Con una primera impresión positiva evaluó el diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la comisión de Trabajo y Seguridad Social, Alberto Undurraga, la reforma previsional impulsada por el Gobierno.

En ese sentido, el legislador destacó que la iniciativa -que contempla la participación de trabajadores, empleadores y del Estado- considere aspectos de solidaridad, gradualidad, libertad de elección en el componente individual y la separación de la industria, cuyas funciones actualmente concentran las administradoras de fondos de pensiones.

Sin embargo, reconoció que entre los nudos que se tomará la discusión en el Congreso será el futuro del 6% de cotización adicional con cargo del empleador, el cual según la propuesta del Ejecutivo irá destinado a un Seguro Social, pero que la oposición insiste en que sea depositado en las cuentas de capitalización individual de las y los trabajadores.

“El Gobierno ha planteado una cosa intermedia porque dice que el 6% va completo al Seguro Solidario, pero de la misma forma asegura que el 70% de ello, o sea, 4,2 puntos vayan a las pensiones individuales de las personas. Entonces, queremos conocer cómo lo plantea, cuáles son los números, el fundamento y la técnica detrás de ello” expresó.

Para el parlamentario la opción de dirigir la cotización adicional íntegramente a las cuentas individuales “no se sostiene”, puesto que aquello tampoco va en línea “con la propia manera de pensar que tuvo la derecha durante el gobierno de Piñera, que en esa época acordó que la mitad del 6% fuera a las cuentas solidarias y la mitad a las cuentas individuales”.

Por lo mismo, Undurraga dijo esperar que “más allá de las declaraciones altisonantes que puedan hacer unos y otros, podamos sentarnos, mirar los números y ponernos de acuerdo de que esto tenga solidaridad y de esa forma poder mejorar las pensiones de manera inmediata”.

Asimismo, apuntó que otro de los flancos que podrían abrirse durante la tramitación legislativa es la separación de las funciones de las AFP, en el que se hará a cargo de la administración de los fondos el denominado Administrador de Pensiones Autónomo (APA), mientras la inversión recaerá exclusivamente en gestores públicos y privados.

Sobre este punto, respaldó la necesidad de separar ambas funciones, añadiendo que “si nosotros tenemos la administración en un ente público o único, hay ganancias en lo que los economistas llaman economía de escala, sale más barato, tanto así que en vez de ser 10% a los fondos individuales, va a ser 10,5%, sin poner un peso más, que eso es simplemente el ahorro que se hace al dejar que las AFP realicen esa administración, de soporte, de pago de las pensiones”.

Además, manifestó que “otra razón por la que es bueno que un organismo distinto a las AFP vea toda la parte de soporte, administración, atención de público, es para tener una orientación al usuario, al afiliado y no una orientación al mercado de capitales”.

Pese a estas diferencias, el legislador dijo ver ánimo de alcanzar consensos en la Cámara. “Los acuerdos por naturaleza requiere que todos cedamos en algo y eso va a pasar. Ahora, cuando hablo de un acuerdo es con los parlamentarios de las distintas posturas, que representan distintas sensibilidades en el país y no con los actores de la industria, que se va a oponer a esto permanentemente”.

“Quiero pensar que va a primar un espíritu de acuerdo, pero necesariamente eso significa que todos vamos a ceder en algo y es un llamado a mis distintos colegas y también al Gobierno a que en ese sentido cuidemos el lenguaje”, instó el también ex ministro.

En cuanto a la vinculación de la reforma tributaria con el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) de los actuales $193.000 a $250.000, el diputado Alberto Undurraga apuntó que “desde el punto de vista estructural, no cambia la existencia de la PGU y podemos avanzar en el resto del proyecto. Yo espero que también haya un acuerdo en materia de reforma tributaria, nosotros ahí hemos votado a favor de la idea de legislar, tenemos algunas dudas en ciertos temas específicos, en temas que afectan a las pymes, a las pequeña y mediana empresa y es parte de la discusión que estamos teniendo en detalle”.

“Si eso no llegara a resultar, sería lamentable porque no podríamos avanzar en una PGU de $250.000”, expresó.