El pleno de la Corte Suprema determinó que la quina que será enviada al Presidente Gabriel Boric quedó conformada por José Morales, fiscal de Santiago Norte, quien obtuvo 17 votos; Ángel Valencia,  ex fiscal (17 votos); Marta Herrera, jefa de la Unidad Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público (9 votos); Carlos Palma, fiscal regional de Aysén (7 votos) y Rodrigo Ríos, abogado externo (3 votos). Así lo informó la vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco.

En manos del Presidente de la República está definir ahora al nuevo Fiscal Nacional, que deberá ser ratificado por el Senado, para suceder al retirado y polémico Jorge Abbott.

Por cerca de cinco horas se extendió el Pleno de la Corte Suprema donde los 17 postulantes al cargo expusieron sus antecedentes profesionales, los lineamientos que proponen y las razones que deberían ser consideradas para ser elegidos para encabezar el órgano.

Una reforma y modernización del Ministerio Público para dotarlo de mejores herramientas para combatir el crimen organizado y la corrupción, devolver la credibilidad frente a la opinión pública y alcanzar mayor eficiencia en la resolución de los delitos, fueron parte de los puntos en común de los expositores.

Durante su intervención, uno de los profesionales más votados, José Morales,  abordó “la falta de resultados en la persecución penal de los delitos más graves que ha afectado la legitimidad y la valoración social de la Fiscalía, por lo que ésta necesita reformas profundas. La magnitud de esta tarea requiere el conocimiento de la institución, de un liderazgo innovador, así como la capacidad y la voluntad de hacer los cambios que la institución requiere. En otras palabras, necesitamos un Fiscal Nacional que no sea sólo nominal”.

Entre sus propuestas, el profesional destacó la rendición de cuentas que “debe exponer siempre sus resultados y explicar siempre los fundamentos de su política criminal a la comunidad, ésta rendición de cuentas no debe extenderse sólo a la persecución penal, sino que además es relevante para los efectos de los recursos y gastos institucionales, respeto de los cuales debemos tener siempre el más alto nivel de transparencia. Esta demanda de mayor control de ninguna manera significa ni debe ser interpretada como contraria a la autonomía”.

En tanto, otro de los nominados, el abogado  penalista y docente Ángel Valencia, expresó que existe un diagnóstico negativo del Ministerio Público, lo que se refleja en las encuestas. Indicó que si llega a ser designado en el puesto, “esperamos conducir una Fiscalía que cambie de rumbo y retome el camino y el destino para el cuál fue creada. Para ello, resulta obvio que necesitamos hacer cambios profundos, cambios que deben hacerse con los fiscales, profesionales y funcionarios del Ministerio Público y no sin ellos, que impliquen una genuina reestructuración de sus equipos dentro del marco de lo que hoy la ley permita, con sentido de urgencia, perspectiva ciudadana y de servicio público”.

Por su parte, Marta Herrera, la única mujer integrante de la quina, resaltó su labor como directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público. En su exposición abordó la necesidad de abordar la delincuencia, dada la connotación de los delitos en el país.

Al respecto señaló que “el órgano persecutor debe adecuarse y aunque valoro enormemente el alto grado de especialización que hemos adquirido, creo que debemos dar un paso más allá, debemos integrar todo ese conocimiento y no encasillarnos en especialidades, debemos despersonalizar las investigaciones y hacer carne de una vez eso de hacer una sola Fiscalía”.

Herrera indicó que “estoy consciente de lo tremendo del desafío, pero creo humildemente que tengo la trayectoria, la experiencia y las competencias para hacerme cargo del mismo, he dedicado mi vida al servicio público”.