En conversación con Radioanálisis, la abogada especialista de Derechos Humanos, Karinna Fernández, analizó el procedimiento para los nombramientos de autoridades judiciales en el país. Ello a raíz de la preocupación que académicos de Derecho expresaron sobre la “falta de transparencia” en la selección del Fiscal Nacional. 

Cabe recordar que el jefe máximo del órgano persecutor del país es electo entre la Corte Suprema, el Presidente de la República y el Senado. Es el primer organismo el que presenta una quina de candidatos al jefe de Estado, quien debe seleccionar a uno para someterlo a la ratificación de la cámara alta. El nombre debe concitar el acuerdo dos tercios de sus miembros.

No obstante, la jurista dio cuenta de las distorsiones a las que incurre este diseño, en cuanto pasa a llevar los estándares internacionales sobre la independencia judicial, la que “no es solo un derecho que tienen los miembros del poder judicial o las altas autoridades judiciales, sino también los ciudadanos”, afirmó.

Por tanto “la independencia judicial es un derecho que tenemos que aprender a posicionar, a defender”, acotó.

Para la debida protección de este principio, Fernández explicó que la selección de las altas cortes se rige por cuatro criterios de consenso mundial: mérito, transparencia, participación ciudadana e igualdad de género y no discriminación.  

Por lo demás, indicó que “la otra idea que tienen estos principios es que el diseño tiene que ajustarse”, cuestión que no sucede en Chile donde se mantiene un diseño mixto “en el que participa el Poder Judicial y el poder político”. 

“En esto también hay un elemento muy importante que es que se respete el carácter técnico de la primera etapa de ese diseño para salvaguardar la protección de estos derechos y que en la última etapa tenga este elemento político”, afirmó.

Por ello, es que las críticas de los académicos de Derecho respecto a la selección de la quina para la designación del fiscal nacional apuntan a si “se respetó este enfoque técnico propiamente tal, y la política se deja para el cierre y no para el inicio, y si este enfoque técnico y el político  va a respetar estas cuatro aristas”. 

En cuanto a los cuestionamiento sobre la falta de prescindencia del ex fiscal Abott respecto al poder político, Fernández afirmó que casos como esos “dañan la independencia, y cuando dañan la independencia, dañan los derechos de todos nosotros y nosotras porque en definitiva es ¿dónde están los intereses que están en juego?”. 

“Lo que hizo la clase política cuando descubrió ciertos rasgos de lo que había ocurrido con el proceso de Abott en el momento de salida y la discusión ante el Senado, es que empezaron a cuestionar fuertemente eso, pero se perdió mucho de esta idea que nos permite iniciar un proceso a lo mejor con  mayor resguardo y garantizando ciertos aspectos con la independencia judicial”, criticó.

Por tanto consideró que “en lugar de haber quedado estos elementos fuera sobre todo en la etapa técnica, las dudas que tenemos muchos es que el poder político en definitiva se adelantó y está siendo más cuidadoso de no mostrar ciertas cosas para que después no salgan a la luz, en lugar de haberse quedado del todo ajeno, al menos en la discusión técnica”.

En ese sentido es que relevó la importancia de actualizar el diseño de selección en nuestro país. “El mecanismo está absolutamente al debe en Chile y termina afectando la fe pública, la confianza, la persecución de la justicia y lo que fue otro elemento importante con lo que ocurrió con la situación de Abott, es que el poder político sacó al Ministerio Público de ciertos debates, discusiones, sobre todo en materia de política criminal, en materia de seguridad y el Ministerio Público hace mucho tiempo que no tiene nada que decir en esas materias porque está absolutamente aislado”. 

Por lo demás, la jurista reparó en que la relación entre el diseño técnico y político nunca se ha debatido en Chile. “Esto no solo tiene que ver con la elección del Fiscal Nacional, sino que es mucho más transversal porque la propia selección de los magistrados que integran la Corte Suprema tienen estos mismos sesgos y por eso en la política es tan importante las designaciones”.

“Algo que todo criticamos también es que la propia sala, cuando estábamos exponiendo, porque yo también participé del proceso, estaba el operador político de la UDI, el mismo que participó de las designaciones de muchos de los ministros y ministras que estaban presentes”, añadió.

En cuanto a la forma de revertir la situación, la abogada desarrolló los criterios que deberían regir para la selección de altas cortes en el país.

“Primero es importante el mérito. Que se presenten los antecedentes y se vayan calificando, que haya una calificación objetiva de si tienes más estudios, menos estudios, mayor experiencia, pero el mérito no solo es académico y profesional, el mérito también es personal”.

“En varios países se discute si el mérito es si eres un buen vecino, cuáles son tus relaciones con ciertos grupos vulnerables, si te gustan o no los animales, varios elementos que entran al debate”, acotó.

Y añadió que “la transparencia tiene que ser máxima como segundo eje”. “¿Qué significa esto? Que no solamente como ocurrió acá que todos podemos ver estos 10 minutos -de presentación de los candidatos a Fiscal Nacional- sino que todas las reuniones que se realizan tienen que ser transparentes, pero además, la deliberación tiene que ser transparente”. 

“Acá lo que vemos en Chile es que surge un listado, cada ministro o ministra vota por tres candidatos, pero no se ve la deliberación, no hay un voto razonado de por qué elijo este candidato por sobre otro”, explicó.

Sobre a la participación ciudadana, Fernández indicó que “tiene que haber procesos de escrutinio (…) tiene que haber un panel de expertos, que la sociedad, los medios de comunicación le pregunten por ejemplo ¿Cuál es su posición respecto de la ley que hoy día se discute de acción de protección de periodistas?”.

En este punto destacó la necesidad de tener instrumentos de incidencia. “Que tal vez la participación ciudadana, tal vez la academia puedan hacer también una valoración y esto es muy importante porque es nuestra forma también de defender nuestra democracia”. 

Por último, la jurista dio cuenta del principio de igualdad. “Que no haya sesgos discriminatorios y acá hay un sesgo bastante claro. Del 47 por ciento de candidatos, solo el 20 por ciento entró a la quina. Eso por sí mismo es estructuralmente discriminador y eso hay que tener garantías para reforzarlo y que no vuelva a ocurrir”. 

A ello agregó la necesidad de adquirir un mecanismo para impugnar la elección. “Cuando en Chile nos eligen a un supremo, cuando nos eligieron al Fiscal Nacional, no tenemos ningún recurso procesal, judicial para impugnar esos nombramientos, entonces justamente lo que surgen son todas estas cartas, mensajes, notas de prensa que la sociedad civil ocupa porque no hay nunca un proceso claro”, denunció.

Imagen: Agencia ATON.