Recuperar la legitimidad e impulsar cambios estructurales: Expertos proyectan desafíos del nuevo fiscal nacional
A pocos días de que el presidente Gabriel Boric proponga al Senado el sucesor de Jorge Abbott, especialistas criticaron una falta de transparencia en el sistema de designación y destacaron la necesidad una menor incidencia política.
Martes 8 de noviembre 2022 19:24 hrs.
Santiago, 1 de agosto, 2018
El director de Cooperacion Internacional de la Fiscalia Nacional, Antonio Segovia, da punto de prensa sobre envio de requerimientos al Vaticano.
Christian Iglesias./Aton Chile
Tras conformarse la quina con la que la Corte Suprema designó a sus candidatos para ocupar el puesto de fiscal nacional, será el turno del presidente Gabriel Boric, quien deberá en un plazo de 10 días corridos proponer uno de estos nombres al Senado para continuar el proceso.
Entre los seleccionados para suceder a Jorge Abbott en el cargo se encuentran el abogado Ángel Valencia; el fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales; el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma; el abogado Rodrigo Ríos; y la jefa de la Unidad Jurídica y Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, figurando como la única mujer.
De esta forma, de acuerdo a los mecanismos establecidos en el artículo 85 de la constitución, señala que la designación del fiscal nacional por parte del mandatario, atendiendo la propuesta de la Corte Suprema, deberá ser ratificada por los 2/3 de los senadores en ejercicio. En caso contrario, el máximo tribunal deberá completar la quina, proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.
Considerando las implicancias que significará para el país el asumir la dirección de la Fiscalía Nacional, la académica de la Universidad de Chile y ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, dijo que un desafío primordial es hacerse cargo del cariz que ha tomado el fenómeno de la delincuencia, con un aumento de la violencia en los delitos y la presencia del crimen organizado, requiriendo “de parte de todo el sistema jurídico, el Ministerio Público y las policías, mecanismos de investigación con más eficacia a la hora de la persecución criminal”.
Asimismo, apuntó a la importancia de mejorar la credibilidad de la institución ante la opinión pública, su gestión interna y, en particular, “de generar una lógica de funcionamiento interno que identifique un actuar de todos los fiscales a nivel nacional, que establezca criterios homogéneos y que pueda hacer sentir a la población que el Ministerio está para garantizar el interés general de la nación y de las víctimas”.
Sin embargo, Albornoz fue crítica respecto del proceso con que opera el nombramiento del fiscal nacional, calificándolo como “poco transparente”. “Me parece que el sistema de oposiciones que existen en otros países, donde los candidatos al Ministerio Público lo que tienen que hacer es rendir cuentas de su nivel de conocimientos frente a un órgano independiente y autónomo, sería lo deseable o por lo menos ante el alto tribunal, pero en un proceso de interrogación, con criterios objetivos y eso no es lo que vimos ayer, donde los 17 candidatos y candidatas expusieron por 10 minutos lo que ellos tenían a bien parecer y después de eso no había ni preguntas ni contrapreguntas”, cuestionó.
“Hemos avanzado en un sistema de Alta Dirección Pública, en oposiciones para altos cargos, en la Defensoría Penal y otros, donde se exige un conocimiento por mérito, y no sabemos realmente cómo fue la votación de los ministros de la Suprema, tampoco sabemos los criterios de evaluación ni las consideraciones que tuvieron en cuenta al momento de valorar a los candidatos”, apuntó la ex autoridad.
El abogado, ex querellante en los casos SQM y Penta y ex convencional por Magallanes, Mauricio Daza, compartió este análisis, señalando que “existen problemas estructurales respecto de la forma en que se designa al fiscal nacional, que da pie para que existan conductas que están al límite de la corrupción, como se vio con la designación de Jorge Abbott. Acá no hay transparencia en relación a la forma de cómo se toman las decisiones para incluir o no a determinadas personas, en primer lugar, en la quina que tiene que decidir la Corte Suprema, la cual se define a partir de una votación donde no se debe justificar el por qué se elige a una persona y a otra no, y después pasando al presidente de la República, quien también a su mero arbitrio elige a la persona que estime pertinente”.
En ese sentido, dirigió sus dardos al rol del Senado, “donde se va generando un lobby no solo protagonizado por quienes están como candidatos, sino también lo peor: se utilizan operadores judiciales que habitualmente son abogados de la plaza que litigan y que en algún momento se van a relacionar con la propia Fiscalía para representar los intereses de determinadas personas o grupos”.
De modo que para Daza “se atiende más bien a intereses personales o sectoriales en cuanto a la perspectiva de que la persona que se va a designar en ese cargo pueda atender de una mejor manera los requerimientos en su momento de un determinado sector político o senador. Es necesario avanzar en una nueva forma de designación del fiscal nacional, lo que claramente no se observa ya que no hay ningún tipo de iniciativa que sea planteada ni por el Gobierno ni por el Congreso Nacional, puesto que esto les acomoda, toda vez que permite un alto grado de discrecionalidad para la definición del nombre del fiscal nacional, atendiendo sus propios intereses”.
En tanto, el abogado y académico de la Universidad Central, Silvio Cuneo, planteó que “la forma de desmarcarse de este olor a corrupción es haciendo modificaciones legales y constitucionales que permitan una elección de fiscal nacional con menos incidencia política”.
“Debiéramos atender más a sistemas de méritos y de puntuaciones objetivas que a puras simpatías políticas y eso es más grave todavía en estos momentos porque hay una crisis de la clase política, hay una crisis de legitimidad de todas las instituciones. Entonces, quien asuma como fiscal va a asumir con toda esta carga”, expresó.
Del mismo modo, indicó la necesidad de hacerse cargo de otras problemáticas que consideró como “graves” relativas al uso abusivo de la prisión preventiva y en las paupérrimas condiciones carcelarias de quienes se encuentran privados de libertad.
En esa línea, Cuneo sostuvo que “si miramos los números de personas privadas de libertad es un número que aumenta. Por otra parte, la privación de libertad no es un mecanismo que va a disminuir los delitos en el futuro, sino todo lo contrario, es apagar el fuego con bencina y estamos generando un estándar bajísimo dentro de las cárceles, lo que genera mucha violencia fuera de las familias que quedan con las personas privadas de libertad”, situación que afirmó es especialmente preocupante en el caso de mujeres que se encuentran en situación de cárcel y que a su vez son madres, puesto que sus hijos muchas veces terminan institucionalizados en organismos como el Sename, perpetuando el círculo de vulnerabilidad social.
Tras conformarse la quina con la que la Corte Suprema designó a sus candidatos para ocupar el puesto de fiscal nacional, será el turno del presidente Gabriel Boric, quien deberá en un plazo de 10 días corridos proponer uno de estos nombres al Senado para continuar el proceso.
Entre los seleccionados para suceder a Jorge Abbott en el cargo se encuentran el abogado Ángel Valencia; el fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales; el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma; el abogado Rodrigo Ríos; y la jefa de la Unidad Jurídica y Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, figurando como la única mujer.
De esta forma, de acuerdo a los mecanismos establecidos en el artículo 85 de la constitución, señala que la designación del fiscal nacional por parte del mandatario, atendiendo la propuesta de la Corte Suprema, deberá ser ratificada por los 2/3 de los senadores en ejercicio. En caso contrario, el máximo tribunal deberá completar la quina, proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.
Considerando las implicancias que significará para el país el asumir la dirección de la Fiscalía Nacional, la académica de la Universidad de Chile y ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, dijo que un desafío primordial es hacerse cargo del cariz que ha tomado el fenómeno de la delincuencia, con un aumento de la violencia en los delitos y la presencia del crimen organizado, requiriendo “de parte de todo el sistema jurídico, el Ministerio Público y las policías, mecanismos de investigación con más eficacia a la hora de la persecución criminal”.
Asimismo, apuntó a la importancia de mejorar la credibilidad de la institución ante la opinión pública, su gestión interna y, en particular, “de generar una lógica de funcionamiento interno que identifique un actuar de todos los fiscales a nivel nacional, que establezca criterios homogéneos y que pueda hacer sentir a la población que el Ministerio está para garantizar el interés general de la nación y de las víctimas”.
Sin embargo, Albornoz fue crítica respecto del proceso con que opera el nombramiento del fiscal nacional, calificándolo como “poco transparente”. “Me parece que el sistema de oposiciones que existen en otros países, donde los candidatos al Ministerio Público lo que tienen que hacer es rendir cuentas de su nivel de conocimientos frente a un órgano independiente y autónomo, sería lo deseable o por lo menos ante el alto tribunal, pero en un proceso de interrogación, con criterios objetivos y eso no es lo que vimos ayer, donde los 17 candidatos y candidatas expusieron por 10 minutos lo que ellos tenían a bien parecer y después de eso no había ni preguntas ni contrapreguntas”, cuestionó.
“Hemos avanzado en un sistema de Alta Dirección Pública, en oposiciones para altos cargos, en la Defensoría Penal y otros, donde se exige un conocimiento por mérito, y no sabemos realmente cómo fue la votación de los ministros de la Suprema, tampoco sabemos los criterios de evaluación ni las consideraciones que tuvieron en cuenta al momento de valorar a los candidatos”, apuntó la ex autoridad.
El abogado, ex querellante en los casos SQM y Penta y ex convencional por Magallanes, Mauricio Daza, compartió este análisis, señalando que “existen problemas estructurales respecto de la forma en que se designa al fiscal nacional, que da pie para que existan conductas que están al límite de la corrupción, como se vio con la designación de Jorge Abbott. Acá no hay transparencia en relación a la forma de cómo se toman las decisiones para incluir o no a determinadas personas, en primer lugar, en la quina que tiene que decidir la Corte Suprema, la cual se define a partir de una votación donde no se debe justificar el por qué se elige a una persona y a otra no, y después pasando al presidente de la República, quien también a su mero arbitrio elige a la persona que estime pertinente”.
En ese sentido, dirigió sus dardos al rol del Senado, “donde se va generando un lobby no solo protagonizado por quienes están como candidatos, sino también lo peor: se utilizan operadores judiciales que habitualmente son abogados de la plaza que litigan y que en algún momento se van a relacionar con la propia Fiscalía para representar los intereses de determinadas personas o grupos”.
De modo que para Daza “se atiende más bien a intereses personales o sectoriales en cuanto a la perspectiva de que la persona que se va a designar en ese cargo pueda atender de una mejor manera los requerimientos en su momento de un determinado sector político o senador. Es necesario avanzar en una nueva forma de designación del fiscal nacional, lo que claramente no se observa ya que no hay ningún tipo de iniciativa que sea planteada ni por el Gobierno ni por el Congreso Nacional, puesto que esto les acomoda, toda vez que permite un alto grado de discrecionalidad para la definición del nombre del fiscal nacional, atendiendo sus propios intereses”.
En tanto, el abogado y académico de la Universidad Central, Silvio Cuneo, planteó que “la forma de desmarcarse de este olor a corrupción es haciendo modificaciones legales y constitucionales que permitan una elección de fiscal nacional con menos incidencia política”.
“Debiéramos atender más a sistemas de méritos y de puntuaciones objetivas que a puras simpatías políticas y eso es más grave todavía en estos momentos porque hay una crisis de la clase política, hay una crisis de legitimidad de todas las instituciones. Entonces, quien asuma como fiscal va a asumir con toda esta carga”, expresó.
Del mismo modo, indicó la necesidad de hacerse cargo de otras problemáticas que consideró como “graves” relativas al uso abusivo de la prisión preventiva y en las paupérrimas condiciones carcelarias de quienes se encuentran privados de libertad.
En esa línea, Cuneo sostuvo que “si miramos los números de personas privadas de libertad es un número que aumenta. Por otra parte, la privación de libertad no es un mecanismo que va a disminuir los delitos en el futuro, sino todo lo contrario, es apagar el fuego con bencina y estamos generando un estándar bajísimo dentro de las cárceles, lo que genera mucha violencia fuera de las familias que quedan con las personas privadas de libertad”, situación que afirmó es especialmente preocupante en el caso de mujeres que se encuentran en situación de cárcel y que a su vez son madres, puesto que sus hijos muchas veces terminan institucionalizados en organismos como el Sename, perpetuando el círculo de vulnerabilidad social.
Tras conformarse la quina con la que la Corte Suprema designó a sus candidatos para ocupar el puesto de fiscal nacional, será el turno del presidente Gabriel Boric, quien deberá en un plazo de 10 días corridos proponer uno de estos nombres al Senado para continuar el proceso.
Entre los seleccionados para suceder a Jorge Abbott en el cargo se encuentran el abogado Ángel Valencia; el fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales; el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma; el abogado Rodrigo Ríos; y la jefa de la Unidad Jurídica y Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, figurando como la única mujer.
De esta forma, de acuerdo a los mecanismos establecidos en el artículo 85 de la constitución, señala que la designación del fiscal nacional por parte del mandatario, atendiendo la propuesta de la Corte Suprema, deberá ser ratificada por los 2/3 de los senadores en ejercicio. En caso contrario, el máximo tribunal deberá completar la quina, proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.
Considerando las implicancias que significará para el país el asumir la dirección de la Fiscalía Nacional, la académica de la Universidad de Chile y ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, dijo que un desafío primordial es hacerse cargo del cariz que ha tomado el fenómeno de la delincuencia, con un aumento de la violencia en los delitos y la presencia del crimen organizado, requiriendo “de parte de todo el sistema jurídico, el Ministerio Público y las policías, mecanismos de investigación con más eficacia a la hora de la persecución criminal”.
Asimismo, apuntó a la importancia de mejorar la credibilidad de la institución ante la opinión pública, su gestión interna y, en particular, “de generar una lógica de funcionamiento interno que identifique un actuar de todos los fiscales a nivel nacional, que establezca criterios homogéneos y que pueda hacer sentir a la población que el Ministerio está para garantizar el interés general de la nación y de las víctimas”.
Sin embargo, Albornoz fue crítica respecto del proceso con que opera el nombramiento del fiscal nacional, calificándolo como “poco transparente”. “Me parece que el sistema de oposiciones que existen en otros países, donde los candidatos al Ministerio Público lo que tienen que hacer es rendir cuentas de su nivel de conocimientos frente a un órgano independiente y autónomo, sería lo deseable o por lo menos ante el alto tribunal, pero en un proceso de interrogación, con criterios objetivos y eso no es lo que vimos ayer, donde los 17 candidatos y candidatas expusieron por 10 minutos lo que ellos tenían a bien parecer y después de eso no había ni preguntas ni contrapreguntas”, cuestionó.
“Hemos avanzado en un sistema de Alta Dirección Pública, en oposiciones para altos cargos, en la Defensoría Penal y otros, donde se exige un conocimiento por mérito, y no sabemos realmente cómo fue la votación de los ministros de la Suprema, tampoco sabemos los criterios de evaluación ni las consideraciones que tuvieron en cuenta al momento de valorar a los candidatos”, apuntó la ex autoridad.
El abogado, ex querellante en los casos SQM y Penta y ex convencional por Magallanes, Mauricio Daza, compartió este análisis, señalando que “existen problemas estructurales respecto de la forma en que se designa al fiscal nacional, que da pie para que existan conductas que están al límite de la corrupción, como se vio con la designación de Jorge Abbott. Acá no hay transparencia en relación a la forma de cómo se toman las decisiones para incluir o no a determinadas personas, en primer lugar, en la quina que tiene que decidir la Corte Suprema, la cual se define a partir de una votación donde no se debe justificar el por qué se elige a una persona y a otra no, y después pasando al presidente de la República, quien también a su mero arbitrio elige a la persona que estime pertinente”.
En ese sentido, dirigió sus dardos al rol del Senado, “donde se va generando un lobby no solo protagonizado por quienes están como candidatos, sino también lo peor: se utilizan operadores judiciales que habitualmente son abogados de la plaza que litigan y que en algún momento se van a relacionar con la propia Fiscalía para representar los intereses de determinadas personas o grupos”.
De modo que para Daza “se atiende más bien a intereses personales o sectoriales en cuanto a la perspectiva de que la persona que se va a designar en ese cargo pueda atender de una mejor manera los requerimientos en su momento de un determinado sector político o senador. Es necesario avanzar en una nueva forma de designación del fiscal nacional, lo que claramente no se observa ya que no hay ningún tipo de iniciativa que sea planteada ni por el Gobierno ni por el Congreso Nacional, puesto que esto les acomoda, toda vez que permite un alto grado de discrecionalidad para la definición del nombre del fiscal nacional, atendiendo sus propios intereses”.
En tanto, el abogado y académico de la Universidad Central, Silvio Cuneo, planteó que “la forma de desmarcarse de este olor a corrupción es haciendo modificaciones legales y constitucionales que permitan una elección de fiscal nacional con menos incidencia política”.
“Debiéramos atender más a sistemas de méritos y de puntuaciones objetivas que a puras simpatías políticas y eso es más grave todavía en estos momentos porque hay una crisis de la clase política, hay una crisis de legitimidad de todas las instituciones. Entonces, quien asuma como fiscal va a asumir con toda esta carga”, expresó.
Del mismo modo, indicó la necesidad de hacerse cargo de otras problemáticas que consideró como “graves” relativas al uso abusivo de la prisión preventiva y en las paupérrimas condiciones carcelarias de quienes se encuentran privados de libertad.
En esa línea, Cuneo sostuvo que “si miramos los números de personas privadas de libertad es un número que aumenta. Por otra parte, la privación de libertad no es un mecanismo que va a disminuir los delitos en el futuro, sino todo lo contrario, es apagar el fuego con bencina y estamos generando un estándar bajísimo dentro de las cárceles, lo que genera mucha violencia fuera de las familias que quedan con las personas privadas de libertad”, situación que afirmó es especialmente preocupante en el caso de mujeres que se encuentran en situación de cárcel y que a su vez son madres, puesto que sus hijos muchas veces terminan institucionalizados en organismos como el Sename, perpetuando el círculo de vulnerabilidad social.
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