Luego que el presidente Gabriel Boric anunciara por cadena nacional los alcances de la reforma previsional que deberá tramitar el Congreso, los cuestionamientos por parte de la industria no se hicieron esperar.
Y es que el mandatario propuso la creación de un sistema mixto compuesto por tres pilares, mediante la mantención de la capitalización individual a través de las cotizaciones obligatorias de cada trabajador, el aporte del Seguro Social de 6% de cotización adicional con cargo al empleador y el aumento del aporte que entregará el Estado a través de la Pensión Garantizada Universal, que subirá a $250.000.
Además, anunció el fin de las AFP, cuyas funciones serán reemplazadas por un organismo estatal, denominado Administrador de Pensiones Autónomos (APA). Así esta entidad -que entrará a operar en régimen en un plazo de 24 meses- estará encargada de la atención de los afiliados, la recaudación, cartolas, cobranzas y el pago de las pensiones, con excepción de la inversión de los dineros.
Es bajo ese contexto que la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, criticó el proyecto, señalando que “la reforma previsional propuesta por el Gobierno es un retroceso respecto a lo que espera la ciudadanía”.
“Las personas han sido claras en señalar que desean mantener la libertad de elección y la capitalización individual para la nueva cotización, porque entienden que ese 6% les pertenece, que es producto de su trabajo y que, como tal, les permitirá aumentar su ahorro futuro”, agregó.
Asimismo, Cox consideró que recurrir a “un ente público y único para la recaudación de cotizaciones, atención de público y pago de pensiones no solo coarta la libertad de cada afiliado de decidir a quién le entrega sus futuros ahorros previsionales, sino que representa un cambio tan radical que siembra la duda sobre los criterios que se usarán para invertir los ahorros”.
Posteriormente, estos cuestionamientos fueron respondidos por el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, quien en conversación con CNN sostuvo que “a mí me sorprende un poco esta crítica donde no hay ninguna referencia a la necesidad de aumentar las pensiones”.
En esa línea, la autoridad expresó que “si el punto central es que la plata vaya a la cuenta individual, que el aporte del empleador vaya a la cuenta individual, eso significa que el mejoramiento de las pensiones va a tener que seguir esperando 30 o 40 años”.
Asimismo, apuntó que “esta reforma no está hecha en función de los intereses de las AFP ni de ningún sector en particular. Está hecha con el propósito de mejorar las pensiones en forma material de los actuales y futuros jubilados”.
Mientras en el Congreso, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, dijo que “el presidente Boric insiste en una reforma puramente ideológica, que no pone en el centro a los trabajadores y el mejoramiento de las pensiones. Nosotros insistimos, el 6% de aporte del empleador adicional debe ir a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores chilenos y asegurar su inexpropiabilidad”.
En tanto, el senador del Partido Socialista e integrante de la comisión de Trabajo y Previsión Social, Gastón Saavedra, manifestó que “este es un proyecto largamente esperado por chilenos y chilenas que viven de pensiones de miseria (…) La seguridad social debe ser el principal soporte que nos lleve a tener un sistema de pensiones que nos garantice pensiones dignas y que supere la condición de indignidad en que viven millones de chilenos, porque el sistema de ahorro como es el de las AFP no ha permitido tener pensiones como corresponde a quienes dejan el trabajo activo”
Luego que el presidente Gabriel Boric anunciara por cadena nacional los alcances de la reforma previsional que deberá tramitar el Congreso, los cuestionamientos por parte de la industria no se hicieron esperar.
Y es que el mandatario propuso la creación de un sistema mixto compuesto por tres pilares, mediante la mantención de la capitalización individual a través de las cotizaciones obligatorias de cada trabajador, el aporte del Seguro Social de 6% de cotización adicional con cargo al empleador y el aumento del aporte que entregará el Estado a través de la Pensión Garantizada Universal, que subirá a $250.000.
Además, anunció el fin de las AFP, cuyas funciones serán reemplazadas por un organismo estatal, denominado Administrador de Pensiones Autónomos (APA). Así esta entidad -que entrará a operar en régimen en un plazo de 24 meses- estará encargada de la atención de los afiliados, la recaudación, cartolas, cobranzas y el pago de las pensiones, con excepción de la inversión de los dineros.
Es bajo ese contexto que la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, criticó el proyecto, señalando que “la reforma previsional propuesta por el Gobierno es un retroceso respecto a lo que espera la ciudadanía”.
“Las personas han sido claras en señalar que desean mantener la libertad de elección y la capitalización individual para la nueva cotización, porque entienden que ese 6% les pertenece, que es producto de su trabajo y que, como tal, les permitirá aumentar su ahorro futuro”, agregó.
Asimismo, Cox consideró que recurrir a “un ente público y único para la recaudación de cotizaciones, atención de público y pago de pensiones no solo coarta la libertad de cada afiliado de decidir a quién le entrega sus futuros ahorros previsionales, sino que representa un cambio tan radical que siembra la duda sobre los criterios que se usarán para invertir los ahorros”.
Posteriormente, estos cuestionamientos fueron respondidos por el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, quien en conversación con CNN sostuvo que “a mí me sorprende un poco esta crítica donde no hay ninguna referencia a la necesidad de aumentar las pensiones”.
En esa línea, la autoridad expresó que “si el punto central es que la plata vaya a la cuenta individual, que el aporte del empleador vaya a la cuenta individual, eso significa que el mejoramiento de las pensiones va a tener que seguir esperando 30 o 40 años”.
Asimismo, apuntó que “esta reforma no está hecha en función de los intereses de las AFP ni de ningún sector en particular. Está hecha con el propósito de mejorar las pensiones en forma material de los actuales y futuros jubilados”.
Mientras en el Congreso, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, dijo que “el presidente Boric insiste en una reforma puramente ideológica, que no pone en el centro a los trabajadores y el mejoramiento de las pensiones. Nosotros insistimos, el 6% de aporte del empleador adicional debe ir a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores chilenos y asegurar su inexpropiabilidad”.
En tanto, el senador del Partido Socialista e integrante de la comisión de Trabajo y Previsión Social, Gastón Saavedra, manifestó que “este es un proyecto largamente esperado por chilenos y chilenas que viven de pensiones de miseria (…) La seguridad social debe ser el principal soporte que nos lleve a tener un sistema de pensiones que nos garantice pensiones dignas y que supere la condición de indignidad en que viven millones de chilenos, porque el sistema de ahorro como es el de las AFP no ha permitido tener pensiones como corresponde a quienes dejan el trabajo activo”
Luego que el presidente Gabriel Boric anunciara por cadena nacional los alcances de la reforma previsional que deberá tramitar el Congreso, los cuestionamientos por parte de la industria no se hicieron esperar.
Y es que el mandatario propuso la creación de un sistema mixto compuesto por tres pilares, mediante la mantención de la capitalización individual a través de las cotizaciones obligatorias de cada trabajador, el aporte del Seguro Social de 6% de cotización adicional con cargo al empleador y el aumento del aporte que entregará el Estado a través de la Pensión Garantizada Universal, que subirá a $250.000.
Además, anunció el fin de las AFP, cuyas funciones serán reemplazadas por un organismo estatal, denominado Administrador de Pensiones Autónomos (APA). Así esta entidad -que entrará a operar en régimen en un plazo de 24 meses- estará encargada de la atención de los afiliados, la recaudación, cartolas, cobranzas y el pago de las pensiones, con excepción de la inversión de los dineros.
Es bajo ese contexto que la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, criticó el proyecto, señalando que “la reforma previsional propuesta por el Gobierno es un retroceso respecto a lo que espera la ciudadanía”.
“Las personas han sido claras en señalar que desean mantener la libertad de elección y la capitalización individual para la nueva cotización, porque entienden que ese 6% les pertenece, que es producto de su trabajo y que, como tal, les permitirá aumentar su ahorro futuro”, agregó.
Asimismo, Cox consideró que recurrir a “un ente público y único para la recaudación de cotizaciones, atención de público y pago de pensiones no solo coarta la libertad de cada afiliado de decidir a quién le entrega sus futuros ahorros previsionales, sino que representa un cambio tan radical que siembra la duda sobre los criterios que se usarán para invertir los ahorros”.
Posteriormente, estos cuestionamientos fueron respondidos por el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, quien en conversación con CNN sostuvo que “a mí me sorprende un poco esta crítica donde no hay ninguna referencia a la necesidad de aumentar las pensiones”.
En esa línea, la autoridad expresó que “si el punto central es que la plata vaya a la cuenta individual, que el aporte del empleador vaya a la cuenta individual, eso significa que el mejoramiento de las pensiones va a tener que seguir esperando 30 o 40 años”.
Asimismo, apuntó que “esta reforma no está hecha en función de los intereses de las AFP ni de ningún sector en particular. Está hecha con el propósito de mejorar las pensiones en forma material de los actuales y futuros jubilados”.
Mientras en el Congreso, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, dijo que “el presidente Boric insiste en una reforma puramente ideológica, que no pone en el centro a los trabajadores y el mejoramiento de las pensiones. Nosotros insistimos, el 6% de aporte del empleador adicional debe ir a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores chilenos y asegurar su inexpropiabilidad”.
En tanto, el senador del Partido Socialista e integrante de la comisión de Trabajo y Previsión Social, Gastón Saavedra, manifestó que “este es un proyecto largamente esperado por chilenos y chilenas que viven de pensiones de miseria (…) La seguridad social debe ser el principal soporte que nos lleve a tener un sistema de pensiones que nos garantice pensiones dignas y que supere la condición de indignidad en que viven millones de chilenos, porque el sistema de ahorro como es el de las AFP no ha permitido tener pensiones como corresponde a quienes dejan el trabajo activo”
