagando el costo de la crisis económica que vivimos por la vía de una reducción de sus ingresos. Es por eso que hemos planteado una cifra de reajuste que por una parte tiene la necesidad de una recuperación integral de esta pérdida de poder adquisitivo y por otra se plantea un rango de crecimiento real de las remuneraciones (3%) que es bastante acotado y está sujeto al proceso de diálogo y negociación que vamos a instalar”, dijo Insunza.
Agregó que en el caso de los trabajadores con menores ingresos, se está solicitando un incremento mayor. En el petitorio consideran una nivelación de sueldos mínimos para auxiliares ($550.000), administrativos ($600.000) y técnicos ($650.000).
El dirigente indicó que hasta el momento no hay ninguna señal de parte del Gobierno de que vaya a acoger las demandas y están a la espera del inicio del proceso de negociación para los próximos días y fijar un cronograma de trabajo para comenzar a discutir los temas que no está acotado al tema salarial, sino que contempla “múltiples materias laborales y busca la concreción de una serie de acuerdos que venimos trabajando desde junio a la fecha en 11 de mesas de trabajo con el Gobierno, que busca consolidar el avance hacia el trabajo decente”.
Entre ellas, destacó el fortalecimiento de la seguridad de los funcionarios en sus labores frente a agresiones externas, la problemática de la salud mental de las y los trabajadores sometidos a fuerte presión en el período de la pandemia y una agenda con temas sectoriales, como también la implementación de las 40 horas semanales, que implicará una reorganización del trabajo de acuerdo a las complejidades de cada sector y que están incluidas en el pliego de 21 páginas.
Insulza reconoció que será una negociación compleja, pero “la voluntad de las organizaciones de la MSP en avanzar hacia un acuerdo y esperamos que la voluntad del Gobierno sea la misma” para no repetir escenarios que se dieron en negociaciones anteriores, en que se “pretenda realizar el ajuste fiscal o ajustar las condiciones de deuda fiscal por la vía del reajuste de los trabajadores del Estado, (eso) no es viable”.
El dirigente afirmó que más allá del signo político del Gobierno, aspiran a que en esta negociación “podamos ver concretamente cuál es la disposición del Gobierno para con el mundo del trabajo y particularmente con los trabajadores del sector público, teniendo en cuenta además, la relevancia que los funcionarios públicos tienen respecto de las múltiples tareas que el Gobierno se ha planteado en términos de consolidar derechos sociales y consolidar la posibilidad, inclusive con la crisis económica, que tenga los impactos más acotados posible respecto de las políticas del país(…) nuestra expectativa es que en esta negociación podamos ver reflejada esta voluntad que el Gobierno ha planteado reiteradamente, en el espacio de la negociación y proyectándola para lo concreto, el reajuste, pero también para un proceso de diálogo más fructífero”.
